Las elecciones judiciales tendrán un reto mayor al proceso federal en las 19 entidades en las que también se elegirá a juzgadores locales el próximo 1 de junio.
Expertos y consejeros electorales locales reconocen la complejidad de este proceso y alertan de los desafíos a enfrentar como son los plazos para su implementación, así como problemas de organización y presupuestales.
“Si a nivel federal la organización de la elección judicial ha debido hacerse con improvisación por falta de recursos y de compatibilidad entre la forma en que está estructurado el Poder Judicial y la forma organización del sistema electoral, en las entidades las reformas fueron aún peores y tendremos elecciones improvisadísimas”, considera Javier Martín Reyes, del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- La inmensa mayoría de los estados lo que hizo fue calcar, copiar y pegar la reforma federal y ahora el resultado es que tendremos unas elecciones federales y locales con múltiples improvisaciones», señaló Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM.
- Aunque tenían la oportunidad de realizar sus procesos en 2027, 19 entidades aprobaron sus reformas judiciales locales en menos de dos meses, del 13 de noviembre al 27 de enero, e iniciaron casi de inmediato sus procesos electorales.
- Sobre la marcha han ido ajustando la logística, pero por el número de cargos a elegir, cada ciudadano tendrá entre 9 y 13 boletas (seis a nivel federal más las locales que le corresponda). En algunas entidades, los electores eligen a más de 40 juzgadores.
“Lo que se puede pronosticar evidentemente es que haya muchos errores en el tipo de votación”, advierte el politólogo Ernesto Guerra Mota.
- En tanto que los consejeros electorales Alfredo Alcalá Montaño, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), y Karina Vaquera Montoya, del Estado de México (IEEM), que tienen a cargo la responsabilidad de organizar procesos judiciales locales admiten que enfrentarán desafíos logísticos y de recursos.
- De acuerdo con el más reciente informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), de las 19 entidades con elección judicial local, en nueve de ellos persiste algún riesgo por falta de recursos.
- En «nivel de riesgo alto» se encuentra Colima, San Luis Potosí y Zacatecas por insuficiencia de recursos y recortes de 69%, 68% y 67%, respectivamente, a lo solicitado para organizar los procesos, mientras en «riesgo medio” están los OPLES de Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo y la Ciudad de México.
La carrera por el «voto informado»
La ausencia de recursos suficientes no es el único problema, el más grave –estima el especialista en materia electoral Guerra Mota– será la desinformación sobre tantos candidatos y la complejidad de las boletas.
- “Las boletas no son fáciles, no son como antes de marcar con un tache sobre un emblema o nombre y ya, como estamos acostumbrados. Aquí hay que escribir un número, atinarle a la especialidad, recordar el nombre el número o llevar un papelito.
Hay que revisar cada boleta y tienes que marcar no sólo una opción por papeleta, eso es lo complejo el día de la elección”, sostiene.
- El consejero Alfredo Alcalá coincide con la complejidad del sistema de votación para estos cargos, pues a diferencia de las elecciones tradicionales, donde se emite un voto por boleta, en esta ocasión los ciudadanos deberán elegir por listas abiertas, lo que implica elegir por el número de cada candidato y no por su nombre, como se hace.
- «Este es un tema importante, ya que las boletas serán diferentes, y las candidaturas aparecerán en un listado alfabético. En lugar de marcar un recuadro con un nombre, ahora la ciudadanía deberá anotar el número correspondiente a la candidatura de su elección», detalló el consejero.
Por ejemplo, explica, en la boleta para la Suprema Corte aparecerán más de 80 nombres, y las personas deberán escribir cinco números correspondientes a candidatas mujeres y cuatro a candidatos hombres.
- En tanto que la consejera Vaquera Montoya considera que otra de las complejidades es informar y motivar a la ciudadanía a participar en una elección que rompe con los esquemas tradicionales, pues a diferencia de otras elecciones, no habrá precampañas, ni financiamiento público, ni propaganda como mantas o souvenirs.
Ante ello, insiste, la información será clave para que la ciudadanía emita un voto informado. “Las elecciones cuestan, se pagan con los impuestos de la ciudadanía y tenemos derecho a participar”, señala.
- El consejero electoral de Hidalgo sostiene que deben «lograr que los ciudadanos comprendan la importancia de los cargos que estarán eligiendo», ya que no solo se tratará de elegir ministros y magistrados, sino también jueces de diferentes áreas.
- «Es importante que la ciudadanía no sólo sepa qué se va a elegir, sino también el papel y la importancia de estos cargos, cada uno tiene funciones diferentes, y por eso debemos incentivar el voto informado y razonado», dice.
El investigador de la UNAM, Jesús Martín Reyes, alerta de lo confuso que es en algunos casos este proceso, por ejemplo, que aunque el ciudadano vote por un juzgador y éste resulte electo, eso no significa que éste será el que le corresponda cuando tenga que enfrentar un juicio civil, familiar, penal, como sí sucede en un ejercicio de democracia.
- «Uno de los principios más básicos y elementales de la representación es que uno vota por aquellas personas que lo van a representar a uno, o las personas que lo van a gobernar a uno, es el caso de los diputados o alcaldes.
- Pero eso que es algo tan básico y tan evidente no se respeta en esta elección judicial”. La muestra más clara es que candidatos a cargos judiciales viven en un distrito judicial y fueron mandados a competir a otro, y no podrán votar ni por ellos mismos.
La complejidad en los estados
Cada estado enfrentará retos distintos. En Durango, por ejemplo, solo se registró un candidato por cargo, por lo que la mayoría de las posiciones serán ocupadas por los juzgadores en funciones, y aún así los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) obligaron al OPLE a generar boletas aunque no haya competencia y solo una candidatura por la cual votar.
A esto se suma que el diseño de la geografía electoral judicial generó que haya distritos judiciales en los que se votará por tres cargos judiciales locales, y en otros hasta siete. Es el caso de Chihuahua, que al corte de este 10 de abril aún mantenía abierta la posibilidad de que en dos distritos los electores reciban 13 boletas: seis para la elección del Poder Judicial Federal y siete para juzgadores locales.
En esa entidad cada ciudadano recibirá de 11 y hasta 13 boletas para marcar, lo que en caso de que no tenga decidido a las 44 personas que deberá elegir le podría llevar de 16 a 17 minutos a cada votante.
- Esas 44 personas a elegir son las nueve personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y tres de la Sala Regional Guadalajara.
A nivel local los chihuahuenses tendrán que elegir 12 magistrados del Circuito Judicial y 13 jueces del Circuito Judicial.
- Otro ejemplo es el estado Tamaulipas, que a nivel local tendrá cuatro paletas adicionales a las seis federales, es decir serán 10 en total. Ahí se elegirán 10 magistraturas de número, seis magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial local, magistraturas súper numeraria y magistraturas regionales; jueces de primera instancia y jueces menores.
En el Estado de México, se votará por 91 cargos a nivel local, entre los que se incluyen jueces, magistrados, presidencia del Tribunal y el Tribunal de Disciplina. En total para la contienda local se imprimirán 53 millones de boletas para atender a los más de 13 millones de mexiquenses con derecho a votar, por lo que será una de las elecciones más complicadas.
Estados con cero pesos para la elección judicial
Doce de las 19 entidades que renovarán su Poder Judicial estatal reportan cero pesos para organizar la elección. Además, ni los congresos ni los gobiernos estatales les han dado respuestas a sus peticiones de ampliación presupuestal, por lo que siguen gestionando que las autoridades asuman la responsabilidad de garantizar dinero para este proceso.
- Un reporte del INE con corte a este fin de semana, exhibe que a dos semanas de que inicien las campañas de la elección judicial federal, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) enfrentan una crisis financiera para poder operar y organizar la jornada electoral judicial local.
Recursos insuficientes para elección judicial en estados
El Consejo General del INE incorporó a la elección a Yucatán, siguiendo la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que se debe respetar si los Congresos estatales determinan que el proceso electoral se lleve a cabo el 1 de junio próximo, sin importar que lo hagan de manera tardía o que los OPLES no tengan dinero para llevarla a cabo.
Únicamente Estado de México que solicitó 941 millones 388 mil 460.34 pesos y que será la elección más cara del país, y Sonora que pidió una ampliación por 200 millones 224 mil 549.40 pesos, recibieron el 100 por ciento, no solo en la autorización, sino que las autoridades estatales ya les entregaron el dinero para que puedan avanzar sin contratiempos.
- En contraste, otras cinco entidades ya recibieron respuesta, pero con una aprobación insuficiente para enfrentar esta elección inédita. Tabasco pidió 209.3 millones de pesos, le prometieron 114 millones de pesos, pero sólo les han dado 9.8 millones, es decir, hoy cuentan con apenas el 4.7 por ciento de lo que necesitan.
Aguascalientes y Colima sólo recibieron la cuarta parte de lo que pidieron: Aguascalientes 55 millones de los 239 que necesita y Colima 11 millones de los 48 que pidió.
- San Luis Potosí también tuvo respuesta, pero de los 135.8 millones de pesos que necesita, le prometieron 110 millones y solo le han entregado 42.1 millones, es decir, la tercera parte de lo que originalmente presupuestó para organizar el proceso judicial. Al igual que Baja California logró 100 millones de pesos de los 241.5 millones que solicitó, es decir, el 41.40 por ciento.
Para el resto de las entidades, la crisis varía en cada una. En el caso de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, estas 12 entidades no tienen un solo peso para este proceso electoral y ninguna autoridad les ha dado siquiera una respuesta, por lo que siguen esperando saber con cuánto dinero podrán contar para avanzar en las dimensiones de la organización.
Por ejemplo, de este paquete, Chihuahua y Tamaulipas son críticos porque el Congreso local estableció que sus campañas locales arranquen junto con las federales, es decir, el próximo 30 de marzo y no tienen dinero para hacerlo.
- Ni Chihuahua que solicitó 328 millones de pesos ni Tamaulipas que pidió al menos 35 millones de pesos para poder cubrir las necesidades más relevantes del proceso, han siquiera tenido respuesta de las autoridades, por lo que no tienen dinero para todo lo que implica el arranque de las campañas.
- Colima es la otra entidad que comienza campañas a la par de las federales al cierre de marzo y es un caso doblemente crítico, pues aunque ya le dieron respuesta y apenas le concedieron el 23.19 por ciento de lo que pidió, no puede operar en estas condiciones porque forma parte del paquete de entidades que iniciaron el año con recortes extremos que ponen en riesgo su operación básica.
- Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas son estados en donde las autoridades electorales recibieron menos del 35 por ciento de lo que solicitaron, pues el recorte presupuestal llegó al 65 por ciento, escenario similar al de Tamaulipas que opera con el 47 por ciento de lo que solicitó para el año y no tiene ni un peso recibido.
Por lo que estas entidades tampoco tendrían posibilidad de avanzar en la organización de la elección con ahorros de su presupuesto anual, porque ni siquiera tienen el dinero necesario para su operación base como pago de sueldos o servicios.
Elección judicial, a contrarreloj
A esta crisis, se suma la orden del Tribunal Electoral de incluir a Nayarit y Yucatán a pesar de que sus congresos aprobaron la reforma a destiempo y será muy complicado organizarla a contrarreloj, pero además, sin dinero.
- Nayarit tuvo un recorte en su presupuesto anual del 66.55 por ciento, pidió 115.6 millones de pesos para hacer la elección judicial pero no ha tenido respuesta de las autoridades locales y por lo tanto, no ha recibido ni un peso para este proceso.
Mientras que Yucatán que apenas hace una semana el Congreso estatal aprobó la reforma, tuvo un recorte anual del 23.75 por ciento y debido a la premura con que le impusieron organizar la elección, el Consejo General electoral local ni siquiera ha aprobado una estimación de cuánto les costará la elección.
- Veracruz, es otro estado que a pesar de tener, además, elección para renovar sus municipios, no ha determinado cuánto solicitará de ampliación presupuestal para la elección judicial.
- De las entidades restantes, la Ciudad de México tuvo un recorte del 29.27 por ciento y pidió 114 millones de pesos de ampliación para la elección judicial local, y a Quintana Roo le recortaron el 23.93 por ciento y pidió 226 millones más, pero no han recibido respuesta.
Mientras que otras entidades que no tuvieron recortes o que, por el contrario, recibieron dinero adicional de lo que presupuestaron ante el Congreso, no tienen respuesta pues las autoridades estatales alegan que con lo poco que les incrementaron podrían organizar la elección, a pesar de que no es comparable a lo que requieren para el proceso.
- Como Tlaxcala, que aunque no tuvo recortes, pide 79 millones de pesos más para la elección judicial; Coahuila que recibió el 0.3 por ciento adicional de lo que pidió para operar anualmente, aproximadamente 500 mil pesos, y pidió 120 millones más para el proceso judicial.
- Durango recibió 9.1 por ciento más de lo que pidió para este año, poco más de 20 millones de pesos y todavía necesita 125 millones extras; o Michoacán que tuvo un aumento del dos por ciento, equivalente a unos cuatro millones de pesos y pidió 293 millones para la elección.
En estas condiciones, con incertidumbre financiera, a contrarreloj y sin el dinero suficiente para enfrentar una elección inédita, las autoridades electorales deberán cumplir la obligación constitucional de renovar los Poderes Judiciales locales sin importar las condiciones en que se haga.
Ve altos riesgos en Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Veracruz
A sólo 25 días de la elección judicial, cuatro organismos electorales locales, pertenecientes a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Veracruz, mantienen en riesgo la calidad de la elección por falta de recursos necesarios para pagar sueldos, capacitación y papelería electoral.
- En el reporte de marzo eran nueve los OPLES del mismo número de estados con grado alto y medio de riesgo por falta de recursos; hoy se informó que son 10 entidades, cuatro de ellos en semáforo rojo y seis en amarillo. Sólo nueve no tienen problemas financieros.
- En riesgo alto se encuentran Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Veracruz. En riesgo medio se ubica a los OPLES de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Colima, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México.
- La situación que tienen los OPLES de Zacatecas y Veracruz es la más grave pues además adeudan pagos al INE por 143 millones de pesos. Ese monto resulta de convenios de coordinación suscritos por ambas partes por las que el Instituto presta servicios para la integración de casillas (puede ser capacitación o materiales), pero los organismos locales están obligados a pagarle por ello.
El secretario técnico de la Comisión, Giancarlo Giordano, reportó que en el caso de Zacatecas –el más grave del país- además de que no se le entregaron recursos suficientes para la elección judicial, ya arrastraba un recorte a su presupuesto 2025 y por ahora sólo tiene ofrecimiento de recursos que no se han concretado.
Eso “ha afectado de forma importante su funcionamiento y la organización de esta elección. Si bien recientemente fueron autorizados una ampliación por 15 millones de pesos etiquetado para documentación electoral, con lo que en total suman recursos adicionales por 60 millones, el organismo ha reportado que se le han administrado 24 millones de pesos”, explicó el funcionario.
- El OPLE, informó el funcionario electoral, “ha manifestado que no cuenta recursos para contratar personal correspondiente a asistencia electoral, ni para cumplir los compromisos adquiridos en el convenio de coordinación con el INE”.
- La consejera Dania Ravel expuso su preocupación, pues el OPLE ha informado que le faltan 60 millones de pesos para cubrir el 70% del costo de documentación y material electoral, la contratación por 30 días de 300 figuras de técnicos electorales de cómputos, la contratación para la asistencia electoral por 40 días de 467 capacitadores y 78 supervisores electorales locales, así como sus gastos de campo.
En el caso del órgano electoral de San Luis Potosí, se le autorizaron recursos extra por 110 millones pero sólo ha recibido 67.7 millones de pesos, “sin embargo, el OPLE informó que no cuenta con los recursos suficientes que le permitan cubrir la totalidad de los compromisos adquiridos en el convenio de coordinación con el instituto”, dijo Ravel.
- En el caso de Nayarit se le prometieron 30 millones de pesos de 115 millones solicitados, “y el pasado 26 de abril le fue autorizado 11 millones de pesos adicionales para pago del anexo financiero del convenio con el instituto, aunque no ha recibido la administración para su transferencia al INE”, agregó.
- En el caso de Veracruz, aunque el Congreso local le etiquetó 149.6 millones de pesos para la elección del Poder Judicial, adicionales a los recursos para la elección ordinaria de ayuntamientos, el OPLE no ha solicitado una ampliación y no ha hecho las aportaciones correspondientes al convenio de coordinación con el INE razón por la que no le ha pagado.
- En riesgo medio porque tienen recursos, aunque aún les falta recibir la totalidad, la Comisión aprobó ubicar a Aguascalientes, Baja California, Colima, Quintana Roo Yucatán y Ciudad de México, pues han comenzado a recibir los recursos con cierta regularidad.
Sin embargo en el caso del OPLE de la capital del país los recursos no son suficientes para cubrir la totalidad de actividades inherentes a la organización del proceso electoral del Poder Judicial local.
De acuerdo con Giordano, en esa situación se mantienen los OPLES hasta el corte de hoy 6 de mayo.
Además de no tener recursos para financiar la elección judicial y adeudar pagos al INE, los consejeros conocieron la situación presupuestal de los OPLES para su operación cotidiana (rentas, sueldos, gasto corriente).
- Zacatecas también es el caso más preocupante en este rubro pues para su operación ordinaria tuvo también un recorte de 65.91% a su presupuesto.
“No cuenta con buenas condiciones para funcionar adecuadamente a partir del segundo semestre del año”, se reportó y además aún adeuda pagos al INE desde el proceso electoral 2020, misma situación del OPLE de Yucatán.
- El riesgo medio se encuentra en Ciudad de México, donde revisan los presupuestos que tuvieron recortes presupuestales que podrían afectar su operatividad en el último trimestre del año.
- Respecto a los adeudos de los OPLES de Zacatecas al INE, la consejera Ravel recordó que otras elecciones el INE puede absorber gastos y luego esperar los pagos de los OPLES, pero ahora no.
El INE retrocede en garantía de derechos en la elección judicial, dice Consejera
“Sufrimos un recorte presupuestal severo también de 13, 436 millones de pesos y por otro lado el OPLE nos ha dicho que no puede hacer la aportación que le corresponde en materia de capacitación electoral. Desde mi perspectiva, no tenemos recursos para cubrir lo que le corresponde a este organismo público local electoral”, explicó.
Por ello pidió avisar a la Dirección Jurídica para que decida qué hacer ante los incumplimientos. El secretario técnico no dio información respecto a si ya procedió. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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