Han DESAPARECIDO +10 MIL JÓVENES en el PAÍS; el 44% de los casos se registraron en la 4T

La mayor parte de los jóvenes desaparecidos fueron reclutados por la delincuencia organizada, consideró Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

El próximo domingo se cumplen siete años de la desaparición de 43 normalistas, en Iguala, Guerrero; sin embargo, no son los únicos, desde entonces han desaparecido y no han sido localizados en el país 10 mil 843 jóvenes que –como ellos– tenían entre 18 y 25 años al ser reportados.

  • Desde que era candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ofreció justicia a padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre de 2014, pero el caso sigue abierto.
  • Además, 44% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas desde entonces se registraron durante la actual administración, pues de 2019 a la fecha sumaron 4 mil 824 casos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda disponibles en su sitio en internet.

De los 10 mil 843 desaparecidos o no localizados desde aquella noche en Iguala, 74.7% son hombres y 24.6% mujeres; un 0.5% no se pudo determinar su sexo.

  • El estado donde más casos de hombres han ocurrido desde 2014 –en el mismo rango de edad de los 43 normalistas– es Jalisco con mil 690, seguido de Tamaulipas con 925, Sonora con 470 y Sinaloa con 732.
  • En lo que respecta a mujeres de 18 a 25 años, Estado de México encabeza las entidades con mayor número de desapariciones con 335, le sigue Jalisco con 264, Tamaulipas con 239, Puebla con 164 y Sonora con 145.

En cuanto a la edad, en el periodo de septiembre de 2014 a l mes actual, los hombres de 25 años representan la mayor cantidad de desaparecidos o no localizados con mil 190, mientras que en las mujeres de 18 años encabezan el registro, con 425.

COMPROMISO PENDIENTE

Desde que era candidato, López Obrador ofreció integrar una comisión de la verdad para averiguar qué fue lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, enclavada en el municipio de Tixtla, Guerrero, entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El 25 de mayo de 2018, a poco más de un mes de celebrarse las elecciones donde resultó ganador, tuvo un mitin en Iguala y sostuvo que ese municipio sería “ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático”.

“Vuelvo a expresar mi compromiso que el régimen que ha llevado a cabo estas atrocidades es el régimen que nosotros estamos combatiendo desde hace muchos años”, expresó en esa ocasión el ahora jefe del Ejecutivo federal.

  • Hace un año, al cumplirse seis años de la desaparición de los jóvenes, refrendó su compromiso con los padres por esclarecer los hechos, “que se conozcan la verdad, la auténtica verdad. Ese es el compromiso. Y desde luego, que sepamos el paradero de los jóvenes y al mismo tiempo que se castigue a los responsables. En pocas palabras, que haya justicia, reparación del daño. Sinceramente les digo que lo vamos a lograr, que no debemos perder la esperanza”.

La última vez que el mandatario hizo referencia a este tema fue el 1 de septiembre durante su Tercer Informe cuando expresó que junto con la descentralización del Gobierno federal, conocer la verdad acerca del caso de Ayotzinapa eran sus únicos dos pendientes de los 100 compromisos que hizo al inicio de su administración.

“En estos dos años y nueve meses de Gobierno hemos tomado decisiones trascendentes, si consideramos que se ha trabajado con intensidad y en bien del pueblo. Por ejemplo, de los 100 compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión, hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos, sólo tenemos pendientes dos: descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y en eso estamos”, señaló en esa ocasión.

DESAPARICIONES, LIGADAS AL CRIMEN ORGANIZADO

La mayor parte de los jóvenes desaparecidos fueron reclutados por la delincuencia organizada, consideró Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

  • En entrevista aclaró que, sin criminalizar a las víctimas desaparecidas, existe una consistencia en aquellos adolescentes que participan en la actividad delictiva, pues según un estudio realizado por el ONC, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en nuestro país.
  • Rivas detalló que si bien en todas las entidades federativas hay niñas, niños y adolescentes en riesgo, 55% de la población en esta situación se concentra en siete estados: Estado de México (9.7%), Jalisco (8.6%), Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5%).

Además, resaltó que la problemática se da por múltiples motivos, uno de ellos es la incapacidad del Estado por no tener control y un orden.

Es por ello, sugirió, que el Gobierno debe trabajar en un plan de colaboración interinstitucional con organizaciones internacionales, que se definan prioridades y se fortalezcan las instituciones de seguridad para que el Estado tenga orden, pues donde hay control “es muy difícil que una persona pueda desaparecer”.

Este diario dio a conocer que desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han desaparecido y no han sido localizados en el país 4 mil 824 jóvenes, quienes tenían entre 18 y 25 años al ser reportados.

FALTA CAPACIDAD DE RESPUESTA

En tanto, la diputada federal Irasay Rodríguez (Movimiento Ciudadano), aseveró que con la cantidad de jóvenes desaparecidos en los últimos siete años el Gobierno federal no puede hablar de promesas cumplidas, pues en este tema es evidente la falta de capacidad para dar respuesta.

Rodríguez comentó que en el país se necesitan fiscalías estatales que realmente sirvan y resuelvan los casos de desaparecidos.

  • Cuestionada sobre que Jalisco, gobernado por MC, ocupa el primer lugar de desapariciones de hombres jóvenes, expresó que son situaciones que llevan años y que enfrentan todos los gobiernos sin importar del partido del que provengan.

“El culpar a un partido político no es ni una respuesta ni una justificación de lo que estamos viviendo, sí tenemos que ponernos a pensar cuáles son las acciones que se han tomado por cada uno de estos gobiernos y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a hacer?, porque es una realidad que estamos viviendo una ola de inseguridad y que en esta generación estamos siendo castigados por la inseguridad”, manifestó.

La diputada federal, de 27 años, enfatizó en que hacen falta más oportunidades para los jóvenes y desarrollar políticas públicas y proyectos que realmente les apoyen.

El próximo domingo se cumplen siete años de la desaparición de 43 normalistas, en Iguala, Guerrero, tema en que el titular del ejecutivo ha dicho en dos ocasiones que de 100 compromisos ha cumplido 98, uno de los faltantes es encontrar a los 43.

DESAPARICIÓN DE NIÑ@S, LA OTRA PANDEMIA

En el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, que se celebró el pasado 30 de agosto, investigadores y especialistas dedicados a visibilizar el problema de la desaparición de niños y niñas como un problema grave de la sociedad mexicana.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) es necesario recordar a las infancias que también sufren desaparición.

  • La REDIM denuncia que desde que se tiene registro (en 1963), 77,706 niños, niñas y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México hasta el 27 de agosto de 2021. De éstas, 15,186 (19.54%) continúan desaparecidas o no localizadas, siendo 8,355 de ellas niñas y adolescentes mujeres y 6,799 niños y adolescentes varones.
  • Entre los participantes también se presentó Estela Ruiz, perteneciente al Colectivo entre cielo y tierra y madre de Cristian Valencia Alexander Ruiz joven desaparecido en Jalisco  en diciembre de 2019.

Estela denunció que su hijo fue víctima de desaparición forzada.

«Ahí fue donde empezó mi peregrinar, un 31 de diciembre de 2019. En el caso de mi hijo yo puse la denuncia en la fiscalía el 1o de enero me hicieron mi denuncia. Yo pensé que ellos me iban a ayudar en la fiscalía y que yo iba a tener a mi hijo en casa pero eso no sucedió», explicó Estela.

  • Aletse Torres y Samantha Anaya, periodistas de ZonaDocs, denunciaron que la problemática de la desaparición de niños y niñas en Jalisco es una crisis inadvertida.
  • Para analizar el fenómeno, explicaron, es necesario considerar el contexto general de México y Jalisco, además del perfil de las víctimas, la ineficiencia de los protocolos de búsqueda, la invisibilización por parte de las autoridades.

Además, reivindicaron la necesidad de escuchar y reconocer los testimonios de las familias que han sido afectadas por la problemática pues la desaparición de personas no únicamente afecta a la víctima sino a todo su entorno.

«De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente en Jalisco hay 804 menores de edad desaparecidos y desaparecidas; además, los municipios en los que más menores de edad han desaparecido de 2010 a 2021 son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto y Tlaquepaque», explicó Anaya.

De acuerdo con Tania Martínez el problema es cada vez más grave e incluso se podría considerar que con la pandemia ha empeorado y constituye una epidemia que está invisibilizada.

«Juegan de por medio muchísimos elementos. El estigma probablemente, que acompaña a muchos, muchas y muches adolescentes y jóvenes respecto de «algo estará haciendo, como se ha visto en los testimonios», explicó Tania Ramírez, directora ejecutiva de la REDIM.

  • De acuerdo con la especialista, existe un problema grave de estigmatización de la juventud pues conforme han pasado los años es cada vez más común que la población se sienta en riesgo cuando ve a grupos de jóvenes en la calle, producto de los problemas graves de seguridad que aquejan al país.

«Tenemos que dimensionar que todos estos jóvenes, niños y niñas desaparecidas no les faltan nada más a sus mamás y a sus familias, nos faltan a toda la sociedad. Es un hueco enorme en nuestra historia, en nuestra sociedad y es inadmisible», cuestionó Ramírez.

PIDEN INVESTIGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO LA DESAPARICIÓN DE MUJERES

Después de nueve años de búsqueda, Sandra Luz Román sigue sin encontrar a su hija Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero, a los 19 años. Y es por eso que ahora, decidió recurrir a las instancias internacionales.

  • Acompañada por la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), presentó el caso de la desaparición de su hija ante el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (Comité CEDAW). Ella busca evidenciar la desigualdad y la violencia de género que rodean a las desapariciones de mujeres en el país.
  • Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, explica que la denuncia por el caso de la desaparición de Ivette Melissa se presentó ante el CEDAW porque no hay condiciones para garantizar el acceso a la justicia en México.

“A nivel del estado (Guerrero) no hay abierta ninguna carpeta (de investigación), todo está a nivel federal”, dice. A pesar de que un juez dio la orden a la Fiscalía General de la República (FGR) de investigar con perspectiva de género, esto no ha ocurrido. “Por eso, decidimos que había que presentar el caso al CEDAW”, agrega el abogado.

La resolución del caso sería la primera que emita este órgano de expertas internacionales por la desaparición de una mujer en el mundo, y la segunda que recibiría México; la primera fue en 2017 por el feminicidio de la joven veracruzana Pilar Arguello Trujillo.

  • En México, las desapariciones enmarcadas en la violencia del crimen organizado, como es el caso de la de Ivette Melissa, no son investigadas; mucho menos las de mujeres, pues se inscriben, además, en un contexto de la violencia de género normalizada.
  • La desaparición de Ivette Melissa fue un crimen anunciado: “Ella vivía con miedo”, dice su madre. Cuando se embarazó, a los 16 años, se fue a vivir con su esposo, a casa de su suegro, que en ese momento tenía un cargo de mando en la policía estatal. Ahí, Ivette era víctima de violencia física y estaba prácticamente aislada. “Cuando estaba embarazada, le pegó muy feo su marido. Estuvo dos días conmigo, y ya fueron a recogerla”, recuerda Sandra Luz Román.

Fue hasta finales de 2010, cuando la bebé de Ivette tenía un año, que la joven regresó a casa de la señora Román. “Ella me dijo que la iban a liberar. A mí no se me hizo sano que usara esa palabra de liberar, así es que le pregunto: ‘Bueno, pues qué, ¿estás secuestrada?’, ‘No, no, pero manda mi suegro y pacté con él, así es que en el cumpleaños de mi hija, yo me voy’”, le dijo Ivette Melissa.

Desde ese momento, la señora Román empezó a notar que el suegro mostraba un interés particular en su hija, y ella le decía que sus cuñados la seguían y amenazaban.

  • A inicios de septiembre de 2012, las amenazas fueron más recurrentes; Sandra Luz decidió mandar a su hija y a su nieta a Querétaro. Quince días después, su suegro las localizó y por eso regresaron a Iguala.
  • La noche del 24 de octubre de 2012, un grupo de personas armadas irrumpió en la casa de Sandra Luz, cuando ella apenas había salido; rafaguearon el inmueble y golpearon a otro de sus hijos, antes de llevarse a Ivette. El auto en el que huyeron con la joven iba escoltado por patrullas de la policía municipal de Iguala, según alcanzó a ver la otra hija de la señora Román.

“Nadie vino a levantar los casquillos, ningún ministerio público vino a ver qué había sucedido, ni los soldados ni la policía”, recuerda la señora.

De inmediato, fueron a la agencia del ministerio público de Iguala, pero no lograron tramitar la denuncia. En la agencia un funcionario les dijo: “Les voy a levantar una carta de derechos, pero muy sencillo. Lo que es: que se la llevaron y punto. Nada que si (fueron) policías, porque si les hacemos la denuncia, saliendo les van a matar”.

Días después, al increpar a su consuegro, éste le admitió que Ivette Melissa “le había gustado a sus jefes”, y que por eso se la habían llevado.

  • La señora Román buscó ayuda en las instancias federales, en la Ciudad de México, hasta que dio con Províctima, el programa de atención a víctimas con el que contaba la entonces Procuraduría General de la República (PGR). A inicios de 2013 logró tramitar una denuncia por trata de personas.
  • A partir de entonces recorre el laberinto burocrático para alcanzar la justicia: en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) se tardaron un año en determinar que no podían llevar el caso, porque no se trataba de un feminicidio sino de un delito que involucraba al crimen organizado, y enviaron la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde aún sigue.

Ese trámite no sólo descartó la posibilidad de investigar la desaparición de Ivette Melissa como un crimen relacionado con trata de mujeres, sino que omitió las razones de género que están detrás de la desaparición.

A finales de 2018, la señora Román obtuvo un amparo para obligar a la ahora Fiscalía General de la República a investigar la desaparición de su hija con perspectiva de género.

Volga de Pina, del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM), explica que las investigaciones con perspectiva de género implican tomar en cuenta el contexto previo de las mujeres, es decir, analizar su entorno.

Se debe preguntar, por ejemplo, si estaba pasando por algún problema personal, indagar si hubo hostigamientos previos, amenazas, presiones de la pareja, y la búsqueda también se tiene que hacer casi siempre desde el campo de la familia.

“Cuando se habla de aplicar la perspectiva de género en las desapariciones implica preguntarse si el motivo alrededor de la desaparición se relaciona con ser mujer”, añade la abogada.

Fue hasta abril de este año, que a Sandra Luz apenas la contactaron para unas primeras sesiones psicológicas.

Por eso, la madre de Ivette Melissa decidió acudir al Comité CEDAW, un grupo de expertas y expertos independientes del Sistema de las Naciones Unidas que tiene el mandato de vigilar que los Estados que firmaron la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer, como México, cumplan con garantizar los derechos humanos de las mujeres.

  • El Comité aceptó analizar si, en el caso de la desaparición de Ivette Melissa, las autoridades en México cumplieron con sus obligaciones derivadas de la Convención, entre ellas, la eliminación de cualquier forma de discriminación cometida por servidores públicos y el acceso a la justicia. De no haberlo hecho, las expertas emitirán una resolución en la que podrían establecer las medidas que deben seguir las autoridades para garantizar la búsqueda e investigación de la desaparición de la joven con perspectiva de género, y darían seguimiento al cumplimiento de éstas.

Por eso, recurrir al Comité CEDAW insiste en la necesidad e importancia de que la desaparición de Ivette Melissa (y la de todas las mujeres del país) se investigue con perspectiva de género.

En México hay 22,641 mujeres desaparecidas, el 77% de éstas ocurrieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para confrontar a los grupos criminales. La desaparición de mujeres está acentuada en las niñas y jóvenes, de entre 12 y 16 años. En ese rango de edad, las mujeres víctimas son más que los hombres.

En el caso de la desaparición de Ivette Melissa, Juan Carlos Gutiérrez enfatiza los antecedentes previos de violencia de género que rodean el caso.

“Ella es desaparecida por su propia familia: por su esposo y su suegro, que era policía, y en ese sentido esas violencias previas que se realizaron, que están planteadas en el expediente, son invisibilizadas en la investigación de la desaparición. Se podría decir que la desapareció un agente del Estado y es grave, pero en el fondo, antes de la desaparición, a ella se le somete a situaciones de violencia, de acoso, se le persigue, se le advierte que si no se adecua a lo que el hombre quiere, va a sufrir las consecuencias tanto por parte de su esposo como en su familia. Es como si le enviaran un mensaje: ‘mira, no hiciste caso a los cánones que nosotros establecimos y por tanto te desaparecemos’.”

Pese a estos antecedentes, las autoridades locales nunca investigaron y las federales desestimaron el caso negándose a investigar tomando en cuenta la violencia de género./Agencias-PUNTOporPUNTO

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