El arresto de miembros de una familia en Utah y Texas acusados de contrabando de más de 300 millones de dólares en petróleo en 2 mil 881 envíos separados, en colaboración con cárteles del narco mexicanos, ofrece otra perspectiva sobre la forma en que individuos en Estados Unidos trabajan con el crimen organizado para generar ganancias millonarias mediante actividades ilícitas y blanquear esos fondos antes de que sean regresados a México.
- James Jensen conspiró con su esposa, Kelly Jensen, y dos de sus hijos, Maxwell y Zachary Jensen, para lavar ingresos de las ventas de petróleo crudo ilegalmente importado, señalan la acusación y la orden de arresto del caso obtenidos por ABC News en Utah.
- Los pagos por este petróleo crudo fueron enviados a negocios en México que operan sólo con el permiso de organizaciones criminales mexicanas. James Jensen estaba consciente de que los pagos que hizo llegaban a estos grupos delictivos.
- En una alerta enviada a bancos estadunidenses este mes, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen, por su abreviatura en inglés) informó que “el gobierno mexicano ha reportado la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos como resultado del huachicol”.
Esta agencia del Departamento del Tesoro (equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera de México) explicó que los huachicoleros usan diversas formas para robar combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluidos los sobornos a empleados corruptos de la petrolera, amenazas a otros, así como perforar tomas en oleoductos, robar refinerías y secuestrar camiones cisternas.
- La acusación contra los Jensen no identifica cárteles específicos, pero la Fincen alertó a bancos estadunidenses el 2 de mayo para que refuercen la vigilancia a fin de “detectar, identificar y reportar actividad sospechosa vinculada con el contrabando de petróleo crudo robado desde México a través de la frontera suroeste a Estados Unidos por los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo, y otras organizaciones criminales trasnacionales con sede en México”.
- La alerta de la Fincen detalla que el petróleo crudo usualmente es transportado en camiones cisterna a través de la frontera suroeste e identificado de manera engañosa como petróleo de desperdicio u otros materiales peligrosos relacionados con el proceso de refinación de petróleo y gas natural con la intención de evitar inspecciones, impuestos y regulaciones. Los importadores estadunidenses cómplices de estos esquemas frecuentemente administran otros negocios legítimos en la frontera.
Amplió: Según cálculos de agencias de seguridad pública, los importadores estadunidenses pueden ganar más de 5 millones de dólares por cada barco de petróleo crudo de Estados Unidos y jurisdicciones extranjeras, y tienen múltiples barcos en ruta cada mes.
- Esto es precisamente de lo que se acusa a la familia Jensen: Realizar e intentar realizar transacciones financieras con los ingresos de alguna actividad ilegal mediante maniobras diseñadas para ocultar el origen y naturaleza de estos fondos. La acusación formal afirma que este negocio ilícito de ventas de petróleo robado y el lavado de fondos se iniciaron el 10 de mayo de 2021 y continuaron hasta este año.
- El gobierno estadunidense acusa que el petróleo ilícito es enviado desde México a Texas en barcazas. El crudo llega a una instalación propiedad de Jensen llamada Arroyo Terminals, empresa de compra de petróleo en Río Hondo, pueblo al norte de Brownsville, Texas. Las autoridades federales arrestaron a Jensen y a su esposa en Utah, y a sus dos hijos en Texas, y también allanaron las oficinas de Arroyo Terminals ese mismo día. Los Jensen se han declarado inocentes de los cargos.
Aunque no se conocen detalles del caso de los Jensen, la Fincen describe el proceso general de lavado de dinero en estos casos:
- Después de vender el petróleo crudo robado en los mercados de energía de Estados Unidos y globales, los importadores estadunidenses reciben transferencias electrónicas nacionales e internacionales de intermediarios de terceros, incluyendo transferencias canalizadas a través de múltiples cuentas y jurisdicciones, como pago por el petróleo crudo robado.
“El robo de combustible y el contrabando de petróleo son fuentes de efectivo para el negocio narcoterrorista del CJNG, lo que constituye una lucrativa fuente de ingresos para el grupo y le permite causar estragos en México y Estados Unidos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
- El Departamento del Tesoro, afirmó, continuará usando todas las herramientas disponibles para atacar implacablemente a los cárteles de las drogas y a las organizaciones terroristas extranjeras para hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez. Sin embargo, según los informes y alertas emitidas este mes, el gobierno estadunidense también necesitará hacer más para perseguir a individuos, empresas e instituciones financieras en su propio país.
Corrupción hace fluir el huachicol en Texas
Texas no es sólo un productor y receptor de petróleo, es el corazón operativo donde se lava, legaliza y redistribuye el crudo robado en México, conocido como huachicol. No se trata de un comercio informal ni de un contrabando menor, sino “de una estructura trasnacional que implica complicidades institucionales, permisos falsificados, omisiones selectivas y flujos financieros que atraviesan las fronteras al amparo de documentos en regla. Ahora lo sabemos mejor y estamos averiguando todo”, confirma el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos al Gran Diario de México.
El crudo hurtado a Pemex por grupos criminales coludidos con funcionarios en ambos lados de la frontera sale de México disfrazado de residuos industriales, cruza sin resistencia las aduanas de ambos países y es reintroducido en el mercado estadounidense como si se tratara de petróleo texano legal.
- El caso de la empresa texana Arroyo Terminals, propiedad de la familia Jensen, dado a conocer en abril pasado por autoridades estadounidenses y presentado detalladamente por EL UNIVERSAL, expuso la arquitectura de un esquema que venía funcionando impunemente desde al menos 2019. “Ese caso es apenas un ejemplo, pero nos dio mucha información muy valiosa”, comenta la fuente del DoJ.
- Arroyo Terminals no fue una situación excepcional, sino la expresión más visible de un sistema mucho más profundo, que sólo puede sostenerse en función de corrupción o colusión de múltiples autoridades en México y Estados Unidos.
- Greg Abbott, como gobernador texano, nunca ha hecho una declaración pública reconociendo que Texas funcione como plataforma de legalización de crudo robado a Pemex. Su silencio frente a investigaciones federales que ya documentan la operación sistemática de empresas desde 2019 y hasta 2025, como Arroyo Terminals, lo convierte en un actor políticamente responsable por omisión, coinciden varios analistas.
Abbott ha hecho de una aparente “mano dura” su sello político, sobre todo en temas de migración y fentanilo. Sin embargo, nunca ha incluido el contrabando de hidrocarburos en su discurso de seguridad, a pesar de que este financia directamente a los mismos cárteles que dice combatir. Su narrativa sobre seguridad fronteriza es selectiva y omite el papel de actores económicos texanos que se benefician del crudo ilegal.
La oficina subraya que Abbott “designó a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, permitiendo a Texas frenar sus operaciones criminales, utilizar el decomiso de bienes civiles para tomar sus propiedades y aumentar las sanciones penales durante un enjuiciamiento”, pero olvida mencionar que la declaración de los cárteles como “terroristas” es un asunto federal y no estatal.
- Luego habla de operaciones de seguridad nacional para realizar arrestos de inmigración, lo cual no tiene que ver con el cuestionamiento del huachicol, y ya al final de su respuesta, afirma que “continuará trabajando con el Congreso —estatal— para detener el robo de petróleo por parte de los cárteles”.
- Como responsable del envío del mail aparece el nombre de Andrew Mahaleris, secretario de prensa de la oficina del gobernador.
- La corrupción del lado texano comienza en los cruces fronterizos controlados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Las cisternas que transportan huachicol cruzan la línea con documentación que lo clasifica como waste oil (aceite de desperdicio) o used lubricants (lubricantes usados), sin que el contenido real sea verificado físicamente.
El excomisionado interino de CBP, Kevin McAleenan, reconoció en una audiencia del Congreso en 2023 que “nuestra infraestructura de inspección no está diseñada para verificar hidrocarburos. Si el papel dice que es aceite industrial, no tenemos forma efectiva de comprobarlo”.
“Hoy sabemos que una vez dentro de Texas, el petróleo robado va a parar a terminales, depósitos y tanques administrados por empresas que, en muchos casos, no cuentan con permisos ambientales para tratar materiales peligrosos”, comenta a este diario la fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Falta de inspecciones
La Environmental Protection Agency (EPA), que debería supervisar dichas operaciones, ha mostrado omisiones sistemáticas. Según una auditoría filtrada por Houston Chronicle, entre 2021 y 2023 la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) “no realizó inspecciones físicas en más de 70% de las instalaciones con actividad sospechosa en el manejo de aceites industriales”.
- La Energy Information Administration (EIA), que debe reflejar en sus bases de datos los volúmenes importados, no registró aumentos significativos que correspondan con los cientos de miles de barriles de crudo que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ingresaron desde México en ese periodo.
La exfuncionaria de Energía Bethany Davis Noll advirtió en declaraciones a Reuters que “las cifras de importación que coinciden con empresas sin historia operativa deberían haber activado alertas internas. No lo hicieron”.
- La legalización financiera de las operaciones depende de que el dinero circule sin levantar sospechas. En 2024, la oficina de FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de combatir delitos financieros.
- Como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas relacionadas con el sistema financiero, identificó más de 47 millones de dólares en transferencias desde empresas texanas a compañías mexicanas sin actividad comercial comprobable. No se activaron congelamientos de bienes ni se reportaron sanciones.
El experto en crimen financiero, Douglas Farah, denunció que “Estados Unidos sigue tratando el tráfico de crudo robado como una irregularidad comercial, no como parte de la economía criminal trasnacional que financia a los cárteles”.
- El Internal Revenue Service (IRS) tampoco actuó a tiempo, “a pesar de haber sido la oficina gubernamental estadounidense que destapó la investigación de Arroyo Terminals para sacar a relucir toda la actividad del huachicol mexicano y los cárteles de la droga desde Texas para el mundo”, comenta el DoJ.
Según el testimonio de la fiscal federal Erica Benavides expuesto en marzo pasado, “las deducciones fiscales presentadas por algunas de estas empresas indicaban compras volumétricas de productos energéticos sin respaldo. Nadie las auditó”.
- En Texas, la Railroad Commission, ente regulador del sector petrolero, ha sido omisa en hacer públicos los permisos vigentes de empresas bajo sospecha. Incluso, en el caso de la familia Jensen, nunca emitió advertencias sobre las licencias de almacenamiento o distribución que operaban con inconsistencias.
- El senador republicano Paul Bettencourt, quien promovió una ley para endurecer penas contra el robo de combustible en Texas, evitó referirse a posibles nexos con funcionarios estatales. En entrevista con el Texas Tribune, el abogado ambientalista Tom Smitty Smith fue más directo:
- “Hay demasiado crudo entrando, demasiados impuestos no pagados, demasiadas licencias vencidas y ninguna agencia dice nada. El problema no es la ley, es quien decide ignorarla”.
Como señaló el analista Edgardo Buscaglia en un foro de seguridad energética en 2024, “cuando un gobernador concentra su agenda en los migrantes, pero calla sobre las redes de empresarios que hacen negocios con cárteles, estamos frente a una política de seguridad con prioridades fingidas”.
- El informe de mayo del Center for International Policy cierra con una frase que lo resume todo: “La red de contrabando de crudo entre México y Texas no es sólo tolerada, es viable porque encuentra dentro del aparato estatal puntos ciegos cuidadosamente cultivados”.
En esta red, los sellos aduanales y las licencias ambientales no son obstáculos, son herramientas. Nadie habla de funcionarios detenidos o inhabilitados; porque en este negocio, como en el petróleo mismo, lo que más vale no es el producto, es la capacidad de moverlo sin dejar rastros.
“Altos mandos y esquemas bien diseñados en empresas transnacionales”
La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, reveló recientemente que va en aumento el número de empresas transnacionales involucradas en esquemas de evasión fiscal relacionados con la importación ilegal de combustibles, mejor conocido como “huachicol fiscal”.
Estas prácticas ilícitas, asegura, causan pérdidas millonarias al erario mexicano y representan un problema estructural de corrupción y evasión de impuestos por varios años.
- Durante conferencia de prensa, Buenrostro explicó que se trata de un mecanismo mediante el cual, las empresas (incluidas firmas extranjeras) importan hidrocarburos disfrazados de otros materiales de exportación como aceites o lubricantes para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además del IVA y el Impuesto sobre la Renta.
- “Estamos hablando de un esquema bien diseñado, sofisticado, en el que participan desde agentes aduanales hasta altos mandos dentro de ciertas compañías. Se está utilizando la figura del contrabando técnico para ingresar combustible como si fuera otro producto y evitar el pago de impuestos”, denunció la funcionaria federal.
- El llamado “huachicol fiscal” fue detectado principalmente en la frontera con Texas, Estados Unidos, y se ha vuelto un fenómeno recurrente en los últimos años. De acuerdo con datos presentados por la propia Buenrostro, sólo en el primer trimestre de 2021 se registraron pérdidas por más de 23 mil millones de pesos en recaudación del IEPS, lo cual representa un boquete considerable en las finanzas públicas.
“Las afectaciones no sólo son económicas. Estamos hablando también de competencia desleal para Pemex y otros importadores legales de combustibles. Además, al ser combustible no regulado, también representa riesgos para la seguridad y el medio ambiente”, advirtió.
Empresas bajo vigilancia y acciones para disminuir el huachicol
Entre las empresas señaladas se encuentra Vitol, multinacional de energía que ya ha sido investigada por actos de corrupción y sobornos en México y otros países. La Secretaría de Economía, junto con el SAT y la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene abiertas varias carpetas de investigación en torno a irregularidades detectadas en la importación de productos petrolíferos refinados, como gasolina y diésel.
“Vitol es solo un caso representativo. Hay otras compañías que están siendo investigadas. La intención no es ir contra la inversión extranjera, sino exigir que cumplan con la ley como cualquier empresa nacional”, aclaró Buenrostro.
- La funcionaria adelantó que el gobierno federal trabaja en nuevas medidas regulatorias para cerrar los espacios a este tipo de prácticas. Entre ellas, se considera reformar la Ley de Hidrocarburos para aumentar los controles en los permisos de importación, así como reforzar el uso del complemento Carta Porte en los comprobantes fiscales digitales, con el fin de dar trazabilidad al transporte de mercancías sensibles.
“Este tipo de acciones son parte del esfuerzo por garantizar una competencia leal y proteger las finanzas públicas. No vamos a permitir que el Estado siga siendo vulnerado por esquemas de evasión tan descarados”, concluyó la funcionaria. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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