La Unión Europea está ampliando sus facultades para rastrear, realizar redadas y deportar a migrantes hacia «centros de retorno» ubicados en terceros países de África y otras regiones, adoptando discretamente tácticas de la Administración Trump que han suscitado críticas públicas en el bloque de 27 naciones.
- La UE continúa endureciendo sus políticas migratorias tras la llegada al poder de partidos de derecha en algunos países durante 2024. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen —perteneciente a la coalición de centroderecha del Partido Popular Europeo—, ha declarado que las nuevas medidas evitarán que se repita la crisis de 2015, provocada por la guerra civil en Siria, cuando cerca de un millón de personas llegaron en busca de asilo.
«Hemos aprendido las lecciones del pasado. Y hoy estamos mejor preparados», ha afirmado von der Leyen. Las nuevas políticas, conocidas como el Pacto sobre Migración y Asilo, entrarán en vigor el próximo 12 de junio.
- Los partidos de extrema derecha en Europa han elogiado las políticas de deportación del presidente estadounidense Donald Trump y han instado a la Unión Europea (UE) a adoptar un enfoque similar. Por su parte, los grupos de derechos humanos advierten que las autoridades ya están llevando a cabo devoluciones ilegales de migrantes en las fronteras de la UE y socavando sus garantías legales.
Italia ofrece un modelo
- La UE ya destina millones de dólares a disuadir a los migrantes antes de que lleguen a sus costas, y ha apoyado el retorno a sus hogares de decenas de miles de africanos, ya sea de forma voluntaria o forzosa.
- Lo que se contempla ahora es una ampliación del modelo que Italia ha implementado bajo el liderazgo de la primera ministra Giorgia Meloni y su postura de «mano dura» en materia migratoria.
El país gestiona dos centros de detención para migrantes —destinados a solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido rechazadas— ubicados en Albania. Uno de ellos alberga actualmente a al menos 90 migrantes, dijo la parlamentaria Rachele Scarpa, quien visitó el lugar y relató haber encontrado a las personas allí retenidas confundidas y atemorizadas.
- Además, el Gabinete de Meloni ha aprobado un paquete de medidas contra la inmigración que permitiría a la Marina interceptar embarcaciones en aguas internacionales por un plazo de hasta seis meses si estas son consideradas una amenaza para el orden público; devolver a los migrantes interceptados a sus países de origen o a terceros países; y agilizar la deportación de ciudadanos extranjeros condenados por delitos.
Un «grupo informal» de naciones de la UE —que incluye a Alemania, Austria, los Países Bajos, Dinamarca y Grecia— está impulsando acuerdos sobre centros de deportación, según afirmó Bernd Parusel, investigador del Instituto Sueco de Estudios de Política Europea.
- Kenia es uno de los países con los que están conversando, afirmó Tineke Strik, eurodiputada holandesa. Ya sea de manera consciente o no, el plan es similar a los acuerdos que Trump alcanzó con naciones como El Salvador para acoger a migrantes deportados, señaló.
Otros países están explorando ideas similares. El ministro de Migración de Suecia ha declarado que la coalición conservadora gobernante aprueba el establecimiento de centros fuera de Europa, especialmente para solicitantes de asilo afganos y sirios.
Algunos en Europa aplauden las tácticas al estilo de Trump
Durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, estallaron protestas por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) para brindar seguridad a la delegación estadounidense. Sin embargo, otros en Europa han elogiado las acciones de ICE y han pedido la creación de unidades policiales centradas en las deportaciones.
- En 2024, Bélgica aprobó una ley que permite al servicio fronterizo de la UE, Frontex, realizar operaciones dentro del país, lo que avivó los temores entre los activistas de que Frontex pudiera sumarse a las redadas.
- No obstante, el mandato de Frontex abarca únicamente las fronteras, señaló el portavoz Chris Borowski; el papel actual del servicio en los retornos voluntarios o involuntarios incluye «coordinar vuelos, ayudar con los documentos de viaje y asegurar que se respeten los derechos fundamentales a lo largo de todo el proceso».
La Comisión Europea ha declinado las solicitudes para pronunciarse sobre las políticas federales de inmigración de Estados Unidos.
- En Gran Bretaña —país que abandonó la UE hace varios años—, el gobierno del Partido Laborista (de centroizquierda) ha convertido la contención de la inmigración no autorizada en un objetivo prioritario.
- En febrero, el Ministerio del Interior informó que casi 60,000 personas habían sido deportadas desde que el actual Gobierno asumió el poder en julio de 2024. Asimismo, indicó que en 2025 se realizaron 9,000 detenciones de personas que trabajaban sin permiso, cifra que representa un aumento de más del 50 % con respecto al año anterior.
Aumentan las devoluciones, las redadas y la vigilancia
En virtud del principio de no devolución, reconocido tanto en el derecho de la UE como en el internacional, ninguna persona puede ser retornada a un país donde corra el riesgo de sufrir persecución.
- Sin embargo, las tácticas europeas de control migratorio incluyen las llamadas «devoluciones en caliente» (o pushbacks, en inglés), mediante las cuales se obliga a las personas que intentan cruzar hacia la UE a retroceder a través de la frontera, privándolas del acceso a los procedimientos de asilo.
- Según un informe publicado en febrero por un grupo de organizaciones humanitarias, las autoridades europeas llevan a cabo un promedio de 221 devoluciones diarias. El informe señala que en 2025 se registraron más de 80,000 devoluciones, ocurridas mayoritariamente en Italia, Polonia, Bulgaria y Letonia.
«Hombres, mujeres y niños —incluidas personas en estado crítico de salud— son sometidos de manera rutinaria a palizas, ataques con perros policía, desnudos forzados, cruces fluviales obligados y robo de sus pertenencias personales», afirma el informe.
- Los agentes europeos están tratando con brutalidad a los migrantes, tal como ocurre en Estados Unidos, afirmó Flor Didden, experto en políticas migratorias del grupo belga de derechos humanos 11.11.11. Algunos de ellos —como sucede en Grecia— incluso operan con el rostro cubierto por máscaras.
- «Las imágenes son impactantes y la indignación está justificada», comentó Didden refiriéndose a la situación en Estados Unidos. «Pero, ¿dónde queda esa misma claridad moral cuando son las autoridades fronterizas europeas las que abusan de las personas, les roban y las dejan morir?».
Europa aún ofrece más protecciones a los migrantes
Los grupos también han documentado una expansión de la tecnología de vigilancia —como drones, cámaras térmicas y satélites— para monitorear a las personas en tránsito. Otros grupos de derechos humanos advierten sobre un debilitamiento de las protecciones legales.
- Las nuevas normativas migratorias de la UE permiten un mayor número de redadas policiales en domicilios particulares y espacios públicos, así como un uso más extendido de la vigilancia y del perfilamiento racial.
- Así lo señalaba una carta dirigida en febrero a las instituciones de la UE por 88 organizaciones sin fines de lucro, entre las que se incluye la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, con sede en Bruselas.
- «No podemos indignarnos ante las actuaciones de ICE en Estados Unidos y, al mismo tiempo, respaldar estas mismas prácticas en Europa», afirmó la directora de la plataforma, Michele LeVoy.
Olivia Sundberg Diez, defensora de los derechos de los migrantes ante la UE por parte de Amnistía Internacional, señaló que Europa mantiene más protecciones para los migrantes vulnerables que Estados Unidos, pero comparte gran parte del impulso político hacia la adopción de políticas más restrictivas.
«En Europa existe un nivel de independencia institucional y judicial, así como de respeto a los derechos humanos, que no puede pasarse por alto», declaró. «Sin embargo, el impulso político fundamental es el mismo, y me preocupa que las consecuencias humanas terminen siendo idénticas».
El Parlamento Europeo avala expulsar migrantes a terceros países
- El Parlamento Europeo aprobó a finales de marzo el Reglamento de Retornos. Esta nueva normativa permitirá la creación de centros para migrantes en terceros países destinados a quienes deban ser repatriados, con el objetivo de agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria común.
El texto final supone un endurecimiento respecto a la propuesta inicial de la Comisión de Bruselas, una decisión que ha fracturado la cámara entre los bloques conservadores y la izquierda.
- La votación se saldó con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Este resultado ha sido posible gracias a una alianza sólida entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de derecha y extrema derecha: Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN).
Un “éxito” para la derecha
La principal novedad de este reglamento es la posibilidad de que los Estados miembros deporten a migrantes a los denominados “centros de retorno” situados en países ajenos a la Unión Europea.
Esta medida aplicará siempre que se haya suscrito un acuerdo previo con dicho país y se respete el principio de no devolución. Este modelo sigue la estela de la iniciativa impulsada por Italia en Albania durante el 2024, que actualmente se encuentra paralizada por decisiones judiciales.
- Para los sectores conservadores, el resultado es una victoria estratégica. El eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, ha resumido la importancia del acuerdo: «La Eurocámara ha aprobado hoy uno de los textos más contundentes de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración.
- Todo ello gracias al liderazgo de VOX, que junto a Patriotas, ECR y ESN, ha conseguido llevar en el texto unos compromisos alternativos que endurecen el Reglamento de Retorno». Además, ha calificado la medida como «un exitoso primer paso para la reemigración tan reclamada por VOX».
En la misma línea, el eurodiputado sueco Charlie Weimer (ECR) ha destacado la necesidad de recuperar la operatividad del sistema: «Solo uno de cada cinco migrantes a quienes se les ordena abandonar el país lo hace.
Se trata de recuperar la credibilidad». Según Weimer, la votación confirma una mayoría estable que busca garantizar el retorno efectivo de quienes carecen de derecho legal a permanecer en suelo europeo.
- El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, también ha valorado positivamente el avance: «Los retornos efectivos son una parte importante de un sistema de gestión migratoria creíble. Estamos un paso más cerca de conseguir las herramientas que necesitamos».
Rechazo de la izquierda
Los grupos socialdemócratas han reaccionado con dureza, acusando al PPE de romper el «cordón sanitario» y virar hacia posiciones extremistas. La vicepresidenta de los Socialistas y Demócratas, Ana Catarina Mendes, ha lamentado que la iniciativa no esté alineada con un enfoque europeo equilibrado: «Lo que estamos viendo es un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha».
- Además, la eurodiputada francesa de los Verdes, Mélissa Camara, ha sido tajante al calificar la jornada como «una votación de vergüenza y una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea». Camara ha acusado a la mayoría parlamentaria de «dejar de lado la dignidad humana en favor de una ideología racista y populista».
A las críticas políticas se sumaron las de organizaciones civiles. La responsable de incidencia política de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), Silvia Carta, ha advertido que esta «alianza tóxica» normaliza abusos similares a los vistos con el ICE en Estados Unidos: «Marca un punto de inflexión peligroso, allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones».
- Está previsto que este jueves arranque el trílogo de negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, bajo la dirección de Malik Azmani (Renew). El PPE confía en que las conversaciones sean rápidas debido a la sintonía actual entre el texto aprobado y la propuesta original de la Comisión.
Europa, entre la urgencia demográfica y el miedo a abrir las fronteras
- “Ojalá hubiera muerto. Fue un viaje al infierno”. Así se pronunció Arya, nombre ficticio de una eritrea entrevistada por Naciones Unidas en su último informe sobre abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en Libia, país de tránsito para cientos de miles de personas que, como esta mujer, tratan de alcanzar Europa cruzando el Mediterráneo.
- Quien lo intente en 2026 se verá ante un horizonte contradictorio: economías que necesitan trabajadores y sociedades que ya son muy diversas, pero también una arquitectura legislativa cada vez más hostil, proclive a expulsar con rapidez —a menudo sin respetar los derechos humanos— y a delegar responsabilidades en terceros países.
El documento de Naciones Unidas, basado en casi un centenar de testimonios recogidos entre 2024 y 2025, describe detenciones arbitrarias, violaciones sistemáticas, trabajos forzados y separaciones familiares. No es el primer informe, ni será el último.
Periódicamente, distintos organismos internacionales y ONG advierten de que Libia no es un lugar al que deportar a nadie, y lo hacen con insistencia porque, entre otras razones, saben que la Unión Europea sí considera este país africano un lugar “seguro” al que enviar de vuelta a los migrantes, pese a las denuncias de la última década.
- Una década en la que Bruselas y varios Estados miembros —con Italia en cabeza— han financiado y equipado a los guardacostas libios para interceptar embarcaciones y devolver a sus ocupantes al punto de partida, a ese infierno del que habla Arya.
- “Se les separa de sus familias, se les detiene y se les traslada a centros de detención sin el debido proceso, a menudo a punta de pistola”, denunció durante la presentación del informe en Ginebra Thameen Al Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
- Pese a que la violencia en Libia se reproduce en otros países, la alianza de la UE con el Estado norteafricano no es una estrategia aislada, sino que obedece al endurecimiento del control de la migración por parte de los Veintisiete para blindar las fronteras.
Comenzó a gestarse en 2015, cuando en la llamada “crisis de los refugiados”, más de un millón de personas llegó a las costas europeas huyendo de la guerra en Siria y de otros conflictos.
- Una década después, los temores se repiten al calor de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán: a mediados de marzo, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a los Estados miembros a movilizar todas las “herramientas diplomáticas migratorias” para frenar otra eventual crisis.
- El objetivo declarado de Bruselas es combatir a las mafias; el resultado, según organizaciones humanitarias, es externalizar la responsabilidad y cerrar el paso a quienes buscan protección.
“Es más seguridad, más control, más fronteras, menos derechos, menos solidaridad, menos libertad”, analiza Francesco Pasetti, investigador principal del área de migraciones del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. En ese tira y afloja, al menos 33.000 personas han muerto o desaparecido en el mar en los últimos 10 años, y este ha arrancado con un preocupante repunte de cadáveres.
- Mientras la ONU insiste en que cesen las devoluciones a Libia hasta que existan garantías reales de respeto de los derechos humanos, la UE culminará este año su giro restrictivo con la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo.
- También se ha dado luz verde al nuevo reglamento de retornos, que acelera expulsiones y amplía la posibilidad de enviar a solicitantes rechazados a “terceros países seguros”.
- El concepto es polémico: para Bruselas, un país seguro puede ser cualquier Estado con el que exista un acuerdo de cooperación, aunque las ONG cuestionen sus estándares democráticos, como ocurre con Túnez, Libia o Mauritania.
En febrero, el Consejo de la UE aprobó la primera lista oficial: Bangladés, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez son algunos. Ese mismo mes, el Gobierno de Grecia anunció que planea crear centros de retorno en países africanos para enviar allí a migrantes rechazados cuyos países de origen no los acepten.
Y no va sola: Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria también participan en las conversaciones. “En la práctica, la ausencia de contrapesos democráticos en los regímenes más autoritarios los convierte en socios especialmente atractivos para garantizar un control migratorio efectivo”, relaciona Pasetti.
Los detractores del pacto migratorio aseguran que es una maquinaria de detención y expulsión, no de protección ni solidaridad. Critican los procedimientos acelerados y los cribados obligatorios en frontera, de hasta una semana, que el recién llegado debe pasar en centros de detención, lo que, según los defensores de derechos humanos, socava libertades fundamentales y fomenta la detención sistemática./PUNTOporPUNTO
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