Perseguida por dos hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta en Puebla, este sábado, la abogada feminista Cecilia Monzón se sumó a las otras 109 personas activistas y defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio.
- A poco más de la mitad de la actual administración, esta cifra ya representa 68.3 por ciento de los crímenes cometidos en contra de este sector durante el gobierno anterior.
De acuerdo con el reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT), durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto asesinaron a 161 defensores.
Esto refiere que el promedio mensual del sexenio anterior fue de 2.2 personas defensoras privadas de la vida, lo que es menor al promedio de 2.6 de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
- Hasta el 5 de octubre del 2021, el informe “Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, de la Secretaría de Gobernación (Segob), había informado sobre el asesinato de 94 defensoras y defensores, de los cuales 67 por ciento se concentraba en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
- Para el 26 de enero pasado, el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, indicó que la cifra ascendió a 97 y reconoció que la impunidad, en estos casos, superaba el 90 por ciento.
- Un día después del anuncio, Ana Luisa Garduño Juárez, quien durante varios años impulsó la lucha contra la desaparición de personas a partir del homicidio de su hija Ana Karen, fue asesinada en Temixco, Morelos.
La siguiente víctima fue Verónica Patricia Guerrero Vinueza, cuyo crimen ocurrió el 3 de febrero y quien en vida denunció haber sido amenazada junto al colectivo Vecinos Urbi, por luchar contra la operación irregular del basurero de Matatlán, en Jalisco.
El 11 de febrero, Francisco Vázquez fue atacado mientras se encontraba en su parcela, lo que acabó con los años que se mantuvo en lucha contra la termoeléctrica en Huexca, que forma parte del Proyecto Integral de Morelos, contra el que también se oponía Samir Flores, otro activista asesinado en la misma entidad, pero en febrero del 2020.
Durante marzo, José Trinidad Baldenegro, Néstor Iván Merino Flores y Patricia Rivera Reyes fueron asesinados en Chihuahua, Oaxaca y Baja California, respectivamente. Los tres luchaban en defensa de la tierra y por los derechos de los pueblos originarios.
- El 20 de abril, Juana Ovando fue víctima de homicidio; se le identificaba como activista en favor de los derechos de la mujer y pertenecía a la corriente juvenil del Partido Revolucionario Insitucional.
- Además de Cecilia Monzón, durante mayo asesinaron a Lorena Chantzin y Marcos Campos, ambos defensores de la autonomía de los pueblos originarios y miembros del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), quienes habían sido reportados como desaparecidos días antes.
También fueron los casos de Teófilo Barrera, Marcelo Carrera y un menor de 15 años, identificados como defensores del territorio nahua en Coyomeapan, Puebla, quienes fueron ejecutados en el municipio de Zoquitlán el 9 de mayo.
De acuerdo con el reporte de la Segob, sólo en dos de los 94 casos que documentó hasta octubre del año pasado se había obtenido sentencia; 71 se encontraban en fase de investigación y 21 habían sido judicializados.
La cifra más alta de homicidios contra el sector corresponde a quienes defendían derechos ambientales, seguida por derechos indígenas, mujeres, LGBTTIQ+, personas desaparecidas, desplazados, migrantes y la niñez.
Señala que el principal patrón de agresión son las amenazas, seguido por ataques físicos, persecución, robo, privación de la libertad y secuestro. Desde ese reporte, se señaló que una de las rutas era intensificar la atención a la protección de los casos vigentes y los que se presenten.
Mil mujeres demandan justicia
Más de mil mujeres activistas, defensoras, políticas, académicas y organizaciones civiles exigieron a las autoridades actuar adecuada y oportunamente para garantizar justicia a Cecilia Monzón, quien fue asesinada este sábado.
- El crimen ocurrió la mañana del 21 de mayo, mientras la activista y abogada feminista conducía un automóvil sobre Periférico Ecológico y Camino Real, en San Pedro Cholula, Puebla, en donde hombres armados se aproximaron para privarla de la vida.
- A través de un comunicado, mujeres y organizaciones demandaron investigar el caso con perspectiva de género, por tal motivo, pidieron que el crimen sea indagado como feminicidio, “dada la naturaleza de la actividad de la abogada Cecilia, ya que era una defensora de los derechos humanos de las mujeres”.
También señalaron que la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de Género fue omisa al no emitir las órdenes de protección que Cecilia solicitó reiteradamente.
Al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exigieron que, en el ámbito de sus competencias, gire instrucciones para dar celeridad a las investigaciones de forma adecuada y que se cuiden las pruebas que pudieran ser claves para el esclarecimiento del caso.
- Además, pidieron al Poder Judicial del Estado de Puebla evitar la dilación del procedimiento por cuestiones burocráticas y dar sentencias “acordes a la magnitud del hecho”; mientras que a la Fiscalía General demandaron la correcta investigación del delito y que se dé con los autores materiales e intelectuales.
“Cecilia no sólo era una abogada, era la abogada de las mujeres. Combativa, sin miedo, aguerrida y buscando siempre la justicia frente al mismo sistema patriarcal. Hoy, mujeres activistas, políticas, amigas y aliadas nos unimos al llamado para exigir justicia y verdad”, concluye el comunicado.
Por separado, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados lamentó el hecho y exigieron que las autoridades competentes establezcan medidas cautelares de protección para su hijo y demás familiares y colaboradores, mientras se fincan las responsabilidades correspondientes.
45 activistas ambientales han sido asesinados
A fines de octubre de 2021, la defensora medioambiental Irma Galindo salió de su casa, en una remota comunidad indígena al sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por ser una activistas ambientales.
- Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita en la Secretaría de Gobernación (Segob), responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Compañeras la reportaron como desaparecida y dijeron que el caso tiene relación con su lucha en contra de la tala ilegal de en Oaxaca. Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México
45 activistas ambientales asesinados desde 2018
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018 asesinaron 45 ambientalistas , según cifras oficiales compartidas con Reuters.
- La cifra rebasa a gobiernos anteriores y coloca a México como el segundo país más peligroso del mundo para activistas después de Colombia.
- Sin embargo, sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja fuera a otras víctimas, aseguran activistas.
- Según la ONG Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.
«Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde», se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.
El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.
Activistas ambientales tienen miedo de morir
Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía «miedo de morir» y los denunció por no haberle otorgado
«seguridad».
«Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña», escribió en una carta fechada el 22 de octubre.
- Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.
Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de sus obras insignia, como el Tren Maya.
- Galindo recibió amenazas por defender el bosque de la región mixteca
- Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.
- Desde hace cuatro años denunció la tala ilegal en la región mixteca, que abarca 35,000 kilómetros cuadrados en Guerrero, Oaxaca y Puebla.
- Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades.
Ni la Secretaría del Medioambiente, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.
Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.
En octubre de 2019, ella acusó de «hostigamiento y persecución» a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.
Un mes más tarde, incendiaron su casa y las de otros activistas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.
A pesar del riesgo, Galindo regresó a su pueblo y continuó su labor
«Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades», comentó entonces.
- El tráfico de vida silvestre aumentó de manera notable en los últimos años, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables para cárteles. Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como «ordinario», lo que significa que «podía esperar» y que «su vida no corría peligro», aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
- Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero no hay avances.
- Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.
Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas solo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad de 96%.
«Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones«, confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.
«Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema», agregó./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
