La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene un rezago de aproximadamente 300 permisos que desde 18 meses han solicitado empresas privadas para realizar actividades de comercialización, transporte, almacenamiento y expendio de petrolíferos, según la propia industria energética.
En septiembre mantuvo la tendencia con la que se ha conducido todo el año, de llevar a cabo sólo una sesión ordinaria al mes en la que además otorgó únicamente 21 permisos para todas las actividades de la parte baja y media de la cadena de los hidrocarburos y en todas las actividades reguladas de electricidad en México.
Así lo denunciaron industriales, quienes aseguran que con ello se da preferencia a las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obstruyendo la competencia mediante la participación de privados.
Tal como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los titulares de organismos del sector en agosto pasado, y ratificó el 18 de septiembre en una segunda reunión privada con estos funcionarios, con quienes se reunirá de nuevo el 18 de noviembre, todo para Pemex y CFE y nada para inversionistas privados.
- De acuerdo con Marcial Díaz, analista del sector energético de Lexoil Consultores, los permisos que se otorgan cada mes son además para empresas que tiene acuerdos de suministro con Pemex, en el caso de los petrolíferos, con lo que de facto se lleva a cabo el mandato de no dejar crecer a la competencia en el mercado de combustibles del país.
“Obviamente estos retrasos tienen importantes efectos en las finanzas de las empresas, porque la solicitud del permiso se realiza hasta que existen avances de más de 70% en la colocación de la infraestructura y a partir de ahí, el que se mantengan detenidos, retrasa los planes de expansión de inversionistas que hicieron sus planes con un marco legal que hoy no les da certidumbre”, dijo el experto.
En tanto, el órgano de gobiernos del regulador sesionó de manera ordinaria del mes de setiembre para dar cumplimiento a lo que establece la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), con lo que ha ejecutado 10 reuniones en total a lo largo del año, de las cuales, sólo una ha sido extraordinaria y fue para derogar el acuerdo de tarifas de alta tensión para contratos legados de autoabasto renovables y las fórmulas para determinar los costos de los ciclos combinados también de empresas que se han mantenido en el régimen anterior de permisos.
En esta reunión ordinaria de septiembre, los comisionados revisaron 43 asuntos en materia de electricidad, gas natural, gas licuado de petróleo (LP), petrolíferos, petroquímicos y asuntos jurídicos. Pero de éstos, únicamente nueve puntos fueron llevados al órgano de gobierno para otorgamiento de permisos para nuevas actividades y el resto correspondió a autorizaciones de cesiones de derechos, cambios de nombres e incluso la negativa de un permiso.
- Según las actas del órgano de gobierno de la CRE a partir del inicio de la contingencia, de 332 trámites sobre los que se ha discutido entre abril y agosto (puesto que la reunión de septiembre se llevará a cabo hoy, siendo éste el quinto mes del año en que sólo se ejecuta una sesión ordinaria mensual en el regulador) únicamente 157 resoluciones, es decir, menos de 48% han correspondido a otorgamientos de nuevos permisos en todas las actividades de electricidad y la parte media y baja de la cadena de hidrocarburos.
Además, la autoridad lleva a cabo estos retrasos en el otorgamiento de permisos solicitando documentación que no corresponde a actividades reguladas, como un contrato de suministro de combustibles, según se constató en una negativa de la Unidad de Hidrocarburos de la CRE, y en el que la empresa solicitante del permiso para abrir una estación de servicio detalló que solamente se les entrega a quienes ya tienen suministro con la petrolera estatal contratado.
Gobierno atora inversión por 10 mil 500 MDP
Por otra parte las empresas privadas del sector gasolinero preparan una estrategia legal que incluye denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y amparos contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ante la parálisis para otorgar permisos para nuevas gasolineras, que tienen detenidas inversiones por 10 mil 500 millones de pesos, que generaría miles de nuevos empleos en México.
- Beatriz Marcelino, directora de Grupo Ciita, firma que asesora a grupos gasolineros, dijo que están detenidas 350 solicitudes de empresas privadas, en donde en promedio una gasolinera representa una inversión de unos 30 millones de pesos.
- Datos de PetroIntelligence, señalan que la CRE lleva cuatro meses sin autorizar ninguno de estos trámites, pues desde mayo dejó de emitir los permisos para la instalación de nuevas estaciones.
Antes de ese mes, los permisos de Pemex se tardaban en aprobar unos 90 días, pero para las empresas privadas la CRE ahora se lleva el doble de tiempo o les pide requisitos adicionales para alargar el proceso, denuncian.
Por ello, las compañías ya preparan amparos, litigios, e incluso denuncias ante la SFP y el Órgano Interno de Control de la CRE, explicó Daniel Enrique Guerrero Rodríguez, consultor que participó en la redacción de la reforma energética.
- El regulador ha adoptado una serie de prácticas dilatorias, en donde pide a las empresas privadas requisitos como dictámenes de verificación de años atrás, y les hacen requerimientos de prevención que implican volver a iniciar los trámites, dijo Guerrero.
“Así nos traen alargando los procesos. En cambio las empresas que se quieren cambiar hacia franquicias de Pemex no se les piden tantos requisitos”, dijo Beatriz Marcelino.
“Las compañías están preocupadas por la situación porque hay incertidumbre sobre sobre el futuro de los proyectos. Se le está dando todo el privilegio a Pemex”, denunció.
El presidente de la Comisión de Energía de ICC México, Eduardo Núñez, dijo que no tienen respuesta de la autoridad sobre la emisión de permisos. Este medio pidió una postura a la CRE, pero han pasado semanas y no se ha tenido respuesta.
Iberdrola no inyectará más recursos en México
El presidente de la eléctrica española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo en la presentación de los resultados financieros de la compañía que descarta iniciar nuevos proyectos en México si el Gobierno del país no quiere que siga invirtiendo allí.
- Durante la conferencia con analistas para explicar las cuentas del grupo, Sánchez Galán, manifestó que las políticas energéticas las elaboran los Gobiernos y, si el de México quiere recibir inversiones, Iberdrola lo hará, pero respetando el marco regulatorio.
- El directivo explicó que la eléctrica, que ha recurrido varias decisiones legales adoptadas por la administración del presidente López Obrador, ya ha completado la inversión prevista y que no van a iniciar nuevas inyecciones
Asimismo, indicó que México tiene poco peso en el grupo, por unos 10,000 millones de dólares, un poco más que el valor de la compra de la compañía eléctrica estadounidense PNM anunciada hoy (de 8,300 millones de dólares, incluida la deuda).
- En los nueve primeros meses del año la utilidad neta de la eléctrica en México descendió 23.8% respecto al mismo periodo de 2019, hasta los 273 millones de dólares, según las cuentas presentadas hoy por la compañía.
- Los ingresos en el país, que suponen alrededor de 8% del total del grupo, crecieron 3.3% 2,200 millones de dólares, y el flujo operativo (Ebidtda) aumentó en 0.6%, a 745 millones de dólares.
López Obrador rechaza la inversión privada en México
El presidente Andrés Manuel López Obrador se opone a la reforma energética de 2013 y en mayo impulsó varios cambios normativos. En aquél momento entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una circunstancia contra la que Iberdrola solicitó medidas cautelares y que en junio fue suspendida y ahora está pendiente de decisión judicial.
- Además, la Secretaría de Energía (Sener) modificó también la normativa de seguridad y calidad del suministro, una decisión que la compañía considera que perjudica a los generadores privados frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al establecer nuevos requisitos para interconexiones y en aspectos como los contratos de cobertura y los permisos de acceso.
Por último, se incrementaron las tarifas de transporte de electricidad que reducen el margen de los parques eólicos de la compañía y plantas de autoabastecimiento, decisiones que también están en los tribunales.
A 30 de septiembre pasado, Iberdrola cuenta en el país con 1,314 MW instalados de tecnologías renovables y 9,348 MW térmicos, principalmente ciclos combinados de gas. En los nueve primeros meses del año las ventas crecieron 5%, hasta alcanzar los 39,012 GWh, de los que la mayoría (29,611 GWh) se vendieron a la CFE./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
