En Pandemia, la 4T y GOBIERNOS locales LICITAN-COMPRAN a SOBREPRECIO insumos médicos

Dos meses después de que el Gobierno mexicano inhabilitó al laboratorio Pisa para obtener contratos de la 4T, la farmacéutica se convirtió en una de las principales proveedoras de insumos para la vacunación universal contra Covid-19

La crisis sanitaria más grande del último siglo se convirtió ya, en el gran negocio para una decena de empresas y particulares. La operación ha sido hasta ahora sencilla. Estas compañías o particulares, sin experiencia previa o certificaciones en el ramo de salud, venden productos con sobrepecio, y el gobierno federal y el de la Ciudad de México los compran sin dudarlo.

Así, una empresa organizadora de eventos se convirtió en acondicionadora de espacios hospitalarios, y una consultora bursátil comenzó a vender cubrebocas. La lista de extraños proveedores detectados han vendido al gobierno más caros sus productos hasta en un 200 por ciento. Por ejemplo, las autoridades han pagado, a través de contratos directos, desde una bata desechable en 219 pesos, un cubrebocas en 242 pesos, un lente tipo goggles en 220 pesos, hasta un oxímetro digital de dedo en 2,088 pesos. Y son muchas las dependencias públicas y órganos autónomos que, a pesar de hacer compras grandes, en lugar de obtener descuentos, pagaron mucho más caros los productos.

  • Según el portal Compras Covid-19, el 44.7% del gasto de la pandemia se destinó a consumibles básicos, esta categoría incluye cosas como material de curación, gel y toallitas, junto con otros insumos médicos, pero no comprende equipo de protección personal de salud que atiende a pacientes, como caretas, cubrebocas o batas quirúrgicas, rubro en el que se contrató más caro y sólo se gastó entre 4.8% y 1.3% del monto total de los contratos federales, en el país en el que se ha registrado el mayor número de muertes y contagios entre su personal de salud.

Si bien entre los proveedores federales se encuentran empresas del ramo de la salud, también hay un número importante que no tienen experiencia en lo absoluto; además de beneficiarios de programas sociales, funcionarios públicos y otras entidades gubernamentales.

A nivel federal se rastrearon 6 mil 750 contratos, de los cuales 4 mil 185 son públicos y se pueden consultar en Compranet –el portal de licitaciones y compras nacionales–, mientras que el resto se obtuvieron a través de solicitudes de transparencia elaboradas por esta plataforma ciudadana.

Hasta el pasado 24 de noviembre, las dependencias nacionales habían gastado 9 mil 644 millones de pesos en la pandemia, una cifra que representa el 2.08% de todo el gasto público.

Del total de contratos federales para atender la crisis sanitaria, el 58.5% se trata de adjudicaciones directas, es decir que se otorgaron a un proveedor sin que pasaran por un proceso de licitación en el que se consultaran otras ofertas; este tipo de procedimientos acaparó el 92.5% del gasto en la pandemia, es decir que 8 mil 925 millones de pesos se entregaron bajo este mecanismo.

La ruta de los contratos de Covid-19, muestra un país debilitado, con un sistema de salud empobrecido que sigue sin tener los elementos básicos para hacer frente de manera plena a una crisis como la que se ha vivido durante los últimos 11 meses. Pero también son evidencia de la opacidad, el despilfarro y la falta de control que opera tanto en el gasto federal, como en el ámbito local.

Consumbiles, el sobreprecio de la pandemia

Los insumos para enfrentar la crisis sanitaria por Covid-19 como material de curación o equipos médicos básicos en los que se engloban carros de paro, paquetes para colocar sueros, tapones, sabanas, etiquetas, e incluso cajas para guardar alimentos preparados, representan el mayor gasto. De hecho, 4 de cada 10 contratos federales fueron para este rubro y se entregaron en adquisición directa con precios superiores a los del mercado.

Por ejemplo, en el contrato SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/004/2020, celebrado entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y la empresa Casa Vega Eventos, se adquirieron mil 880 cajas para almuerzos por un total de 239 mil 888 pesos, lo que representa que cada unidad tuvo un costo de 127.60 pesos, un precio que, dependiendo del contenido, esta entre el 50% y 20% por encima del mercado.

Los gastos en equipo de protección personal, como lentes, batas o caretas también presentan sobreprecio en el que empresas que no se dedicaban al rubro médico se convirtieron en proveedoras de estos insumos para el gobierno federal. En el contrato AA-044210999-E2-2020 del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) se muestra que esta dependencia compró cubrebocas con un precio de 150 pesos a la empresa Capital Key Solutions, una firma de consultoría bursátil.

  • Pero el INAI no fue la única dependencia federal en comprar cubrebocas con sobreprecio, un análisis hecho por el portal de Compras Covid-19 muestra que el IMSS también recurrió a esta práctica al adquirir este producto con un costo unitario de 175 pesos, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lo hizo por 195 pesos, cifras que rebasan en un 230.9% el promedio en el mercado, incluso en los meses de escasez, cuando la Secretaria de Salud estableció puentes comerciales aéreos con China para tener este tipo de equipamiento.

Esta situación empeora al revisar los contratos de la Ciudad de México, en donde el análisis hecho por ejecentral detectó que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa gastó, entre abril y mayo, 5 mil 104 pesos para adquirir 20 cubrebocas KN95 a Bico Medical, lo que da un promedio de 242 pesos por unidad, un precio 15% por arriba del costo del mercado en ese periodo, cuando el equipo de protección era escaso.

Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México también compraron 104 mil cubrebocas N95 en un precio idéntico a la multifacética empresa Partners&Perez, proveedora de todo tipo de servicios para el gobierno capitalino, y que según informes del columnista Adolfo Gómez Vives, ha hecho desde pintas de bardas en Iztacalco, hasta compra de juguetes para esa misma alcaldía.

Otra de las dependencias que compró consumibles en sobreprecio es la Secretaria de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, que mediante el contrato 004/2020 adquirió 20 termómetros infrarrojos para uso médico con un costo de 3 mil 248 pesos cada uno, lo que suma un total de 64 mil 960 pesos de ganancia para la empresa Universal Suppliers de México. Este equipo, según su calidad, tiene un precio que varía entre los 200 y 2 mil 200 pesos, por lo que esta adquisición presenta una inflación de 47.6% considerando el valor más alto del mercado.

Los inesperados millonarios de la pandemia

Otra característica peculiar de los contratos por Covid-19, tanto a nivel federal como local, es que un porcentaje importante de éstos se otorgaron a particulares, quienes, sin antecedentes de calidad en el rubro de salud, se hicieron acreedores de montos millonarios por la venta de todo tipo de insumos, desde ventiladores mecánicos, hasta equipo de protección personal y otros consumibles.

De los contratos abiertos en la Ciudad de México existe uno por 95 millones 145 mil pesos, el segundo monto más alto dentro de las compras para la pandemia, que fue otorgado a Adriana Guillermina Bussey Sarmiento, una persona que hasta el 2016 figuraba como beneficiaria del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la paraestatal LICONSA, un plan que apoya el derecho alimenticio de habitantes cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar.

Este contrato millonario se celebró entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Bussey Sarmiento para la adquisición de 433 mil 980 batas desechables de dos capas, con un precio de 219.24 pesos por unidad, un sobreprecio de 213.2% en comparación a los 70 pesos que cuesta este producto en el mercado abierto. Además, los puentes comerciales entre México y China incluían este tipo de insumos, que según las autoridades federales, serían repartidos entre todas las entidades para evitar abusos en los costos, por lo que las autoridades sanitarias capitalinas inexplicablemente compraron unas batas muy caras.

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México celebró un segundo contrato con Bussey Sarmiento por un monto de 36 millones 142 mil pesos para la compra de un millón 766 mil cajas de guantes desechables, un promedio de 20 pesos por unidad, costo muy por debajo de los precios en el mercado, en el que el precio de productos similares rondan entre los 60 y 100 pesos.

  • Pero la entrega de contratos millonarios a particulares no es exclusiva del gobierno de la Ciudad de México, los documentos federales también apuntan a un exfuncionario del gobierno de Hidalgo, quien actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico de Pachuca, y que fue uno de los proveedores de insumos para la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con el registro de compras del gobierno federal, el licenciado en arquitectura, Fernando Fortis Hernández, fue el provisor de caretas protectoras y de cubrebocas para la dirección local en Hidalgo de esta dependencia.

Fueron dos contratos, ambos por adjudicación directa, los que se le otorgaron a Fortis Hernández: uno por un monto de 12 mil 410 pesos para la adquisición de caretas protectoras; y otro, por 8 mil 188 para la compra de cubrebocas. En total, la dirección local de Hidalgo y la Subdirección de Enlace Administrativo de la Conagua erogó 20 mil 598 por los insumos.

De acuerdo con la última actualización en su declaración patrimonial, el profesor por asignatura en el IT Pachuca se desempeñó entre 2001 y 2016 como subdirector del área de planeación y evaluación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario durante tres administraciones, desde el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto, hasta el inicio de la actual gubernatura de Omar Fayad Meneses.

mil 83 millones de pesos gastó la Ciudad México durante 2020 en recursos contra el nuevo coronavirus.

Estados cumplen… con opacidad y sobreprecios

La urgencia por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal por adquirir insumos para hacer frente al avance de la pandemia en el país ha implicado, además de la premura de adquirir servicios y materiales esenciales como son los cubrebocas, ventiladores, caretas, guantes, medicamentos y pruebas de detección del SARS-Cov-2 a sobrecostos, también se ha incrementado el riesgo de realizar adquisiciones probablemente irregulares o poco transparentes.

  • Un caso notable fue el de la delegación estatal del IMSS en Sonora, que por adjudicación directa acordó la compra de 50 ventiladores volumétricos para la atención de pacientes de Covid-19, a un precio de un millón 300 mil pesos cada uno, un monto total de 65 millones de pesos. El proveedor, una persona física con registro de actividad empresarial de nombre Daniela Judith Durazo García resultó la beneficiada con la contratación.

Sin embargo, un reportaje de Ramsés Tamayo, del medio digital El Malpensado reveló que la ganadora de la adjudicación, quien aparece en el listado de alumnos de la Universidad de Sonora adscritos al Departamento de Administración, debía recibir un anticipo del 50% como lo señalaba el fallo del convenio, asignado el 30 de abril de 2020; no obstante, el IMSS estatal “se retractó y modificó de manera unilateral las condiciones de entrega de los ventiladores, afectando a cuatro de los hospitales más grandes del estado (Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa y Nogales)”, señala el reportaje del medio digital integrante del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

Aunque en su conferencia mañanera del 25 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la compra fallida para beneficiar a enfermos de Covid en Sonora con la adquisición de esos 50 ventiladores sería indagada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la fecha no se ha dado a conocer avances del caso.

  • En tanto, la indagatoria de la SFP respecto a la también adjudicación directa que realizó la delegación del IMSS en Hidalgo a la compañía Cyber Robotic Solutions SA de CV, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, para la adquisición de 20 ventiladores respiratorios por un monto de 31 millones de pesos, lo cual implicaba un sobrecosto de alrededor de los 670 mil por cada aparato en comparación con el precio en que esa misma entidad los adquirió de otro proveedor, denominado Conduit Life, que por dos contratos para la compra de ventiladores y otros insumos contra la Covid, la delegación del Seguro Social pagó un monto de 16 millones 887 mil pesos.

La Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval informó que desde el 1 de mayo se había iniciado el expediente de investigación sobre dicho contrato, el cual se habría cancelado debido a que los ventiladores no cubrían con los requerimientos estipulados en el convenio. Tras la suspensión temporal de la titular de la delegación hidalguense, y de tres funcionarios más, la empresa de Bartlett Álvarez recibió dos inhabilitaciones por 24 y 27 meses para realizar contratos con el gobierno federal, y se le impuso una multa por más de 2 millones de pesos.

Otro ejemplo de la adquisición de equipo y materiales en las que se descarta la opción más económica resultó el del IMSS Veracruz, en el que como parte de los tres contratos que celebró con la empresa Instrumentos y Productos Biomédicos de México SA de CV, pues el convenio de mayor monto por más de 46 millones 167 mil pesos fue adjudicado por la Oficina de Adquisiciones de la Delegación Veracruz Norte a dicha empresa, para la adquisición de ventiladores adulto-pediátrico-neonatal, descartando opciones de la competencia que en comparación ofrecían los equipos a un precio de 150 mil pesos menos por cada ventilador.

  • Precisamente Hidalgo y Veracruz integran la lista de las empresas que fueron señaladas por las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil, que como parte del seguimiento que han hecho respecto al manejo de los recursos y acciones que los gobiernos han emprendido frente a la emergencia sanitaria identificaron al menos 19 entidades del país que más opacas resultan en cuanto a la información relativa a las compras y adquisiciones en torno a la atención de la Covid-19.
  • Dentro de estos estados donde se carece de micrositios para dar a conocer el manejo de los recursos públicos para contratación de bienes o servicios en sus páginas oficiales referentes a las acciones contra la pandemia se encuentra Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, que de acuerdo al análisis denominado #SusanaVigilancia “están en una posición vulnerable en términos de riesgos de corrupción al no publicar información sobre compras y adquisiciones”.

Además de las compras a empresas multifacéticas y personas físicas, el gobierno federal también ha pagado a instituciones públicas por prestar servicios durante la pandemia, tal es el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” que cobró 1 millón 336 mil pesos por procesar y analizar muestras sanguíneas relacionadas a pacientes con Covid-19.

Este Instituto, que forma parte de la red de centros médicos y hospitales de Secretaria de Salud federal, recibió mil 598 millones de pesos del presupuesto de egresos de 2020 para el cumplimento de sus labores de investigación, por lo que este cobro resulta un evento extraordinario que pone en evidencia la saturación de los laboratorios estatales en el manejo de pruebas de los sospechosos a Covid-19.

919 es la cifra de contratos para combatir la emergencia sanitaria en la Ciudad de México.

Empresa investigada, proveedora en emergencia

Sin considerar que desde agosto de 2019 se presentó una denuncia en contra de la Comercializadora Pentamed SA de CV, a fin de que la Función Pública indagara posibles irregularidades en sus movimientos financieros; entre marzo y diciembre de 2020, esta distribuidora de medicamentos recibió tres contratos por adjudicación directa, con igual número de dependencias federales, que en total sumó un monto de 4 millones 155 mil 949 pesos.

El mayor monto de los contratos asignados a esta empresa, que el 8 de julio de 2019 hizo llegar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que interviniera de manera “urgente” ante el adeudo por parte del ISSSTE de alrededor de 170 millones que el ISSSTE que según su misiva ponía en riesgo las finanzas de la empresa, fue de 4 millones 10 mil pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional, para la adquisición de medicamentos e instalaciones sanitarias para la atención de pacientes de Covid-19.

El otro contrato, por un monto de 139 millones 825 mil pesos, fue suscrito con la Secretaría de Salud para la adquisición de insumos; mientras que un tercero le fue asignado por parte del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS para el suministro de insulina y ezetimiba.

  • Aunque Comercializadora Pentamed fue incluida por el propio presidente López Obrador en la lista de las 15 empresas que en marzo de 2019 denominó como parte del huachicoleo de medicamentos, pues habrían acaparado el 80% de la compra de fármacos en el país, a quienes el gobierno destinaba alrededor de 80 mil millones de pesos anuales, la distribuidora propiedad de Humberto Tello y Ricardo Carrasco recibió dichas contrataciones para atender la emergencia sanitaria.

Constituida en 2006, Comercializadora Pentamed habría obtenido al menos 6 mil millones de pesos a través de unos 260 contratos con el gobierno federal en la anterior administración; sin embargo, la posible vinculación de la empresa con la compañía Savi Distribui­dores, S.A. de C.V., inhabilitada y multada por la SFP en 2015, y quien también formó parte de la lista de farmacéuticas denuncias por el presidente López Obrador, fue motivo también para que se indagara a Pentamed.

Empresas que lo hacen todo, favoritas en la pandemia

Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. (CREA), una agencia encargada de organizar eventos corporativos y públicos, filial del grupo Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) resultó ser uno de los proveedores más beneficiados con contratados federales para la adquisición de insumos y servicios sanitarios, así como para adecuar unidades médicas para la atención de Covid-19, como lo fue el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin dejar de lado su tradición de recibir contrataciones del gobierno federal a través de adjudicaciones directas, como lo fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la empresa se enlistó entre las más socorridas para la realización de diversos eventos, por ejemplo, para “sonorizar” las ceremonias del Grito de Independencia en el Zócalo capitalino del expresidente priista; así como el haber organizado la realización de lo que fue el Segundo Informe de Gobierno del exmandatario en 2014.

  • Ahora, frente a la emergencia sanitaria CREA también se reconvirtió y cambió de giro para obtener nueve contratos, todos ellos por adjudicación directa con tres dependencias del gobierno federal: el IMSS, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes por un monto total que, de acuerdo a los datos en Compranet, ascendió a los 730 millones 703 mil 805 pesos.

La empresa subsidiaria de la propietaria mayoritaria de OCESA Entretenimiento y Ticketmaster, encabezada por Alejandro Soberón Kuri, fue contratada, entre otras cosas, para la compra de insumos sanitarios y de protección como termómetros infrarrojos, oxímetros, sanitizante, cubrebocas lavables, mamparas, y galones de gel antibacterial, entre otros.

Pero, también se benefició, entre mayo y septiembre de 2020, con la adjudicación de cinco contratos con el IMSS, por un monto que ascendió a los 528.7 millones de pesos, entre los cuales se incluyó el convenio más cuantioso con esa institución por más de 301 millones 724 mil pesos que fue por el concepto de Servicio Integral Unidad de Expansión COVID-19 a fin de acondicionar el Autódromo Hermanos Rodríguez como una unidad temporal para la atención de la pandemia.

  • La empresa también fue una de las más recurridas durante la gubernatura del panista Rafael Moreno Valle, pues de acuerdo con la desclasificación de contratos de promoción y obra pública que hizo el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, durante la administración del finado exsenador Creatividad y Espectáculos SA de CV, en conjunto con Make PRO SA de CV obtuvieron una docena de contrataciones las secretarías estatales de Comunicaciones e Infraestructura por un monto que alcanzó los 157 millones 360 mil pesos para la organización de eventos.

CREA obtuvo su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) del Gobierno apenas en diciembre de 2012, y de los 342 contratos que se tienen reportados en esa base de datos, solo 164 han cumplido con los lineamientos de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el caso de la pandemia esta empresa multifacética tiene nueve contratos, que en suma, le otorgan el segundo mayor monto dentro de las compras federales para al crisis sanitaria.

  • En la Ciudad de México, dos de las empresas con mayores ganancias por contratos de la pandemia son comercializadoras cuyo giro no es el de la salud, y por el contrario se dedican a vender todo tipo de insumos tanto al sector público como privado; Win Mart, fundada en 2015, obtuvo el segundo monto más alto dentro de las compañías proveedoras de insumos para Covid-19 con un solo acuerdo de 97 millones 318 mil pesos, para adquirir overoles desechables a un precio de 394.3 pesos cada uno, un aumento del 98.1% respecto al producto más caro del mercado.

Mientras los precios de estos insumos consumieron gran parte del presupuesto para enfrentar a la pandemia, los medicamentos para tratar a los enfermos de Covid-19 tuvieron una inversión federal de 728 millones 224 mil pesos, cifra que representa el 7.5% del gasto total de los contratos de la crisis de salud. Es decir, por cada 10 pesos utilizados en estas compras, 75 centavos se destinaron para fármacos contra el nuevo coronavirus.

Lo mismo sucede con los ventiladores mecánicos, utilizados para los pacientes críticos, y que tuvieron una inversión de 725 millones 575 mil pesos a nivel federal, un porcentaje menor que el usado en medicamentos, mientras que el gasto en pruebas de detección es de apenas 185 millones 655 mil pesos, lo que representa un porcentaje de 1.9 puntos del monto total de estos contratos.

  • El gasto hecho por el gobierno federal y el de la Ciudad de México, a través de estos contratos, revela que la urgencia por cubrir la falta de insumos en todos los niveles de atención médica, y la falta de revisión profunda en los proveedores, provocó compras a sobreprecio y distribución poco equitativa de este dinero que se invirtió en consumibles no urgentes y que dejó desatendidas otras áreas como los medicamentos, las pruebas y equipo de calidad para el personal médico.

La falta de transparencia en los contratos federales para cumplir el plan de vacunación nacional contra Covid-19 podría repetir lo que se ha analizado hasta el momento, sobreprecios, proveedores improvisados o que no son confiables, y un gasto desmedido que podría canalizarse para salvar más vidas en los próximos meses.

Vuelven a contratar a Pisa

Dos meses después de que el Gobierno mexicano inhabilitó al laboratorio Pisa para obtener contratos de la administración de la cuatroté y la sanción le fuera levantada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la farmacéutica se convirtió en una de las principales proveedoras de insumos para la vacunación universal contra Covid-19, al lograr tres de los seis contratos iniciales para el arranque de la inmunización.

  • La Secretaría de Salud firmó seis contratos con un valor de 16.7 millones de pesos para la compra de jeringas y ampolletas de cloruro de sodio, insumos para realizar la vacunación universal de los mexicanos contra el coronavirus.
  • Pisa obtuvo tres contratos para dotar de 24 mil 500 ampolletas de cloruro de sodio, base para la aplicación de la vacuna, que suman cinco millones de pesos. El cloruro de sodio se emplea como un diluyente de la sustancia activa de la vacuna para que pueda ser inyectado a la persona.

En tanto que la empresa DL Médica se llevó la partida restante (11.7 millones de pesos) para proveer al Gobierno de las jeringas que se utilizarán durante la vacunación. En dos contratos se adquirieron 60 mil cajas de jeringas (sin especificar el número de piezas por caja) mientras que el otro fue por 50 mil piezas.

La autorización corrió a cargo del director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, José Luis Díaz Ortega, quien depende del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El pasado 23 de diciembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dio a conocer en la ceremonia de recepción de las primeras vacunas de Pfizer-BioNTech que México destinará mil 300 millones de pesos para la compra de insumos, tales como jeringas y diluyentes, además de las propias vacunas.

Los acuerdos con la Secretaría de Salud se firmaron el 30 de diciembre bajo la figura de contratos marcos, que son una estrategia de contratación basada en un acuerdo de voluntades que celebra una dependencia con uno o más posibles proveedores mediante los cuales se firman las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

El 21 de octubre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió sancionar a Pisa por falsear información en una contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social durante 2017.

En ese momento se informó que la empresa infringió el artículo 60 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se le acusó de “actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato”.

  • La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, puso el caso de la farmacéutica como un ejemplo de que el actual Gobierno sigue “las directrices del presidente López Obrador” y de que la dependencia a su cargo “cumple con sus obligaciones de vigilancia y sanción ”.
  • La funcionaria dijo que la inhabilitación sería por 30 meses, con lo que estaba impedido para realizar ventas al gobierno de la Cuarta Transformación. Además se le impuso una multa por poco más de 1.11 millones de pesos.

La empresa se inconformó con el fallo e interpuso un recurso ante tribunales. El 13 de noviembre se le concedió la suspensión.

Ahora la administración lopezobradorista, a través de la Secretaría de Salud, otorga nuevos contratos a Pisa bajo la figura de compras consolidadas.

Se reservaran contratos

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descrito que sí hay reservas de información sobre los contratos para la adquisición de las vacunas anticovid por motivos de confidencialidad acordados con las empresas que las desarrollan.

Detalló que los laboratorios establecidos han esa restricción ya que tienen que proteger la información del precio de las vacunas y otros datos, por la situación mundial.

“Sí tenemos restricciones de información que son contractuales, señor Presidente. No es sólo en México. Todos los países que hemos firmado contratos con Pfizer, vendrá luego AstraZeneca y otras probablemente, tienen esa restricción. ¿Por qué razón? Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos porque es un momento muy especial, hay una emergencia en todo el mundo y, entre sí, las empresas cuidan mucho esa información ”, precisó.

Antes de la intervención de Ebrard, López Obrador se había comprometido a transparentar los contratos y no reservar ningún tipo de dato.

“Es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar, a lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar. En el caso de las vacunas es lo más transparente porque se tienen contratos con las farmacéuticas ”, dijo el mandatario./Agencias-PUNTOporPUNTO

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