EJÉRCITO es el “ajonjolí de todos los moles” con AMLO; crece en DINERO, PODER y CORRUPCIÓN

En 2021 el Gobierno tendrá 14% más recursos que en 2020 para inversión pública y lo ocupará principalmente para avanzar sus obras insignias: el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concentra, como nunca, nuevas tareas, poder y presupuesto.

En este Gobierno, el Ejército aumentó en casi 39 por ciento los fondos que maneja, al pasar de 81 mil millones de pesos, en 2018, a más de 112.5 mil millones para este año.

  • El presupuesto del que dispondrán equivale al gasto total que recibirán ocho Secretarías de Estado como Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura, Función Pública, Economía, Trabajo y Desarrollo Territorial.
  • De hecho, en el Presupuesto de Egresos 2021, Sedena aparece entre las cuatro dependencias con más recursos asignados después de Educación Pública, con 337 mil millones; Bienestar, con 191 mil, y Salud, con 145 mil millones de pesos.

El monto que recibirán los militares también equivale a 16 veces los recursos que tendrán los partidos políticos este 2021.

  • En el Gobierno de Felipe Calderón se asignaron al Ejército casi 260 mil millones de pesos, un promedio anual de 43 mil millones y para el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra total aumentó a 421 mil millones, con un promedio anual de 70 mil millones.
  • En la actual gestión, se le han asignado más de 300 mil millones, lo que implica unos 100 mil millones cada 12 meses.

Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, advirtió que junto con el aumento de funciones y presupuesto, el poder del Ejército se ha disparado de manera exponencial.

Ejército crece en funciones y Poder

“Esto del Banco del Bienestar, Santa Lucía, el Tren Maya, todo lo que hacen y no tiene que ver con seguridad, son tareas en las que están directamente supliendo las funciones civiles del Gobierno, creando burocracia y creando intereses”, consideró.

  • El también investigador del CIDE, José Antonio Caballero, estimó que esto no es culpa del Ejército sino de la política del Presidente.

Javier Oliva, académico de la UNAM y experto en Fuerzas Armadas, destacó que las encomiendas que le ha asignado el Presidente al Ejército requieren de recursos. ”Este incremento, indudablemente, tiene que ver con el nivel de responsabilidades y la calidad de las responsabilidades que le está asignando”, señaló.

Ejército sede a la corrupción

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha convertido en una constructora muy poderosa en México, pero su disciplina militar no la ha blindado de cometer fallas en sus procesos de contratación.

Esta investigación revela que en 17 obras militares y civiles la Sedena contrató como proveedoras a 100 empresas que incumplieron requisitos legales, no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos o simplemente eran empresas fachada.

  • Entre 2007 y 2018 la Sedena no solo combatió al crimen organizado en la llamada guerra contra el narcotráfico, sino que también realizó 851 obras que le fueron encargadas por diversas dependencias gubernamentales por administración directa, un modelo previsto en la ley de obras que no necesita sujetarse a una licitación pública.

En una revisión hecha solo a 17 de las 851 obras realizadas en los dos sexenios anteriores se encontró que la dependencia militar destinó más de 46.000 millones de dólares para contratar como proveedoras de bienes y servicios a un centenar de empresas con inconsistencias, que firmaron contratos en un procedimiento desaseado o con irregularidades.

Ninguna de las 100 compañías estuvo inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena, una veintena de ellas fueron creadas ex profeso para las obras, nueve se disolvieron meses después del contrato, siete no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía y tres fueron sancionadas por la Función Pública.

  • Cinco empresas o sus socios están señalados en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas que simulan operaciones, ocho proveedores no fueron localizados y cinco tienen algún incumplimiento fiscal que les impediría recibir contratos, mientras que en ocho casos más alguno de los socios formó parte de algún padrón de beneficiarios de programas sociales.
  • Tras visitar las direcciones fiscales y de los dueños de 70 de las 100 empresas se encontró que nueve reportaron un número de vivienda que no existía, mientras que en 31 domicilios no había ninguna empresa porque nunca operaron ahí o fueron desmanteladas. En la dirección de una empresa en el Edomex, por ejemplo, en realidad había un gimnasio y en otras dos ubicadas en Puebla un negocio de barbacoa y una papelería.

En otras tres compañías no había personal laborando o eran oficinas virtuales. En una más se estaban mudando de instalaciones y en otras dos los dueños desconocían la dirección exacta de su negocio.

Tras entrevistar a un centenar de personas, entre supuestos dueños, familiares de los accionistas y vecinos de las zonas donde se ubicaban las empresas, se encontró que algunos dueños de éstas solo fungieron como prestanombres y en realidad se dedican a trabajar de taxistas, meseros, empleados en un call center, cargadores de mudanzas, venden tacos o cosméticos y son estudiantes o amas de casa.

Además, la mayoría de los domicilios de las empresas o sus dueños están ubicados en unidades habitacionales, vecindades o asentamientos irregulares apostados en cerros o barrancos, que no cuentan con nombre en sus calles y que para llegar hay que sortear caminos empinados y calles estrechas en las periferias de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

Se detectaron al menos seis redes de empresas que comparten apoderados legales, accionistas, comisarios, gerentes, notarios, administradores y dirección fiscal, o fueron creadas en la misma fecha.

  • También se detectó que se contrataron a ingenieros militares en situación de retiro que en 2012 constituyeron una empresa llamada Neproc Construcciones, que en su página web presume realizar obras para la Defensa Nacional y Marina.
  • En los contratos otorgados vía transparencia por un monto de 2.675.862 millones de dólares, la empresa brindó como una de sus direcciones fiscales una vecindad en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí una enfermera que habita el domicilio desde hace una década dijo que ella nunca ha tenido ningún negocio.

En el segundo domicilio reportado en la colonia Anzures, en la Miguel Hidalgo, un hombre que se identificó como el administrador de la empresa dijo que todo lo relacionado a los contratos era información confidencial y se negó a brindar una entrevista.

  • La Sedena comenzó a realizar obras por administración directa en el Gobierno de Felipe Calderón. En ese sexenio (2006-2012) ejecutó 199 proyectos, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto realizó 652 obras.
  • En este gobierno la Sedena ha firmado cinco convenios de obras públicas, según el primer informe de labores de la dependencia militar. El proyecto más importante es la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

En cada una de las obras, la Sedena tuvo que contratar a su vez a cientos de empresas que le ayudaran a ejecutar los trabajos.

En las 17 obras revisadas para este reportaje se encontró que en 160 contratos la dependencia evadió la licitación pública argumentando seguridad nacional o que tenía una necesidad inmediata por terminar lo más antes posible la obra y por ello no podía someterse a los tiempos establecidos en una licitación.

La Sedena ha argumentado que realiza obras por administración directa porque una de las misiones de las Fuerzas Armadas es “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, según su ley Orgánica. Para ello pueden coordinarse con otras dependencias, siempre y cuando lo apruebe el presidente de la república.

  • Las dependencias federales que le han encargado a Sedena la edificación de obras son el SAT, Sagarpa, Secretaría de Salud, Semarnat, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Conagua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y hasta la Agencia Espacial Mexicana, entre otras.
  • En los estados ha hecho obras con los gobiernos de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Coahuila, Chiapas y Oaxaca, entre otros.

Entre las obras realizadas hay desde instalaciones militares hasta distribuidores viales, caminos rurales, carreteras, escuelas, hospitales, aduanas, parques, plantas de tratamiento de aguas residuales y hasta un centro regional de desarrollo espacial.

Las empresas fantasmas y con prestanombres de la Sedena

Entre las empresas subcontratadas por la Sedena hay dos que han sido declaradas por el SAT como simuladoras de operaciones y otras tres donde sus dueños o apoderados legales también han sido señalados.

Una de ellas es Grubernova, que en 2015 vendió insumos para la construcción de una escuela en el campo militar de San Miguel de los Jagueyes, en el Estado de México. En la dirección fiscal que reportó la empresa hay un negocio de barbacoa llamado el Hidalguense que opera desde mayo de 2017 y anteriormente, según los vecinos, había una empresa de bienes raíces llamada Birsa.

  • El 1 de agosto de 2017 la compañía apareció en el SAT como presunta empresa que expide comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y el 16 de abril de 2018 las autoridades hacendarias la colocaron en el listado de definitivas.
  • Además hay otras ocho empresas o dueños de éstas que fueron reportados por el SAT como no localizados desde 2014, como Francisco Javier López Rodríguez, socio y gerente de Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal, que apareció en los listados del fisco en enero de 2014 y al siguiente año fue contratada.

Al acudir al domicilio reportado en Puebla, este medio tampoco pudo localizarlo porque el número de la vivienda (203) no existe. Al hacer un recorrido por la avenida 33 Poniente la numeración salta del 125 al 300.

También se buscó a Héctor González Baez, otro de los dueños, pero en el domicilio no quisieron brindar información. Una de las vecinas dijo que González Baez se dedicaba a vender tacos.

Al hablar al teléfono que reportó la empresa en un padrón de proveedores de Puebla, contestó la administradora de otra empresa que brinda asesoría en temas ecológicos y dijo que no conocía a la compañía.

  • Nueve proveedores aparecen actualmente en los listados del SAT con créditos (adeudos) fiscales firmes, y cinco de ellos ya estaban en este supuesto cuando Sedena los contrató, por lo que no debieron recibir recursos.
  • El Código Fiscal de la Federación prohíbe a los gobiernos y dependencias contratar o adquirir servicios con contribuyentes que hayan incumplido una obligación.
  • Al menos 9 empresas se disolvieron legalmente entre uno y dos años después de haber sido contratadas por Sedena y una más fue embargada por un juez. En los domicilios fiscales que reportaron ya no hay rastro de ellas.

Una de ellas es Comercializadora de Madera para la Construcción del Centro que estaba ubicada en un edificio en la colonia La Paz en Puebla, donde el encargado dijo que eran las “oficinas virtuales” de varias compañías, un espacio donde una persona se encarga de recibir llamadas y correspondencia.

Tres firmas fueron sancionadas por la Función Pública y una más, Constayma, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por haber simulado operaciones con beneficiarios de subsidios otorgados por Sagarpa al ser parte de una red que “facturó servicios que no fueron realizados, los equipos o infraestructuras facturados ya existían y, en otros casos, no fueron localizados”.

  • Esta empresa se encuentra ubicada en la colonia La Paz, en Puebla, donde también está instalada Concretos Luaya, constituida el 20 de junio de 2016 por el notario y ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y la cual firmó un contrato con Sedena por 1.3 millones de pesos en 2018 para venderle concreto en la construcción de un Centro Aeroespacial en Zacatecas.

Una de las socias de esta empresa es Rubí Esmeralda Costeño, que en el acta notarial dijo ser “vendedora especializada”, y quien aparece en un padrón de beneficiadas con techos de lámina de un programa de la entonces Secretaría de Desarrollo Social.

En el acta constitutiva la joven aportó una dirección incorrecta, ya que la calle no corresponde con la colonia. “Con domicilio en calle Tlacaelel, manzana letra a, lote quince, colonia Joyas del Sur, Puebla, Puebla”, manifestó.

Además de Luaya, hay otras dos empresas con irregularidades donde el exgobernador de Puebla también fungió como fedatario. Nacional Maderera Pucte, por ejemplo, fue creada el 11 de febrero de 2016 y ocho meses después ya estaba firmando un contrato con Sedena para venderle madera en la construcción de un camino rural en Guerrero.

  • Fue constituida por José López Cruz, que entonces tenía 19 años y que reportó como domicilio una vivienda en Puebla a medio despintar y dañada por la humedad. Al visitar el lugar donde vivía con sus hermanas, éstas contaron que actualmente trabaja de mesero y anteriormente despachaba en una tortillería.
  • En entrevista el joven aceptó haber firmado unos documentos, pero nunca supo donde estaban ubicadas las oficinas de la empresa y tampoco recibió ningún peso de la misma. “Nomás hice lo legal y ya de lo demás no me enteré”, afirmó.

La tercera compañía avalada por Mario Marín es Islort Construcciones y Concretos. Uno de los dueños es Telésforo García Baleón, que declaró ser comerciante y vivir en la unidad habitacional San Miguel, en una zona popular en Puebla.

Al acudir al domicilio, la hermana de Telésforo contó que desde hace una década él ya no vivía ahí y que actualmente se dedicaba a cargar muebles en una empresa de mudanzas. Anteriormente se dedicaba a repartir correspondencia.

En los antecedentes notariales de Islort aparece como apoderada Elva Eugenia Torres, que a su vez es socia de Concretos Luaya, otra empresa que también pasó por la notaría de Mario Marín, y que fue creada diez días después que Islort.

Dan más recursos a Ejército para obras de López Obrador

En 2021 el Gobierno tendrá 14% más recursos que en 2020 para inversión pública y lo ocupará principalmente para avanzar sus obras insignias: el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.

A detalle se observa que de 14 ramos administrativos con presupuesto para inversión en 2021, seis recibirán menos y ocho más dinero.

  • Turismo, recibirá 46 veces más recursos, con 37 mil 102 millones de pesos este año, respecto al previo. De éstos, 36 mil 287 millones se destinarán a la construcción del Tren Maya.
  • A la Defensa Nacional le aumentaron los recursos de inversión 162% a 24 mil 384 millones de pesos, de los cuales 21 mil 314 millones irán al Aeropuerto de Santa Lucía.
  • En Energía aumentarán 78% los recursos en este rubro a 3 mil 709 millones de pesos, de los cuales 3 mil 279 irán al Centro Nacional de Control de Gas Natural.
  • En contraste a Salud y Educación les redujeron la cartera de inversión. La Secretaría de Salud disminuirá sus recursos en 81% a 117 millones de pesos. Mientras que en 2020 se presupuestaron 497 millones para tres institutos médicos, en 2021 cuatro recibirán sólo 49 millones.
  • Educación tendrá una reducción de 32% a 552 millones de pesos para 3 universidades, mientras que el año pasado se destinaron 604 millones para la UNAM y el IPN. En monto, Pemex es la que recibirá más recursos de inversión con 304 mil millones de pesos, 1% más que en 2020.

Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, comentó que es positivo que la cartera de inversión del Gobierno sea mayor, pero los proyectos no son los necesarios.

“De nada sirve que se incremente la inversión si tampoco es en los proyectos que requerimos y eso es lo que está pasando con la inversión pública. Esto es producto de no tener profesionalizada la función de la inversión pública”, dijo.

Dijo que el principal problema es que la inversión federal se enfoca tres regiones: Zona Metropolitana del Valle de México, Tabasco y Campeche, por el Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Adjudican contratos en obras

La administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador entregó el 80.3% de los contratos por adjudicación directa en el 2020, es decir, que se contrata un bien o servicio a un proveedor que es preseleccionado por una dependencia o gobierno.

  • De acuerdo con una investigación hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las licitaciones que se han entregado por este mecanismo significa 189,488 millones de pesos (42.2% del total), lo que indica una mayor cantidad en comparación con lo entregado por licitaciones públicas.

Fueron 137,809 contratos reportados durante el 2020, según la base de datos de la Secretaría de Hacienda, de los cuales 110,629 se entregaron por adjudicación directa (80.3%).

El primer año de gobierno del López Obrador, 2019, se firmó el 78.1% de contratos por adjudicación directa, mientras que para el 2020 la cifra incrementó la proporción con ocho de cada 10 y las licitaciones por convocatoria pública registró su punto más bajo, una nivel similar se reportó en el 2017, con 12.6%, de acuerdo con la investigación realizada por MCCI.

  • De acuerdo con los registrado en Compranet, las asignaciones directas en los rubros de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, y equipo e instrumental médico y laboratorio pasó de 33,597 millones de pesos a 51,971 millones de pesos.

Pero, el 73% del incremento del dinero otorgado a contrataciones directas en el 2020 no tienen relación con rubros dedicados a la atención de la crisis sanitaria por coronavirus, según los datos analizados por Mexicanos Contra la Corrupción.

  • La categoría en donde se registra una mayor alza es en obra pública en bienes propios (que engloba las propiedades de las instituciones públicas), se explica que en conjunto con la categoría obra pública en bienes de dominio público (rubro que engloba las obra realizadas en bienes que los habitantes pueden usar sin restricciones que las establecidas en las leyes, como playas, caminos, puentes, etcétera) suman 41,234 millones de pesos, que supera los 38,475 millones de pesos reportado en el 2019.

El aumento de las adjudicaciones directas durante el año pasado fue consecuencia de las obras que han realizado la presente administración. La principal contratación usando este mecanismo está relacionada con el Tren Maya, una de las obras emblemáticas del presente sexenio.

El gobierno entregó una adjudicación directa a ICA Constructora, por 25,849 millones de pesos, cantidad que representa el 83.5% de lo entregado bajo dicho mecanismo./Agencias-PUNTOporPUNTO

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