La CONSTITUCIÓN POLÍTICA ha sufrido REFORMAS a 69.6% de su articulado desde la instauración de la 4T

El Congreso se ha convertido en fuente de riesgo económico debido al descuido y la escasa deliberación con que aprueba proyectos de ley de enorme relevancia.

Desde el triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la instauración de la llamada Cuarta Transformación en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido reformas a 69.6% de su articulado, es decir, más de dos terceras partes de la totalidad de la Carta Magna.

  • Dichas modificaciones se hicieron realidad a través de 63 reformas constitucionales a un total de 106 artículos y dos transitorios de la Constitución, las cuales han sido aprobadas por mayoría de votos de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la 64, 65 y 66 Legislatura.

Cerca de 50% de las reformas constitucionales aprobadas fueron presentadas por el Ejecutivo federal, como la que avaló el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en materia de telecomunicaciones y la que dio al Estado el monopolio del litio en México, entre otras.

  • El 50% restante fue a propuesta de las y los grupos parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, a cargo de Ricardo Monreal y Adán Augusto López, entre las que destaca la reforma judicial y en materia de supremacía constitucional para impedir que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y otros tribunales anulen reformas o adiciones a la Carta Magna.
  • Fue un 5 febrero de 2022, durante la ceremonia por el 105 aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana, en el Teatro de la República en Querétaro, cuando Andrés Manuel López Obrador reveló que pensó en escribir una nueva Constitución, con el argumento de que no se había legislado a favor del pueblo de México, sino a favor de las minorías.

“Después de nuestro triunfo, pensamos en proponer una nueva Constitución, lo pensamos, porque todas la reformas que se hicieron en 36 años fueron para ajustar el marco legal en beneficio de las minorías, no para defender al pueblo ni hacer valer nuestra soberanía”, aseveró.

Sin embargo, detalló que hacerlo hubiera sido un gran reto, por lo que se optó por realizar reformas profundas: “Lo que nos hubiese costado llevar a cabo un cambio así, el tener una nueva Constitución. Nos hubiese desgastado, nos hubiese confrontado, no hubiésemos avanzado. Entonces optamos por reformar, buscando los equilibrios, también la conciliación y se avanzó en reformas muy importantes”.

De acuerdo con información oficial del Congreso mexicano, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, durante la administración del expresidente López Obrador se llevaron a cabo 41 reformas a 96 artículos constitucionales.

  • Destacan la reforma al artículo 4 en materia de bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020, que logró la consolidación de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes y derecho a la vivienda; la reforma al artículo 127, por la que se estableció que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de México, así como la eliminación de privilegios para funcionarios como parte de una estrategia de austeridad republicana.
  • De igual forma, durante el gobierno de López Obrador la mayoría legislativa de Morena y sus aliados aprobó una reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos a particulares; las modificaciones a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 para hacer constitucional la integración de la Guardia Nacional (creada en marzo de 2019) a la Sedena.

También se avalaron reformas para reconocer en la Carta Magna los derechos de la personas indígenas y afromexicanas; reconocer el derecho humano al agua; ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos el feminicidio, huachicoleo, y corrupción; la obligación del Estado de garantizar el acceso a internet; sentar que la Rectoría de la Comisión Federal de Electricidad queda a cargo del Estado y el establecimiento de penas de cárcel a quien incurra en maltrato animal, entre otras.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado continuidad a la idea de reestructurar la Carta Magna, y en lo que va de su administración, desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han avalado 22 reformas constitucionales a un total de 53 artículos.

Aunque en su conjunto los artículos reformados en ambos gobiernos suman 149, en 41 casos se modificaron los mismos, por lo que el número exacto de modificaciones se centraron en 106 artículos y dos transitorios de la Constitución.

  • Las reformas constitucionales más destacadas del gobierno de Sheinbaum Pardo incluyen la reforma al Poder Judicial para establecer la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular; la prohibición de siembra de maíz transgénico y blindaje de maíces nativos, con el lema “sin maíz no hay país”; la modificación al artículo 28 para recuperar la capacidad de operar trenes de pasajeros, a cargo del Estado mexicano, así como la garantía constitucional de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia, buscando eliminar la brecha salarial.
  • Asimismo, la Ley Silla para asegurar el derecho de trabajadores a usar asientos durante su jornada laboral; así como la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025, que estableció la reducción del quórum necesario de ocho a seis votos para ciertas decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los 96 artículos reformados en la administración de López Obrador son el 2, 3, 4, 10, 16, 19, 21 22, 31, 35, 36, 41, 52, 53, 56, 73, 76, 78, 81, 84, 89, 94, 99, 115, 116, 122, en 2019; artículos 4o, 115 y 122 en 2020; artículos 30, 43 73, 74, 94, 97, 99, 100, 105, 107, 108 y 111 en 2021; reforma al artículo Quinto Transitorio del Decreto en 2022; artículos 38, 55, 91, 102 y 116 en 2023; y artículos 2, 13, 16, 17, 20, 21, 32, 55, 65, 73, 76, 78, 82, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122, 123, 129 y Decreto de Interpretación de Artículo Tercero Transitorio, en 2024.

Mientas que los artículos constitucionales que han sido reformados durante el gobierno de Sheinbaum Pardo son el 3, 4, 6, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 41, 73, 76, 78, 89, 105, 107, 113, 116, 122, 123 y 134 en 2024.

Mientras que en lo que va del año destacan las reformas constitucionales a los artículos 4, 5, 19, 25, 27, 40, 55, 59, 73, 76, 78, 82, 115, 116, 122 y 123.

Congreso legisló al vapor el 95% de las iniciativas de Sheinbaum

Los trabajos en las cámaras del Congreso de la Unión se han centrado en los últimos nueve meses en aprobar el 95% de las iniciativas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las cuales han sido dictaminadas, incluso, en cuestión de horas.

Esta situación ha provocado que la oposición advierta que el Senado y la Cámara de Diputados, dominados por Morena, se ha convertido en una oficialía de partes del Ejecutivo.

  • Desde que asumió la Presidencia el 1 de octubre del 2024, la mandataria ha presentado 42 iniciativas en distintos rubros, desde la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos como el INAI, la regulación de las plataformas de trabajo, hasta la militarización de la Guardia Nacional.

De ellas, el 95.24% ya han sido aprobadas entre octubre del 2024 y junio de este año, la mayoría sin un solo cambio al proyecto presidencial y sin aceptar ninguna observación de los reducidos grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Las 40 ya han sido promulgadas.

Al presumir su mayoría calificada en ambas cámaras del Legislativo, Morena únicamente ha permitido cambios en un solo proyecto presentado por Sheinbaum.

La alerta que lanzaron expertos, activistas y defensores de derechos sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bautizada como la “ley censura”, obligó a Sheinbaum a llamar a los legisladores de su partido a frenar su aprobación para eliminar algunos artículos que condicionaban la libertad expresión, como la suspensión de plataformas digitales y redes sociales.

Hasta ahora es la única norma aprobada con cambios sustanciales en el Legislativo.

Por ahora, las cámaras del Congreso únicamente tienen pendiente de dictaminar dos propuestas de Sheinbaum: una reforma constitucional para facultar al Congreso a legislar en materia de combate a la extorsión, y otra para crear la figura de jueces sin rostro; ambas deberán ser analizados a partir de septiembre cuando comience el periodo ordinario de sesiones.

Discusiones fast track

Luego de asumir el poder en octubre del año pasado, Sheinbaum presentó su primer proyecto de iniciativa el 8 de octubre del 2024.

  • Fue la reforma judicial para remover escalonadamente de sus cargos a mil 622 jueces, ministros y magistrados, e implementar su elección por voto popular.
  • A Morena y aliados les tomó apenas 144 horas analizar esta iniciativa, incluso en sesiones de madrugada. La norma, calificada como prioridad para el gobierno y rechazada por oposición y expertos, fue promulgada el 14 de octubre, apenas seis días después de haberse presentado.

Otra legislación aprobada en fast track en el Legislativo fue la iniciativa de Sheinbaum para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de desaparecer siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, la Cofece y el Coneval.

Sin una amplia discusión, Morena y sus aliados del PT y PVEM en el Congreso aprobaron esta iniciativa en apenas 23 días, imponiendo así otro récord de aprobación en el Congreso.

Poder de iniciativa de legisladores, de menos del 2%

Desde el 1 de septiembre, cuando inició la LXVI Legislatura, los senadores y diputados han presentado 2 mil 808 proyectos de ley, de los cuales sólo el 2% han sido aprobadas.

Esto contrasta con la prioridad y celeridad con las que los legisladores federales de Morena dictaminaron las iniciativas presidenciales.

  • En el Senado, en dicho periodo, se presentaron mil 118 iniciativas de senadores, de las que sólo 12, incluidas dos del PRI, han sido aprobadas. Este nivel de aprobación representa apenas el 1.12% del total de proyectos presentados.
  • A su vez, en la Cámara de Diputados se presentaron mil 688 iniciativas de legisladores, de las cuales sólo se aprobaron 31, lo que significa el 1.84%.
  • Esta situación, además de que el oficialismo ha circulado los proyectos de dictamen con apenas horas de anticipación, ha provocado que la oposición advierta que las cámaras del Congreso se han convertido en una oficialía de partes, donde únicamente se aceptan los proyectos presidenciales.

“Es ya convertir al Congreso en una vulgar oficialía de partes, porque es hora que no conocemos el dictamen. Pues ya de plano que desaparezcan al Congreso y que desde el Ejecutivo decidan cuáles son las leyes vigentes”, expresó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

El Congreso como factor de riesgo económico

Strategia Consultores publicó su reporte de riesgos políticos de 2026 . Dos de los riesgos identificados, a saber, la agudización de la incertidumbre jurídica y la renegociación del T-MEC, se originaron en el Congreso federal.

¿Por qué importa?

Las leyes y reformas aprobadas en la LXVI Legislatura del Congreso tuvieron un impacto indirecto pero decisivo en el desempeño de la economía nacional en 2025.

  • De acuerdo con datos del Inegi y el Banxico, en 2025 el PIB se estancó, la inversión pública y privada se contrajo y la confianza empresarial se deterioró.
  • La incertidumbre jurídica provocada por las recientes reformas legales es uno de los principales factores que han inhibido la inversión y el crecimiento económico, según especialistas y organismos empresariales.
  • Esas reformas son la judicial, la desaparición de los órganos reguladores autónomos, las enmiendas en materia de amparo, aduanas y aranceles a importaciones asiáticas, y las leyes para favorecer a Pemex y la CFE.
  • Existe el riesgo de que el Congreso siga aprobando leyes que desalienten la inversión y afecten la actividad económica y la creación de empleo.

Las reformas del oficialismo también han provocado reacciones negativas en Estados Unidos.

  • Congresistas republicanos y demócratas, organizaciones empresariales y funcionarios federales han señalado que algunas disposiciones de estas enmiendas son contrarias al TMEC y socavan la certidumbre jurídica para las inversiones.
  • También han denunciado incumplimientos en los ámbitos energético, agrícola, farmacéutico y de telecomunicaciones, y han pedido al gobierno de Donald Trump que aborde el problema durante la revisión del TMEC.
  • Estados Unidos podría utilizar estas reformas y los incumplimientos derivados de ellas como algunas de las razones para renegociar (y no solo revisar) el TMEC en 2026.

Telón de fondo

El Congreso se ha convertido en fuente de riesgo económico debido al descuido y la escasa deliberación con que aprueba proyectos de ley de enorme relevancia.

  • La mayoría oficialista ha aprobado leyes de gran impacto en fast track, muchas veces sin convocar a foros públicos de discusión con los sectores de la sociedad involucrados.
  • Cuando se han realizado esos foros, el bloque oficialista apenas ha considerado las propuestas presentadas en ellos y ha aprobado las reformas casi en los mismos términos en que el Ejecutivo las propuso.
  • En ocasiones, el trabajo legislativo ha sido desprolijo. Se han aprobado disposiciones contradictorias, como los métodos de elección de la presidencia de la SCJN, e incluso inconstitucionales, como la retroactividad en la Ley de Amparo.
  • El Ejecutivo ha revocado unilateralmente enmiendas que él mismo promovió, como los impuestos a los videojuegos, lo que añade aún más incertidumbre jurídica, económica y política.

¿Qué sigue?

De no cambiar la manera en que aprueba leyes y reformas, el Congreso seguirá siendo fuente de incertidumbre, ya que en el siguiente periodo ordinario de sesiones (febrero-abril de 2026) se discutirán dos grandes proyectos:

  • La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, cuyas repercusiones económicas serán directas e inmediatas.
  • La reforma electoral, que podría modificar sustancialmente el sistema político mexicano y, por añadidura, el entorno mismo para hacer negocios en México.

¿Qué es el fast track en la política y cómo funciona en la aprobación de leyes y reformas?

Repudiado por muchos y usado por las administraciones en turno, el fast track es de los utilizados para la aprobación de leyes en nuestro país. Te contamos qué es y cómo funciona este método recurrente en la política.

Como ocurrió con la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, seguramente recordarás de otras iniciativas que fueron aprobadas por el Congreso de forma rápida hasta su implementación.

¿Qué es el fast track?

En México, al igual que en cualquier país con parlamento, el presidente tiene la facultad de presentar ante el Congreso de la Unión iniciativas para crear alguna ley o modificar o abrogar otra, lo que puede hacer ante la Cámara de Diputados o el Senado.

Los senadores y diputados también pueden entregar a su cámara alguna propuesta para su análisis y votación.

¿Cómo es su proceso legislativo?

Tras la recepción de la iniciativa, por parte de la Mesa Directiva de la Cámara baja o de la alta, es turnada a la comisión legislativa que le corresponda, donde será analizada, discutida y votada. De pasar este filtro, es enviada de nuevo a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria (trámite de publicidad).

  • Después, es agendada para ser debatida y votada por el Pleno de los legisladores durante una de las sesiones, ya sea en periodo ordinario o extraordinario. Si la aprueban en la Cámara de origen, es turnada al otro organismo, o cámara revisora, donde también pasará por comisiones y el Pleno.

Es en la cámara revisora donde es validada, y enviada al Poder Ejecutivo federal para su promulgación, a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que entra en vigor al siguiente día hábil, excepto cuando ahí se indica otra fecha.

El fast track y cómo funciona

Sin embargo, el método del fast track que existe en nuestro país es cuando las distintas facciones acuerdan en la Mesa Directiva la recepción y dictaminación acelerada de una iniciativa, ya sea presentada por el Ejecutivo federal, como la reforma al Poder Judicial, o por un legislador.

  • Con esto, la propuesta es turnada de forma rápida a alguna comisión legislativa, donde los integrantes darán prioridad a su lectura y análisis, para hacerle los ajustes necesarios y turnarla de vuelta a la Mesa Directiva para su pronta votación.
  • Regularmente, la aprobación de iniciativas puede tardar meses y años, debido a la cantidad de propuestas que deben analizarse y demás actividades al interior de las cámaras, por lo que este método reduce el tiempo a apenas unas semanas, tras el acuerdo de acelerar su aprobación.

Al ser un asunto de convenio entre fracciones parlamentarias, el fast track se aplica cuando se cuenta con los votos necesarios para su aprobación sin cambios o con los mínimos, pues depende de la presencia del partido proponente en la cámara, y del apoyo con el que cuente en otras fuerzas políticas.

Por otra parte, en México, la Presidencia de la República, y los gobernadores en sus estados, pueden presentar iniciativas preferentes que deberán tener prioridad para su análisis en las cámaras, dependiendo su aprobación del impulso que tenga entre los legisladores.

Fast trak estadounidense

Por otro lado, destaca que en Estados Unidos sí existe un método legislativo denominado fast track, con el que el Presidente puede enviar una propuesta bajo esta medida, sobre todo en temas internacionales, y tener trato preferencial.

En este caso, los legisladores trabajan de la mano con el Ejecutivo para formular y complementar la iniciativa, que será votada en una fecha específica y a través de un proceso que contempla que senadores y representantes voten en favor o en contra en lo general.

En tanto que este método, debido a su celeridad, no permite que el pleno legislativo proponga modificaciones a la iniciativa, siendo aprobada o desechada./Agencias-PUNTOporPUNTO

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