El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha exhibido la dependencia que existe en América Latina respecto de Estados Unidos y ha sumido a países como México y Brasil en una profunda contradicción, advierte, en entrevista con EL UNIVERSAL, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
- Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una “postura públicamente crítica” de acciones de Trump como los ataques a embarcaciones, o la operación militar en Venezuela, en México “avanzan políticas tan regresivas para los derechos como la reforma judicial, la ampliación de la militarización, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la ampliación de medidas de inteligencia restrictiva a derechos con la recolección de datos biométricos”.
El gran desafío latinoamericano, afirma, frente a un Trump que “trabaja activamente para desmantelar un ordenamiento basado en el derecho”, es cómo enfrentar el crimen organizado que asola la región, mientras se protegen los derechos humanos.
P. El informe de Human Rights Watch 2026 habla de un nuevo desorden mundial provocado principalmente por Donald Trump. ¿Hacia dónde está llevando Trump a Estados Unidos y al mundo?
R. Nuestro nuevo director ejecutivo, Philippe Bolopion, hace un ensayo introductorio donde lo pone de manera muy clara. Nos tomará probablemente toda esta generación tratar de retrotraer los impactos negativos que ha tenido tan solo un año de administración Trump. Hoy 72% de la población global vive bajo regímenes autoritarios. Estamos de vuelta a los indicadores de 1985, en términos de democratización.
Si bien en América Latina el balance del impacto de Estados Unidos ha sido siempre mixto, por lo menos en las últimas décadas veníamos de un Estados Unidos que de alguna manera, de forma bipartidista, empujaba por mayores estándares de protección de derechos humanos en América Latina, defensa de organizaciones de la sociedad civil, defensa del periodismo independiente. Lo que hemos visto este año es todo lo contrario, un Estados Unidos que no solo ya no defiende a nivel internacional un ordenamiento basado en el derecho, en el respeto de las reglas, sino que, por el contrario, trabaja activamente para desmantelarlo.
Eso en la región se ha visto reflejado en más de 120 ejecuciones extrajudiciales en El Caribe, en El Pacífico, de ciudadanos latinoamericanos. Se ha traducido en que, por vía del chantaje arancelario, de las amenazas de expansión territorial, países que han sido supremamente democráticos, como Costa Rica, Panamá, terminaron el año pasado recibiendo a migrantes deportados arbitrariamente, personas que venían de ser perseguidas en lugares como Afganistán, Irak, China, y que terminaron detenidas arbitrariamente en Costa Rica y Panamá.
Ha supuesto también que ese liderazgo en varios de los países de la región en pro de las organizaciones de la sociedad civil se perdió, no sólo por el recorte de los recursos de USAID, sino porque en países como Perú, Ecuador, El Salvador, en donde Estados Unidos, a través de sus embajadas, había jugado un rol para evitar que se configuraran leyes antiONG, ese liderazgo se acabó y terminamos este año con nuevas leyes anti ONG que hacen mucho más difícil para las organizaciones de la sociedad civil funcionar en estos países.
Aquellos países más cercanos ideológicamente a Trump han aprovechado sus políticas y discurso para ellos mismos ampliar el proceso de restricción de derechos en toda la región. El caso más emblemático es el del presidente Nayib Bukele, en El Salvador, que tuvo detenidas a más de 100 mil personas en el marco de régimen de excepción, con suspensión total de su debido proceso, pero está también el caso de Ecuador, bajo Daniel Noboa, que sigue entendiendo el crimen organizado como una dinámica de conflicto armado y con él incrementaron significativamente las desapariciones forzadas. O Argentina, con Javier Milei, en donde hemos visto un intento significativo por debilitar a las instituciones, desmantelar el Servicio Exterior profesional.
Ha sido un año de un impacto muy negativo bajo el gobierno de Trump para América Latina.
P. Estados Unidos realizó una operación militar para entrar en Venezuela y sacar a Nicolás Maduro, pero dejó al chavismo en el país y ahora decide lo que pasa allí. ¿Qué mensaje envía esto al mundo?
- R. En el caso de Venezuela, el ataque militar por parte de Estados Unidos no significó el desmantelamiento del régimen. Lo que hubo es una decapitación del régimen a través de la captura de Nicolás Maduro, pero hoy el gobierno, en manos de Delcy Rodríguez, mantiene intacta esa estructura de represión. La decisión de Estados Unidos de mantenerla a ella en el poder desconoce el derecho de los venezolanos al voto y a poder elegir libremente a sus autoridades. Desconoce los resultados de la elección de 2024, que según el panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter ganó Edmundo González, y deja en el poder a Rodríguez, que como vicepresidenta era la jefa directa del Sebin, la policía de inteligencia directamente relacionada con la represión y las gravísimas violaciones a los derechos humanos.
No veo una voluntad de Estados Unidos de impulsar una transición a la democracia en Venezuela. Lo que veo es más un interés por lograr la extracción de petróleo, con beneficios económicos para Estados Unidos, y permitir el regreso de migrantes venezolanos, que ya se han restablecido los vuelos de deportación hacia Venezuela, a pesar del gravísimo riesgo que sufren al ser devueltos, pero no un impulso real a un proceso de democratización. Quizás el único dividendo positivo que hemos visto luego del ataque es la liberación de más de 300 presos políticos. Es una noticia muy importante, pero han sido liberaciones a cuentagotas, sin transparencia, dejando a las personas sometidas a procesos penales en su contra, y hay casi 700 presos políticos que aún se mantienen en detención.
La antesala del ataque en Venezuela fue la ejecución extrajudicial de 120 ciudadanos latinoamericanos en aguas del Pacífico y El Caribe, una decisión absolutamente contraria al derecho internacional en donde no existía un conflicto armado; lo que había era personas, en muchos de los casos seguramente vinculadas al negocio del narcotráfico, que deben ser detenidas, juzgadas, procesadas y en caso de ser halladas culpables, sentenciadas a la pena que establezca la ley en cada una de las jurisdicciones. Ningún país tiene derecho de ejecutar extrajudicialmente a personas, incluso aquellas que pudiesen estar involucradas en la comisión de un delito.
A las preguntas de los periodistas, Trump dice: ‘Lo vamos a hacer’, independientemente de si esto es contrario al derecho internacional o no. Creo que eso habla de manera muy clara de ese desdén por el derecho internacional, que creo que es el marco que permite entender la forma en la cual Estados Unidos se está aproximando al mundo, en general, y a América Latina.
P. Frente a las ejecuciones extrajudiciales en el mar, el ataque en Venezuela, ahora la presión sobre Cuba, las amenazas a Groenlandia, encontramos, excepto alguna reacción aislada, un silencio mayoritario y países plegándose a las exigencias de Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene ese silencio?
- R. La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil han intentado tener una postura públicamente crítica, de varias de las políticas, particularmente de la política exterior de Trump. Pero en la práctica, detrás de cámaras, han negociado con él. En parte por la inmensa dependencia, en el caso de México, comercial, en parte por el riesgo de imposición de sanciones, que ha expuesto cómo América Latina depende en gran medida de Estados Unidos, lo que los ha dejado en una inmensa vulnerabilidad.
En el caso de México y Brasil, ese intento por liderar una visión basada en el respeto de las reglas, que le apuesta a la democracia, al respeto de los derechos humanos, se encuentra con contradicciones domésticas.
La Presidenta Sheinbaum pierde legitimidad internacional en su defensa del ordenamiento internacional y de un orden basado en derechos cuando internamente avanzan políticas tan regresivas para los derechos como la reforma judicial, la ampliación de la militarización, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la ampliación de medidas de inteligencia restrictiva a derechos con la recolección de datos biométricos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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