La crisis ocasionada por la implementación de medidas para expulsar migrantes y evitar su entrada a Estados Unidos, ha propiciado una serie de tensiones en esa nación, así como en los países de origen y tránsito de personas en condición de movilidad. En tanto, los gobiernos de la región han optado por firmar acuerdos bilaterales con el gobierno estadounidense, con consecuencias perversas para esas personas, quienes han quedado en un limbo jurídico o en condiciones de mayor vulnerabilidad.
- De acuerdo con el director del programa para América Latina y el Caribe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), Diego Chaves – González, hasta el lunes pasado, el presidente Donald Trump había firmado 175 órdenes ejecutivas, muchas de las cuales han generado graves afectaciones a los migrantes.
- Ello, sin contar las emitidas el lunes pasado, para ampliar el operativo de detención y deportación de indocumentados, puesto en marcha el 20 de enero. Además, Trump solicitó al Departamento de Justicia una lista con el nombre de los estados, condados y ciudades que han evitado sumarse a los operativos federales de inmigración.
Chaves – González, dijo que lo delicado es que eso está generando desafíos legales relevantes.
- Concretamente, se han producido tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial ante casos específicos, por ejemplo, el del salvadoreño que “por equivocación” fue enviado a una cárcel de El Salvador y el poder Judicial ha dicho que tiene que ser regresado a territorio estadounidense.
Hasta el 27 de abril pasado, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba 50 demandas colectivas, contra sus políticas migratorias, de las cuales, al menos tres, se encontraban en la Corte Suprema.
- El especialista destacó que, en fallos anteriores, el Tribunal Supremo ha señalado que, si bien, el gobierno tiene la facultad para implementar este tipo de medidas, ha pedido el respeto al debido proceso y que se hagan con órdenes judiciales de por medio.
- A finales de 2024 había cerca de 1.5 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos con órdenes definitivas de deportación, de los cuales más de dos tercios provenían de países como México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
- Muchos de ellos a pesar de estar sujetos a medidas de control, exploraban formas de protección para evitar la deportación, pero la situación ha hecho que las capacidades de los países para recibir retornados sean sobrepasadas.
El especialista comentó que en Guatemala y México han comenzado a publicar planes de apoyo para los retornados, pero cuando se analizan las capacidades logísticas y económicas para implementarlos se evidencia que son muy limitados.
Migrantes no autorizados en EU, en situación altamente vulnerable
La vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en Estados Unidos se ha mantenido.
Se suspendió el programa para cubanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos que había permitido el ingreso de alrededor de 530,000 personas hasta diciembre de 2024.
Lo delicado es que ese instrumento no ofrecía ninguna vía hacia la residencia permanente, por lo que, al cerrarse, existe el riesgo de que esas personas queden en una situación irregular y, por ende, susceptibles de ser deportadas en los próximos meses.
- Los nicaragüenses son las personas más vulnerables porque no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en Inglés) ni acceso a la ley de ajuste cubano, por ejemplo. Dependen únicamente del asilo, que es un proceso cada vez más restringido.
- Los cubanos tienen la posibilidad de ajustar su estatus gracias a la ley de ajuste cubano y los haitianos y venezolanos cuentan todavía con el TPS, como mecanismo de protección, aunque tienen la incertidumbre de si podrán mantener ese estatus.
- De acuerdo con cifras oficiales, más de 90% de los beneficiarios del Programa de Libertad Condicional Humanitaria (CHNV por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, cuyo permiso vencía a finales de 2004 ya había solicitado y les habían concedido un ajuste de estatus, sin embargo, eso deja a miles de personas en una zona muy gris.
Por otra parte, al poner fin al CBP-One miles de personas, particularmente de Centroamérica se han quedado sin opciones claras de entrada.
A finales de 2024 había cerca de 1.5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos con órdenes de deportación.
Deportaciones no han aumentado
- Si bien el número de deportaciones no ha aumentado, en términos absolutos, lo que sí ha aumentado es su visibilidad, lo cual ha traído como consecuencia miedo en las comunidades latinas y tensiones con muchos países.
- Ello, sobre todo porque el gobierno ha concentrado su estrategia en las deportaciones desde el interior de Estados Unidos, lo cual ha generado pánico entre esas comunidades y estigmatización de la comunidad migrante, indicó el especialista.
Dentro del territorio estadounidense lo que ha ocurrido es una sensible disminución en la asistencia a escuelas de hijos de inmigrantes, por temor a exponerse a una deportación.
- Los empleadores de agricultores ya han expresado su preocupación por posibles deportaciones, lo cual afectaría sus negocios; ha caído la llegada de turistas y en las comunidades con alta concentración de inmigrantes ha disminuido considerablemente el comercio y el tránsito de personas.
- Chaves – González destacó que ha caído el número de cruces no autorizados, pero principalmente debido a la cancelación de la aplicación en internet CBP One, que permitía a personas sin los documentos migratorios en regla, gestionar su ingreso al país sin tener que ir directamente a un puerto de entrada.
Con ese instrumento alrededor de 40,000 al mes podían ingresar para solicitar asilo.
- En lugar de esa aplicación, el gobierno habilitó CBP Home y alrededor de 5,000 personas la han usado para auto deportaciones.
- Ante esa situación, el especialista consideró que en la frontera sur de Estados Unidos, el asilo prácticamente ha desaparecido.
“Actualmente las autoridades estadounidenses solo hacen evaluaciones de solicitantes de asilo que estén en el marco de la convención contra la tortura, que es en un estatus no permanente y permite mandar a los solicitantes a un tercer país”.
- Dijo que, si bien han cambiado los flujos migratorios hacia Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que ya venían disminuyendo desde el 2024, lo cual tiene que ver con la llegada de Trump, por segunda ocasión a la Casa Blanca, las elecciones en Venezuela y políticas implementadas por Biden, por ejemplo, la implementación de CBP One.
- Mencionó que, aunque la administración Trump no ha transparentado las cifras totales de deportaciones, el número de personas liberadas bajo la figura realease to remove, es decir personas que son liberadas con la intención de ser liberadas en el futuro, se ha mantenido más o menos estable.
Eso sugiere que, si bien las deportaciones no se han disparado en volumen, el ritmo y la estrategia de control migratorio han cambiado, priorizando acuerdos bilaterales y la contención en terceros países.
Migración, moneda de cambio en América Latina
Lo delicado es que, en opinión del especialista de ese organismo con sede en Washington, la migración se está convirtiendo en una herramienta geopolítica muy fuerte en América Latina.
Dijo que lo que ha ocurrido es que se ha desplegado una lógica racional de los gobiernos de la región de negociar acuerdos bilaterales con Estados Unidos ante la incertidumbre sobre lo que está pasando para preservar intereses políticos o económicos.
- Guatemala aceptó recibir más refugiados; El Salvador acordó albergar deportados incluso, ciudadanos estadounidenses con antecedentes, Panamá y Costa Rica se comprometieron a actuar como países puente aceptando personas de terceros países.
- La migración se está utilizando como moneda de cambio para que los países de América latina puedan preservar algunos de sus intereses económicos y políticos en la región.
- Recordó que, para países como Guatemala, El Salvador y Honduras, las remesas que reciben desde Estados Unidos equivalen entre 20 y 25% de su PIB. Tan solo Guatemala recibe anualmente alrededor de 11,000 millones de dólares anuales en remesas.
Lo preocupante, destacó, es que, al priorizar los acuerdos bilaterales con enfoques transaccionales, se pueden generar efectos perversos, para la región. “Lo que se acuerda en un país tiene afectaciones en otros”.
Eso ha generado una fractura del sistema internacional o espacios de gobernanza internacionales en los que estaban involucrados Estados Unidos y las naciones de la región.
Todos los acuerdos multilaterales de diálogo se han visto reducidos a su mínima expresión. Todo eso ha tenido impacto en los flujos.
Una de esas consecuencias fue que personas que estaban solicitando asilo en Estados Unidos, fueron deportadas a Panamá y de ahí enviados a los centros de tránsito de El Darién, aun cuando se trataba de personas que no podían regresar a sus países de origen porque peligraría su integridad.
- Es por ello que se están generando precedentes delicados para el sistema de protección internacional. El afán de negociar acuerdos bilaterales nos está llevando a situaciones indeseadas, respecto de temas migratorios.
- Puso como ejemplo la deportación de un grupo de 177 ciudadanos venezolanos que fueron enviados desde Guantánamo a Honduras y de ahí trasladados por autoridades venezolanas de regreso a su país.
Eso sucedió mientras se renegociaba la licencia del gigante petrolero estadounidense Chevron para poder operar en Venezuela.
Por otra parte, Costa Rica argumentó que se habían hecho acuerdos de buena fe para recibir migrantes desde Estados Unidos.
- Además, se están generando acuerdos de intercambio de información biométrica de migrantes. El problema es que no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de ello, sobre todo cuando se están haciendo a partir de acuerdos informales.
El recorte a programas humanitarios
Por otra parte, los fondos para programas de apoyo a migrantes han sido recortados.
Durante los primeros tres meses del gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos recortó el 83% de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
- En febrero 7,000 millones de dólares fueron eliminados del presupuesto global, de los cuales, 500 millones de dólares correspondían a apoyos para América Latina.
- De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, USAID fue uno de los principales donantes en Colombia, Haití, Guatemala, México, Venezuela y Honduras.
Durante su participación en el foro nacional México Las migraciones en el siglo XXI, realizado el lunes pasado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el especialista dijo que esos recortes han generado muchas dudas sobre la sostenibilidad en programas que brindaban protección y asistencia a migrantes.
- A consecuencia de la falta de recursos, cerraron las oficinas de movilidad segura, lo cual ha dejado a muchas personas sin orientación sobre sus opciones migratorias.
- Eran sitios que operaban en Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica para temas de protección internacional y para conectar a la gente con vías regulares de migración.
En Ecuador sus responsables analizan cerrar por falta de fondos; en Perú había unas oficinas donde se ofrecía información para que los migrantes pudieran acceder a procesos de integración, los cuales prácticamente están cerrados.
Asimismo, en República Dominicana, ha suspendido todas las operaciones de regularización de migrantes y en Brasil analiza posibles cambios a su programa de acogida de interiorización de las personas que llegan a sus fronteras.
La maquina de deportaciones de Trump
Una vieja fábrica de lápices convertida en centro de atención para migrantes en el sur de Costa Rica, muy cerca de la frontera con Panamá, fue el inesperado destino de unos 200 deportados desde Estados Unidos a mediados de febrero.
- Estas personas, entre las que había decenas de menores, habían migrado originalmente de países tan variados como China, Irán, Vietnam, Etiopía o Uzbekistán. Todos planeaban solicitar asilo en Estados Unidos.
- Pero el Gobierno de Donald Trump los detuvo al intentar ingresar a territorio estadounidense a través de la frontera con México y los deportó sin demasiado revuelo mediático al país centroamericano.
En Panamá, por esas mismas fechas, ya ascendían a 300 los deportados desde EE UU y procedentes también de distintos países.
- Primero fueron alojados en un hotel de la capital, Ciudad de Panamá, desde donde pidieron ayuda con carteles que colgaban de las ventanas de las habitaciones en las que estaban retenidos.
- Poco después, aquellos que no aceptaron ser repatriados a sus países de origen fueron enviados a un centro de detención a las puertas de la selva del Darién, cerca de la frontera con Colombia.
- En ambos casos, el de Costa Rica y el de Panamá, los migrantes ya han sido liberados, gracias en gran parte a la presión ejercida por las acciones legales presentadas por organismos humanitarios contra los Gobiernos de las dos naciones centroamericanas.
Pero los deportados siguen en un limbo: se encuentran en un lugar desconocido, muchos de ellos apenas cuentan con recursos y se resisten a volver a sus países por temor a la persecución.
- No se trata de situaciones aisladas. El caso más sonado del reguero de deportaciones ordenadas por Trump fue el de los alrededor de 250 venezolanos enviados a una prisión salvadoreña en marzo, donde presuntamente siguen.
- Pero hay más. México, discretamente, ha recibido a 5.466 extranjeros deportados desde el regreso del magnate republicano a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, según datos del propio Gobierno mexicano.
Tampoco es una práctica nueva. Pero la actual Administración estadounidense ha llegado a acuerdos con Gobiernos latinoamericanos que, según los expertos en derechos humanos, no brillan por sus garantías legales.
- La ventaja, a ojos de la Casa Blanca, es triple: permite expulsar a personas de países con los que no tiene acuerdos de deportación; libera plazas en sus centros de detención; y también manda un claro mensaje, otro más, de disuasión a los migrantes.
- Desde el primer momento se plantearon muchas preguntas sobre la legalidad de estas deportaciones, asegura Ariel Ruiz Soto, analista senior del think tank (laboratorio de ideas) Migration Policy Institute (MPI).
- “Deportar a personas desde Estados Unidos a otro país que no es su país de origen no es técnicamente ilegal, pero la implementación sí debe cumplir con procesos legales nacionales e internacionales”, explica.
“Lo que hemos visto es que el presidente Trump quiere expandir y buscar el límite de lo que permite la ley de migración. Al declararse el estado de emergencia [Trump firmó un decreto en su primer día de mandato para declarar una emergencia migratoria], el presidente asume diferentes facultades que le dan un mayor control sobre cómo gestionar y reducir ciertos derechos de personas extranjeras, indocumentadas o documentadas”, ahonda Ruiz sobre la situación jurídica dentro del país.
A pesar de órdenes judiciales contrarias, el estado de emergencia ha permitido además cerrar la puerta de facto a las solicitudes de asilo nuevas y agilizar el procedimiento de deportación, al limitar las posibilidades que tienen los inmigrantes para impugnar sus casos ante la justicia.
- Por otra parte, según el derecho internacional, un país no tiene ninguna obligación de recibir a deportados extranjeros, sino que lo hace solo si lo acepta voluntariamente o por un acuerdo puntual con el Gobierno que ordena la deportación.
En los precedentes existentes —como el acuerdo firmado por la Unión Europea con Turquía durante la crisis de los refugiados sirios o el programa Quédate en México de la primera presidencia de Trump— estos acuerdos incluían la garantía de poder solicitar asilo, bien en el destino final o en el tercer país de acogida temporal. Por ello, estos tratados solían hacer hincapié en que el tercer país era “seguro”. Ya no es el caso.
- “Es lo que los grupos de defensa de derechos humanos tildan de ilegal: el hecho de que los están mandando sin garantías de protección y evadiendo los derechos que tienen los migrantes para solicitar asilo”, advierte Ruiz.
- Ahora, en cambio, el mensaje es que los deportados solo permanecerían durante un tiempo en estos terceros países, es decir, mientras buscan la manera de volver a sus países de origen. La presidenta Claudia Sheinbaum, se refirió a ello la semana pasada.
“Cuando entró [llegó al cargo] el presidente Trump, por razones humanitarias, sin firmar absolutamente nada, nosotros decidimos aceptar a personas de otras nacionalidades, particularmente las que vienen por la frontera norte, y la mayoría de forma voluntaria deciden regresar a sus países”, explicó la mandataria.
México ha recibido a más de 5.000 extranjeros, principalmente centroamericanos y caribeños, procedentes de Estados Unidos. Es con mucho el país que más ha recibido, aunque la cifra está muy por debajo de los 30.000 mensuales que el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, había acordado con el expresidente Joe Biden en el pico de la crisis migratoria que se desató después de la pandemia.
- En México estas deportaciones no han llamado demasiado la atención, pero en Costa Rica y Panamá, sí. Y sus gobiernos han reculado ante varias demandas que los acusan de vulnerar los derechos de los deportados y también por la presión de la opinión pública interna, alarmada por las condiciones de detención de personas que no han cometido ningún delito y que, de hecho, están huyendo de la persecución en sus países de origen.
- En Panamá, los migrantes fueron trasladados de la selva de regreso a la ciudad y liberados a principios de marzo. Les dieron 30 días para abandonar el país como pudieran. Varios entrevistados por Associated Press, como un afgano que trabajó en el Gobierno derrocado por los talibanes y que ya intentó asentarse en Irán y Pakistán sin éxito, o un ruso miembro de la comunidad LGTBI que teme a la persecución del régimen de Vladímir Putin, aseguraron que volverían a intentar pedir asilo en Estados Unidos, pues no veían ninguna otra opción.
- La respuesta fue diferente en Costa Rica. En la última semana de abril, las autoridades costarricenses anunciaron que abrirían la puerta a que las personas deportadas se quedaran en el país o lo abandonaran si preferían. En declaraciones a The New York Times, Omer Badilla, el jefe de las autoridades migratorias del país, dijo que garantizarían la protección de los deportados extranjeros. “Si la persona tiene temor justificado de regresar a su país, nunca lo enviaríamos de vuelta”, aseveró.
Por ahora, este tipo de vuelos desde Estados Unidos se han detenido —los destinados a El Salvador, debido a una profunda batalla jurídica interna en Estados Unidos— mientras los Gobiernos correspondientes analizan sus siguientes pasos.
“Guatemala o Ecuador ya están viendo cuál fue la reacción en Panamá, Costa Rica, El Salvador o México para decidir de qué manera o a quiénes reciben en el futuro. Me sorprendería mucho si Guatemala decide recibir a personas de países de Asia, por ejemplo, pero no que esté abierto a recibir personas de otros países centroamericanos. En Ecuador, el presidente [Daniel Noboa] dijo un poco antes de su victoria electoral que no lo iba a hacer, o solamente en algunos casos puntuales. Pero podría cambiar de parecer”, opina el analista Ariel Ruiz.
Pero, además de tener en cuenta las consecuencias legales y la opinión pública, los distintos países también deben considerar las presiones e incentivos que llegan desde Estados Unidos.
- El salvadoreño Bukele, por ejemplo, recibirá una compensación millonaria (al menos seis millones de dólares, según el propio mandatario) a cambio de encerrar a migrantes venezolanos en su cárcel de máxima seguridad, así como la extradición de varios cabecillas de pandillas salvadoreñas que estaban bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Panamá, por su parte, debe lidiar con las amenazas de Trump de hacerse con el control del canal. Y sobre todos sobrevuela la advertencia de los aranceles o la posibilidad de ganar el favor del hombre más poderoso del mundo.
- Más allá del continente americano, las negociaciones sobre este tipo de acuerdo también se han ido llevando a cabo a puerta cerrada. Según han reportado varios medios estadounidenses esta semana, Libia y Ruanda —que ya había negociado un controvertido acuerdo similar con el Reino Unido hace unos años, aunque nunca se llegó a implementar— están en conversaciones avanzadas.
Marco Rubio, el secretario de Estado que esta semana también se convirtió en el Consejero de Seguridad Nacional y así en el hombre más poderoso del gabinete de Trump, dejó claro, sentado al lado del presidente durante el Consejo de Ministros, que esta modalidad de deportación solo acaba de comenzar.
“Estamos trabajando con otros países para decir: ‘Queremos enviarles algunos de los seres humanos más despreciables a sus países. ¿Nos harían ese favor?’. Y cuanto más lejos mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”./ Agencias-PUNTOporPUNTO
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