LEY de AMNISTÍA da PODER AMPLIO al PRESIDENTE de REPÚBLICA para que exonerar CUALQUIER DELINCUENTE

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves la reforma a la Ley de Amnistía. Esta reforma otorga al Presidente de la República la facultad de conceder amnistía a procesados o sentenciados por cualquier delito, siempre y cuando proporcionen información relevante para esclarecer casos importantes para el Estado mexicano, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

• Fueron 250 votos a favor, 197 en contra y cero abstenciones los que se emitieron y se envió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su promulgación. Tras su aprobación, los morenistas corearon en el pleno, “es un honor estar con Obrador”.
• Se establece en el documento que “por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”.
• Según se dice, dicha atribución presidencial se aplicaría a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el morenista Antonio Madriz, afirmó que el objetivo de la modificación es garantizar el derecho a la verdad y que la víctimas directas e indirectas puedan conocer los hechos por los que fueron afectadas.

Manifestó que “crímenes de Estado” como los de Cherán, Apatzingán, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, San Fernando, Tlatlaya, Nochixtlán, Colosio o Ayotzinapa “son hechos lamentables, no completamente esclarecidos, donde las víctimas aún no han logrado conocer la verdad”.

• El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco definió la necesidad de reformar la Ley de Amparo, pues dijo que esta figura es utilizada a discreción por el Poder Judicial extralimitando facultades del Poder Legislativo.
• Explicó que con esta Ley se protegen los derechos de los mexicanos, por encima de los derechos “de empresas o de figuras y personas morales y mercantiles”: Dijo que no hay que confundir, como lo pretende la oposición, las garantías individuales con los intereses del mercado, dado que no son lo mismo, ni competentes en intereses.

Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del PAN, al presentar una moción suspensiva, señaló que ya basta de mentiras, la verdad es que después de robar el ahorro de los mexicanos pretenden seguir eliminando derechos y aumentar la impunidad, liberando delincuentes a modo.

• Manifestó que los diputados del PAN someten a consideración esta moción suspensiva de este dictamen que es violatorio de diversas disposiciones contenidas en la Constitución. Por tal, pidieron se valore esta discusión estéril en la que son por lo menos 15 artículos de la Constitución violatorios de la constitución.

Lo que pretenden es violentar con su mayoría el artículo 89 que señala expresamente las facultades y obligaciones del presidente. “Y ustedes intentan con esta reforma darle facultades que no están establecidas en la Constitución, pretenden eliminar todos los contrapesos para la aplicación de la justicia y perdonar secuestradores, violadores y narcotraficantes. Sí que quieren pasar a la historia por sus aberrantes reformas que tienen a México de cabeza”, afirmó.

• “Su cuarta transformación que tiene un caos es un colapso en el sistema de salud, la seguridad, en educación, en la economía en donde pretenden engañar diciendo que todo está bien echando a perder los mejores 14 años con la posibilidad de crecimiento en México”.

Oposición critica Ley de Amnistía

La panista Rocío Reza afirmó que son por lo menos 15 artículos de la Constitución los que se están violentando con esta reforma, por lo que la oposición acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Por mencionar alguno, está por ejemplo, el artículo 89 que señala expresamente las facultades y obligaciones del Presidente y ustedes intentan con esta reforma darle facultades que no están establecidas en la Constitución, pretenden eliminar todos los contrapesos para la aplicación de la justicia y perdonar secuestradores, violadores, narcotraficantes. Nos vamos a ir a la Corte sin duda, donde les corrigen la plana”.

• Por su parte, la diputada trans de Movimiento Ciudadano, María Fernanda Félix comentó: “Más de 200 mil asesinatos lleva este gobierno y hoy podrán otorgar perdón, olvido y un besito en la frente a todos los culpables que les están dando las llaves en las cárceles de México…
• ¿Yo me pregunto, qué pasa con los derechos de las víctimas y dónde queda la facultad de investigación del Poder Judicial, están pasando por encima de la administración de poderes. Desde cuánto el Ejecutivo tiene poderes omnipresentes para saber si vives o mueres, sales o te quedas?”.

La priista Blanca Alcalá dijo que con esta determinación del Poder Ejecutivo se está vulnerando la independencia y la autonomía de los otros órganos. “Resultará arbitrario y discrecional, sujeto simplemente al monarca sexenal, esto es del Ejecutivo Federal”.

• Edna Gisel Díaz Acevedo del PRD, dijo ante el Pleno que los morenistas y sus aliados son cómplices del secuestro de la verdad, de la atribución exclusiva del presidente de la República, pues lo pone por encima del Poder Judicial y de la autonomía de la Fiscalía General de la República.

“Así como lo exime del cumplimiento de la ley en la que se adiciona el artículo 89 la reforma resulta una completa canallada, porque como lo dijimos ustedes usan de pretexto a los pobres víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares para justificar la meta constitucional, atribución para dar amnistía”.

Alertan impunidad y casos de arbitrariedad

Edith Oliveres Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), expresaron su preocupación por los cambios a Ley de Amnistía.

• De acuerdo con El Economista, quien entrevistó a ambas especialistas, indicaron estar a favor de que existan mecanismos para favorecer el acceso a la verdad y para garantizar la presunción de inocencia; señalaron que es necesario definir, con claridad las condiciones en que el Ejecutivo podría otorgar esta medida.
• “El problema con esta ley de amnistía es que, como no tiene un límite, el riesgo está en que más bien exista impunidad y realmente, en esta iniciativa, ya no existen tampoco los mecanismos para garantizar tanto el acceso a la justicia, como el acceso a la verdad de las víctimas”, consideró la miembro de MUCD.

Mientras que la directora general de Amnistía Internacional comentó que con esta nueva modificación podrían presentarse casos de arbitrariedad.

“(Nuestra preocupación es que) podría haber algunos casos que podrían ser relevantes para el Estado mexicano por cualquier motivo, incluso casos por motivos políticos podrían ser relevantes para algunas autoridades y habría un riesgo en que se estaría violando la autonomía de la Fiscalía General de Justicia o las fiscalías generales de justicia de los estados y de los tribunales de justicia”, comentó Olivares Ferreto.

Por otro lado, ambas integrantes de la sociedad civil coincidieron que el argumento de que esto podría ayudar a resolver casos donde existan graves violaciones de derechos humanos son “confusas”; además de que ya existen otros mecanismos en la actualidad para este propósito.

“Desde el derecho internacional de los derechos humanos está prohibido obtener amnistía en caso de violaciones graves a los derechos humanos.

“La ley de amnistía que se aprobó, en 2020, y también otros mecanismos que existen en las leyes actualmente de encarcelación, como lo es, por ejemplo, el indulto presidencial o como son los criterios de oportunidad que tienen las fiscalías, tanto la fiscalía federal como las fiscalías locales, pues siempre su límite es las violaciones graves a los derechos humanos, siempre, si favorecemos a la investigación de los delitos, pero siempre y cuando no sean violaciones graves a los derechos humanos”, comentó Reyes Ortiz.

• Además, Edith Olivares afirmó que es importante que “el otorgamiento de amnistía no derive en más daños a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos; así como, que estas acciones no impliquen un proceso en el que no se repare el daño de las personas afectadas.

Debido a esta situación, la directora de Litigio Estratégico, adelantó que México Unido contra la Delincuencia buscaría analizar la constitucionalidad de la ley y explorar posibles acciones legales.

La minuta que modifica la ley de amnistía estaba enlistada para discutirse en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, sin embargo, hasta pasadas las 18 horas del 24 de abril, los legisladores no han iniciado la discusión.

Ley se usará para los casos de Ayotzinapa e Israel Vallarta

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha confesado la realidad del por qué de la reforma a la Ley de Amnistía. Así lo señaló el periodista Carlos Loret de Mola, quien dijo que no es para perdonar a gente encarcelada que no tiene los recursos para defenderse, sino para seguir vengándose y seguir haciendo campaña.

Recordó que el miércoles pasado AMLO dio a conocer con qué casos estrenaría la Ley de Amnistía: “Ayotzinapa, para vengarse de la oposición y el caso Florence Cassez e Israel Vallarta para vengarse de mí”.

• Recordó que la Ley de Amnistía le da la facultad de perdonar a cualquier delincuente, acusado, detenido, sentenciado, “sea narco, sea asesino, secuestrador, feminicida; Morena había dicho que por favor, nadie pensara mal, que era para ofrecer amnistía a quien supiera cosas y así se pudiera llegar a la verdad de los casos”.
• Loret señaló que fue en su conferencia de prensa mañanera del miércoles, que AMLO confesó que, de entrada va a usarla en el caso Ayotzinapa, pues va a ofrecer amnistía a los acusados a cambio de que digan la verdad. “Ya sabe usted qué verdad quiere López Obrador que le digan, qué verdad es la que quiere escuchar el Presidente”.

Expresó que en cinco años de su gobierno, su investigación del caso Ayotzinapa llegó a las mismas conclusiones que la verdad histórica de Enrique Peña Nieto que tanto criticó AMLO. “A López Obrador el caso Ayotzinapa se le cayó a pedazos, no hay una nueva verdad, el exprocurador Murillo Karam, que era su chivo expiatorio ya está fuera de la cárcel, los estudiantes le dieron portazo en Palacio Nacional, un gobierno morenista mató a un estudiante más de Ayotzinapa, ya no son 43, son 44, y ahora lo que quiere López Obrador es revivir el caso, a ver si con eso siguen la narrativa de que todo es culpa del pasado, y entonces contra el PRI, contra la oposición en plena campaña”.

• El otro caso, con el que AMLO anunció que quiere estrenar la Ley de Amnistía es el de Israel Vallarta, pareja de la ciudadana francesa Florence Cassez, un caso de hace 18 años que AMLO, desde el inicio del sexenio, ha estado tratando de usar en contra de Loret, asegura el propio periodista.

“El Presidente me acusa de que Israel Vallarta está en la cárcel, como si yo lo hubiera detenido, acusado, procesado, sentenciado. Si Vallarta sale o se queda en la cárcel, es tema de él, de las leyes, del Poder Judicial, ahora del Presidente con su amnistía, yo desde hace años he dicho que si merece ser liberado, que lo liberen, que si merece estar en la cárcel, que lo condenen, no es mi tema”.

• Loret acusa que desde el arranque del gobierno de AMLO, como parte de un ataque en su contra, en venganza de que iba revelando los escándalos de corrupción en su gobierno, dijo que quería liberar a Vallarta, quien está acusado de varios secuestros.
• Le encargó el caso a Olga Sánchez Cordero, la primer titular de la Secretaría de Gobernación, así como a su ministro “estrella”, Arturo Zaldívar, quien era presidente de la SCJN. Luego, tras la salida de Sánchez Cordero de la Segob, y entrada a la institución de Adán Augusto López, le volvió a encargar a éste el caso. “¿Por qué no ha salido Vallarta de la cárcel?”, se pregunta Loret.
• Asegura que los dos exsecretarios de Gobernación y el expresidente de la SCJN han analizado el caso y han considerado que Vallarta tiene varias acusaciones de secuestro más allá del caso Florence Cassez y la detención irregular de ambos, y estos casos impiden liberarlo.

Loret dice que AMLO quiere usar la amnistía para liberar a Vallarta y usar a Vallarta como un instrumento más de ataque contra él. “En eso acabó la Ley de Amnistía, en un intento de López Obrador por seguir vengándose”, concluye.

Amnistía queda en manos del Presidente

Otra reforma aprobada es la introducción del artículo 9 a la Ley de Amnistía creada en 2020. En el nuevo artículo se establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad sobre hechos relevantes para el Estado mexicano. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que serviría para resolver el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

• De acuerdo con La Silla Rota, quien consultó al experto en derechos humanos, Edgar Cortez, dijo que ya se ha puesto en marcha un mecanismo similar en otros países, como es el caso de Colombia durante el proceso de paz y jurisdicción y se ha planteado esta posibilidad de cooperación eficaz.
• “Es cierto que la persona que participó aporta información, la cual tiene dos maneras de verificarse. Por un lado, la recibe la fiscalía que investiga y verifica que tenga legalidad y en esos sistemas una vez que se hace, se va con un juez y se presenta el caso para que haga una contra revisión y se cumpla la ley”, explicó.

Allá es un proceso en el cual participan dos instituciones y permite esclarecer uno o un conjunto de delitos, construir acusaciones contra los culpables y posibilidades de justicia a las víctimas.

La diferencia con la propuesta mexicana es que las facultades de amnistía sólo se centran en la voluntad presidencial, que abre la puerta a que la información que le den no sea útil o verificada.

• “En el caso que le den información, que quizá no sea cierta o que no la puede usar para enjuiciar a los responsables, entonces tiene serias deficiencias”, remarcó Cortez.
• El segundo tema que cuestiona el investigador es que está planteado que esta amnistía se aplique a casos relevantes para el Estado mexicano. No para las víctimas sino para el Estado, y quien va a determinar qué es relevante para el Estado es el presidente.
• “No podemos ser ingenuos. En este país la justicia se ha usado con fines políticos y es obvio que ese riesgo está presente en la ley”, advirtió el investigador del IMDHD.

Como la ley no determina qué es un caso relevante para el Estado, puede usarse para una revancha política, si el presidente o la presidenta en turno decide que eso es relevante.

“No le acabo de encontrar las supuestas bondades. Porque además cuando te dicen que podría usarse en Ayotzinapa o Tlatlaya, recurrir a eso sin ese proceso y no a través de una ley de colaboración eficaz que estableciera supuestos de cómo se usará y verificará la información, que no aceptaron y ahora ponen estos riesgos”, criticó.

Tenía otro propósito

• Angela Guerrero recordó que el propósito de la Ley de Amnistía, creada en 2020, era el de sacar de prisión a personas de grupos vulnerables, como la población con discapacidad, quienes han sido criminalizados por pobreza o por sus preferencias sexuales, además de las mujeres que históricamente habían sido criminalizadas por decidir por su cuerpo.

“A la fecha hay 361 personas que han salido por esa ley”, afirmó. Pero así fuera una persona la que salió gracias a esa ley, ya valía la pena, manifestó la coordinadora general de Cea Justicia Social.

“El propósito es muy importante para un país con un sistema plagado de injusticias, creado para disminuir la presión que tiene el sistema penitenciario y que están en prisión indebidamente”.

Pero este nuevo artículo va en contra del espíritu de la ley de 2020, aunque forme parte de ella.

• “Es muy importante poder acceder a estos ejercicios de verdad, pero no de esta manera, ese sería el principal problema, que además parece ser que no hay una un contrapeso que diga ‘ok tú me das información, pero déjame la verifico’, sino que es una especie de fast-track. No sabemos básicamente lo que es un caso relevante, cuáles son los criterios para establecerlo”, dijo.

“Lo que vamos a tener es absoluta discrecionalidad por parte de quien esté al frente de Poder Ejecutivo para decidir quién sale y en función de qué información también brinde. Me parece un poco delicado que esa sea la forma en la que se apruebe esta ley. Esperemos que este mecanismo se amplíe, que se haga mucho más integral pensando en un proceso mucho más amplio de reconciliación nacional. Necesitamos un mecanismo para acceder a la verdad, pues por supuesto que sí, pero no de esa forma”, concluyó.

Reforma desprotege a las víctimas: CDHCM

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México alertó que la propuesta de adición a la Ley de Amnistía desprotege a las víctimas en su legítimo derecho a ser reparadas y no considera un límite de delitos que pueden ser considerados bajo esta figura.

• Además de dejar “un vacío ante un supuesto ya de por sí amplio, que es la consideración presidencial de que se otorgue a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano”, afirmó.
• La adición de un artículo 9 a la Ley de Amnistía vigente representa un retroceso al permitir que, en algunos casos, la reparación entendida como sanción sea anulada, lo cual es opuesto a los derechos de las víctimas reconocidos en la Constitución Política.

Consideró que, la esencia transformadora que motivó la aprobación de dicha legislación hace cuatro años en un contexto de transición hacia escenarios que no privilegiaran el punitivismo, debe permear en el análisis de la iniciativa de adición.

• La amnistía está presente en la Constitución desde su texto original de 1917 y en 2020, en la presente administración, fue publicada una nueva Ley en la materia que representó un avance importante para transitar hacia la justicia social y la justicia restaurativa.
• La Ley consideró susceptibles de amnistía a mujeres privadas de la libertad por interrumpir su embarazo, a personas por poseer o consumir drogas sin ánimo de comercializar y sin ser reincidentes, por robo en un contexto de pobreza o por fallas al debido proceso de personas hablantes de alguna lengua originaria, recordó.
• El organismo señaló que la amnistía implica un olvido legal de la responsabilidad penal por ciertos delitos, pero no debe menoscabar el derecho a la verdad y a la reparación del daño de las víctimas.

Ante ello, exhortó al pleno de la Cámara de Diputados a analizar su propuesta de adición, que es contraria a los derechos de las víctimas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presos se valen de ‘artimañas’ para salir de prisión

Aún sin la Ley de Amnistía, aprobada ayer en la Cámara de Diputados, decenas de personas privadas de la libertad han logrado decisiones judiciales para salir de la cárcel pese a tener condenas, incluso de más de 100 años de prisión.

Para ello, se han valido de todo, principalmente, alegan tortura por parte de las fuerzas del orden que los detuvieron, e incluso, responsabilizan de los actos inhumanos a policías que nada tuvieron que ver con su detención.

No solo está el caso Ayotzinapa, al que se refirió la mañana de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que entre los más de 80 libertados por este caso, hay muchos que no fueron torturados como alegaron.

• También hay otros casos como el de Hugo Martínez Gorostieta, detenido el 29 de octubre de 2008 por elementos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía, y sentenciado en agosto de 2010 a 113 años de prisión por secuestro.
• Asesorado por una ONG, Martínez Gorostieta, a quien las autoridades identifican como El Wonder, acudió al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA-ONU) que, en enero de 2022, emitió la opinión de responsabilidad al Estado mexicano.
• En el expediente A/HRC/WGAD/2021/67, el GTDA aseguró que a Martínez Gorostieta le violaron los derechos a la libertad personal, debido proceso, protección judicial y presunción de inocencia, y pidió su inmediata libertad.

El 29 de septiembre de 2023, a pregunta de un periodista, el presidente López Obrador dijo que se analizaría el caso.

Martínez Gorostieta no ha salido de prisión, pero la Fiscalía capitalina investiga ya la tortura. Dicha indagatoria ha puesto en evidencia una serie de irregularidades en el caso, como señalamientos poco claros hacia algunos agentes judiciales.

• A Jaime Alejandro Mejía Mariscal, por ejemplo, se le señala de haber participado en la tortura cuando, según su abogado, en actuaciones ministeriales está probado que él ni siquiera estaba trabajando en la fecha de la detención, pues estaba de vacaciones.
• Por ello, Mejía Mariscal denunció penalmente al agente del Ministerio Público Rogelio Mariñón Calzadilla, al responsable de agencia Marcial Valencia Valencia y al Fiscal de Servidores Públicos.

Y es que acusa que señalarlo como probable responsable de tortura no solo es un acto de molestia, también lo deja en la incertidumbre de ser encarcelado porque “una persona sentenciada por secuestro me puso el dedo, de manera frívola y sin pruebas, y que la autoridad se trague esa mentira, sustentada únicamente con el deseo del sentenciado de salir de prisión a como dé lugar”.

La denuncia por la tortura a Martínez Gorostieta avanza y la presentada contra los fiscales está prácticamente congelada./Agencias-PUNTOporPUNTO