Llaman a legislaturas estatales para que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo

Imagen: Internet

RITA MAGAÑA TORRES

La Primera Comisión de la Permanente aprobó hacer un llamado a las legislaturas estatales para que implementen reformas a su legislación civil o familiar, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el dictamen se indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no existe ninguna justificación racional para negar el acceso al matrimonio a parejas homosexuales, incluso en caso de que exista un régimen jurídico diferenciado al que pueden optar en lugar de casarse.

Se menciona que esta resolución de la SCJN sentó jurisprudencia y es obligatoria para los Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Ante ello, senadores y diputados consideraron necesario hacer un llamado a aquellos estados de la República que no tienen legislación en esta materia, para que comiencen a trabajar e implementen la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Posteriormente, se aprobó un exhorto a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para que vigile el respeto de los derechos y garantías procesales en favor de las víctimas indirectas en el caso de la desaparición de cuatro personas, entre las que se encuentran los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas.

En el dictamen se señala que el procedimiento de investigación y la actuación de las autoridades estatales han dejado inconformes a los familiares, quienes han rechazado la versión de la Fiscalía del Estado de Guerrero respecto de que los jóvenes fueron localizados muertos en Santa Bárbara, Chilpancingo.

Ante ello, los legisladores consideraron necesario solicitar a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero a que asegure el respeto a las garantías en favor de los familiares de las víctimas.

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