El crimen organizado tiene un impacto directo en los procesos político-electorales en México y controla algunas elecciones municipales, según revela un estudio presentado este martes por las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y el medio Animal Político, hacia los comicios del 2 de junio.
- El informe ‘Democracia vulnerada: crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México’ toma como base ‘Votar entre balas’, una base de datos que documenta los ataques a personas del ámbito público por parte de grupos de la delincuencia organizada desde 2018, para profundizar sobre las causas y consecuencias de esta violencia.
Como principales hallazgos, el estudio encuentra que el 77 % de las víctimas candidatas o funcionarias, entre 2018 y 2023, corresponden a puestos en el ámbito municipal; 17 % en el estatal, y un 6 % en el federal.
“Este hallazgo reitera que, a pesar de que la estrategia de combate al crimen organizado la encabeza el gobierno federal, el interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, se lee en el reporte.
Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa, destacó durante la presentación del informe que “este es un proceso que se ha intensificado a lo largo del tiempo, como una forma de incidir en la política local”.
“Entre el periodo 2006-2012 se habían documentado aproximadamente 311 ataques, y en el periodo más reciente, si solamente vemos candidatos y autoridades electas, vemos ya 836 ataques en los últimos 5 años. Estamos hablando de casi tres veces más violencia”, advirtió.
Huellas en la democracia
No obstante, indicó que es aún más preocupante “la huella que esto está dejando para la democracia y la administración pública en los municipios mexicanos”.
- Por ejemplo, señaló que “este tipo de ataques afectan mucho la percepción que los votantes tienen del riesgo que corren de salir a votar, y existe evidencia además de que el crimen organizado busca movilizar o desmovilizar al mismo electorado”.
- Al analizar las elecciones de 2018 y 2021, se encontró que los ataques contra actores políticos se asocian con reducción en la participación electoral.
“Por cada autoridad atacada, el porcentaje de participación se reduce en tres puntos porcentuales”, apuntó.
El reporte también señala que cada candidato asesinado provoca una reducción de 1,3 puntos porcentuales en la participación, además de un aumento de casi 1 % en la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección y su sustitución por alguien de la fila para votar.
Violencia silenciosa
Por otro lado, Ernesto Núñez, subdirector de información de Animal Político, destacó que los ataques, -que pueden ser asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y ataques armados con víctimas letales-, son solo la parte más visible de esta violencia.
“En lugares donde no hay violencia visible, puede haber injerencia del crimen organizado de manera silenciosa”, lo que puede provocar votaciones atípicas o manipulaciones en las casillas, señaló.
- Por lo que, subrayó la importancia “de arrojar luz” a estas prácticas, por ejemplo, en Guerrero, donde a través de testimonios mayormente anónimos pudieron documentar que candidatos han tenido que “pedir permiso a un mando criminal” para hacer campaña.
- Finalmente, la periodista Olivia Zerón resaltó que este informe “busca ser un punto de partida” para analizar el impacto de la violencia político-electoral y cómo afecta a los participantes y a las instituciones más allá de las elecciones del 2 de junio.
“¿Qué pasa después en esos sitios donde la violencia ya incidió en los procesos electorales?”, planteó.
El informe concluye que es necesario que se tomen medidas urgentes para la prevención y atención de esta violencia.
“Desafortunadamente, las autoridades permanecen sin ofrecer un plan de protección para las personas candidatas, mucho menos uno de prevención. El reciente protocolo de seguridad para candidatos, emitido por el Instituto Nacional Electoral, no contempla a la gran mayoría de las víctimas: las y los candidatos municipales”, indica.
- Hasta el momento, 273 candidatos que han solicitado protección del Gobierno mexicano, según informó este martes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
En los primeros 3 meses del 2024, se registraron al menos 15 asesinatos a candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular, la mayoría en el ámbito municipal, según el último reporte de ‘Votar entre balas’.
México se aproxima así a las elecciones más grandes de su historia, donde más de 97 millones de personas están convocadas a renovar unos 200.000 cargos públicos en todo el país.
Estados gobernados por Morena con más asesinatos de candidatos
De acuerdo con la OEM, los estados gobernados por Morena concentran 86 por ciento de los homicidios de aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular durante el presente proceso electoral.
- De los 22 casos registrados, 19 ocurrieron en territorios de la llamada Cuarta Transformación. Las entidades con más homicidios de aspirantes a cargos son Michoacán, gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla; Guerrero, al mando de Evelyn Salgado; Veracruz, dirigida por Cuitláhuac García, y Chiapas, encabezada por Rutilio Escandón. Todos ellos mandatarios morenistas.
- En estados gobernados por la oposición solo figuran Jalisco, con dos casos de asesinatos, y Guanajuato con uno, el del lunes pasado, en el que murió la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, quien fue asesinada mientras realizaba un evento de campaña.
“Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato desde hace años, tienen el primer lugar en homicidios, y pues es un asunto cotidiano”, dijo el presidente durante su conferencia mañanera de ayer.
También arremetió contra el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, a quien acusó de no asistir a las mesas de seguridad estatales implementadas por su gobierno.
“Hay muchos gobernadores que no van a estas mesas (de seguridad nacional), un caso es el de Guanajuato, y el fiscal de Guanajuato”, reclamó.
El 27 de febrero, un día después de que en Michoacán se dieran dos asesinatos de candidatos a la presidencia municipal de Maravatío, el presidente López Obrador recomendó a gobernadores y líderes locales el cuidarse.
“Les diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos y que nos cuidemos todos por si existe algún plan”, refirió el Presidente. Respecto al aumento de violencia electoral que se denunció en aquel momento, López Obrador minimizó el tema y dijo que en el proceso de 2006 el ambiente era peor.
“Veo las cosas distinto. Me ha tocado enfrentar todas estas campañas sucias(…) Por ejemplo, el ambiente del 2006 era tremendo, terrible, era una atmósfera muy cargada en estos tiempos, que se podía cortar con un cuchillo. Ahora no.”A diferencia de lo ocurrido en Guanajuato, en aquella ocasión AMLO no cuestionó la seguridad de Michoacán pese a que asesinaron a dos precandidatos en un día.
El actual proceso electoral será el más grande en la historia del país: se votarán 20 mil 375 cargos, incluida la Presidencia de la República. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, declaró que estas serán “las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente”.
- Al respecto, la consejera electoral Carla Humphrey externó que tan solo en la última semana de marzo, el INE recibió 99 solicitudes de protección por parte de candidatas y candidatos a un puesto de elección popular a nivel federal y de aspirantes al gobierno de alguna entidad y la Ciudad de México.
La titular de la Secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que están comprometidos con la protección de candidatos.
“Hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad”, informó.
Recordó que al Gobierno Federal corresponde brindar protección a candidatos a la Presidencia de la República, a las gubernaturas y al Congreso de la Unión, mientras que los gobiernos estatales y municipales hacen lo propio aspirantes a puestos locales.
Más de 20,000 cargos en juego
Se calcula que 70,000 candidatos se han presentado para participar en las elecciones del 2 de junio, en las que los mexicanos votarán para cubrir más de 20,000 cargos, entre ellos la presidencia nacional y las gubernaturas de nueve estados.
- La mayor parte de la violencia se centra en las elecciones locales, en las que los votantes elegirán a un presidente municipal, una función similar a la de un alcalde con amplio control sobre sus comunidades, que gestiona la distribución de los ingresos fiscales y el acceso a los recursos naturales, y a menudo está al mando de las fuerzas policiales locales.
Según los expertos, en los municipios situados en las zonas calientes de los cárteles, donde las bandas dirigen las rutas del narcotráfico y se infiltran en la producción de cultivos comerciales, los escaños se han convertido en el principal punto de entrada de la influencia corrupta.
Candidatos de todo el espectro político han sido asesinados, pero la mayoría se presentaban con el partido Morena, fundado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
A medida que aumentan los ataques contra candidatos políticos, los líderes mexicanos han prometido una rápida persecución y han puesto en marcha un esfuerzo para proteger a los candidatos en peligro con escoltas armados. Pero analistas y responsables de los partidos advierten que la violencia ya ha enfriado algunas campañas; decenas de candidatos de varios estados han renunciado a sus candidaturas temiendo por sus vidas.
«El ejercicio democrático está en riesgo», dijo Guillermo Valencia, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, uno de los estados más peligrosos de México.
A principios de este año, después de que dos candidatos a la alcaldía de la localidad de Maravatío, en Michoacán, fueran asesinados en cuestión de horas, 10 aspirantes del PRI en contiendas locales en todo el estado renunciaron, según Valencia, citando amenazas que habían recibido de los cárteles.
El partido de centro-derecha, que forma parte de la coalición nacional de oposición, se encuentra ahora en una «marcha forzada» tratando de alistar candidatos en el estado, dijo. Se ha visto obligado a abandonar algunas contiendas en las que no encuentra candidatos dispuestos a participar.
«Intento ofrecerles cierta seguridad, pero es prácticamente inútil. Estamos en un estado de indefensión», dijo Valencia. «Los grupos criminales se están saliendo con la suya».
«Punto ciego» en el programa de protección a candidatos
Lucy Meza y su equipo han sido inundados con mensajes y llamadas telefónicas amenazantes desde que anunció su candidatura a gobernadora en el estado de Morelos el año pasado.
«Abandona tu candidatura porque si no, te vamos a matar, te vamos a perseguir, te vamos a cazar», recordó sobre las advertencias en una entrevista con CNN la semana pasada.
Meza, exsenadora de un partido de la oposición, ha criticado duramente al gobernador saliente, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, acusándolo de corrupción y vínculos con el crimen organizado, acusaciones que él ha negado.
- Ha propuesto multiplicar por más de cuatro el número de agentes de Policía en el estado e invertir en tecnología, como el reconocimiento facial, que ayudará a las autoridades a vigilar a los grupos delictivos conocidos por extorsionar millones de pesos a empresas y agricultores locales.
Ante las continuas amenazas, Meza solicitó este año protección en el marco de un programa federal de seguridad para candidatos políticos. Ahora viaja con un grupo de guardaespaldas militares en su campaña por todo el estado.
«Tengo miedo de que me pase algo a mí o a mi familia», dijo.
En el marco del programa de seguridad, los candidatos pueden solicitar protección a la autoridad electoral del país y, tras una revisión, se les asignan distintos niveles de seguridad en función de las amenazas a las que se enfrentan.
A principios de abril, el Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana había aprobado la protección de 86 candidatos, según sus cifras.
- El programa ha demostrado ser prometedor: durante las elecciones mexicanas de 2021, cuando se introdujo, el número de ataques a candidatos disminuyó, dijo Manuel Pérez, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.
- Aún así, Pérez calificó de «punto ciego» el requisito del programa de que los candidatos demuestren que han sido amenazados antes de recibir protección.
Políticos y analistas también han expresado su preocupación porque las solicitudes tardan demasiado en aprobarse y pueden complicarse por la falta de coordinación entre las burocracias federal y estatales responsables de proporcionar el apoyo.
Una amenaza para la propia democracia
A lo largo de la campaña electoral, López Obrador ha restado importancia a los ataques, argumentando que su administración ha reducido los índices de homicidios.
Cuando se le preguntó si consideraba el aumento de la violencia electoral como una amenaza para la democracia mexicana en una entrevista en «60 Minutes», López Obrador se mostró reticente y dijo: «En general, todos participan. Hay muchos candidatos de todos los partidos».
- Pero en algunas de las zonas más rurales del país, donde las bandas del crimen organizado son más poderosas, los candidatos favorecidos por los cárteles han ganado elecciones sin oposición. En Jilotlán, un pueblo de 10.000 habitantes a la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación, el último ciclo electoral fue prácticamente cancelado.
- Tras recibir amenazas de las bandas locales, dos de los tres candidatos a la alcaldía en 2021 abandonaron la carrera. La victoria incontestable del candidato restante fue posteriormente anulada por un tribunal electoral federal.
«La elección de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, no reúne las condiciones de una elección libre y auténtica porque la inseguridad generada por el crimen organizado en ese municipio tuvo un doble efecto: generar elecciones no competidas y limitar el voto del ciudadano», dijo el tribunal, confirmando una sentencia anterior.
Un consejo interino dirige ahora la ciudad, aunque con pocas de las facultades de un Gobierno ordinario. Según Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, director del departamento de estudios sociopolíticos y jurídicos de la Universidad Jesuita de Guadalajara, los grupos delictivos han llenado el vacío en Jilotlán, proporcionando empleos y servicios a la comunidad.
«Es un desgobierno. Un concejo municipal tiene las manos atadas», dijo.
Está previsto que este año se celebren elecciones en Jilotlán, pero el regreso de un Gobierno oficial no está garantizado. En febrero, una coalición de tres importantes partidos de la oposición dijo que presentaría un candidato en cada municipio, con la excepción de Jilotlán.
«Hay un temor fundado de que este precedente se materialice de nuevo, y no sólo en Jilotlán», dijo del Rosario. «Hay indicios de que el caso de Jilotlán se replicará en otros municipios debido a la creciente presencia del crimen organizado».
Es alto el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones
Hay una alta posibilidad de la intervención del crimen organizado en las elecciones del 2 de junio próximo, donde se eligen se elegirán 20 mil 263 cargos en todo el país, entre ellos la presidencia de México, alertó Citibanamex.
“El riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones de junio próximo es alto, en nuestra opinión”, declaró Nydia Iglesias, directora de Análisis Político en Citibanamex.
Agregó que en el marco del proceso electoral 2024, el tema de seguridad se mantiene como la principal preocupación de los electores y, en consecuencia, obligará a los candidatos a pronunciarse sobre esa agenda.
- En los últimos años los homicidios y algunos de los delitos más violentos han registrado disminuciones, México se mantiene como uno de los países más vulnerados por el crimen organizado en el mundo, señaló.
- Al igual que ocurrió entre 2011 y 2015, consideró, la actual reducción en la incidencia de homicidios no parece tener una explicación asociable a la eficiencia de la estrategia gubernamental de seguridad.
“En todo caso, ésta sí parece explicar la mayor presencia del crimen organizado en el país y la audacia con la que esas organizaciones operan, sobre la premisa de impunidad”, declaró la analista.
Un elemento de ese tipo de operación es “la violencia política con la que el crimen interviene cada vez más en la competencia por cargos de elección popular, para intimidar o incluso eliminar a quienes amenaza sus intereses desde el ámbito de la autoridad civil”, detalló.
- Desde el 2018, el número de agresiones y asesinatos políticos se ha incrementado tan solo este año, las autoridades electorales nacionales han expresado su ocupación por el riesgo de que la violencia política impida el ejercicio libre y pacíficodel voto ciudadano, expresó.
“Las organizaciones de narcotraficantes han logrado ejercer una influencia notable en el proceso democrático de México, supuestamente haciendo todo lo posible para garantizar la elección y reelección de aliados políticos claves, incluido el asesinato de políticos percibidos como amenazas”, según el reporte sobre el Índice Global del Crimen Organizado.
La economista dijo que destacan los pronunciamientos del Tribunal Electoral y de organismos internacionales, respecto a los riesgos de violencia política electoral.
- El presidente del Tribunal señaló que uno de los retos más alarmantes para la elección 2024 es la presencia del crimen organizado, pues “ha permeado en todos los rincones de la vida cotidiana.” Otro ministro del Tribunal, afirmó que “la violencia por grupos criminales en las elecciones es un elefante en el cuarto de la democracia mexicana y visibilizar el primer paso para remediarla”.
La economista agregó que hace más de doce años que la población nacional percibe a la inseguridad como el principal problema en México.
“¿Cuestionados sobre cuál consideran como el principal problema del país? La mayoría de los mexicanos responde que es la inseguridad”, explicó la analista política.
Ante la irrupción de noticias sobre extorsión, enfrentamientos de grupos criminales, levantamientos de jóvenes, hallazgos de fosas clandestinas y presencia impune de actores criminales en más zonas del país,la preocupación por temas económicos parece desdibujarse, afirmó.
“Este quiebre entre la preocupación por la inseguridad y por problemas económicos se produjo al cierre del sexenio de Felipe Calderón, cuando el dato de homicidios alcanzó el nivel máximo durante su gobierno y la crisis económica de 2009 había quedado atrás”, indicó.
Grupos criminales buscan controlar principalmente a los gobiernos municipales
Integralia Consultores alertó sobre la creciente intervención del crimen organizado en las elecciones locales de 2024 en México. Mediante su primer reporte de violencia política, se identificaron 15 entidades con un riesgo muy alto y alto de intervención.
- De acuerdo con el reporte, el crimen organizado que opera en el país ya emplea diversas estrategias para tratar de influir en el proceso electoral, las cuales van desde agresiones, financiamiento de campañas, imposición de candidaturas, hasta el asesinato.
- Sin embargo, el análisis también reveló que, en este proceso del 2024, la intervención se intensificará, lo anterior, debido a cinco factores: el primero de ellos es la presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico.
Un segundo factor es el de los grupos criminales en conflicto armado, el Estado de Derecho débil es otro motivo; y la celebración de elecciones para renovar las presidencias municipales y municipios estratégicos para el crimen organizado, con alta competitividad electoral terminan el listado.
“Cada uno de los factores de riesgo enlistados anteriormente implica cierta probabilidad de intervención del crimen en las elecciones locales, por lo que ninguna entidad está a salvo, pero la posibilidad incrementa cuando coinciden varios factores en el territorio”, consideró Integralia.
La consultora indicó que seis estados: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, tienen un nivel muy alto.
En la categoría de alto se encontraron nueve: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
En nivel medio estuvieron tres: la Ciudad de México, Quintana Roo y Puebla. Con un nivel bajo se ubicaron seis: Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche y Oaxaca. Mientras que, con el menor riesgo de intromisión de la delincuencia se posicionaron ocho: Baja California Sur, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.
Según el reporte, los grupos criminales buscan controlar principalmente los gobiernos municipales para obtener recursos valiosos y operar con impunidad. La captura de estos gobiernos puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales representan una oportunidad para consolidar su autoridad desde el inicio de las nuevas administraciones.
Según sus cifras, a lo largo del año se han contabilizado 10 homicidios; cuatro secuestros, tres atentados, seis acciones de violencia de género y tres destrucciones de patrimonio contra funcionarios o aspirantes a un puesto de elección popular.
Proceso ensangrentado
Armando Vargas, consultor de Integralia, destacó que el proceso electoral de este año puede llegar a ser el “más ensangrentado” en la historia de la democracia mexicana, por lo que hizo un llamado a una acción más enérgica por parte del Estado mexicano, instando a reconocer la magnitud del problema y tomar medidas efectivas para enfrentarlo.
Una de las preocupaciones centrales que mencionó es la falta de capacidad por parte tanto de las autoridades federales como las electorales y los partidos políticos para hacer frente a esta problemática.
- Al día de hoy, en este momento las autoridades electorales, los partidos políticos, las instituciones de seguridad y los tribunales judiciales no tienen capacidades para evitar este problema. (La incidencia del crimen organizado) ha sido consecuencia de un abandono político e institucional de hace décadas (…) que se va a corregir si se comienzan a realizar acciones en este momento a muy largo plazo”, señaló el especialista.
Por otro lado, Armando Vargas dijo que las medidas propuestas por el INE son insuficientes y carecen de una comprensión profunda de la dinámica del crimen organizado en el contexto electoral.
Además, criticó la concentración del plan de seguridad en la violencia política, ignorando otras formas de intervención del crimen en las elecciones y la falta de consideración hacia los candidatos locales, que son los más vulnerables.
“(Al plan de seguridad propuesto por el INE) le vemos dos grandes fallas: una falla técnica y una falla de concepción. A nivel técnico (…) priorizando niveles de riesgo, estos niveles de riesgo se van a definir con base en el comportamiento de la incidencia delictiva, ese es un indicador muy, muy engañoso, no solamente por los problemas de subregistro y de inconsistencia que tienen los indicadores delictivos, sino porque, aunque fueran muy sólidos y muy confiables, no necesariamente reflejan la dinámica del crimen organizado.
“El segundo problema, que es de concepción, creo que es todavía más grave (…) se está concentrando en la violencia política, eso está bien, pero el problema de fondo no es la violencia política, sino la intervención del crimen en las elecciones”, opinó.
Mientras que, en cuanto a la influencia del crimen organizado a nivel nacional, Vargas identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa como los principales actores con presencia en múltiples estados. Sin embargo, destaca que la dinámica del crimen varía según la región./PUNTOporPUNTO
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