PENITENCIARIAS sangran el ERARIO; modelo CALDERÓN cuesta 32 MMDP c/UNIDAD

Al anunciar que alista una denuncia por si no se llega a un acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la presión contra cuatro empresas beneficiadas con contratos para centros penitenciarios

El modelo penitenciario diseñado y ejecutado por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón, además de generar una asociación público-privada para duplicar la existencia de espacios carcelarios, generó que las obras que costarían individualmente 4 mil millones de pesos tengan en la actualidad un impacto financiero superior a 32 mil millones de pesos por cada centro.

  • Cada proyecto fue adjudicado de manera directa y los datos financieros de cada prisión fueron clasificados entre 2009 y 2014 como de seguridad nacional, para evitar que se transparentara la información.

El proyecto que supuestamente pretendía lograr reinserción social mediante trabajo (que las propias empresas constructoras supuestamente les darían), educación, capacitación, salud y deporte, fue un fracaso, señalaron funcionarios federales consultados en torno a la situación que vive el sistema carcelario federal.

  • Para el primer trimestre de 2012 el proyecto penitenciario ya se había definido; seis grupos empresariales que se encargarían de la construcción y operación de los inmuebles, y además cobrarían extra por los servicios de alimentación, limpieza, recreación y capacitación para los reclusos.

Ex colaboradores de García Luna informaron entonces que “la idea del secretario era que la iniciativa privada se hiciera cargo de ciento por ciento de las operaciones de las cárceles que construyera, como en Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Hubo algunos funcionarios de alto nivel en el gabinete de seguridad nacional que se opusieron, que le dijeron: ‘mejor que pasen los empresarios y solamente construyan, que mantengan las instalaciones y por eso se les paga una especie de renta, mientras recuperan su inversión y sacan una ganancia’”.

El extra fue que se convertirían en prestadores de servicios penitenciarios y con ello sus ganancias aumentarían, ya que en cada cárcel se lavarán un millón 200 mil prendas mensuales y se servirán más de 3 millones de raciones de alimento al año por cada centro.

  • Así, los grupos seleccionados fueron: Homex, dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación (declarada en quiebra en 2018); Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que dirige Alonso Quintana y una de las más antiguas de México, y que entre 2017 y 2018 estuvo en concurso mercantil; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez; GIA, que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, firma dedicada a la construcción de carreteras y realización de obras para Petróleos Mexicanos.

A cada compañía se ofreció un plazo de 15 años para recuperar su inversión (con pagos mensuales que realizaría el gobierno federal para amortizar el gasto), y cinco más para obtener dividendos, que estaban estimados en 2 mil millones de pesos para cada compañía.

Los centros que construyó la iniciativa privada son: el número 11, en Hermosillo, Sonora; Cefereso 12, en Guanajuato; el número 13, en Oaxaca; número 14, en Gómez Palacio, Durango; Cefereso número 15, en Chiapas; número 16 femenil, que se localiza en Morelos; Cefereso 17, en Tomatlán, Michoacán.

ALISTA 4T DENUNCIA CONTRA CONTRATOS DE PENALES PRIVADOS

Al anunciar que alista una denuncia por si no se llega a un acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la presión contra cuatro empresas beneficiadas con contratos para centros penitenciarios firmados por la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

En su conferencia matutina de ayer, instruyó al consejero Jurídico, Julio Scherer, para proceder.

“Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Se va a hablar con cada uno de ellos.

“Lo siguiente o al mismo tiempo se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil, para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, manifestó.

El mandatario también resaltó que en la Fiscalía General de la República (FGR) ya hay una denuncia referente a todo el caso García Luna.

  • Se trata de ocho contratos, de los cuales dos se firmaron con la empresa EXI QUANIUM S.A DE C.V. para los penales federales de Sonora y Guanajuato.

Uno más es con la empresa GIA S.A DE C.V., del empresario Hipólito Gerard, para el penal de Oaxaca. Uno con DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria para el penal de Durango y otro con Concesionaria de Infraestructura Penitenciaria de Michoacán para el penal de Michoacán, del empresario Olegario Vázquez Raña.

Dos más son con Capital Inbursa, de Carlos Slim, para los penales de Morelos y Chiapas, y el último corresponde a Black Rock, de su amigo el inversionista estadounidense Larry Fink, para otro penal en Guanajuato.

“Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder… Y es un botón de muestra, desgraciadamente, porque esto se extendió por todo el gobierno, se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal. Privatización, sinónimo de corrupción, pero a estos extremos”.

  • Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que son contratos firmados a 20 años con un costo de 266 mil 300 millones 554 pesos, de los cuales se han pagado en nueve años, 75 mil 661 millones 735 pesos y están pendientes de pagar 190 mil 638 millones 819 pesos.
  • Destacó que en 2020 se pagaron 15 mil millones de pesos a los penales privados, lo que representó un costo por preso al día de 3 mil 819 pesos, en promedio.
  • Los penales tienen una población en conjunto de 12 mil 284 reos, y están subutilizados. En el caso de Sonora se encuentran a 78% de su capacidad; Guanajuato, 76%; Durango, 72%; Coahuila, 69%; Oaxaca, 59%; Chiapas, 52%; Michoacán, 48%; y Morelos, 32%.

En noviembre pasado, este diario publicó que el costo promedio por persona privada de la libertad en los penales es de 250 pesos al día./Agencias-PUNTOporPUNTO

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here