El alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, expresó su profunda preocupación por la posible violación de derechos humanos relacionadas en las recientes deportaciones realizadas por Estados Unidos, especialmente aquellas que han tenido como destino países distintos al de origen de las personas expulsadas.
- Según datos oficiales estadounidenses, entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, al menos 142 mil personas fueron deportadas desde Estados Unidos, de los cuales al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños fueron expulsados hacia El Salvador, sin que su situación ni paradero hayan sido esclarecidos hasta la fecha.
- Muchos de estos individuos fueron deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), señalados como presuntos integrantes de grupos criminales, de acuerdo con la información recibida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
¿Trasladan a los deportados de EE. UU hacia El Salvador?
Se presume que se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde, según los informes, se enfrentan a condiciones particularmente duras, sin acceso a representación legal, sin contacto con sus familiares ni con el mundo exterior, pero no hay certeza de ello.
- La Oficina recopiló testimonios a través de abogados y familiares, los cuales indican que más de 100 venezolanos podrían estar detenidos en dicho centro.
- Muchos de ellos no habrían sido informados por el Gobierno de Estados Unidos de su inminente deportación ni del hecho de que serían enviados a un tercer país.
Además, no habrían contado con acceso a asistencia legal ni con la posibilidad de recurrir legalmente su expulsión.
“Esta situación es altamente preocupante en cuanto a una amplia gama de derechos que son fundamentales tanto en virtud del derecho estadounidense como del derecho internacional:
- Los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la protección contra la tortura u otro daño irreparable en otros Estados, y a un recurso efectivo”, afirmó Türk.
- Hasta el momento, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han dado a conocer listas oficiales de las personas extranjeras detenidas ni las condiciones en que se encuentran.
- La situación legal de los deportados en El Salvador continúa sin esclarecerse, mientras que muchos familiares consultados por la ONU expresaron su profunda angustia por desconocer el paradero y las condiciones de detención de sus seres queridos.
Violación de derechos humanos de deportados
Algunos se enteraron del destino de sus familiares tras ver videos en redes sociales en los que estos aparecían siendo trasladados al CECOT. Según la información disponible, las personas deportadas desde Estados Unidos hacia El Salvador no han podido ejercer su derecho a impugnar su detención.
“Las familias con las que hemos hablado expresan una sensación de total impotencia ante lo ocurrido y su dolor al ver a sus familiares calificados y tratados como delincuentes violentos, incluso terroristas, sin que ningún tribunal haya dictaminado la validez de lo que se afirma contra ellos”, añadió el alto comisionado.
- Türk también expresó preocupación por el trato recibido durante las detenciones y deportaciones, incluyendo el uso de cadenas, y por el lenguaje degradante dirigido a personas migrantes.
- Asimismo, reconoció el papel que desempeñan el poder judicial, la comunidad jurídica y la sociedad civil en Estados Unidos para garantizar la protección de los derechos humanos en este contexto.
“He instado al Gobierno de Estados Unidos a que adopte las medidas necesarias para garantizar el debido proceso, dar efecto rápido y pleno a las decisiones de sus tribunales, salvaguardar los derechos de los niños y poner fin a la expulsión de cualquier persona a cualquier país en el que exista un riesgo real de tortura u otro daño irreparable”, concluyó Türk.
Daños colaterales de la guerra contra la migración
Un nuevo error se suma a la cuenta de las deportaciones injustas en la campaña emprendida por el Gobierno de Donald Trump. Si el primer caso conocido, el del salvadoreño Kilmar Abrego, se convirtió en el símbolo de arbitrariedad de la cruzada contra la inmigración del nuevo Gobierno, la segunda y la tercera deportación por error han pasado casi inadvertidas, a pesar de ser reconocidas por la Administración.
- Ahora se trata de un migrante gay guatemalteco, que contaba con protección judicial, y que se encuentra en la actualidad escondido en algún lugar de su país, del que huyó, porque las autoridades se equivocaron al expulsarlo.
Según la declaración presentada en un tribunal de Massachussets, que lleva el caso, el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) envió a la fuerza a O. C. G. —como es identificado en la demanda— a México por un fallo en la base de datos del software que rastrea casos de deportación individuales y permite al personal autorizado insertar comentarios, según adelantó Político.
- Los documentos oficiales muestran que O. C. G. fue deportado a México en marzo de este año porque cuando los agentes de ICE le preguntaron si tenía miedo de llegar a ese país, él dijo que no. Pero la realidad es que O. C. G. no dio ninguna respuesta porque nunca nadie llegó a preguntárselo.
- Los abogados del Departamento de Seguridad han declarado que “tras una investigación más exhaustiva, los demandados no pudieron identificar a ningún oficial que le preguntara al O.C.G. si temía ser deportado a México”. Su expulsión se produjo por la información obtenida de una base de datos interna pero nunca llegó a comprobarse.
Al llegar a México hace unas semanas, O. C. G. pidió ser trasladado a su país, Guatemala, donde se expone a grandes peligros, según él mismo ha relatado.
- En una declaración ante los tribunales, el hombre explicó que llegó a Estados Unidos en marzo de 2024 huyendo de la persecución y tortura, pero no le permitieron presentar una solicitud de asilo y, tras estar una semana detenido, lo deportaron a Guatemala. En abril del mismo año lo intentó de nuevo.
Al llegar a México, en Iztapalapa, lo violaron y un grupo de hombres lo mantuvo encerrado durante días, hasta que su hermana pagó el rescate. Una vez en Estados Unidos empezó su proceso de asilo. O. C. G. y asegura que el juez le confirmó que no sería devuelto a México, donde temía represalias por ser gay, y que se le otorgaba una protección que impedía que fuera deportado a Guatemala, también por posible persecución en el país centroamericano.
- Nada de eso le sirvió en medio de la campaña del actual Gobierno para deportar a un millón de personas en el primer año de mandato. O. C. G. estuvo encerrado dos días, tras los que lo metieron en un autobús con otros 20 migrantes con destino a México, haciendo caso omiso de su petición de consultar con su abogado y de la protección judicial que tenía.
“Me dijeron que podía solicitar asilo en México, pero que me mantendrían encerrado durante los meses que tardaran en tomar una decisión, o que simplemente podía aceptar que me llevaran de regreso a Guatemala. Después de lo que me había sucedido en México, tenía demasiado miedo de pedir asilo allí. No tenía opciones seguras, así que les dije que me enviaran de regreso a Guatemala”, explicó.
- El caso de O. C. G. es por ahora el último error reconocido por el Gobierno en sus deportaciones. Le precedió el de Abrego García, al que la Administración, que reconoció el fallo, lo acusa sin pruebas de pertenecer a la pandilla criminal MS-13.
- El Ejecutivo está incumpliendo las directrices de la jueza federal que lleva el caso e incluso las del Tribunal Supremo, que ha pedido en varias ocasiones que facilite su regreso a Estados Unidos.
- Daniel Lozano-Camargo, un hombre venezolano enviado a El Salvador en marzo a pesar del acuerdo aprobado por el tribunal que requería que se resolviera primero su solicitud de asilo, tampoco debió ser nunca expulsado.
Mientras O. C. G. se resguarda en algún lugar de Guatemala, sus abogados tratan de apelar a la justicia para tratar de torcer la mano del Gobierno y que lo lleve de vuelta a Estados Unidos. Hasta ahora, la Administración ha desoído a todos los jueces que le han llevado la contraria.
Un mexicano y dos cubanos deportados por Trump a Sudán del Sur
Tres ciudadanos originarios de países de América Latina se encuentran entre los inmigrantes que fueron deportados este martes por el gobierno de Donald Trump desde Texas a Sudán del Sur. Son dos cubanos y un mexicano, según informó la Casa Blanca. El director interino del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), Todd Lyons, argumentó que los expulsaron a otro continente porque sus gobiernos se negaron a recibirlos en el pasado.
- Los cubanos son José Manuel Rodríguez Quiñones y Enrique Arias Hierro. El primero, explica la Casa Blanca en su cuenta de X, había sido condenado por intento de asesinato, agresión, hurto y tráfico de cocaína. Dice que ICE lo arrestó el 30 de abril de 2025.
- El segundo fue detenido por ICE en Florida el 2 de mayo de 2025. Asegura que había sido sentenciado por homicidio, robo armado, por hacerse pasar por un funcionario, secuestro y robo con arma.
En el grupo también fue deportado a Sudán del Sur un ciudadano de origen mexicano, pese a que Estados Unidos comparte frontera con ese país. En este caso, la Casa Blanca lo identificó como Jesús Muñoz Gutiérrez, quien fue arrestado por ICE el 12 de mayo de 2025 y quien había sido sentenciado a prisión de por vida por asesinato en segundo grado.
- En su cuenta de X, la Casa Blanca detalló que en el grupo también se encontraba un ciudadano de Laos, uno de Burma, uno de Vietnam, uno de Sudán del Sur y uno más del que no se precisa nacionalidad.
- La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, aseguró que «ningún país en la tierra quiso aceptarlos» por sus crímenes. «Los estamos removiendo de EU para que nunca más puedan herir a una víctima estadounidense».
Lyons dijo de todos los migrantes que sus países no quisieron aceptarlos de regreso y que por eso en el pasado fueron dejados en libertad en Estados Unidos. «Como un funcionario de carrera en el cumplimiento de las leyes con ICE, he lidiado con estos países recalcitrantes por años, teniendo que ver a homicidas y agresores sexuales, criminales violentos, ser liberados nuevamente en Estados Unidos porque sus países no los aceptarían», dijo al destacar que las reglas del juego cambiaron con la llegada de Trump al poder.
- Sin embargo, la expulsión de estos ocho inmigrantes enfrentó de nuevo al gobierno de Trump con las cortes. Este miércoles el juez federal de Massachusetts, Brian E. Murphy, aseguró que con esta deportación se violó «incuestionablemente» una orden previa emitida por él mismo el mes pasado en la que le prohibía la expulsión de inmigrantes a terceros países sin que antes pudieran objetar su expulsión o argumentar por qué sus vidas podrían estar en peligro.
- La decisión del juez ocurrió durante una audiencia en la corte de distrito de Boston, en la que se consideraba un recurso de emergencia introducido por abogados luego de que este grupo fuera deportado de forma acelerada a Sudán del Sur.
- A mediados de abril, Murphy había dictaminado que las personas con órdenes de deportación debían tener «una oportunidad significativa» para explicar por qué esa medida podría exponerlos a un peligro inminente que justificaba su protección. En este caso, Murphy aseguró que se les dio poco menos de 24 horas para defenderse antes de que ocurriera la deportación.
Para McLaughlin, la decisión del juez es «absurda». La condenó al decir que busca interferir en la política exterior y de seguridad nacional del país./ Agencias-PUNTOporPUNTO
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