ONG´s cuestionan y RECHAZAN la evaluación para el USO de FRACKING

Las organizaciones también rechazaron la conclusión de que el uso de agua salada, el reciclaje de fluidos y nuevos aditivos químicos puedan disminuir significativamente los riesgos de esta práctica.

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Editor Pxp
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Un total de 30 organizaciones ambientales, sociales y comunitarias rechazaron la evaluación presentada por el Gobierno de México sobre el uso de la fracturación hidráulica (fracking) y demandaron una prohibición constitucional de esta técnica en todo el país, al considerar que las nuevas tecnologías propuestas no eliminan los riesgos ambientales y de salud.

  • El pronunciamiento surge después de que el comité científico convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum recomendara continuar con los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras descartó la aplicación del fracking en la región de Tampico-Misantla por sus impactos sociales y ambientales.

Sin embargo, las organizaciones advirtieron que limitar la protección únicamente a Tampico-Misantla es insuficiente, ya que la exploración en las otras dos cuencas podría generar afectaciones similares para comunidades del noreste del país, una región que enfrenta problemas de disponibilidad de agua.

  • En un comunicado conjunto, las ONG cuestionaron la integración del comité de especialistas, al señalar que no participaron representantes de las comunidades potencialmente afectadas ni expertos en epidemiología, derechos humanos o territorios indígenas.

Asimismo, criticaron que el objetivo de la evaluación no fuera determinar si México debía prohibir el fracking, sino analizar las condiciones para reducir sus impactos.

  • Las organizaciones también rechazaron la conclusión de que el uso de agua salada, el reciclaje de fluidos y nuevos aditivos químicos puedan disminuir significativamente los riesgos de esta práctica. Afirmaron que dichas alternativas continúan en etapa experimental y que no existe evidencia científica concluyente de que prevengan la contaminación de acuíferos, las emisiones de metano, los sismos inducidos o los daños a la salud.
  • Además, señalaron que el informe oficial no define con claridad el manejo de los residuos generados por la fracturación hidráulica ni establece mecanismos para transparentar la ubicación, volumen y composición química de esos desechos.

Con base en datos de CartoCrítica, las organizaciones indicaron que explotar apenas el 10 por ciento del potencial de gas no convencional en México implicaría perforar más de 25 mil pozos y utilizar cerca de mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce.

Finalmente, estimaron que más de seis millones de personas habitan en zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de fracking o en áreas de influencia, mientras que ocho de cada diez litros de agua requeridos para esta actividad se extraerían de regiones con estrés hídrico severo.

El posicionamiento fue respaldado por organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y Noreste Sin Fracking, que reiteraron su llamado a prohibir definitivamente esta técnica en territorio nacional por considerar que representa un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y el derecho al agua.

Sin evidencia de efectividad

Cuestionaron la efectividad de nuevas tecnologías en la reducción del impacto ambiental de la alternativa tecnológica presentadas en la conferencia matutina, como lo son el “uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras”. Sin embargo, señalan que éstas corresponden a “experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo”.

“No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking”, alertaron las organizaciones, al recordar que científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones”.

  • Al puntualizar que la extracción hidráulica de gas genera “emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más calientan el planeta”, además de intoxicar el aire y dañar la salud de las personas, los firmantes recordaron que de acuerdo a una investigación de CartoCrítica “para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirán 25 mil pozos y mil 923 millones de metros de metros cúbicos de agua dulce”.

Asimismo, resaltaron que, en la presentación del informe, los integrantes del Comité Científico no explicaron qué se hará con los residuos tóxicos, tomando en cuenta que estas aguas por lo general no se tratan por el elevado costo que implica, ni se explicó cómo garantizar que no se produzcan fugas ni sismicidad inducida.

Consideraron contradictorio hablar de “soberanía energética”, cuando para solventar el alto costo económico que significa el fracking se esté proponiendo la creación de un fideicomiso con capitales privados nacionales e internacionales, o bien otorgar contratos mixtos con la industria petrolera.

Aunado a ello, “el costo social sería enorme”, toda vez que en la zona de impacto viven más de 6 millones de personas que “estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud”.

  • Recordaron que el noreste de México “atraviesa por una profunda crisis hídrica”, de manera particular en alrededor del “40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales” donde prevalece una situación crítica que, de acuerdo a proyecciones científicas, se agravará en 2050.

“Se calcula que 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave”, puntualizaron.

Tras recordar que más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas agrupadas en Noreste Sin Fracking, al igual que cientos de comunidades tenek y nahuas de la Huasteca Potosina, han puesto de manifiesto su negativa a la fracturación hidráulica, ante su rechazo a ser “territorio de sacrificio para sostener el modelo energético del país”, los activistas resaltaron que no hay compensación posible para el daño que causaría la extracción no convencional de gas.

“Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesas de inversión y supuesto desarrollo justicia sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios.

“Tampoco es aceptable el argumento falaz de la soberanía energética para expandir el fracking en México; la primacía de los derechos humanos debe prevalecer por encima de cualquier agenda económica o política que los afecte”, sentenciaron.

Exigen reforma constitucional

Ante la decisión anunciada este jueves, las organizaciones firmantes exigieron una reforma constitucional para prohibir el fracking en todo el territorio nacional, “como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente”; incluir a las comunidades potencialmente afectadas por esta técnica “en cualquier discusión” al respecto.

Al demandar transparencia y rendición de cuentas del Comité Científico, los activistas llamaron al gobierno de Claudia Sheinbuam a acatar las obligaciones constitucionales de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y de prevenir, investigar y sancionar sus violaciones en todo el territorio nacional”, así como a respetar y garantizar “la autonomía y el derecho a la libre determinación de los pueblos, comunidades en su decisión de no permitir fracking en sus territorios”.

  • Además de la Alianza Mexicana contra el Fracking firmaron el pronunciamiento Acción Colectiva Socioambiental, Articulación Yucatán, CartoCrítica, Coahuila Sin Fracking, Conexiones Climáticas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), CORASON Defensa del Territorio, No Fracking Tamaulipas, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Organización Familia Pasta de Conchos, Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León, entre otras.

Fracking divide opiniones entre expertos

Florencia de Ortúzar, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sostuvo que “el fracking sustentable no existe” y rechazó que esta técnica pueda convertirse en una vía ambientalmente aceptable para sustituir importaciones.

“No hay una forma sustentable de hacer fracking. El fracking es una técnica muy agresiva y muy dañina”, afirmó De Ortúzar, al advertir que implica inyectar agua, químicos y arena a gran profundidad para fracturar formaciones rocosas y extraer gas.

  • Agregó que esta práctica consume grandes volúmenes de agua, puede contaminar cuerpos hídricos, afectar suelos, generar emisiones y provocar sismicidad.
  • Por ello, consideró que apostar por esta técnica en nombre de la soberanía energética mantiene la dependencia de combustibles fósiles. “El mundo está viendo en tiempo real lo dañino que es depender de los fósiles. Este es el momento, no para empezar a buscar nuevas fuentes fósiles, sino para empezar a construir una nueva era”, dijo.

Su postura contrasta con el debate abierto en México tras el anuncio de Sheinbaum, de integrar un comité de especialistas para evaluar la explotación de gas no convencional con nuevas tecnologías, bajo criterios de bajo impacto ambiental y como parte de una estrategia para reducir la dependencia del gas estadounidense.

En su opinión, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, reconoció que “la necesidad de gas es una realidad” en el país, pero pidió una discusión con gobernanza, transparencia y participación de todos los sectores.

Moreno señaló que México tiene un déficit de gas que sustituye con importaciones, aunque también advirtió que los grupos ambientalistas tienen argumentos relevantes sobre riesgos de filtraciones y posibles daños.

“Se requiere una alta responsabilidad de todos los actores involucrados y mucha comunicación, mucha reflexión y escuchar todos los puntos de vista”, expresó.

  • Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que el fracking es una técnica usada en otros países y que, pese a las críticas por consumo de agua y contaminación, podrían existir nuevas tecnologías “más amigables con el medio ambiente”.

Barba consideró “indispensable” liberar reservas de gas natural en México porque permitiría contar con una fuente de energía más económica y disponible.

Agregó que los proyectos deben equilibrar consultas a comunidades, Estado de derecho y desarrollo local. El debate ocurre mientras México busca fortalecer su soberanía energética, pero también acelerar la transición hacia fuentes más limpias, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados de energía.

  • El fracking, que convirtió a Estados Unidos en el mayor productor mundial de petróleo y gas, consiste en bombear enormes cantidades de agua mezclada con arena y productos químicos tóxicos a alta presión para fracturar las duras capas de roca de esquisto y liberar el petróleo y el gas atrapados en ellas. Sin embargo, los avances más recientes permiten utilizar menos productos químicos y reciclar el agua empleada en los pozos.

Aunque el fracking antes se limitaba en gran medida a las cuencas estadounidenses, desde entonces se ha expandido a nivel global, desde Argentina hasta Australia.

A pesar de su condición de gran productor de petróleo desde hace décadas, México importa alrededor del 75 por ciento de sus necesidades de gas natural de empresas estadounidenses, principalmente de Texas, donde se practica ampliamente el fracking. Sheinbaum busca reducir esta dependencia, al tiempo que asegura a los escépticos que se puede extraer más producción nacional de forma segura.

Fracking no solo implica riesgos ambientales; también afecta el tejido social indígena

uan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, OIM, advirtió que el debate en torno a proyectos extractivos como la fracturación hidráulica o fracking no debe limitarse a los beneficios económicos o a los argumentos sobre la soberanía energética, sino que también debe considerar los impactos psicosociales y políticos que, afirmó, enfrentan las comunidades indígenas y campesinas.

  • Sostuvo que antes de que inicien las actividades de extracción ya existen afectaciones al tejido social y a la vida comunitaria y desde su perspectiva, el principal problema no es únicamente el posible impacto ambiental, sino la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por la autoridades federales en materia de protección del territorio y de prohibición del fracking y la minería a cielo abierto.

Una vez concluido el proceso electoral, el discurso gubernamental se ha centrado en la soberanía nacional y energética, lo que ha colocado en segundo plano la protección de la salud, el territorio y la vida de las comunidades indígenas.

Esta situación genera un escenario complejo para poblaciones en condiciones de pobreza, cuya subsistencia depende en parte de programas sociales. Aunque la legislación mexicana reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, en la práctica continúan enfrentando decisiones tomadas sin su participación efectiva. Persisten deficiencias en el acceso a información técnica sobre los riesgos asociados a proyectos extractivos y cuestionó los mecanismos de consulta impulsados por las autoridades.

  • Expone que en distintas comunidades de la Huasteca Potosina se han presentado situaciones que, desde su punto de vista, reflejan presiones políticas relacionadas con programas sociales. Como ejemplo, hizo referencia a la comunidad de San José Pequetzen, en el municipio de Tancanhuitz de Santos en la huasteca potosina, donde aseguró que existieron acciones de manipulación y coerción hacia la población.

Las consecuencias de este contexto se reflejan tanto en el ámbito individual como en el comunitario. Las personas pueden experimentar ansiedad, estrés crónico, incertidumbre sobre el futuro de sus familias y un sentimiento de duelo por la posible pérdida de su entorno natural. En el plano social, indicó que pueden surgir divisiones entre vecinos y familias, debilitamiento de las asambleas comunitarias y pérdida de confianza hacia las instituciones.

Uno de los principales riesgos consiste en generar confrontaciones al interior de las comunidades entre quienes aceptan los proyectos por necesidad económica y quienes mantienen una postura de resistencia para proteger su territorio y sus recursos naturales.

Frente a este escenario, las comunidades indígenas han fortalecido sus mecanismos internos de organización. La importancia de las asambleas comunitarias autónomas como espacios para analizar la información, tomar decisiones conforme a sus sistemas normativos internos y preservar el uso de las lenguas indígenas durante las deliberaciones.

  • También dentro de las comunidades, se impulsa la reflexión sobre el carácter constitucional de los programas sociales, al considerar que estos constituyen derechos de la población y no beneficios condicionados a respaldos políticos. Añadió que se busca mantener la unidad comunitaria para enfrentar posibles presiones externas y evitar divisiones internas./Agencias-PUNTOporPUNTO

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