A nueve meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la opacidad se ha instalado en el INE.
- El Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei, no sólo quintuplicó las respuestas negativas a solicitudes de información, sino que, además, ha recurrido más seguido a la figura de la “confidencialidad” para sellar documentos que podrían presentarse en versiones públicas sin afectar datos sensibles.
- De abril a diciembre de 2025 se registraron 179 negativas de información por “confidencialidad”, el doble que en el mismo periodo de 2024 y 5 veces la cifra reportada en el mismo periodo de 2021 (32), según datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia, hoy operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Adrián Alcalá, excomisionado del Inai, advirtió que el INE abusa de la confidencialidad, una traba de carácter perpetuo, para sellar documentos que podrían entregarse en versiones públicas.
- El salto en la opacidad ocurrió pese a que el interés ciudadano bajó: en 2025 se recibieron sólo mil 397 solicitudes, frente a las dos mil 507 de 2024, según datos de la Secretaría Anticorrupción.
- Por ejemplo, el INE ha bloqueado datos sobre contratos de cámaras y micrófonos alegando “seguridad nacional”, lo que Alcalá califica como un retroceso en la transparencia de los gastos administrativos.
Desaparece el Inai y el INE se amuralla
A nueve meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la opacidad ha encontrado un refugio seguro en la “Casa de la Democracia”.
- Bajo la gestión de Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral (INE) no sólo ha incrementado sus negativas de información, sino que ha recurrido más seguido a la figura de la “confidencialidad” para sellar documentos que podrían presentarse en versiones públicas sin afectar datos sensibles.
De acuerdo con datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hoy operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en 2025 el INE duplicó las negativas de información por “confidencialidad” respecto a 2024, comparando las cifras de abril-diciembre de cada año, tomando en cuenta que el Inai, autoridad autónoma que confirmaba o revocaba este tipo de decisiones de los sujetos obligados, desapareció a fines de marzo de 2025.
En 2021, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, se registraron 32 negativas de este tipo, cifra cuatro veces menor a la registrada en 2025 con 179 respuestas negativas por confidencialidad de los documentos.
Abuso de la figura de “confidencialidad”
Para Adrián Alcalá, excomisionado presidente del Inai, este fenómeno responde a lo que denomina el nuevo “virus de la transparencia”.
- Me preocupa que se esté clasificando la información por confidencialidad, porque esa modalidad es de carácter perpetuo”, advirtió Alcalá en entrevista.
- A diferencia de la “reserva”, que tiene una temporalidad definida y debe acreditar un daño al interés público, la confidencialidad cierra la puerta para siempre.
Están abusando… No creo que todos los acuerdos de un órgano deliberativo que lucha por la democracia pasen el test de legalidad de la confidencialidad”, señaló el experto. Las estadísticas respaldan la crítica.
- En 2023, con Taddei al frente, se clasificaron 69 solicitudes como confidenciales; en 2024 la cifra subió a 72.
- Sin embargo, el mayor salto ocurrió entre abril y diciembre de 2025, tras la extinción del INAI, cuando las negativas llegaron a 179.
Lo más revelador es que este aumento se dio pese a que el interés ciudadano parecía ir a la baja: en 2024 se recibieron 2 mil 507 solicitudes, durante el periodo consultado, mientras que en 2025 la cifra cayó a mil 397.
Menos personas preguntaron, pero el INE negó información más que nunca.
Cámaras y votos
Recientemente, el Comité de Transparencia del INE bloqueó la información sobre el costo y la empresa adjudicada para la instalación de cámaras de video y micrófonos en todas las oficinas del país, alegando riesgos a la “seguridad nacional”.
- Alcalá cuestiona este uso de la fuerza del Estado para ocultar gastos administrativos: “Cámaras de seguridad, presupuestos, contratos, es por esencia público. Eso lo superamos hace muchos años”.
Para el excomisionado, el INE ha ignorado herramientas legales como las versiones públicas, donde se podrían testar datos sensibles sin ocultar el gasto total.
- Si contiene información confidencial o reservada, están las versiones públicas. ¿Por qué no las ponen a disposición? Le están apostando al enfado y al hartazgo de la sociedad”, apuntó.
- Otro caso de opacidad reciente involucra el mecanismo de votación de las consejerías que sirvió para construir el documento sobre la reforma electoral entregada a Pablo Gómez.
Aunque el consejero Arturo Castillo admitió públicamente la existencia de este mecanismo, el INE respondió a una solicitud de este diario declarándolo “inexistente”.
- Para Alcalá, esto es un contrasentido: “Es una antítesis ocultar los votos de quienes toman decisiones en el Consejo General… son señales de autoritarismo que pueden volverse una costumbre mala”.
El laberinto
Con la desaparición del Inai, el ciudadano ha quedado atrapado en un sistema donde el “juez y parte” es la norma.
- Ahora, ante una negativa, el solicitante debe acudir al Órgano Interno de Control (OIC) de la misma dependencia o iniciar un complejo juicio de amparo ante jueces en Aguascalientes.
- La situación actual, según el excomisionado, es una regresión que nos lleva incluso más atrás de 2002, cuando inició el sistema de transparencia en México. La voluntad política, concluyó, es lo único que podría frenar este abuso.
Funcionarios cercanos a Taddei otorgó contratos millonarios a empresas
Una investigación de Latinus Investiga, realizada por el periodista Mauricio Rubí, reveló la existencia de una red de funcionarios electorales vinculados a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que participaron en la asignación de contratos millonarios a dos empresas representadas legalmente por quien hoy ocupa la Dirección de Administración del instituto: Jesús Octavio García González.
- De acuerdo con la investigación, García González fungió como representante legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg cuando ambas empresas recibieron contratos que, en conjunto, superan los 113 millones de pesos otorgados por los institutos electorales de Chihuahua, Oaxaca y Sonora.
Entre los funcionarios involucrados se encuentran Claudia Arlett Espino e Iliana Araceli Hernández Gómez, quienes hoy ocupan cargos estratégicos dentro del INE y que, en su momento, firmaron contratos a favor de las empresas representadas por García González.
- En 2021, Espino —entonces presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua— otorgó un contrato por 33 millones 881 mil 653 pesos a Cajas Graf. En 2024, Hernández Gómez —como secretaria ejecutiva del órgano electoral de Oaxaca— firmó un contrato por 32 millones 426 mil 445 pesos a favor de Corporativo Zeg.
- La investigación también documenta que en 2021, cuando Taddei presidía el Instituto Electoral de Sonora, entregó a Cajas Graf un contrato por 46 millones 879 mil 383 pesos, periodo en el que García González también era representante legal de la empresa.
Hoy, los tres funcionarios —García González, Espino y Hernández Gómez— ocupan puestos clave dentro del INE, todos nombrados directamente por Taddei desde su llegada a la presidencia del organismo en 2023.
- El reportaje destaca que la relación entre Taddei y García González se remonta a su trayectoria en Sonora, lo que, según la investigación, vuelve a colocar bajo escrutinio los procesos de designación interna y la asignación de responsabilidades administrativas dentro del instituto.
- La revelación de esta red de vínculos y contratos plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, transparencia y prevención de conflictos de interés en el órgano electoral nacional, en un momento en el que la integridad institucional es un tema central del debate público.
INE adjudica contrato de 227 millones para videovigilancia
El instituto adjudicó un contrato con un costo de 227 millones de pesos para la remodelación de su sistema de videovigilancia en 40 de sus sedes, información que había reservado por un periodo de cinco años argumentando que podría vulnerar su seguridad.
- El contrato obtenido por La Silla Rota, mediante un recurso de revisión de transparencia, señala que la empresa a cargo del servicio del Centro Estratégico de Seguridad Integral es AMPS para la Integración y Articulación SAPI de CV.
- Además, como una excepción, para este contrato se realizó una adjudicación directa en lugar de una licitación pública, es decir, se abre una convocatoria para evaluar distintas ofertas.
En años anteriores, la Dirección Ejecutiva de Administración estableció que el monto máximo para realizar adjudicaciones directas era de alrededor de un millón de pesos.
El gasto destinado al sistema de cámaras y vigilancia es casi equivalente al presupuesto asignado para la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para este año, que es de 230 millones 970 mil pesos. Esta área es la encargada del proceso de registro de nuevos partidos políticos, entre otras tareas.
- Las cámaras fueron colocadas en áreas comunes y pasillos, y de acuerdo con autoridades del Instituto no se colocaron en oficinas o zonas privadas. Sin embargo, sí aumentaron el número de cámaras en la sala de prensa de la sede de Tlalpan.
- Las cámaras fueron fabricadas por la empresa Verkada, que en su sitio web tienen un precio de 3 mil 398 dólares (57 mil 168 pesos) a los 3 mil 698 dólares (64 mil 268 pesos), incluyendo hardware y licencia de 10 años.
- También cuentan con una función para grabar audio mediante un interruptor de silenciamiento físico y digital, aunque funcionarios del órgano electoral aseguraron que esta función está deshabilitada en los equipos.
La reserva del contrato
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE reservó el contrato y su anexo técnico argumentando que se trataba de información de seguridad nacional que pone en riesgo la vida e integridad de las personas que laboran en las instalaciones.
- Además, la unidad consideró que debía clasificarse el nombre del proveedor ante la posibilidad de que, por medio de ese dato, se pudiera llegar al personal de la empresa que colaboró en la instalación de los equipos y pudiera proporcionar datos sensibles.
- En respuesta al recurso de revisión interpuesto por este medio, el Órgano Interno de Control (OIC) desestimó este argumento señalando que no hay pruebas o antecedentes que sostengan esta preocupación.
Por otra parte, sí confirmó la clasificación del anexo técnico, ya que contiene información detallada que podría propiciar un sabotaje en perjuicio del INE.
- “Si cayera en manos de personas expertas o con más o menos altos grados de conocimiento en informática e infraestructuras tecnológicas, podría posibilitar su destrucción, inhabilitación o sabotaje”, alertó.
Servicio de videovigilancia
El servicio consta de más de 300 cámaras de seguridad instaladas en las 32 juntas locales y ocho oficinas centrales: Tlalpan, Tláhuac, Corum, Zafiro, Insurgentes, Quantum, Moneda y el Centro de Cómputo y Resguardo Documental.
- El sistema de videovigilancia del INE no había sido renovado en 18 años, por lo que los equipos dejaron de funcionar de manera óptima.
El Instituto argumentó que el despliegue de personal de seguridad en las instalaciones, sin un equipo interconectado, no permitía un monitoreo global, incluyendo a las oficinas en los estados. /PUNTOporPUNTO
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