La presidenta Claudia Sheinbaum enviará a la Cámara de Diputados una serie de iniciativas para fortalecer las leyes anticorrupción, como parte de una agenda de pendientes legislativos en diversos temas, entre los que se encuentra la propia reforma electoral, informó el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.
- La mandataria “ha planteado fortalecer el sistema anticorrupción, y sé que en la Consejería Jurídica se está preparando una serie de iniciativas para modificar las leyes en la materia. Estamos en espera de que se nos envíen formalmente para comenzar a trabajar” al respecto, señaló el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila.
- Como se informó en este diario, ayer la jefa del Ejecutivo indicó que el Sistema Nacional Anticorrupción “no ha funcionado muy bien”, por lo que presentará proyectos de enmienda a dicho organismo con el objetivo de “empoderar al ciudadano” y brindarle la capacidad de denunciar actos indebidos.
Tras puntualizar que dichas propuestas serán enviadas a la Cámara “en los próximos días”, Monreal negó que las leyes anticorrupción sean “letra muerta” en el país, y recordó que su fortalecimiento “es una de las preocupaciones y también una de las iniciativas que la hoy Presidenta ofreció durante su campaña”
- El legislador morenista señaló que, además de las eventuales enmiendas en materia de corrupción, la Cámara abordará otros pendientes legislativos, entre ellos modificaciones sobre propiedad industrial, reformas al proceso contencioso administrativo, el endurecimiento de penas por delitos ambientales y la ampliación de la definición del delito de abuso sexual.
- Respecto a la reforma electoral, el legislador zacatecano reiteró que aún no se sabe “si llegará ni cuándo. Habíamos dicho que febrero era la fecha límite para su envío. Sé que todavía hay diálogo entre los partidos del Trabajo, Verde y Morena en la Secretaría de Gobernación, pero no contamos con ningún insumo, proyecto o iniciativa de ley” en la materia.
En San Lázaro, se llevó a cabo una sesión solemne con motivo del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual los bloques mayoritarios y de oposición se acusaron mutuamente de violar la Carta Magna.
Posteriormente, se presentó una veintena de iniciativas en el marco de una sesión ordinaria que por momentos se prolongó, luego de que diversos legisladores realizaron hasta siete solicitudes de minutos de silencio o de aplausos por distintas causas.
Puntos Clave de la Iniciativa y el Sistema Anticorrupción:
- Fortalecimiento del SNA: Se busca la coordinación entre los tres niveles de gobierno para detectar y sancionar la corrupción, integrando a la sociedad a través de comités de participación ciudadana.
- Protección a Denunciantes y Alertadores: Iniciativas recientes en la Cámara de Diputados buscan definir y proteger a «alertadores» o denunciantes, incluyendo medidas de protección y seguridad ante posibles represalias laborales o personales.
- Actualización de Normas: Se discuten reformas a diversas leyes, incluyendo el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo, para mejorar la efectividad del combate a la corrupción.
- Política Nacional Anticorrupción (PNA): Aprobada en 2020, busca definir el rumbo estratégico, abordando la corrupción como un problema estructural que afecta la seguridad y gobernabilidad.
- Ley 3 de 3: Continúa siendo un pilar, estableciendo la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales para servidores públicos y empresas.
Recientemente, se han realizado reformas en materia de contratación pública y se promueve la contraloría social para vigilar los recursos públicos.
Crisis en atención ciudadana por prevención de la tragedia y el delito
En México, la atención ciudadana es una pérdida de tiempo, incluso cuando se configura la prevención de tragedias y el delito, por lo que Diputados espera iniciativas para fortalecer el sistema de denuncias y contra la corrupción.
- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, indicó que la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Esthela Damián, se encuentra en la redacción de las propuestas de reforma a las leyes contra la corrupción.
- Una de las iniciativas, incluso ya en ristre, es la que impulsa el legislador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha sido puntual crítico de la ineficaz respuesta a las alertas que hacen los ciudadanos, y señala que hay una caída cifrada del desánimo en las denuncias.
“La corrupción genera costos económicos y sociales significativos, equivalentes a entre 5 y 10 por ciento del PIB en México, además de debilitar la confianza ciudadana, distorsionar el gasto público y afectar la calidad de las políticas sociales”, dijo el vicecoordinador de Morena en San Lázaro,
Para Monreal Ávila, las leyes que actualmente existen contra la corrupción no son letra muerta.
“Para mí no han sido letra muerta y el fortalecerlo me parece que es una de las preocupaciones y también de las iniciativas que había ofrecido en la campaña la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces confiemos en que va a fortalecer todo el sistema anticorrupción. ella ha planteado, lo sé desde hace algunas semanas, fortalecer el sistema anticorrupción, y sé que están preparando en la Consejería Jurídica una serie de iniciativas que modifican leyes anticorrupción. Ella (la Presidenta) ha planteado, lo sé desde hace algunas semanas, fortalecer el sistema anticorrupción, y sé que están preparando en la Consejería Jurídica una serie de iniciativas que modifican leyes anticorrupción. Estamos en espera de que se nos envíen formalmente para empezar a trabajar con todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados”.
Sin embargo, de la corrupción en el servicio público se desprende la corrupción moral, que es el deterioro de principios y valores éticos en individuos o sociedades, llevando a comportamientos inmorales, deshonestos y que violan deberes básicos, manifestándose como falta de integridad, pérdida de confianza y un ciclo donde lo indebido se normaliza, afectando la cohesión social y la democracia más profundamente que la corrupción legal, de acuerdo con diversos postulados.
- Así lo expone Ramírez Cuéllar al señalar que en los últimos años ha disminuido la importancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como organismo facilitador de la rendición de cuentas, al imponer una agenda política basada en intereses propios
Indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desempeña un papel central en el sistema de fiscalización y rendición de cuentas en México, al ser el órgano encargado de revisar el uso de los recursos públicos federales y de contribuir al control democrático del gasto. No obstante, su actuación reciente revela la existencia de riesgos, debilidades y problemas estructurales. “Una Auditoría Superior renovada y más eficiente fortalecerá la confianza de los contribuyentes, lo que, a su vez, permitirá incrementar la recaudación”.
- El legislador mencionó que “la evidencia muestra una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto efectivamente auditado, así como omisiones relevantes en ámbitos de alta complejidad y riesgo, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad real de la ASF para prevenir irregularidades, combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos”.
Demandó a resolver que es indispensable sancionar con rigor a quienes hacen mal uso del presupuesto federal y estatal.
Actualmente, en San Lázaro hay dos iniciativas en materia de fiscalización superior en las que se impulsa derribar el actual modelo presenta fallas que obstaculizan una rendición de cuentas eficaz, en las que destaca el déficit de participación ciudadana, y es necesario reforzar el mecanismo de denuncia ciudadana vigente.
Ciudadanos se movilizan y asumen tareas de servicio público
La Cámara de Diputados y los Congresos locales son responsables de la asignación de los recursos públicos en favor de los servicios que requiere la ciudadanía, como la Protección Civil, cuyos responsables deberían atender sin cortapisas las alertas o llamados de prevención de la tragedia o el delito.
La madrugada del pasado domingo, servicios de limpia en la CDMX advirtieron la fuga de humo y ruidos en una camioneta de origen chino estacionada en la calle. El temor a una tragedia los obligo a hacer uso del botón de pánico más cercano, en este caso en Eje Central.
- Videos tomados por vecinos dieron cuenta de que pasaron más de 20 minutos para que al lugar arribaran los elementos de la SSC y de PC. A su llegada, el vehículo ya había explotado, pese a que un ciudadano acudió con su extintor de casa a evitar el fuego. Sin embargo, el resultado fue la pérdida económica y de su medio de transporte de la dueña de la camioneta.
“Si hubieran llegado antes, a lo mejor se salva el carro”, lamentaron los vecinos.
Como este ejemplo hay miles a cada hora, a cada día, en la CDMX y en todo el país.
La Secretaría Anticorrupción busca actualizar la ley de protección de datos personales
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puso en marcha el proceso para actualizar y modernizar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, una normativa vigente desde 2010 que hoy enfrenta nuevos desafíos derivados del avance tecnológico, el uso intensivo de datos y el aumento de los ciberataques en el país.
- El arranque formal se dio con la realización de un Foro de Diálogo en la Ciudad de México, en el que participaron autoridades, sector empresarial, especialistas y organismos internacionales.
- Foro nacional abre diálogo para modernizar la protección de datos personales
Durante el encuentro, celebrado el 28 de enero de 2026 en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, subrayó que la actualización legal busca incorporar a todos los sectores involucrados para construir una ley acorde con la realidad actual.
Señaló que el objetivo es fortalecer la cultura de protección de datos, brindar certeza jurídica y evitar espacios de discrecionalidad o corrupción.
Buenrostro hizo un llamado a los responsables del tratamiento de datos para ejercer esta función con rigor, al recordar que los ciudadanos depositan su confianza en empresas e instituciones.
Reforma busca alinearse a estándares internacionales de privacidad
El subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, reconoció que la legislación en la materia se encuentra rezagada y requiere una actualización urgente.
Indicó que México busca alinearse a los estándares internacionales más avanzados en protección de datos personales y consolidarse como una autoridad garante eficiente, preventiva y orientada a la mejora continua.
En tanto, el titular de la Unidad de Protección de Datos Personales, José Vicente Peredo Vázquez, presentó la ruta de la reforma, que contempla nuevas herramientas de supervisión, capacitación y revisión de tratamientos intensivos, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre autoridades y sujetos regulados.
Participación empresarial y respaldo de organismos internacionales
El foro contó con la participación de representantes de la OCDE y de la Agencia Española de Protección de Datos, quienes reconocieron el impulso para crear una ley moderna que incorpore principios como privacidad por diseño y por defecto, evaluaciones de impacto y la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO).
Asimismo, líderes empresariales de organismos como Concamin, CCE, Canieti, ABM, AmCham y empresas tecnológicas coincidieron en que una adecuada protección de datos no frena la innovación, sino que es una condición para el crecimiento sostenible y la confianza de los usuarios.
Retos actuales y mecanismos de protección de datos en México
En México, la protección de datos personales es un derecho constitucional consagrado en el artículo 16.
Actualmente se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General aplicable al sector público.
Desde 2025, tras reformas constitucionales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la autoridad encargada de esta materia.
Entre los principales mecanismos de protección destacan:
- Derechos ARCO: permiten a los ciudadanos acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso de sus datos personales.
- Aviso de Privacidad: obligación de informar cómo se recaban y utilizan los datos.
Consentimiento: requisito tácito o expreso para el tratamiento de información, especialmente sensible. - Seguridad digital: implementación de medidas técnicas para prevenir filtraciones y accesos indebidos.
La actualización del marco normativo cobra relevancia ante el incremento de ciberataques, filtraciones de datos y denuncias por uso indebido de información personal.
Con este proceso, el gobierno busca consolidar una ley clara, coherente y a la altura de los desafíos digitales actuales.
¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo funciona y desde cuándo opera?
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el conjunto de dependencias y organismos autónomos que tratan y resuelven los casos de corrupción en México. Aunque la percepción es que el SNA, a 10 años de su instalación, no ha resuelto ningún caso relevante de corrupción en México; a nivel internacional ha sido reconocido como uno de los sistemas más completos y avanzados para combatir la corrupción.
- El Sistema de instaló formalmente el 23 de junio de 2016, luego de avalarse, en 2025, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAP), misma que creó al hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Dicha ley recuperó el esquema propuesto por las Naciones Unidas para poner en el centro de la toma de decisiones sobre casos de corrupción a los ciudadanos, a través de un Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por “ciudadanos destacados” en el combate a la corrupción y que cada presidencia fuera rotativa entre esas personas.
Se determinó que el CPC debía estar integrado por cinco personas notables y destacadas en su trabajo por la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y combate a la corrupción. Los ciudadanos integrantes tendrían cinco años el cargo con pago honorario.
La integración y misión del SNA
Además del CPC, el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por dependencias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes de la Función Pública), el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo de la Judicatura Federal.
- Entes independientes al gobierno eran el Inai, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, encargada de manejar los recursos materiales y financieros que se le otorgaran a éste.
- En conjunto, todos los entes que integran al SNA deben sesionar y avisarse mutuamente de casos de corrupción presentados en la Administración Pública Federal, evaluarlos y darles seguimiento hasta su sanción final, pero eso nunca ocurrió en 10 años.
Vania Pérez, expresidenta del SNA, en una entrevista a EL UNIVERSAL publicada en noviembre, admitió que “el sistema es como un llamado a misa”; y que en su interior no se hicieron grandes seguimientos e investigaciones por la falta de disposición y atención que varias dependencias mostraron hacia el funcionamiento. Señaló directamente al auditor superior, David Colmenares, de sabotear el trabajo del Sistema.
“Constantemente se ha ausentado el auditor superior de la Federación. Lleva cinco años que no asiste de manera regular a las sesiones, que no hace propuestas, que no envía oficios, que no se involucra en los trabajos del sistema. Desde mi punto de vista, la fiscalización debería ser el corazón de cómo es que vamos a rendir cuentas”, afirmó.
Acusan “crisis” en 81% de los organismos anticorrupción
La primera década del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) concluye con una crisis institucional que afecta al 81.81% de los organismos encargados de combatir la corrupción en México, según el monitoreo trimestral de la organización Mexiro A.C. correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2025.
- El reporte señala que la mayoría de las instituciones y órganos colegiados responsables de prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción operan con designaciones incompletas, resultado directo de omisiones legislativas y recortes presupuestales.
- De acuerdo con Mexiro A.C., esta situación deriva de una omisión sistemática del Senado de la República y los Congresos estatales, que no han integrado los órganos del SNA ni de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).
“Lejos de fungir como contrapeso democrático, el Poder Legislativo ha debilitado de manera sostenida la arquitectura institucional diseñada para hacer frente a la corrupción”, indica el informe.
- El periodo de crisis se profundizó el 28 de enero de 2026, cuando concluyó la gestión de la Dra. Vania Pérez Morales como presidenta del SNA y como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
- Tras su salida, el CPC Nacional quedó con solo dos integrantes de los cinco que exige la ley, situación que compromete la representación ciudadana y la capacidad del sistema para articular propuestas y coordinar acciones.
El colectivo recordó que durante la conferencia matutina del 14 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que el SNA no opera a plenitud y planteó la necesidad de revisarlo.
En este sentido, el diputado Ramírez Cuéllar inició trabajos legislativos para abordar el tema, aunque Mexiro A.C. subraya que cualquier revisión debe iniciar por resolver la crisis de designaciones.
- Entre los hallazgos principales del monitoreo, Mexiro A.C. destaca que 19 de las 33 Comisiones de Selección permanecen incompletas, lo que equivale al 57.57% de los sistemas.
- Mientras que en estados como Campeche, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y el propio SNA no hay ningún integrante designado.
La organización puntualizó que en el caso de Tabasco, una reforma publicada el 17 de diciembre de 2025 eliminó la Comisión de Selección y transfirió sus funciones al Congreso local.
La falta de designaciones en estas comisiones impacta directamente la operación de los Comités de Participación Ciudadana. Al cierre del trimestre, el 51.51% de los CPC —17 de 33— están incompletos, lo que significa que poco más de la mitad del país carece de representación ciudadana en materia de anticorrupción.
- En Campeche, Durango y Tabasco hay cuatro vacantes en los CPC; en Nayarit, Tamaulipas y el SNA, tres; y en Coahuila y Tlaxcala, una. Y estados como Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Veracruz no cuentan con ningún comisionado.
- El informe subraya casos como el de Tabasco, donde desde junio de 2025 el cargo de las personas integrantes del CPC es honorífico, por lo que no reciben retribución económica.
Acusó que el Senado no ha cumplido con su obligación constitucional de integrar la Comisión de Selección nacional, lo que impide las designaciones en el CPC Nacional.
Mencionó que a esto se suma que la expresidenta Vania Pérez confirmó que el Órgano de Gobierno del SNA decidió no renovar el contrato de los dos únicos integrantes restantes del CPC, bajo el argumento de que no existe quórum legal, lo que deja sin validez jurídica las decisiones de ese órgano.
Las Secretarías Ejecutivas también enfrentan vacantes: 13 de estos órganos técnicos carecen de titular, lo que representa el 39.39%. En Baja California, Campeche, Chiapas, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y el SNA hay personas suplentes o encargadas de despacho, mientras que en Ciudad de México y Oaxaca no existe ningún tipo de representación. En Tabasco, la figura fue eliminada en junio de 2025.
En relación a las Comisiones Ejecutivas, 21 de 33 sistemas —63.63%— se encuentran inoperantes por falta de integrantes suficientes. Estados como Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el SNA no cumplen con el mínimo requerido.
- Respecto a las Fiscalías Especializadas en el Combate a la Corrupción, el monitoreo indica que solo tres estados —Guerrero, Nayarit y Tamaulipas— no cuentan con fiscal titular, aunque Guerrero tiene una encargada de despacho.
- La autonomía y transparencia también se han visto limitadas. Tras la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 19 órganos autónomos garantes de transparencia han sido formalmente extinguidos, incluidos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y organismos estatales en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De los 14 órganos garantes que aún funcionan, seis tienen el Pleno incompleto.
Aunque varios congresos estatales han aprobado reformas constitucionales en la materia, la falta de emisión de leyes secundarias ha pospuesto la extinción efectiva de los órganos garantes en entidades como Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa. Solo cuatro congresos estatales —Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí— no han aprobado las reformas, aunque en todos ellos ya existen iniciativas legislativas.
La organización Mexiro A.C. concluye que la combinación de recortes presupuestales y designaciones incompletas mantiene a la política anticorrupción en México en un estado de parálisis, debilitando los mecanismos institucionales y reduciendo la vigilancia ciudadana sobre el poder público./Agencias-PUNTOporPUNTO
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