Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia prevén iniciar en 2027 las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados hacia el país africano. En este 2026, el proyecto piloto para 100 personas desata críticas por derechos humanos y dudas sobre su encaje legal europeo.
Cinco países de la UE han anunciado una asociación con Ruanda para establecer el primer centro de retorno de la Unión fuera del bloque, lo que marca un endurecimiento radical de la política migratoria europea.
Aunque los detalles del acuerdo siguen negociándose, Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia aseguran que confían en cerrar un pacto y empezar las deportaciones de migrantes en situación irregular en 2027.
Se espera que la primera instalación pueda alojar a unas 100 personas al mismo tiempo. Según las autoridades, las personas enviadas allí podrán desplazarse libremente por Ruanda y se espera que se integren en la sociedad local y en el mercado laboral.
«Creo que este [acuerdo] cambia las reglas del juego. Recuperaremos el control y eliminaremos el incentivo para la migración ilegal», dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante el anuncio en Viena, junto con el canciller austríaco, Christian Stocker, y los ministros del Interior de los demás países implicados, entre ellos el ruandés Vincent Biruta.
La plataforma inicial será un proyecto piloto de pequeña escala, con planes de ampliar el esquema una vez que esté en funcionamiento y haya disminuido el riesgo de que las deportaciones queden bloqueadas por recursos legales.
¿Quién será enviado a los centros de retorno?
Los cinco países solo deportarán a solicitantes de asilo rechazados que estén sujetos a decisiones de retorno ejecutables.
Quedarán excluidos los menores, mientras que cada país aplicará sus propios criterios para seleccionar a quienes serán deportados.
- Países Bajos centrará las expulsiones en hombres adultos procedentes de países de la región de Ruanda, mientras que Alemania se dirigirá a migrantes que se niegan a cooperar en los esfuerzos para determinar su identidad y que proceden de Estados reticentes a readmitir a sus propios nacionales, según personas conocedoras de las negociaciones.
Tras un periodo en la instalación, cuya duración aún no se ha fijado, se espera que los migrantes reconstruyan su vida en Ruanda o regresen voluntariamente a sus países de origen o a otro país donde tengan derecho a residir.
La agencia fronteriza de la UE Frontex no tendrá ningún papel en las deportaciones en las fases iniciales, pese a una reforma de su mandato propuesta recientemente por la Comisión Europea, que le permitiría hacerlo.
Los costes siguen sin estar claros
Los cinco países de la UE asumirán íntegramente el coste de deportar a los inmigrantes y alojarlos en Ruanda. Sin embargo, en la rueda de prensa no se facilitó ninguna estimación para la instalación inicial, ya que las negociaciones siguen en curso.
Según personas familiarizadas con las negociaciones, los servicios en Ruanda serán considerablemente más baratos que los servicios equivalentes en Europa.
También es incierto por ahora qué obtendrá Ruanda a cambio. Kigali, no obstante, tiene previsto firmar la próxima semana un acuerdo de cooperación con Dinamarca relacionado con la cooperación en materia migratoria.
«El acuerdo es una vergüenza»
Los centros de retorno han suscitado dudas sobre su compatibilidad con el derecho de la UE y con la protección de los derechos humanos.
Los críticos advierten de que podrían derivar en vulneraciones de derechos humanos, especialmente cuando se establecen en países con estándares democráticos limitados.
«El acuerdo es una vergüenza», dijo la diputada francesa Mélissa Camara, del grupo Verdes/ALE, que considera que los países implicados están ‘cruzando otra vergonzosa línea moral al alcanzar un acuerdo con un régimen autoritario’.
El grupo de cinco países afirmó que todos los procedimientos se llevarán a cabo conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
Aun así, pueden surgir complicaciones jurídicas cuando las deportaciones a Ruanda comiencen el próximo año, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíbe a los países trasladar a personas a Estados o situaciones en las que puedan verse sometidas a vulneraciones de derechos fundamentales.
La ONU ha expresado su preocupación por el historial de Ruanda en materia de derechos humanos.
- Un acuerdo similar entre Ruanda y el Reino Unido, en virtud del cual Londres planeaba enviar solicitantes de asilo al país africano, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo del Reino Unido (UK Supreme Court) en 2023 debido al riesgo de que las personas trasladadas pudieran ser enviadas posteriormente a países donde se enfrentaran a persecución.
Según la ley que permite a los Estados de la UE crear centros de retorno fuera del bloque, solo los países no pertenecientes a la Unión, «en los que se respeten las normas y principios internacionales de derechos humanos de conformidad con el derecho internacional», son elegibles.
La creación de un centro de deportación en Ruanda que impulsan Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Grecia para los inmigrantes a quienes les hayan denegado el asilo ha reabierto el debate político sobre la gestión de la inmigración en la Unión Europea (UE). Estos cinco países señalan que la apertura de este centro es experimental, puesto que solo tendrá 100 plazas y todavía habrá que dirimir si tiene cobertura legal, a diferencia de la iniciativa que llevó a cabo Italia en Albania, que abortó la justicia.
- Las inversiones europeas en los países emisores de inmigrantes parece que han dado resultados positivos porque se ha reducido la llegada de inmigrantes un 40% en lo que llevamos de año. En la ruta del Mediterráneo ha disminuido un 55% y la de Canarias, un 13%. Aunque en esta última ruta hacia las islas españolas se ha producido un repunte en las últimas semanas. La parte negativa han sido las deportaciones de inmigrantes a los que se les deniega el asilo en los países europeos a los que llegan. Siete de cada diez de estos inmigrantes no son deportados y se quedan en el país de destino.
La voluntad política de los cinco países impulsores del centro de deportación es enviar una señal disuasoria a los inmigrantes que están pensando en viajar a Europa para que sepan que pueden acabar deportados en Ruanda. La iniciativa no ha sorprendido en la comunidad europea porque la inmigración se ha convertido en un elemento político que no solo han asumido los gobiernos de derechas, sino también socialdemócratas como el caso de Dinamarca.
Dudas jurídicas y humanitarias y un posible cambio de dirección tras el 29-N
Esta iniciativa deja dividida a la Unión Europea. De hecho, el Gobierno español votó en contra de la reforma comunitaria de retornos por las dudas jurídicas en torno a la externalización. Cabe recordar que el Tribunal Supremo británico declaró ilegal un pacto similar de Londres en 2023 debido al historial de derechos humanos en Ruanda.
- En paralelo, distintas asociaciones jurídicas como ASGI han advertido del riesgo de vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos por posibles tratos degradantes, mientras que modelos análogos —como los centros italianos en Albania— han generado críticas por su alto coste, que supera los 153.000 euros por plaza.
Pese a la posición española, el apoyo o el rechazo de esta cuestión puede cambiar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y es que el punto número 45 del programa electoral del Partido Popular apuesta por seguir el camino de los 19 Estados miembros que favorecen esta medida. En su propuesta, el PP se compromete a aplicar de forma íntegra el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, utilizar destinos como terceros países seguros y, específicamente, “impulsar acuerdos para crear centros de retorno en terceros países”.
Asimismo, los populares proponen acuerdos con países seguros para examinar solicitudes de asilo y plantean supeditar visados, ayudas al desarrollo y relaciones comerciales al cumplimiento de las readmisiones.
Divide migración campaña en España
Pelayo no quiere que su novia «tenga que salir con miedo» en Madrid y Emperatriz reivindica su llegada desde Ecuador para trabajar. La inmigración cobra un peso decisivo en el voto de los españoles el próximo 29 de noviembre.
En un país donde la migración impulsó la población a casi 50 millones -más de 10 millones nacidos fuera de España-, la llegada de extranjeros figura entre las principales preocupaciones, según las encuestas.
Pelayo se hace eco de los postulados del partido de extrema derecha Vox, que asocia la migración a la inseguridad y a la presión sobre la vivienda.
«Tú ves la situación en Francia, en Italia, lo que está habiendo con la inmigración. Y yo no quiero eso para mi país», asegura refiriéndose a los recientes disturbios en estos países que en redes sociales algunos grupos asociaron el vandalismo a los inmigrantes.
Vox reclama expulsar a los migrantes en situación irregular y endurecer las exigencias de integración, especialmente frente a prácticas culturales o religiosas que considera incompatibles.
- Como tercera fuerza política del país, Vox podría convertirse en un socio decisivo para el Partido Popular (PP, derecha) si este gana las elecciones el 29 de noviembre, como apuntan los sondeos. El PP también ha endurecido su discurso migratorio.
Su programa propone dar «prioridad» a las personas con vínculos con España para recibir ayudas, crear centros de expulsados en terceros países – una medida planteada esta semana por cinco países europeos-, y endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad.
Por el contrario, el Presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que busca su reelección, defiende una política migratoria más abierta, a contracorriente de varios de sus socios europeos.
Su Gobierno impulsó una regularización masiva de migrantes que ha recibido más de un millón de solicitudes, en su mayoría de latinoamericanos./PUNTOporPUNTO
























