Senado turna a comisión solicitudes de desaparición de poderes en Guerrero

AGENCIAS

La Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación dos solicitudes de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, una promovida por la bancada del PAN y otra por ciudadanos y organizaciones guerrerenses.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves y sin discusión, el presidente de la Mesa Directiva en turno, José Rosas Aispuro, turnó la petición presentada la víspera por el coordinador panista, Jorge Luis Preciado y firmada por 30 legisladores de esa bancada.

La solicitud plantea la desaparición de Poderes en Guerrero, a fin de que se inicie un proceso de pacificación en la entidad, se investigue y clarifique el paradero de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, así como la identidad de las personas cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas.

Previamente y por separado, un grupo de organizaciones y ciudadanos de Guerrero entregaron al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Arturo Zamora Jiménez, otra petición para que desaparezcan los poderes en Guerrero.

Aglutinados en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado Guerrero, conformado por 30 organizaciones, entregaron el documento donde se argumenta el clima de ingobernabilidad y violencia en la entidad.

Zamora Jiménez recibió la solicitud y de inmediato la turnó a la Mesa Directiva, que a su ver la turnó en la sesión de este jueves a la Comisión de Gobernación para su análisis, aunque hizo notar que el documento presentado por escrito carecía de firmas.

A nombre de las organizaciones, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, expuso que la petición va acompañada de 5 mil 118 firmas, pero explicó que las enviaron directamente al correo electrónico del presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa.

De acuerdo al procedimiento legal, una vez que las dos solicitudes fueron turnadas a la Comisión de Gobernación, se tiene un plazo de cinco días para analizar si procede o no, y el procedimiento, que deberá ser votado ante el pleno por la mayoría simple.

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