A pesar de que en el discurso presidencial se menciona que hay una estrategia para el combate a la corrupción en el país, expertos consideraron que no han existido avances en los últimos años al no atacarse las causas estructurales e institucionales del problema.
- “Estamos un poco estancados muy a pesar de lo que diga el discurso oficial, la verdad es que los datos muestran es que la percepción de la corrupción en México sigue siendo muy alta tanto en la medición nacional como en la internacional”, sostuvo Fernando Nieto, profesor e investigador del Colegio de México (Colmex).
- La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2019 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que 87 de cada 100 mexicanos piensa que la corrupción ocurre frecuentemente o muy frecuentemente en el país.
Además, en dicho informe, se registró que la tasa de incidencia de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes fue 19.2 % mayor a la registrada en el 2017, al pasar de 25,541 casos a 30,456.
Mientras que la tasa de prevalencia de las víctimas de corrupción también creció en 7.5%, al pasar de 14,636 víctimas por cada 100,000 habitantes en el 2017 a 15,732 en el 2019.
- La encuesta del Inegi también estimó que a nivel nacional, el costo total de los actos de corrupción ascendió a 12,769 millones de pesos en el 2019 (3,822 pesos promedio por persona afectada). Dicha cifra total, representó un aumento de 64% con respecto al 2017 cuando era de 7,780 millones de pesos.
“Por lo que respecta a la experiencia directa, qué tanto la gente reporta que fue víctima o participó en un acto con agentes del Estado, tenemos una tendencia creciente desde el 2013 que no se ha frenado. Ante la ausencia de políticas más efectivas pues sospecho que el problema no se ha solucionado, sino que muy probablemente se está agravando”, opinó Fernando Nieto.
Por su parte, Alberto Martín Esquivel, académico en la maestría en Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, mencionó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no trabaja con base en gestión de riesgos.
“Dicho de otra manera, llevamos años haciendo auditorías desde la ASF (Auditoría Superior de la Federación) y la SFP, tenemos información importante de incidentes que tiene el actuar del servidor público, no hemos visto que haya una contención, es decir, que empiecen a establecer la figura de corrupción y se ponga control, entonces tenemos un discurso muy bonito, pero en la realidad es que no hemos sido efectivos en el combate”, manifestó.
Caso Lozoya
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señalado por recibir sobornos de Odebrecht, es uno de los casos más emblemáticos del flagelo, no obstante, los expertos coincidieron en que no han existido avances.
- Ha pasado más de un año desde que Lozoya fue extraditado de España a México, no obstante, aún no se ha definido su situación jurídica, es decir, si se encarcela o se le otorga un criterio de oportunidad por la información que otorgue sobre otros altos funcionarios del sexenio anterior que estarían implicados en los sobornos, y entre los que estaría el mismo expresidente Enrique Peña Nieto.
“No han existido estas grandes condenas, no estamos metiendo a los corruptos (a la cárcel) y aún si lo hiciéramos no estamos atacando las causas que dieron lugar a las oportunidades para que esta gente cometiera actos de corrupción”, comentó el investigador del Colmex, Fernando Nieto.
Otro de los aspectos importantes que valoraron los especialistas fue que la actual administración dejó en el abandono al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“Creo que el combate a la corrupción es muy débil, nuestro SNA no está funcionando porque simplemente en esta administración no se le ha dado recursos y tampoco credibilidad, esa fuerza que necesita un sistema de éstos para funcionar”, dijo Martín Esquivel.
Desairan entidades plan anticorrupción
La Plataforma Digital Nacional Anticorrupción no ha podido avanzar, debido a la falta de participación por parte de las entidades y recortes de presupuesto.
- Planteada en 2016, pretende implementar seis sistemas para cruzar datos estatales y federales y con ello combatir el problema.
- Pero sin recursos y sin el compromiso de los estados, el proyecto no ha dado aún resultados, ya que sin el cruce de información no se puede evitar que sujetos de riesgo vuelvan a trabajar en la administración pública.
La plataforma prevé seis sistemas: servidores en contrataciones públicas, sanciones a funcionarios, fiscalización, denuncias, evolución patrimonial y el sistema de contrataciones públicas para evaluar a proveedores.
Según su calendario, en mayo de 2021 operaría por completo el sistema de evolución patrimonial de funcionarios, pero sólo Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Estado de México se integraron.
«Se tienen que poner las pilas todos los sujetos obligados que se deben conectar si queremos consultar los servidores públicos sancionados por un delito para evitar que salten a un estado. Pero hoy tenemos a 2 estados y a la Función Pública y de nada nos sirve porque hay muchos otros estados a donde se pueden ir a pedir trabajo sin que se sepa», dijo Pablo Villarreal Soberanes.
- El Titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), añadió que es necesario que la integración de la información esté completa para que sea efectivo el combate a la corrupción.
- «La Plataforma Nacional Digital es un rompecabezas, nosotros tenemos la chamba como Sesna de decirles cómo se va armar el rompecabezas, pero la chamba de poner la pieza no es de nosotros, es de los generadores de la información», señaló.
En las entidades dicen que la responsabilidad recae en un órgano independiente.
El lento avance tiene que ver con la falta de coordinación entre los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) y los gobiernos de las entidades, explicó José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas del estado de Veracruz.
Comentó que el SEA de Veracruz es un órgano independiente con integrantes nombrados en administraciones pasadas y que la coordinación es ajena al poder Ejecutivo estatal.
- La falta de recursos es otro motivo del retraso. De 2018, último año de Peña Nieto, a 2021, el presupuesto del Sesna pasó de 191 millones a 123 millones de pesos, una caída real de 36 por ciento, según datos de Hacienda.
Esto refleja el abandono por la 4T de este proyecto creado en el sexenio anterior, dijo Noemí García Carrillo, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Aregional./Agencias-PUNTOporPUNTO
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