De las 181 carpetas de investigación en trámite hasta mayo pasado por la comisión de delitos contra la libertad de expresión, casi un cuarto (44, equivalentes a 24.3%) involucra mujeres periodistas como víctimas directas.
- El documento “Indicadores de delitos contra la libertad de expresión, con perspectiva de género. A mayor de 2026”, elaborado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR), revela que del total de 203 víctimas contempladas en los expedientes en curso, 154 son hombres, 48 mujeres, y se incluye un medio de comunicación.
- Del total de 48 víctimas mujeres, en 28 (63.6%) expedientes se investiga el delito de amenazas a 31 mujeres.
“Dentro de estos expedientes (44), el delito con mayor incidencia contra las mujeres que ejercen la libertad de expresión, es el de amenazas con 63.6%, homicidio con 6.8% (cuatro mujeres) y abuso de autoridad con el 6.8% (tres mujeres)”, consigna el documento.
Los delitos de “tortura’’, “revelación de secretos”, “privación ilegal de la libertad”, y “robo”, investigados en cada uno de los dos expedientes de cada caso, contemplan dos (4.5%) mujeres en cada uno.
Cada expediente en curso —dos en total— en que se indagan los delitos de “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y “daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, involucra a una mujer (2.3%, en cada uno de los dos casos).
- Las cifras oficiales indican que los estados donde se cometen más delitos en contra de mujeres periodistas son la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz, de acuerdo con las 16, cinco y cuatro indagatorias correspondientes, respectivamente, que contemplan a 16 y cinco personas del sexo femenino en cada una de las dos últimas entidades federativas del país referidas.
- “Cabe señalar que los delitos exclusivamente en contra de las mujeres que ejercer la libertad de expresión, solo se presentan en 16 estados, dentro de los expedientes en trámite de la Feadle”, cita el informe.
Además de las tres entidades federativas ya citadas, se investigan delitos contra mujeres periodistas en Aguascalientes, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora y Puebla.
En Sonora, un solo expediente en investigación involucra a cuatro mujeres periodistas, mientras que las tres carpetas correspondientes a Aguascalientes contemplan tres casos de mujeres víctimas directas en total, una en cada una.
“Es importante señalar que de los 424 expedientes que involucran a mujeres, solo 44 investigaciones se encuentran en trámite y de éstas en 6 casos son hombres y mujeres, quedando solamente 38 expedientes en trámite donde las víctimas directas son exclusivamente mujeres; estos representan el 21.0% del total de expedientes en trámite, que es de 181 casos a mayo de 2026”, precisa el documento.
Del 5 de julio de 2010 a mayo pasado suman 1,899 los expedientes iniciados por la Feadle desde su creación.
Estudio señala variantes que aumentan el riesgo de agresiones contra periodistas
En México, la violencia contra la prensa varía según el tipo de medio, el cargo que ocupan las y los periodistas y su esquema laboral.
El reciente asesinato del creador de contenido Manuel Alejandro Moreno Serna en Guerrero y el de la directora del portal Impulso Informativo del Sureste, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, en Veracruz, exhiben que la exposición al riesgo depende de factores organizacionales, según un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana (IBERO).
- El análisis “Contextos organizacionales de la violencia contra la prensa”, elaborado por las doctoras Mireya Márquez Ramírez y Grisel Salazar Rebolledo, identifica que quienes trabajan en medios regionales, ocupan puestos directivos o colaboran con varios medios simultáneamente reportan mayor incidencia de amenazas, espionaje, campañas de desprestigio y ataques físicos.
El periodismo regional muestra una incidencia “significativamente mayor de agresiones” frente a medios nacionales o internacionales.
Las formas más frecuentes de agresión no son físicas. Predominan los intentos de desacreditar el trabajo periodístico mediante insultos, discursos de odio y cuestionamientos a la integridad moral, concentrados en periodistas con mayor visibilidad y capacidad de decisión.
“El rango alto se asocia con mayor probabilidad de sufrir espionaje, acecho y hackeo”, señala la investigación.
- El estudio documenta amenazas directas, acecho, espionaje, acciones legales, intimidación a familiares y usurpación de nombre como agresiones que afectan sobre todo a quienes definen la agenda editorial.
- El caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida desde el 2 de junio y privada de la libertad en su casa de Nanchital, Veracruz, ilustra el nivel de riesgo para quienes dirigen medios en regiones vulnerables.
El tipo de medio es el principal factor de exposición. Periodistas de medios regionales enfrentan más usurpación de identidad, acciones legales, espionaje, amenazas, hackeo de sitios web y coerción, en comparación con quienes laboran en medios locales, nacionales o internacionales.
El periodismo nacional registra menor incidencia, incluso ante el aumento de discursos de odio y campañas de estigmatización.
Las condiciones laborales también inciden. La precariedad y la necesidad de trabajar en varios medios o plataformas incrementan la probabilidad de amenazas y ataques físicos.
“Quienes trabajan simultáneamente para varios medios tienen mayor probabilidad de sufrir amenazas y ataques físicos”, señala.
El tipo de plataforma y la propiedad del medio modifican el riesgo
El análisis de la IBERO revela que periodistas que laboran en redes sociales y agencias de noticias reportan mayor número de arrestos, mientras que quienes producen contenido para múltiples soportes son los más afectados por hackeos.
Los medios comunitarios, aunque menos influyentes en el espectro informativo nacional, presentan una mayor vulnerabilidad digital, especialmente frente al hackeo.
La propiedad del medio —público, privado o estatal— tiene un peso menor en la incidencia de violencia, salvo en el caso de medios comunitarios donde la seguridad informática es más frágil.
“El hackeo y otras formas de vulneración digital aparecen con mayor frecuencia en medios comunitarios”, puntualizó.
- El reporte concluye que existen cuatro variables organizacionales que inciden en el riesgo de agresión: el rango dentro del medio, el alcance geográfico, el tipo de plataforma y, en menor medida, la propiedad.
- Por ejemplo, el rango alto incrementa el riesgo de espionaje y hackeo; el alcance regional está vinculado a amenazas y allanamientos; y la producción en múltiples plataformas aumenta la probabilidad de amenazas, ataques físicos y arrestos.
- Las doctoras Márquez Ramírez y Salazar Rebolledo sostienen que la violencia contra la prensa en México no es homogénea ni se explica únicamente por el tipo de cobertura.
Exigen fortalecer la seguridad laboral y digital, especialmente en medios regionales, donde se concentra una parte sustancial del riesgo.
México, el país más letal para periodistas en 2026
México concentra la mayor violencia letal contra periodistas del mundo, por encima de zonas de conflicto armado como Ucrania y Siria, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
- En la lista general, el país ocupa el puesto 122 de 180 naciones evaluadas. Aunque subió dos posiciones respecto a 2025, RSF advirtió que ese avance es “ilusorio”: obedece al deterioro de otros países, no a mejoras reales en las condiciones para el periodismo mexicano.
- Desde el año 2000, el informe documentó más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en territorio mexicano. Los estados con mayor concentración de crímenes son Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas.
Durante 2025 fueron asesinados nueve comunicadores. La cifra total asciende a 12 desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024. Al menos diez de esas víctimas contaban con algún tipo de resguardo institucional al momento de su muerte.
La puntuación global del país pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026, un retroceso en las garantías para el ejercicio periodístico. RSF señala que la impunidad y la violencia del crimen organizado son los factores principales detrás de este fenómeno, que no ha dado señales de descenso en el sexenio actual.
El panorama en América Latina
México supera en violencia contra la prensa a Venezuela, Haití, Ucrania y Siria, y acumula los índices más altos de todo el continente americano durante los últimos 15 años. En la región, 14 de 28 países aparecen en la categoría “difícil” para la prensa y 17 han empeorado su posición desde 2025.
- Ecuador cayó 31 posiciones tras el asesinato de los periodistas Darwin Baque y Patricio Aguilar. Perú descendió 14 lugares hasta el puesto 144, Argentina retrocedió 11 hasta el 98, y El Salvador bajó ocho hasta el 143. Colombia es la excepción: avanzó 13 posiciones hasta el puesto 102.
La crisis global de la libertad de prensa
El índice 2026 registra el nivel más bajo de libertad de prensa en los 25 años de historia del indicador. Por primera vez, más de la mitad de los 180 países analizados se encuentran en situación “difícil” o “muy grave”, y más del 60 por ciento empeoró en el indicador legal, lo que RSF califica como una “criminalización del periodismo”.
- En 2002, el 20 por ciento de la población mundial vivía en países con condiciones “buenas” para la prensa; en 2026, esa proporción cayó a menos del uno por ciento. Noruega encabeza la clasificación con 92.72 puntos sobre 100, mientras que los países en peor situación son Arabia Saudí, Irán, China, Corea del Norte y Eritrea.
Desapariciones, impunidad y violencia contra periodistas, los mayores desafíos de México
Las desapariciones de personas, la impunidad, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como la persistencia de la violencia de género, continúan siendo algunos de los principales desafíos que enfrenta México en materia de derechos humanos, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al concluir su visita oficial al país.
- Tras sostener reuniones con autoridades federales, integrantes del Poder Judicial, legisladores, organismos públicos de derechos humanos, representantes empresariales, organizaciones civiles y colectivos de víctimas, el funcionario de la ONU afirmó que México cuenta con importantes avances institucionales y una sociedad civil activa, aunque enfrenta retos estructurales que requieren atención permanente del Estado.
Türk destacó que durante su estancia se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, entre otros funcionarios.
Señaló que la sociedad civil mexicana sigue desempeñando un papel central en la defensa de los derechos humanos, la exigencia de rendición de cuentas y el fortalecimiento democrático.
Sin embargo, alertó que la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos continúa siendo una amenaza constante, especialmente para mujeres periodistas y activistas que denuncian corrupción, violencia de género o actividades del crimen organizado.
El Alto Comisionado reconoció la importancia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que calificó como un referente regional debido a la participación de la sociedad civil en su funcionamiento. No obstante, consideró necesario fortalecer su capacidad preventiva y garantizar una atención más oportuna para quienes enfrentan riesgos.
Asimismo, informó que coincidió con la Fiscalía General de la República en la necesidad de fortalecer las investigaciones de los ataques contra periodistas y defensores, y expresó su confianza en que el protocolo especializado para investigar estos delitos sea adoptado e implementado próximamente.
- Respecto a la seguridad pública, reconoció que el crimen organizado continúa teniendo un profundo impacto en el disfrute de los derechos humanos de millones de personas y señaló que el tráfico de drogas, así como el flujo constante de armas y municiones hacia territorio mexicano, siguen alimentando la violencia.
- Aunque reconoció los esfuerzos de las autoridades para fortalecer las instituciones de seguridad, insistió en que las estrategias deben orientarse cada vez más hacia el fortalecimiento de cuerpos civiles profesionales sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Durante sus encuentros con víctimas y organizaciones civiles, explicó, la principal demanda fue el combate a la impunidad.
“El mayor reclamo es que se haga justicia, que se castigue a los responsables y que existan procesos efectivos de rendición de cuentas”, sostuvo.
Uno de los temas que más preocupación generó durante la visita fue la crisis de desapariciones.
Türk calificó este fenómeno como uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México y aseguró que las desapariciones provocan un sufrimiento prolongado para miles de familias, además de erosionar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
El funcionario expresó su reconocimiento a los colectivos de búsqueda y a las familias de personas desaparecidas, particularmente a las mujeres que encabezan gran parte de estos esfuerzos.
“Escuché testimonios profundamente dolorosos de familias que llevan años buscando a sus seres queridos, recorriendo instituciones sin obtener respuestas e incluso arriesgando sus propias vidas”, señaló.
Afirmó que México cuenta con un marco jurídico robusto para enfrentar este fenómeno, particularmente a través de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, considerada una referencia internacional.
No obstante, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de búsqueda, la identificación forense, las capacidades de investigación y la coordinación institucional para enfrentar la crisis.
También celebró la reciente actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda y llamó a garantizar su aplicación efectiva en todo el país.
Türk destacó que encontró un amplio consenso social respecto a que las desapariciones constituyen una tragedia nacional que debe enfrentarse más allá de diferencias políticas o coyunturas gubernamentales.
“Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice ni se polarice y que ponga en el centro a las víctimas”, expresó.
En materia judicial, reconoció que México ha emprendido una amplia reforma al sistema de justicia que ha incrementado la representatividad institucional; sin embargo, advirtió que es indispensable preservar la independencia judicial, la integridad de las instituciones y la autonomía de quienes imparten justicia.
- Asimismo, manifestó preocupación por la prisión preventiva oficiosa debido a sus efectos sobre la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso, por lo que recomendó privilegiar medidas cautelares alternativas y reforzar el control judicial sobre su aplicación.
- Durante su reunión con integrantes de la Suprema Corte, observó esfuerzos para fortalecer la transparencia, ampliar el acceso a la justicia y reconocer el pluralismo jurídico en un país caracterizado por su diversidad cultural.
El Alto Comisionado también destacó avances relevantes en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, particularmente tras la reforma al artículo 2 constitucional que los reconoce como sujetos de derecho público.
Consideró que esta modificación representa un paso histórico para construir una nueva relación entre el Estado y estos pueblos basada en la libre determinación, la autonomía y el reconocimiento de sus derechos colectivos.
En ese sentido, celebró los trabajos para elaborar una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y destacó los esfuerzos para preservar y fortalecer las lenguas originarias.
Respecto a los derechos de las mujeres, reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de las Mujeres para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y ampliar la protección de las víctimas.
También destacó el principio constitucional de paridad en todos los niveles de gobierno como uno de los avances más importantes para garantizar la participación política de las mujeres.
Sin embargo, manifestó preocupación por los altos niveles de violencia feminicida que persisten en el país. “La muerte diaria de siete mujeres choca nuestra conciencia”, afirmó.
Consideró que la futura Ley General sobre Feminicidio podría representar un avance importante para homologar procedimientos de investigación y atención de la violencia de género en todo el territorio nacional.
En el ámbito económico y social, el Alto Comisionado reconoció los avances registrados por México en la reducción de la pobreza, el incremento del salario mínimo, la ampliación de programas sociales y la creación de la pensión universal para adultos mayores.
- A su juicio, estas políticas reflejan elementos de una economía basada en derechos humanos, al colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.
- Finalmente, Volker Türk reconoció el papel de México como actor relevante en el ámbito internacional, su compromiso con el multilateralismo y su participación activa en el sistema de Naciones Unidas.
Asimismo, reiteró la disposición de la Oficina del Alto Comisionado para seguir brindando asistencia técnica, acompañamiento y cooperación al Estado mexicano en los desafíos pendientes en materia de derechos humanos.
“Vamos a trabajar conjuntamente para identificar pasos concretos que permitan avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, concluyó./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/e8888/6765
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