Los principales riesgos que enfrentará la industria si se aprueban las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos para que el Estado rescinda permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles restituyendo el mercado a Petróleos Mexicanos (Pemex) radican en la violación al Estado de derecho en que se incurrirá si las autoridades energéticas toman atribuciones de autoridades judiciales.
Así lo consideraron expertos que participaron en la mesa de diálogo para analizar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, convocados por la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.
- César Humberto Cadena, del clúster energético de Nuevo León, consideró que en primer término las empresas mexicanas piden que si se da un trato preferencial a la empresa estatal, lo cual es deseable ya que conviene a todo el país que se fortalezca, este trato también debería extenderse al resto del empresariado mexicano, particularmente a quienes ya tienen inversiones en gasolineras y plantas de distribución y que cumplen con los requisitos de almacenamiento mínimo de cinco días de inventarios y todos los requisitos legales, económicos y ambientales, que son muchos.
“No estamos pidiendo exentar trámites, sino la certeza de que se respetará lo que ya hemos invertido en tiempo, energía y sobre todo de nuestros ingresos para generar empleos en el país. Los permisos que tenemos pasaron por múltiples autoridades, desde Economía, Competencia, estados, municipios, la propia Secretaría de Energía, Ambiente y la Comisión Reguladora de Energía. Si estamos en regla, pedimos respetuosamente que se garanticen nuestras inversiones”, dijo.
- En tanto, Rosannety Barrios, quien fue directora de Hidrocarburos en la pasada administración, explicó que uno de los principios que se plasman en las modificaciones es la suspensión de permisos si existen violaciones a la ley, lo que de hecho ya existe en la actual redacción, pero que ahora se incluye como atribución discrecional para la autoridad energética, que no tiene lineamientos, personal o capacidades de dictaminar respecto a delitos por robo o contrabando de combustibles.
- Aunque la experta admitió que el robo de combustibles es un problema que afecta a las finanzas nacionales, y que para Pemex significó pérdidas de más de 12 millones de litros diarios de gasolinas que dejó de facturar, expuso que debe ser la autoridad ambiental, que es la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA), quien define todas las condiciones de los permisos, por lo que no es necesario un cambio como el que se plantea en la iniciativa sino fortalecer el vínculo de este organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente con el poder judicial.
En cuanto al combate al robo de combustibles y contrabando, la experta dio una recomendación que se podría aplicar sin modificaciones legales: el trazado químico de la molécula que puede mostrar quién le vende a quién y cómo, y que en la administración pasada se iba a emular del modelo colombiano en un sistema conectado con el Sistema de Administración Tributaria pero se canceló y podría retomarse.
Respecto a los más de 10,000 permisos de importación inoperantes que se han entregado y que dificultan el orden del mercado, Barrios explicó que éstos los otorga la Secretaría de Energía con una lógica de la Ley de Comercio Exterior, de forma previa a que se defina cuál será el negocio, con una lógica no energética sino comercial, que se podría modificar sin necesidad de los cambios legales que se plantean.
- Raúl Pérez Johston, convocado por el PRI a la discusión, explicó que los obstáculos a la competencia, la retroactividad en que puede incurrir el nuevo ordenamiento y las condiciones para que se modifiquen reglas de operación a discrecionalidad de las autoridades energéticas violan los Artículos 8, 14 y 16 de la Carta Magna y por tanto habrá juicios de amparo para suspender el ordenamiento en caso de que sea aprobado por el Congreso.
Con esta esta mesa de diálogo, la Comisión de Energía de la Cámara Baja dio cumplimiento al acuerdo entre partidos de analizar y discutir las modificaciones por lo que se podrá dictaminar la nueva Ley para que de discuta y vote en lo general y particular en el Pleno, rumbo a su envío al Senado.
Analistas advierten afectaciones a empresas
La retroactividad que el gobierno pretende aplicar con la reforma a la Ley de Hidrocarburos afectaría a las empresas que ya operan en el sector y que no cumplen con la infraestructura mínima de almacenamiento que también se establecerá de aprobarse el proyecto, advirtieron analistas del sector.
- El pasado 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de hidrocarburos, donde se establece que las empresas que cuenten con permisos para operar los energéticos deben demostrar que cuentan con una infraestructura para cumplir con niveles mínimos de almacenamiento que definirán las autoridades.
“Elevar al rango de ley la política de almacenamiento mínimo es bueno, lo que no creo que sea correcto es darle efecto retroactivo a la ley con los permisionarios que estaban hasta antes de la reforma. Es incorrecto jurídicamente”, mencionó Sergio Estrada, director general de Energéticos Nieto.
En el panel “Reforma a la Ley de Hidrocarburos, golpe al huachicol o a la competencia”, organizada por Oil&Gas Magazine, Estrada señaló que la iniciativa que se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados, desincentiva la inversión.
“Y ahí esté el meollo de todo. El no crear un ambiente de seguridad jurídica para las inversiones, es el tema central de esta iniciativa”, agregó.
Señaló que desde que inició la administración de López Obrador, no se han otorgado permisos de almacenamiento.
“Tenemos autoridades que no se mueven, que no otorgan permiso de almacenamiento, que tienen más de 2 años con permisos detenidos”, recordó.
- A su vez, destacó que la iniciativa busca combatir el comercio ilegal de combustible (huachicoleo) cuando la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y la ley de extinción de dominio, ya permiten hacerlo.
- Julia González, asociada senior de González Calvillo, coincidió en la afectación al atar los permisos a los niveles de almacenamiento.
“Me preocupa el tema del almacenamiento porque en el artículo 51 se establece que debe haber una política de mínimos de almacenamiento, y es que el cuarto transitorio dice que todos los que tengan permiso tendrán que cumplir con esos mínimos. Se pone en riesgo a los que ya tenían permisos y que no cumplen con este mínimo porque no existía”, recalcó.
Detalló que las empresas se pueden amparar 30 días después de que entre en vigor la ley o 15 días a partir del primer acto aplicado.
Por su parte, Carlos Vallejo, director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), admitió que hace falta capacidad de almacenamiento en el país.
Gasolineros piden certeza jurídica
El sector gasolinero pidió certeza jurídica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que envió a la Cámara de Diputados.
- Aunque la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) apoya las acciones de las autoridades para combatir la impunidad y prácticas ilegales en la comercialización de combustibles, pidió que se respeten las condiciones de mercado favorables para el desarrollo de las actividades del sector.
“Nos pronunciamos porque se cumplan los criterios de legalidad, objetividad, gradualidad, transparencia, certeza jurídica y proporcionalidad en las sanciones, conforme a las leyes en vigor y en estricto apego al estado de derecho“, precisó en un comunicado el grupo empresarial.
- El pasado 26 de marzo, el poder ejecutivo envió a San Lázaro una propuesta para fortalecer a la empresa petrolera más endeudada del mundo, Pemex, a través de control de precios, distribución de energéticos y cancelación de permisos de empresas privadas para importar combustible, incluso controlar instalaciones de empresas sancionadas.
Onexpo dijo que el combate al “huachicol fiscal” requiere la aplicación efectiva de sanciones por parte de las autoridades energéticas, as que una nueva reforma legal.
El organismo gasolinero que preside Roberto Díaz de León dijo que la propuesta genera incertidumbre y mayores riesgos a inversiones privadas, además de inhibir “abiertamente” la competencia, lo que atenta contra la certeza jurídica.
- Sobre la anulación de permisos para vender combustibles que propone el gobierno, Onexpo detalló en el documento que la iniciativa pasa por alto que algunas alteraciones pueden ser involuntarias y no dolosas que modifican el funcionamiento de equipos de despacho, y que la Profeco cuenta con un marco jurídico con facultades para sancionar prácticas ilegales en contra de los consumidores.
WUn mercado de gasolinas y diésel debe operar bajo disposiciones claras, y en beneficio de los consumidores finales”, precisó el grupo gasolinero.
Investigan en México a marca de gasolina
Con la nueva iniciativa de Ley de Hidrocarburos enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, el pasado 26 de marzo, y que advierte una posible expropiación para detener prácticas rapaces de empresas que han aprovechado lagunas legales y que, por la vía de la corrupción, han convertido a Petróleos Mexicanos (Pemex) en su fuente de riqueza, podrían pagar justos por pecadores, según fuentes del sector energético.
- Además, lo anterior ha generado una gran preocupación entre el sector empresarial del ramo, dado que una expropiación del sector energético no sólo contradice el marco legal en la materia, sino que pone en riesgo los compromisos firmados por México en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Hay quienes, en su impotencia, ponen nombre y apellido a tales empresarios voraces que se han beneficiado de la Reforma Energética con prácticas desleales y aprovechando los recovecos jurídicos o, incluso, pactados por la vía de la corrupción y que han quitado negocio a Pemex.
- En tal sentido y con base a datos dados a conocer por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su programa Quién es quién en el precio de la gasolina y diversas fuentes, observaron cómo el empresario Marco Zaragoza Fuentes, propietario de las gasolineras Windstar LPG, tiene lo mejor de dos mundos.
Lo anterior, debido a que mediante prácticas dumping ha arrebatado una importante parte del negocio a Pemex, una vez que vende el carburante a sus aliados gasolineros a precios de mayoreo y muy por abajo del valor de mercado. Sin embargo, sus gasolineras venden el líquido al precio más caro en todo el país y especialmente su marca propia Windstar LPG Gasolineras, lo que no sólo afecta al bolsillo de los consumidores, sino a la economía del país./Agencias-PUNTOporPUNTO
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