TEXTO ÍNTEGRO: Peligran DERECHOS de MUJERES y NIÑAS, enfrentan RETROCESOS y clara DESIGUALDAD

En muchos países latinoamericanos los derechos de las mujeres siguen anclados en el pasado

A medida que el mundo navega por un retroceso democrático, el aumento de los conflictos, las presiones económicas y la reducción del espacio cívico, hay un rechazo cada vez más organizado a la igualdad de género y un retroceso de los derechos de las mujeres, señala Sarah Hendriks, directora de Políticas de ONU Mujeres, en Nueva York.

Las cifras son demoledoras: en más de la mitad de los países del mundo, el 54%, la violación aún no se define legalmente basándose en el consentimiento. Esto significa que una mujer puede ser violada sin que la ley lo reconozca como delito.

  • En casi tres de cada cuatro países, la legislación nacional permite el matrimonio infantil forzado. Y el 44% de los países carecen de leyes que impongan la igualdad salarial por trabajo de igual valor, lo que hace legal pagar a las mujeres menos que a los hombres por el mismo trabajo.

«Cuando las mujeres y las niñas son privadas de justicia, la magnitud de los daños va mucho más allá de un caso aislado. La confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita», declaró Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres. «Un sistema de justicia que no asume sus obligaciones con la mitad de la población no puede pretender trabajar por la justicia».

  • El informe advierte que las reacciones hostiles contra los compromisos de larga data con la igualdad de género se intensifican, y las violaciones de los derechos de las mujeres se aceleran, alimentadas por una cultura de impunidad global, tanto en los tribunales como en los espacios digitales y en contextos de conflicto.

Las leyes se están reescribiendo para limitar las libertades de las mujeres y las niñas, silenciarlas y permitir abusos sin consecuencias.

  • En 2024, 676 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de un conflicto mortal, la cifra más alta desde los años noventa. Como resultado, las violaciones de violencia sexual relacionada con conflictos han aumentado un 87% en solo dos años.

La discriminación de género sigue profundamente arraigada

El informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicado en 2025, indica que los derechos de mujeres y niñas están bajo ataque y la discriminación de género sigue profundamente arraigada en las economías y sociedades.

El informe se centró en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y encontró que casi una cuarta parte de los gobiernos en todo el mundo reportaron una reacción contra los derechos femeninos el año pasado.

  • A pesar de algunos avances, incluyendo la educación de las niñas y el acceso a la planificación familiar, ONU Mujeres señaló que una mujer o niña es asesinada cada 10 minutos por su pareja o un familiar y que los casos de violencia sexual relacionada con conflictos han aumentado 50 por ciento desde 2022.
  • El informe, publicado antes del Día Internacional de la Mujer, también destacó que sólo 87 países han sido liderados alguna vez por una mujer. A escala global, los derechos humanos de las mujeres están bajo ataque, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
  • En lugar de integrar los derechos iguales, estamos viendo la integración de la misoginia. El mundo debe mantenerse firme en hacer de los derechos humanos, la igualdad y el empoderamiento una realidad para todas las mujeres y niñas, en todas partes del planeta, logrando su pleno desarrollo y derecho a la felicidad.

Los 189 países que asistieron a la conferencia de mujeres de Pekín en 1995 adoptaron una declaración histórica y una plataforma de acción de 150 páginas para lograr la igualdad de género, que pedía acciones audaces en 12 áreas, como la lucha contra la pobreza y la violencia de género, así como colocar a las mujeres en los niveles más altos en los negocios, el gobierno y en las comisiones de paz.

  • También se afirmó por primera vez en un documento de la ONU que los derechos humanos incluyen el derecho de las mujeres a controlar y decidir sobre asuntos relacionados con su sexualidad, incluyendo su salud sexual y reproductiva, libres de discriminación, coerción y violencia.
  • En la nueva revisión, que incluye contribuciones de 159 países, ONU Mujeres indicó que los países han dado muchos pasos hacia adelante en la igualdad de género y los derechos de las mujeres en los recientes cinco años, pero que esos derechos aún enfrentan crecientes amenazas en todo el mundo.

En el lado positivo, el informe indicó que alrededor de 88 por ciento de los países han aprobado leyes para combatir la violencia contra las mujeres y han instaurado servicios para ayudar a las víctimas en los pasados cinco años.

Avance de la ultraderecha pone en riesgo los derechos de las mujeres

El avance de las políticas de ultraderecha en todo el mundo está suponiendo un importante retroceso para las mujeres y niñas. De Estados Unidos a Argentina, pasando por Centroamérica o Europa Central, los derechos más elementales de las mujeres son cercenados impunemente ante los ojos del mundo, según las organizaciones en defensa de los derechos de la mujer.

  • Esta políticas se traducen en ataques contra el aborto, que ponen en riesgo la salud y la vida de niñas y mujeres; la negación de la violencia machista, con el desmantelamiento de políticas de protección.
  • La merma de fondos para casas de acogida o apoyos a víctimas, y los refuerzos a los roles de género que quitan independencia y devuelven a las mujeres a su papel de madres y cuidadoras.
  • También las personas migrantes y la población LGTBQ+ son víctimas de esta regresión, por los discursos racistas, homófobos y transfobos, el aumento de delitos de odio y recortes en servicios sociales que aumentan su vulnerabilidad.

Latinoamérica, pocos derechos y nuevos ataques

En muchos países latinoamericanos los derechos de las mujeres siguen anclados en el pasado, el aborto está prohibido y las tasas de violencia física y sexual y de embarazos infantiles son alarmantes. Todo se ha radicalizado con Javier Milei en Argentina o el salvadoreño Nayib Bukele.

  • La vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, explicó a EFE que pese a los avances en Colombia, que ha despenalizado el aborto hasta la semana 24, o en México, donde cada vez más estados legalizan la práctica.
  • Hay cuatro países -El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana – con severas penas contra el aborto, lo que tiene “un impacto terrible en la vida de las mujeres, adolescentes y las niñas”. La violencia sexual en muchos países es sistemática y producto de esas violaciones, miles de niñas quedan embarazadas cada año.
  • En Honduras, en 2024 el 76 por ciento de las víctimas de violencia sexual eran niñas, la mayoría abusadas por un familiar o un conocido, según organizaciones feministas, y en Nicaragua, el 41 por ciento de los peritajes médico-legales por violencia sexual se realizaron en niñas entre 0 y 12 años de edad y el 40 por ciento en adolescentes entre 13 y 17 años, según IPAS.

Martínez subraya que la violencia sexual “se ha normalizado de una forma muy brutal en la sociedad”, de tal forma “que muchas veces no es percibida como tal o es justificada”.

  • Otro ejemplo es Argentina que, después de haberse logrado la legalización del aborto en 2020, la ley de cupo laboral travesti-trans y la implementación del DNI no binario, entre otros, hoy atraviesa un contexto regresivo que pone en riesgo estas conquistas, dice a EFE la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski.
  • El Gobierno de Milei desmanteló instituciones, entre ellas el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, “recortó en asistencia y políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género” y anunció que quiere eliminar el delito de feminicidio del Código Penal.

En 2024, se registraron 252 femicidios, según la Defensoría del Pueblo, un ocho por ciento más que en 2022.

  • Además también se ha registrado un notable aumento de las barreras de acceso al aborto. “Estamos en una situación de crisis total en la medicación abortiva y anticonceptiva porque el año pasado se entregaron las últimas medicaciones y para 2025 no hay planificación”, comenta la doctora Julia Bazán, médica de un hospital público en la provincia de Buenos Aires.

Riesgo en Europa

“Los derechos de las mujeres siempre están en riesgo y es muchísimo más evidente cuando hay gobiernos que dan alas a una serie de narrativas y políticas. Y eso (…) también lo vemos en varios países de Europa”, aseguró la responsable de Campañas sobre Mujeres de AI, Mónica Costa Riba.

  • Entre los derechos en jaque en Europa, Costa destaca el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito. Se calcula que, en toda Europa, más de 20 millones de mujeres no tienen garantizado ese derecho.
  • Pero hay países, como Andorra o Malta, en los que está totalmente penalizado, o Polonia, con una de las leyes del aborto más restrictivas de todo el continente, solo permitido en caso de violación, incesto o riesgo para la salud de la madre.

No estamos dispuestas a esperar que las leyes cambien, nos organizamos entre nosotras para ayudar a quienes lo necesitan.- Justyna Wydrzyńska, activista polaca

La promesa electoral del primer ministro polaco, Donald Tusk, de avanzar hacia un aborto libre, legal y sin riesgos, no se ha cumplido. “El aborto está increíblemente penalizado en Polonia, sobre todo, a nivel de ayuda. En principio, tras el cambio de gobierno, las embarazadas no son penalizadas por abortar, pero todo lo de alrededor sí”, explica Costa.

  • En este contexto, la activista Justyna Wydrzyńska ha sido criminalizada por su labor. Con su equipo, Abortion Dream Team, han ayudado a más de 47 mil mujeres a acceder a un aborto en el último año. “No estamos dispuestas a esperar que las leyes cambien, nos organizamos entre nosotras para ayudar a quienes lo necesitan”, asegura.

Por otro lado, en Italia, donde antes de la llegada de la ultraderechista Giorgia Meloni el acceso al aborto era difícil, se ha acelerado desde 2022 la erosión de este derecho.

  • El 63.4 por ciento de los ginecólogos se declararon objetores de conciencia, según un informe de Médicos del Mundo Italia, que señala que las mujeres son obligadas a escuchar el latido fetal o que son víctimas de hostilidades y lenguaje ofensivo por parte del personal sanitario.

En abril de 2024 Meloni aprobó un paquete de enmiendas que incluye el permiso a las organizaciones antiabortistas a entrar en las clínicas abortistas.

  • La situación es similar en Hungría, donde, con el aborto legal desde 1992, desde septiembre de 2022 el gobierno ultraconservador de Viktor Orbán obliga a las mujeres que quieren abortar a asistir a sesiones de asesoramiento y a escuchar el latido del feto.
  • Este retroceso global no es una situación pasajera, advierte Costa Riba: “La amenaza a los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBTQ+ lleva años en crecimiento y no muestra señales de disminuir”. Por eso, “la movilización es clave”.

“Pensar que esto no te afecta a ti es un error; nos afecta a todos porque el debilitamiento de derechos no es algo que se quede en un ámbito lejano, nos toca como sociedad”, explica Costa, que destaca la importancia de la solidaridad con las personas más vulnerables.

Mujeres en la primera línea de las crisis globales

  • La feminización de la pobreza no es simplemente una mayor presencia de las mujeres en los sectores vulnerables, sino un fenómeno histórico y sistémico que restringe su acceso a la riqueza, a los recursos productivos y a los mecanismos de protección social.
  • A escala global, las mujeres enfrentan mayores tasas de empleo informal, menores salarios y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, condiciones que limitan su autonomía y reducen su capacidad para enfrentar las crisis actuales.

En este escenario, el cambio climático amplifica desigualdades preexistentes: sus impactos —como sequías, inundaciones, desplazamientos forzados y pérdida de medios de subsistencia— afectan con mayor intensidad a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad, particularmente a las mujeres.

  • Las desigualdades estructurales también condicionan la capacidad de las mujeres para responder a estas crisis: en muchos contextos, tienen menor acceso a recursos económicos, propiedad o redes de movilidad, lo que limita su posibilidad de abandonar zonas afectadas por desastres climáticos.
  • Además, las responsabilidades de cuidado, que recaen de forma desproporcionada sobre ellas, dificultan su desplazamiento en situaciones de emergencia. La migración climática desplaza al año a 21.5 millones de personas.
  • Diversos estudios demuestran que las mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y trata durante estos desplazamientos. Las crisis climáticas no sólo intensifican los riesgos ambientales, sino que también agravan desigualdades sanitarias y sociales que afectan de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres.

El aumento de enfermedades transmitidas por vectores —como el dengue o la malaria—, junto con la creciente desigualdad alimentaria, impacta particularmente su salud reproductiva y materna, elevando los riesgos durante el embarazo y en contextos de emergencia humanitaria.

  • Estas consecuencias son aún más severas en zonas marginales, donde las mujeres enfrentan carencias críticas en salud, educación, planificación familiar y acceso al sistema financiero.

Desde que las niñas nacen, se invierte menos en ellas, tanto en su salud como en su educación, y esta falta de atención médica y de recursos ha llevado a que un alto porcentaje de mujeres fallezca en la primera infancia o durante la edad reproductiva (E. Duflo & A. Banerjee). Garantizar la autonomía reproductiva permite que las mujeres puedan estudiar y entrar al mercado laboral, lo que a su vez contribuye a romper círculos viciosos de pobreza.

  • Además, la evidencia empírica muestra que el ingreso en manos de las mujeres tiene un impacto particularmente positivo en la salud, la nutrición y la educación de sus hijos, lo que justifica orientar políticas públicas específicamente hacia ellas.

Estas situaciones de vulnerabilidad son el resultado de un orden social que distribuye recursos de manera desigual, privilegiando a los hombres y relegando a las mujeres a posiciones estructuralmente precarias al priorizar el valor del trabajo productivo remunerado sobre el trabajo de reproducción y cuidados.

  • Esta desigualdad estructural no solo limita el acceso de las mujeres a recursos, sino también su participación en los espacios donde se toman decisiones sobre la crisis climática.

Aunque las mujeres enfrentan de forma desproporcionada los impactos del cambio climático y desempeñan un papel central en la gestión y protección de los recursos naturales, siguen estando subrepresentadas en los espacios donde se diseñan las políticas ambientales y climáticas.

A nivel global, los hombres ocupan cerca del 67% de los puestos de toma de decisiones en materia climática, mientras que la representación femenina en los espacios de negociación permanece por debajo del 30%, lo que limita la incorporación de perspectivas de género en el diseño y la implementación de políticas públicas (G. Carbó Zack).

La carga de trabajo no remunerado también se intensifica con la crisis climática, obligando a muchas mujeres a recorrer mayores distancias para obtener recursos básicos como agua, alimentos o combustible, lo que aumenta su exposición a la inseguridad alimentaria y a diversas formas de vulnerabilidad.

  • El IPCC estima que, de mantenerse las tendencias actuales, hasta 183 millones de personas adicionales podrían enfrentar desnutrición hacia 2050, una crisis que afectará de manera especialmente severa a poblaciones ya vulnerables.
  • La seguridad alimentaria también depende mayoritariamente del trabajo de las mujeres, ya que producen entre el 50% y el 80% de los alimentos en países en desarrollo.
  • Según datos de la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos y formación que los hombres, la producción agrícola total aumentaría hasta un 4%, lo que permitiría que entre 100 y 150 millones de personas salieran de la pobreza.

Las mujeres son agentes clave de sostenibilidad, pues son más proclives a adoptar prácticas agrícolas que protegen la tierra y buscan alternativas hídricas ante la escasez. Sin embargo, esta contribución sigue siendo insuficientemente reconocida y financiada: a nivel global, solo una fracción mínima del financiamiento climático se dirige a organizaciones ambientales lideradas por mujeres, lo que limita el alcance de soluciones locales que podrían fortalecer la adaptación climática en comunidades vulnerables.

  • Frente a estas desigualdades estructurales, resulta indispensable fortalecer mecanismos de rendición de cuentas democrática que obliguen a los gobiernos a fomentar el diálogo público. Esto implica repensar el alcance de las instituciones responsables y las formas de deliberación colectiva para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.

Creciente carga de la pobreza de género

Un informe de  ONU Mujeres dibuja un crudo panorama de la pobreza de género, mostrando que las mujeres y las niñas están sobrerrepresentadas entre los pobres en todas las etapas de la vida, y que las mayores disparidades se observan durante la edad fértil.

  • Las mujeres de 25 a 34 años tienen un 25% más de probabilidades que los hombres del mismo grupo de edad de vivir en la pobreza extrema.
  • Los conflictos y el cambio climático siguen agravando esta desigualdad, ya que las mujeres de entornos frágiles tienen 7,7 veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema que las de regiones estables.
  • Además, las elevadas tasas de inflación han disparado los precios de los alimentos y la energía, golpeando con especial dureza a las mujeres.

Sin embargo, de las casi 1000 medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de 171 países en los meses siguientes, sólo el 18% estaban dirigidas a la seguridad económica de las mujeres, revela el informe. Esto pone de manifiesto que los riesgos y vulnerabilidades específicos de cada sexo suelen descuidarse tras las crisis.

Aún con Sheinbaum, la mitad de mexicanas subsisten sin seguridad social

De cada 100 mujeres, en promedio 49 no tienen acceso a la seguridad social y 37 carecen de servicios de salud, según la valoración estratégica sobre el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, realizado por el ahora extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Además, de 100 mexicanas 19 tienen rezago educativo, 18 carecen de acceso a alimentación nutritiva y de calidad, 17 no tienen servicios básicos en su vivienda y ocho no cuentan con espacios de calidad en su casa-habitación, revela el organismo.

  • Las mujeres en el país aún enfrentan una estructura de oportunidades desigual producto de procesos sociales que involucran pautas de conducta, expectativas y aspiraciones diferenciadas por razones de género que se traducen en procesos de discriminación, exclusión y desigualdades en diversos lugares, enfatizó en enero de 2025 en su análisis.
  • Según la medición multidimensional de la pobreza del Coneval, de las 67.1 millones mujeres que había en México durante 2022 (52.1 por ciento del total de la población), 36.9 por ciento se encontraban en situación de pobreza, una proporción que se redujo respecto a los niveles de 2018, cuando 42.6 por ciento de ellas se hallaban en esa condición.
  • Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición del Inegi (2023), refieren una creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral en México. Entre 2018 y 2022 la tasa de participación económica de las mexicanas ha oscilado entre 40.0 y 46.2 por ciento.

Sin embargo, al cuarto trimestre de 2022 más de la mitad de las mujeres en México en edad de trabajar no lo hacía, y persistió una brecha de participación económica entre hombres y mujeres de 30.3 puntos porcentuales.

La baja participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y su concentración en sectores de menor productividad se debe a que sobre ellas se recarga el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Eso las lleva a buscar empleos flexibles o informales, de menor calidad, e incluso a interrumpir sus carreras profesionales./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro a Continuación:

https://conferenciamujer.cepal.org/67m/sites/crm67m/files/ppt_cepal_onu_mujeres_01.12.2025.pdf

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2025-03/womens-rights-in-review-30-years-after-beijing-en.pdf

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