En México, entre enero de 2015 y mayo de 2025, se han registrado 2,935 víctimas de trata de entre 0 y 17 años, de las cuales el 74.8% son mujeres. Entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua, donde se encuentran o colindan sedes mundialistas, ya figuran entre las zonas con mayor registro de víctimas menores de edad, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
¿Qué sucede en el contexto mundialista? “Podrían aumentar los riesgos de explotación sexual, explotación laboral, trabajo infantil, captación de adolescentes mediante redes sociales y el reclutamiento de personas para actividades ilícitas. También es importante vigilar situaciones de explotación en sectores relacionados con el turismo, el hospedaje, el transporte y los servicios”, señala Karla Jacinto, sobreviviente de trata de personas y activista.
La historia entre la trata de personas y eventos deportivos masivos no es nueva. Aunque, como señala Jacinto en entrevista, estos eventos no aumentan la trata de manera automática, históricamente han servido como catalizadores para que las redes de explotación operen con mayor intensidad.
- Un ejemplo es la Copa Mundial de Alemania 2006, cuando la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) expresó en su momento una profunda preocupación por la posibilidad de que entre 30 mil y 60 mil mujeres y niñas fueran objeto de trata con fines de explotación sexual durante el torneo.
- En ese entonces se anticipó que la llegada de más de un millón de hombres a las 12 ciudades sede provocaría un incremento sustancial en la demanda del sector del sexo, lo que motivó campañas de organizaciones como Amnistía Internacional exigiendo “tarjeta roja” a la trata. En México, la Secretaría de Turismo (Sectur) espera la llegada de aproximadamente 5.5 millones de visitantes extranjeros y nacionales.
Otros ejemplos van desde el incremento en el volumen de anuncios de “acompañantes”, oscilando entre un 50% y un 100% por encima de los valores normales de referencia, durante los Juegos Mundiales de Birmingham 2022, hasta intentos de captación, como ocurrió en el Super Bowl 2023, cuando tratantes intentaron secuestrar a una joven con discapacidad en Canadá para explotarla durante el evento en Arizona.
- En México, modalidades más identificadas incluyen la explotación sexual, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzada, el matrimonio forzado, la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas y diversas formas de explotación laboral, explica Jacinto, enfatizando que todas implican control, engaño y vulneración de derechos.
En 2012 entró en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual define los tipos penales y las obligaciones de las autoridades. Sin embargo, a pesar de contar con estos protocolos, las fuentes señalan que México aún carece de una política pública preventiva integral que aborde las causas estructurales del delito.
- En México, las cifras de trata de personas revelan que las mujeres, niñas y adolescentes son las más afectadas por este delito, representando la gran mayoría de las víctimas.
- Sin embargo, las niñas son las personas más expuestas debido a su dependencia económica o emocional pues representan el 74.8% de los casos de menores de edad reportados a nivel nacional en el periodo 2015-2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), obtenidos por REDIM.
“También están en situación de vulnerabilidad las personas migrantes, comunidades indígenas, personas desplazadas por la violencia y quienes viven en condiciones de pobreza o exclusión social. Los tratantes buscan precisamente a quienes tienen menos acceso a protección y oportunidades” añade Jacinto.
“Desde mi historia personal, sé que la vulnerabilidad puede estar dentro de cualquier entorno. Muchas veces las víctimas no son captadas por desconocidos, sino por personas cercanas que identifican sus necesidades emocionales, económicas o familiares”.
Ofertas empleos para atraer a mujeres
En la capital del país, las falsas publicaciones que ofrecen empleos –principalmente de edecán o acompañante, realizar trabajos domésticos y como guardias de seguridad–, son usadas por delincuentes para enganchar a mujeres con miras a enrolarlas en redes de trata de personas.
- Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia revelan que las mujeres son las principales víctimas que tuvieron contacto con este tipo de empleos falsos de persona a persona.
- Clara Luz Álvarez, consejera honorífica del organismo, señaló que estos tres tipos de solicitudes son las que más se reportan a las líneas del Consejo Ciudadano; sin embargo, no precisó cuántos reportes o llamadas corresponden a cada una de las modalidades.
Indicó que 17 por ciento corresponden a falsas publicaciones de empleo bajo la modalidad de ser edecán o realizar algún tipo de acompañamiento, le sigue con 10 por ciento el trabajo doméstico, y 9 por ciento para vigilante.
Álvarez comentó que de acuerdo con 24 por ciento de los datos, también estas ofertas se realizan en redes sociales.
Las mujeres son víctimas de estas publicaciones, primordialmente de 18 a 31 años, lo que representa 45 por ciento de solicitantes.
La consejera señaló que la labor del organismo ha sido fundamental para atender estos casos y llevarlos con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para el comienzo de investigaciones.
- Los análisis del consejo refieren que hay patrones claros que permiten alertar a tiempo y actuar de manera coordinada con la fiscalía, pues este delito de alto impacto es el que viene ligado con las ofertas falsas de empleo, aunque también pueden perpetrarse otros ilícitos.
“Las cifras son contundentes y reflejan una violencia estructural que no podemos normalizar, cada dato es una evidencia de cómo las desigualdades de género están siendo instrumentalizadas por redes de trata a través de mecanismos legítimos, como lo es el acceso al trabajo. Desde el Consejo Ciudadano insistimos en fortalecer la prevención con perspectiva de género, la detección oportuna y la articulación institucional para cerrar estos espacios de captación y propiciar entornos libres de violencia y explotación para cada una de las mujeres que habitan nuestra Ciudad.”
Demasiado bueno para ser cierto
Agregó que hay señales de alerta que pueden ser detectadas, como sueldos elevados sin requisitos claros, contratación inmediata sin proceso formal y petición de contacto exclusivo por redes sociales o aplicaciones de mensajería.
A esto hay que agregar entrevistas de trabajo en lugares poco comunes y con la petición de que vayas sin acompañantes ni identificaciones.
De acuerdo con la empresa de empleos Indeed, en una encuesta reciente 69 por ciento de los trabajadores mexicanos se volvieron más cautelosos y selectivos al enfrentar o ver una estafa mientras exploran nuevas oportunidades de trabajo.
En 2025, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que las estafas en busca de una plaza laboral se detectan principalmente en redes sociales (38 por ciento), sitios web (35), correo electrónico y aplicaciones de mensajería (15 por ciento), mientras el estudio de Indeed reveló que seis de cada 10 personas se han topado alguna vez con una publicación de oferta de empleo falsa.
Trabajadoras de la maquila, entre explotación, precariedad y violación a derechos
En Ciudad Juárez, así como en otras entidades del país, miles de mujeres sostienen a la industria textil bajo dinámicas marcadas por bajos salarios, jornadas que superan las 48 horas semanales, hostigamiento, violencia de género, subcontratación, vacíos legales en los contratos e informalidad laboral.
- De acuerdo con datos del Inegi, en industrias manufactureras trabajan 1 millón 791 mil mujeres. De esta cifra, 263 mil trabajan en maquilas: 152 mil, en fabricación de prendas de vestir; 46 mil, en fabricación de productos textiles; 16 mil, en fabricación de insumos textiles; y 49 mil, en curtido y acabado de cuero y piel.
- El informe La industria indumentaria en México: una mirada a la situación de los derechos humanos laborales desde un enfoque interseccional y de rendición de cuentas empresarial, elaborado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), documenta que las mujeres de la maquila no sólo se enfrentan a la precariedad y las joirnadas extenuantes, sino que también a la amenaza constante del despido.
Para la activista Betty Ávalos, líder de la Colectiva Rosa Luxemburgo, una de las expresiones más alarmantes de esta violencia estructural es la invisibilidad. En entrevista con Contralínea, afirma que el sistema reduce a las trabajadoras a fuerza de producción: las despoja de su identidad y las convierte en piezas que sirven únicamente para producir cosas.
“Creo que esa invisibilidad, esa apatía de que me vieran nada más como alguien que tiene que venir y producir y producir, y que lo demás no importa, fue lo que me llevó a decir: yo soy más que una máquina que produce cosas. Soy una persona. Quiero hacer cosas que hacen las personas”.
Actualmente, la industria indumentaria es uno de los sectores más rentables del sistema económico global. En México, pese a las variaciones en su participación dentro del sector manufacturero, aporta alrededor de 95 mil millones de pesos al producto interno bruto (PIB). No obstante, detrás de estas cifras aún persisten condiciones de profunda precariedad laboral, esquemas de explotación, además de una sobreproducción y daños ambientales que impactan de forma directa a los territorios y a las comunidades, señala Mercedes Ramírez, integrante de la Coordinación de Análisis e Incidencia de la asociación ProDESC, en entrevista con este seminario.
Según la activista, el informe documenta que la industria indumentaria opera bajo condiciones estructurales de precariedad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer y actualizar los marcos de debida diligencia empresarial e impulsar medidas legislativas que hagan exigibles estos derechos.
En este sentido, Ramírez apunta que, particularmente en el contexto de la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los puntos centrales en la agenda nacional debería ser precisamente reforzar las oportunidades de exigencia y el acceso a la justicia de los derechos laborales de las personas que están inmersas en la industria de la moda. “No basta con marcos voluntarios; es necesario dotar a las empresas de mayor obligatoriedad”, sostiene.
- Entre los datos más alarmantes, el documento destaca que el 72 por ciento de las personas trabajadoras del sector no percibe un salario suficiente para superar el umbral de pobreza, mientras que el 66 por ciento de los empleos se encuentra en la informalidad. Además, se halló que el 52 por ciento carece de seguridad social; el 42 no cuenta con un contrato estable y el 94 no está afiliado a ninguna organización sindical.
En este sentido, Mercedes explica que el estancamiento salarial es estructural. Entre 2013 y 2019, las remuneraciones en la industria textil pasaron de 11 mil 589 a 11 mil 696 pesos mensuales, es decir, poco más de 100 pesos de incremento en seis años. Pero, en la industria de la confección, el salario aumentó de 8 mil 630 a 9 mil 26 pesos en el mismo periodo, por lo que se mantuvo en un rango considerablemente más bajo, explica. “En talleres más pequeños o en el trabajo a domicilio es donde observamos pagos por encargo, por prenda o por hora. La naturaleza de los pagos es muy variada”.
Detrás de cada dato hay una desdicha que se repite: las trabajadoras de la maquila que acuden a consulta médica o solicitan permisos para atender a sus hijas e hijos suelen enfrentarse a despidos injustificados o, incluso, a la falta de renovación de sus contratos que, en la mayoría de los casos, son temporales.
“Cuando tenemos que atendernos la salud, nos encontramos con que ya no tenemos trabajo. También, a veces los contratos no son claros y cuando llegan a ser claros, aun así, de todas maneras, hay despidos injustificados. Entonces, creo que esa es una constante que se repite”, remarca Betty Ávalos.
En su experiencia, la precariedad también se instala en el cuerpo. Las lesiones laborales constituyen otro foco en este sector, pues después de años en la misma posición, muchas mujeres presentan desgaste en manos, hombros o en columna debido a las cargas de trabajo y a la falta de medidas preventivas. Y lo peor es que, cuando intentan que se les reconozca un accidente laboral, se enfrentan a trámites prolongados y a la negativa de incapacidades. Pero, en caso de lograr un dictamen a su favor, las empresas se resisten a volver a incorporarlas.
“Los sistemas de seguridad para prevenir riesgos y accidentes muchas veces no son tan eficientes. Primero hay una falla en la prevención, pero cuando ocurre un accidente, las compañeras no solo se enfrentan a la empresa, sino también al seguro social, que en muchos casos no reconoce el accidente de trabajo. Y una vez que luchamos para que se reconozca el accidente, la atención médica suele ser tardía e insuficiente. Al final, las compañeras se enfrentan a otro obstáculo: el seguro social se resiste a otorgar incapacidades y la empresa ya no las quiere recibir de vuelta con la lesión”, señala la activista juarense.
A ello se suman jornadas que pueden alcanzar hasta las 72 horas semanales. Como la ley establece límites para el tiempo extra, parte de esas horas nunca se registran ni se pagan, agrega. En talleres pequeños o en el trabajo a domicilio –donde con frecuencia no se exige escolaridad formal–, la contratación parece una oportunidad, pero termina siendo el espacio donde estos vacíos legales y los abusos se normalizan.
Opacidad empresarial genera abusos laborales
La opacidad empresarial refuerza este escenario. De acuerdo con el Índice de Transparencia de la Moda en México 2021, elaborado por Arlenica y Fashion Revolution, la mayoría de las marcas analizadas mantiene niveles mínimos de rendición de cuentas en materia laboral y ambiental.
- De 31 marcas analizadas, se encontró que el 58 por ciento no divulga sus políticas ni sus compromisos respecto a derechos laborales y de medio ambiente; el 90 por ciento no informa sobre salarios, prestaciones ni pago de horas extra; y únicamente el 3 por ciento revela datos sobre subcontratación o trabajo a domicilio. En promedio, la trazabilidad apenas alcanza una puntuación del 5 por ciento, y únicamente el 4 por ciento reporta acciones de debida diligencia.
- En este contexto, Mercedes Ramírez sostiene que no se trata de reinventar el sistema actual, sino de fortalecer los pisos mínimos existentes y dejar de depender de la “buena voluntad” empresarial. Una de las principales apuestas, explica, es que los marcos de debida diligencia en materia de empresas y de derechos humanos dejen de ser voluntarios y se conviertan en obligaciones, con mecanismos claros de rendición de cuentas y sanción.
Actualmente, dice, los principales referentes internacionales como los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, o las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dependen en buena parte de la voluntad de cada Estado y de las propias empresas para cumplirse.
Sin embargo, en el contexto de la renegociación del T-MEC, la activista plantea fortalecer estos instrumentos como el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, “diseñado para resolver cierto tipo de conflictos específicamente vinculados a temas de negociación colectiva y organización sindical”, lo que ha permitido procesar casos en esta industria indumentaria y generar planes de reparación.
“Es un mecanismo que ya ha recibido casos, y en particular, por ejemplo, de la industria indumentaria en 2023 recibió el primer caso por un conflicto en esta industria, creo que era una empresa dedicada a la elaboración de mezclilla. Y efectivamente, resultó en un plan de reparación. Entonces, quizás es eso, o sea, fortalecer la actuación de ese mecanismo, que no se pierda como esa fuerza, como lo hemos visto quizás en otros espacios geográficos, como por ejemplo la Unión Europea, que también tiene sus propias normativas al respecto. Pero sí hemos observado que para el caso del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, el costo político es significativo y ha provocado que sí, efectivamente, se reciban asuntos, se procesen, se dé una respuesta”.
Además, Ramírez propone mantener y robustecer las disposiciones que prohíben la importación de productos elaborados con trabajo forzoso o infantil, así como avanzar hacia una legislación nacional que haga obligatoria la debida diligencia empresarial. Para ello, dice que organizaciones civiles sostienen conversaciones con la Secretaría de Economía –encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón– y otras instancias, con el objetivo de construir –mediante un proceso multiactor que incluye a trabajadoras, sindicatos, academia y gobierno– un proyecto de ley que pueda iniciar su ruta legislativa en los próximos meses.
Justicia laboral para las y los trabajadores
Si los marcos de debida diligencia siguen siendo voluntarios, y la vigilancia empresarial permanece en la opacidad, las cifras no cambiarán. Tampoco lo hará el ritmo de las máquinas ni las jornadas interminables, y mucho menos se modificarán las asimetrías de poder que sostienen un mercado basado en la terciarización de la producción, la desregulación laboral y la búsqueda constante de mano de obra barata para reducir costos.
En ese entramado, la maximización de ganancias se traduce en salarios bajos, así como en prestaciones mínimas y mayor precarización. Mientras los reportes empresariales hablan de exportación, crecimiento y competitividad, para miles de trabajadoras en el país la estabilidad sigue siendo una promesa lejana. Pues, para activistas como Betty, la fragmentación de las cadenas de suministro permite que las grandes compañías se deslinden de responsabilidades, incluso cuando su rentabilidad descansa en esa precariedad. Ante esto, en las líneas de producción permanece el miedo, miedo a denunciar, a organizarse, a enfermar, a quedarse sin empleo.
“Para nosotras, la industria se vive en el cuerpo y en la vida diaria, en el día a día; se vive en los salarios que no alcanzan, en jornadas largas, en trabajos sin seguridad social o trabajos inseguros, en cuerpos desgastados y en el miedo constante a perder el trabajo”, señala Betty. Ese miedo no es abstracto: atraviesa cada turno y cada decisión. Se expresa en la amenaza permanente de que la empresa cierre o se traslade, en la incertidumbre de no saber si denunciar una injusticia podría implicar un riesgo laboral.
“La mayoría de las personas que trabajamos en esta industria no ganamos lo suficiente para vivir con tranquilidad, y la mayoría somos mujeres”, agrega. Esto no es una coincidencia. Se trata de un modelo que se alimenta de la falta de oportunidades. “Es una industria que depende de que aceptemos lo mínimo porque necesitamos el ingreso para sostener a nuestras familias”.
- Los casos de injusticia laboral aparecen con más frecuencia de la que suelen registrar las estadísticas oficiales. Betty habla de una trabajadora con más de 15 años en la industria que lleva una década arrastrando con una lesión en la columna, y meses en la línea de producción en la que repite movimientos y soporta un dolor entre sus huesos. Sin embargo, el seguro social no resolvió su caso y la empresa para la que laboraba tampoco asumió su responsabilidad. El resultado, dice, es un cuerpo que ya no puede permanecer mucho tiempo de pie ni sentarse sin dolor, pero que sigue trabajando.
En la presentación del informe, recuerda también a otra compañera que sufrió una hemorragia en plena jornada. Tras largas insistencias, logró que la pudieran incapacitar, pero al volver a su lugar de trabajo fue despedida. Lo que siguió fue un peregrinar entre centros de conciliación, demandas y estigmatización.
“A ellas les preguntan: ¿Bueno, tú cómo sabes eso? ¿Por qué te defiendes tanto? ¿Por qué vienes y me reclamas? Y entonces, también vemos dificultad para que puedan reintegrarse al trabajo”.
El miedo atraviesa todas esas historias. En la frontera, muchas mujeres llegan de otros estados o países, con hijas e hijos o sin redes de apoyo. Decir ‘no’ ante la violencia laboral no siempre es una opción real para muchas de ellas. En ese contexto, aceptar condiciones precarias se vuelve la única alternativa disponible. “Algunas veces vemos esto como una ventaja”, reconoce Ávalos.
En entrevista con este semanario, relata que en talleres o en trabajo a domicilio no se exige escolaridad ni mayores requisitos; basta con presentarse. Sin embargo, esa misma puerta suele ser también una trampa, porque ahí los pagos por prenda, por encargo o por hora reemplazan la remuneración de un salario fijo; y es donde la violencia y los abusos se normalizan con mayor facilidad, ya que estas pequeñas y medianas empresas son las que más opacidad presentan en sus informes laborales.
- La violencia en esta industria es cotidiana y sistemática. Puede ejercerse entre compañeros o desde supervisores y mandos superiores, pero siempre responde a la misma estructura jerárquica, añade la activista.
“Hay mucha violencia, pero es una violencia que está muy normalizada. Y entonces, como está normalizada y no hay mecanismos adecuados para la denuncia, pues eso es complicado”. Así, ante la falta de mecanismos eficaces de denuncia, muchas trabajadoras optan por renunciar para escapar del hostigamiento, e interrumpen con ello su acceso a derechos como salud, vivienda o pensión.
“La relación con las empresas es una relación muy muy asimétrica. Mientras las empresas pueden asociarse libremente en cámaras y organismos para defender sus intereses, cualquier intento de organización colectiva de las trabajadoras o cualquier iniciativa de un grupo de personas trabajadoras que se quiere también asociar para buscar mejoras en sus condiciones, inmediatamente son atacadas y señaladas. Entonces, ahí hay una asimetría”.
A medida que la producción se fragmenta en cadenas de subcontratación, dice, las violaciones laborales se multiplican y la responsabilidad se diluye. En ese esquema, la reducción de costos termina recayendo sobre los cuerpos de quienes sostienen la producción. “No se refleja responsabilidad social ni las buenas prácticas empresariales si no se modifica la estructura histórica del trabajo que exige a las mujeres disponibilidad total, como si no tuviéramos cargas de cuidado”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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