Tres ENTIDADES registran más DENUNCIAS de VIOLENCIA POLÍTICA contra las MUJERES

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones para partidos políticos y coaliciones, con el fin de que estos incluyan a grupos históricamente discriminados.

En enero de este año, tres funcionarios de Isla Mujeres, Quintana Roo, repartieron volantes en los que se promocionaba sexoservicio con el número telefónico de Atenea Gómez Ricalde, precandidata del PAN a diputada local. El caso es un ejemplo de cómo en pleno proceso electoral 2021, persiste la violencia contras las mujeres en la contienda.

Casos como éste se registran en un año en el que se espera una mayor participación de las mujeres en la contienda, sin embargo, hasta el momento se registran 21 sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

  • El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género fue abierto en diciembre pasado por el INE, como un instrumento que permite verificar a los aspirantes a un cargo de elección popular.
  • De acuerdo con esta base de datos, de diciembre a la fecha, 21 personas han sido sancionadas por incumplir los lineamientos en materia de violencia política en razón de género.

El registro muestra que 17 de los infractores son hombres y cuatro mujeres; ocho corresponden a aspirantes a un cargo de elección popular, cuatro a servidores públicos y ocho a «otros».

Además, 12 de los casos son del ámbito municipal y nueve a nivel estatal. Por entidad, se tiene que Veracruz es donde más asuntos se han reportado (9), seguido de Campeche (5), Quintana Roo (3) y Yucatán (2); en tanto que Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sonora tienen un caso.

La mayoría de las denuncias fueron resueltas por tribunales electorales locales y los organismos públicos de las entidades federativas (OPLES).

  • El registro de sanciones se abrió con dos personas en la lista: Felipe Mora Hernández, alcalde de Campeche acusado por una síndica por obstrucción a sus funciones, y Alejandro Ochoa Valencia, exedil de Colón, Querétaro, señalado por una diputada de hostigamiento.
  • De los casos que destacan en este registro es el mencionado de los tres funcionarios de Isla Mujeres, Quintana Roo, contra Atenea Gómez Ricalde.

Se trata de Merced Ortiz Maya, director de Protección Civil de Isla Mujeres, su sobrino Ángel Antonio Ortiz Franco y un amigo identificado como Cristian Alberto Ojeda Chuc. Estas fueron las primeras sanciones que se resolvieron en materia de violencia política contra las mujeres en el actual proceso electoral.

Las otras personas que aparecen en la «lista negra» del INE son:

  • Blanca Guadalupe Lizzet Uc Martínez, consejera de Morena en Campeche.
  • Carlos Enrique Ucán Yam, consejero de Morena en Campeche.
  • Dezert Iván Martín Barrera, tesorero del Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán.
  • Ernesto Ruiz Flandes, alcalde de Altotonga, Veracruz (con cuatro sanciones).
  • Javier Castillo Vivero, alcalde de Alto Lucero, Veracruz.
  • José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, director del Diario de Acayucan, en Veracruz.
  • Lázaro Avendaño Parrilla, alcalde de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.
  • Magdaleno Luis Camacho Fuentes, periodista local en Hidalgo.
  • María del Carmen Molina Chable, consejera de Morena en Campeche.
  • Mildred del Jesús Can Hernández, consejera de Morena en Campeche.
  • Natividad Matías Morales, alcalde de Santa Cruz Amilta, Oaxaca.
  • Samuel Uc Poot, alcalde de Chichimilá, Yucatán.
  • Sergio Jesús Zaragoza Sicre, creador de un perfil de Facebook en el que ejerció violencia política contra la actual senadora Lilly Téllez.

Todas estas personas permanecerán en el registro de tres a seis años, dependiendo la falta o si es reincidente.

Los lineamientos del INE establecen que las sanciones aumentarán cuando la violencia política en razón de género sea ejercida por funcionarios, aspirantes a una candidatura, precandidatos, candidatos y profesionales de medios de comunicación.

También cuando la violencia se ejerza en contra de una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, afromexicana, de la tercera edad, de la comunidad LGBT+ o con discapacidad.

  • En el caso del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que cometió violencia política en contra de la legisladora Adriana Dávila, no figura en el registro de personas sancionadas del INE.

Esto es porque al momento de los hechos y de la resolución aún no se aprobaban los lineamientos. Sin embargo, el Tribunal le ordenó ofrecer una disculpa pública y, de no hacerlo, podría ser incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Partidos más incluyentes 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones para partidos políticos y coaliciones, con el fin de que estos incluyan a grupos históricamente discriminados.

El proyecto, que proviene de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJG), hará que los partidos incluyan a personas de la diversidad sexual, indígenas, afromexicanas y con discapacidad en las diputaciones federales.

  • El acuerdo propone la participación de personas indígenas en 21 distritos, de los cuales 11 deberán ser mujeres, indica el comunicado del INE fechado al 15 de enero.
  • Además, los partidos y coaliciones tendrán que posturar tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos electorales y una más por el principio de Representación Proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, detalla el texto. Y las postulaciones deben ser paritarias.

Las candidaturas por Representación Proporcional son aquellas basadas en la asignación de cargos de representación popular con base en el porcentaje de votos obtenidos por un partido.

Sobre las personas discapacitadas, se explica que los partidos deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por ellas y ellos en seis de los 300 distritos que conforman al país.

  • «Asimismo, en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de Representación Proporcional, los partidos políticos nacionales deberán postular dos fórmulas integradas por personas con discapacidad. Dichas fórmulas podrán postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en los primeros 10 lugares de la lista respectiva», apunta el documento compartido por la consejera electoral Dania Ravel.

En cuanto a la diversidad sexual, se determinó que deberá haber postulaciones cuando menos de dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales. En cuanto al principio de Representación Proporcional, se presentará una fórmula más dentro de los primeros 10 lugares de la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones.

  • Dania Ravel, consejera electoral, consideró con respecto a este proyecto que las acciones dan un piso mínimo de participación política a grupos que históricamente han sido discriminados; si bien estas no generan un cambio social inmediato ni garantizan por sí mismas el éxito de la inclusión, sí ponen en la discusión la necesidad de la participación de las personas.

Por otro lado, el consejero presidente Lorenzo Córdova puntualizó en el momento que no es el mejor momento para incluir estas medidas pues las precampañas ya han avanzado y los partidos ya han emitido convocatorias, pero es un acatamiento del Tribunal Electoral que debía hacerse y es pertinente abrir la discusión sobre la inclusión de estos grupos./Agencias-PUNTOporPUNTO

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