Lo político no siempre es lo legal

En su carta de renuncia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Jaime Cárdenas expuso que al asumir su titularidad, encontró irregularidades administrativas, falta de liquidez, entre otros señalamientos.

Pero además indicó que su lealtad no era ciega, sino reflexiva, en alusión a una presunta crítica sobre el desempeño a la política anticorrupción que se pretende con el INDEP.

Esta es la onceava renuncia al interior del gabinete legal y ampliado de la presente administración, por presuntas diferencias en la forma de interpretar principalmente, los principios de la transformación de gobierno.

Entre los cambios con más polémica se encuentra, la renuncia de Carlos Urzúa Macías, ex secretario de Hacienda, el 9 de julio de 2019, quién señaló diferencias en materia económica.

Posteriormente renunció la subsecretaria de Salud, Asa Ebba Christina Laurell, por diferencias con el titular Jorge Alcocer, pero en medio de la crisis por la pandemia de COVID19.

El 23 de julio pasado renunció Javier Jiménez Espriú a la SCT, por diferencias en el manejo de la marina mercante.

El 2 de septiembre pasado renunció a la SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo, cuando se divulgó un audio en el que Toledo afirma que la #4T no existe como tal.

Después el 8 de septiembre renunció el director de juegos y sorteos de SEGOB, Luis Calvo, un día después de que llevara a cabo la presunta rifa del avión presidencial.

Estas renuncias tienen el común denominador que fueron subestimadas por el presidente, argumentando que los que renunciaron tienen interés en otras actividades que se alejan del servicio público.

Parece que también el presidente descalifica el valor jurídico que tienen las razones para separarse de sus cargos y que compromete en desvirtuar el sentido de las leyes y que pude tratarse de responsabilidades.

La narrativa y el discurso de combate a la corrupción con el que llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo, poco a poco se cae por la falta de voluntad y acciones para contenerla.

Por lo menos esa es la señal que manda, al hacer caso omiso o minimizar la trascendencia de la investigación sobre las propiedades inmobiliarias del director de CFE, de la titular de la Función Pública, así como el video en donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero del excoordinador de protección civil, David León.

No es un requerimiento político, sino el reclamo a un compromiso electoral y de gobierno de la transformación de gobierno, en que lo político se ajuste a lo legal, con toda la voluntad de hacerlo.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj

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