En política de seguridad cada administración de gobierno tiene una forma peculiar de gobernar, que lo caracteriza para la posteridad.
Las esperanzas de cambio político, económico y social que llegaron con la administración de Vicente Fox Quesada, poco a poco comenzaron a desilusionar por las impericias de una administración mediocre y torpe, donde inició el declive de seguridad del país.
Luego vino la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en donde el sello de la casa fue el aumento desproporcionado de la inseguridad y el desgaste de las Fuerzas Armadas, con una planeación deficiente basada entre otros, en el aumento de personal de seguridad.
La característica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue la corrupción y la continuación de la inseguridad, en el que la primera no ha sido castigada y la segunda continua su permanencia sin poder ser erradicada, no pudo o no quiso poner manos a la obra, aunque dejó la narrativa de confrontación, no hubo resultados significativos.
En la administración del presidente López Obrador que llegó con la gran esperanza de moralizar un país dominado por un sistema político viciado, en donde creció y se forjó, no superó los grandes retos en materia de seguridad.
Los diagnósticos arrojaron la presencia de la delincuencia y quizás coincida con el informe del comandante del Comando Norte norteamericano, en el sentido de que el 30% del territorio nacional está en manos de la delincuencia. Así se percibiría en algunas de las zonas de Michoacán, Jalisco o Guerrero.
Hoy la administración de la presidenta Claudia Scheinbaum en los hechos, se ha alejado de la política de “abrazos, no balazos”, hay una especie de acciones discretas, pero parecen más efectivas.
El problema también abarca la vulnerabilidad en que se encuentran los cuerpos de seguridad sumado a un decadente sistema de seguridad social de sus elementos, que los hace presa fácil de la corrupción y la delincuencia.
Por otra parte, el sistema y subsistemas de procuración e impartición de justicia pareciera que no son funcionales, aun cuando el nuevo sistema de justicia penal tiene unos cuantos años de vigencia, en un problema cuya eficacia no depende sólo de un modelo de justicia, sino del sistema burocrático y sus autoridades.
La reforma al Poder Judicial Federal y sus nuevos integrantes no parecen que vayan a subsanar las deficiencias de un poder renovado y más se acercan a un uso político de la impartición de justicia.
La politización de la justicia, de la seguridad y de la impartición de justicia es el reflejo del estado en que se encuentra su clase política.
Casi a un año de la presente administración comienza a perfilarse que es un tanto difícil cumplir sus propósitos de seguridad en un sexenio y cuya principal motivación es el desprestigio o descalificación a sus críticos, justo en medio de una de las peores crisis sociales, económicas y de seguridad, con altos índices de impunidad y con escándalos de corrupción que ponen a prueba el talante de la transformación, pero con resultados aún por esperar.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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