Con preocupación observamos como Morena y autoridades afines al gobierno, han promovido diversas medidas en los últimos meses que críticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan como sanciones o represalias contra periodistas, ciudadanos, opositores y tuiteros que han emitido opiniones críticas.
En los últimos 18 meses, al menos 27 periodistas han sido víctimas de acoso judicial en casos vinculados a críticas a funcionarios de Morena. Estos recursos legales incluyen demandas por daño moral y uso de la figura de violencia política de género para silenciar voces disidentes. Un caso emblemático es el del periodista Jorge Luis González Valdez en Campeche, denunciado por la gobernadora Layda Sansores por un presunto “delito de odio”. Se le impuso prisión preventiva, se ordenó clausurar su medio Tribuna Campeche por dos años, se le prohibió ejercer periodismo e incluso se requirió intervención judicial para revisar su contenido.
También el uso de la violencia política de género como sanción en redes sociales.
La figura legal de violencia política de género, originalmente pensada para proteger la participación política de mujeres, se ha usado contra ciudadanos que critican públicamente a figuras vinculadas con Morena. Karla Estrella, por ejemplo, fue sancionada por un tuit crítico hacia la diputada federal por el PT Diana Karina Barreras (relacionada con Morena): se le impuso multa, una disculpa pública diaria durante 30 días, cursos de sensibilización y quedó inscrita en el Registro de Personas Sancionadas por la violencia política de género del INE por 18 meses.
Nuevas leyes estatales que penalizan faltas en redes sociales o protestas:
En Puebla se aprobó la denominada “Ley Censura” o de ciberacoso, donde se tipifican como delito las ofensas en redes sociales con penas de hasta 3 años de prisión, por lenguaje ambiguo que facilita arbitrariedad. En Tabasco, legisladores afines a Morena impulsaron reformas al Código Penal que contemplan hasta 10–20 años de prisión por protestas o bloqueos, utilizadas como mecanismo de control social.
El caso del senador Alejandro “Alito” Moreno es efectivamente objeto de una persecución política, principalmente por parte de Morena y fiscalías estatales vinculadas al partido oficial desde el gobierno del presidente López Obrador. En julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción del estado de Campeche solicitó nuevamente el desafuero de Moreno, a quien se le acusa de un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su mandato como gobernador (2015–2019), de trata de la segunda petición de este tipo; la primera, en 2022.
La Secretaria de Asuntos Internacionales del PRI y Secretaria Ejecutiva de la Conferencia permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) integrada por 75 partidos de 30 países y ex diputada federal señalo: “La acusación ya habia sido anulada judicialmente mediante una sentencia de amparo definitiva, lo que convierte el nuevo intento en una violación al principio de cosa juzgada y una señal de uso político del Ministerio Público local.”
Es importante señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales en su Artículo 13, Fracción II: estipula que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho (principio non bis idem) y la Ley de Amparo en su Artículo 63 establece que las sentencias ejecutoriadas hacen cosa juzgada.
Alejandro “Alito” Moreno sostiene que existen amparos judiciales que invalidaron el primer proceso y califica el nuevo expediente como un intento de intimidación política orquestrado desde Morena y describió las acciones en su contra como una “persecución política brutal”, indicando que se están usando las instituciones como herramientas de intimidación para silenciarlo. Ha afirmado públicamente: “Me quieren callar, me quieren doblar… no me van a quebrar”. También ha acudido a organismos internacionales como la ONU, denunciando amenazas, filtración de audios editados y acoso mediático por parte de figuras como la gobernadora Layda Sansores de Campeche.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, a cargo de revisar el desafuero, está integrada en su mayoría por legisladores morenistas, lo que puede influir en el proceso. La oposición (PRI y PAN) ha aprovechado este caso para generar desgaste político al gobierno de Morena, llamando a procesos paralelos y manteniendo el tema en la agenda legislativa.
En el frente político, Morena dirige el proceso en la Cámara, mientras la oposición busca capitalizar el caso para presionar públicamente, las dinámicas legales y políticas en torno a Alejandro Moreno reflejan tensiones entre partidos, poder institucional y narrativa pública.
Moreno ha cuestionado duramente la política de “abrazos, no balazos”, señalando que ha llevado a una escalada de violencia en México:
Atribuye al gobierno de Lopéz Obrador una crisis humanitaria, con más de 213 mil homicidios y 125 mil desaparecidos, además de una pérdida de credibilidad internacional, especialmente ante Estados Unidos. Denuncia que dicha estrategia dispersó al crimen organizado en aproximadamente el 60 % del territorio nacional, generando desconfianza de los socios comerciales de México. En abril de 2025 anunció que presentaría denuncias contra el gobierno de Lopéz Obrador por omisiones y posibles vínculos con grupos criminales, tanto en México como ante organismos internacionales. A finales de julio 2025 amplió esas denuncias ante la FGR y agencias internacionales como el FBI y la DEA, señalando directamente a López Obrador, su hijo Andrés Manuel López Beltrán y varios funcionarios de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Morena y figuras cercanas han rechazado las acusaciones de Moreno, recriminando su estrategia y calificándolo incluso de “vendepatrias” por llevar ante gobiernos extranjeros denuncias sobre funcionarios mexicanos. Hasta la fecha, las denuncias internacionales y ante organismos mexicanos se encuentran en proceso, y algunas ya son objeto de análisis ante instancias como la Fiscalía anticorrupción en Campeche y la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
La consolidación de control político del partido gobernante se extiende al Poder Judicial y a organismos reguladores, eliminando frenos y contrapesos, lo que facilita la aprobación y ejecución de medidas restrictivas de expresión. Reformas a la Ley de Telecomunicaciones a nivel federal podrían habilitar bloqueos de plataformas digitales a discreción del Estado, sin definiciones claras de excepción, lo que suscita críticas por su potencial para censurar contenidos incómodos para el gobierno.
Organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras o la CNDH han denunciado estas prácticas como parte de una tendencia sistemática para erosionar la libertad de expresión bajo el pretexto de la regulación legal. Irónicamente, después de 71 años de la dictadura del PRI, su presidente, “Alito” Moreno, sufre persecución, mientras que el partido de gobierno, Morena, que se perfila como hegemónico con miembros de diversos orígenes (PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde), la mayoria de ultra izquierda y otros sin ideología clara, se adueña del poder en una especie de copia posmoderna de lo que fue el PRI del siglo XX. El ensayo democrático que comenzó con el PAN (2000), tan criticado por Morena—que le tiene una animadversión notable—, los avances han sido desmantelados institución tras institución, reformando leyes y dejando como nuevo ente hegemónico a Morena, quien parece haber sepultado el primer ensayo democrático mexicano.
Este partido político progresa hasta dejar en pie cada vez menos instituciones democráticas. Quizá, al igual que los rusos que añoran la URSS, los votantes en México extrañan al PRI y por eso a su “hijo menor”, Morena, le otorgan tanta popularidad. Ojalá no llegue el día en que debamos decir: la democracia en México ha muerto.
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