En abril de 2025 se difundió en la televisión mexicana un anuncio del gobierno de Estados Unidos en contra la migración que entra ilegalmente a aquel país, esto causo una fuerte respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum y anunció que impulsaría cambios legales para prohibir este tipo de contenidos en los medios de comunicación mexicanos, allí desempolvaron la iniciativa entre otras de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero al parecer la finalidad no fue solo controlar la propaganda antiinmigrante de EE.UU.
Numerosos expertos, organizaciones civiles y la oposición coinciden en que estas nuevas leyes representan una violación grave a la privacidad de los ciudadanos mexicanos.
Las leyes aprobadas —como la del Sistema de Seguridad Pública, Sistema de Investigación e Inteligencia y Telecomunicaciones— permiten que la SSPC, CNI, Ejército, Guardia Nacional y otras autoridades accedan a bases de datos (bancarias, biométricas, fiscales, telefónicas, vehiculares, etc.) sin necesidad de orden judicial ni supervisión.
Esto contraviene el artículo 16 de la Constitución, que exige mandamiento judicial para intervenir comunicaciones o datos privados. Se está construyendo una infraestructura centralizada de big data —integrando CURP biométrica, reconocimiento facial, huellas, geolocalización, y cruce de datos públicos y privados— lo que habilita una vigilancia generalizada y sin control sobre la población.
Riesgos para derechos fundamentales:
Discriminación, persecución política y censura indirecta: los datos podrían usarse para identificar grupos vulnerables o críticos y atacarlos por razones políticas o ideológicas.
No hay mecanismos de rendición de cuentas: organizaciones como R3D y Article 19 señalan que no existe auditoría externa, supervisión judicial ni límites claros de uso.
La presidenta Sheinbaum y autoridades defienden estas reformas diciendo que no implican “espionaje” ni “censura”, que se trata de fortalecimiento institucional para combatir el crimen, y que sí habrá autorización judicial, aunque el texto legal no lo plasma claramente y al parecer viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ya que el gobierno de México, con las nuevas leyes de seguridad e inteligencia aprobadas en 2025, podría utilizar una combinación de tecnologías avanzadas para acceder, vigilar y cruzar información privada de los ciudadanos sin orden judicial.
Las leyes sí representan una violación a la privacidad porque:
Permiten acceder a datos sensibles sin orden judicial.
Crean una infraestructura de vigilancia masiva, con potencial de abuso.
Carecen de controles judiciales, transparencia, supervisión y límites claros.
Expertos y colectivos lo califican como un “Estado espía” .
A continuación, te explico qué tecnologías específicas están involucradas:
CURP biométrica: Tecnología involucrada: bases de datos con huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y posiblemente ADN.
Uso: servirá como documento de identidad digital obligatorio vinculado a servicios públicos, bancarios, educativos, de salud y telecomunicaciones.
Riesgo: al centralizar toda esta información sin controles, se puede rastrear e identificar a cualquier persona en tiempo real.
Acceso a telecomunicaciones y metadatos: Tecnología involucrada: plataformas de monitoreo de llamadas, mensajes y geolocalización proporcionadas por operadores como Telcel, AT&T, etc.
Uso: permite al gobierno saber con quién te comunicas, desde dónde y a qué hora, incluso si no escuchan el contenido.
Riesgo: invasión al derecho a la privacidad y posible persecución de opositores o activistas.
Geolocalización en tiempo real:
Tecnología involucrada: rastreo mediante antenas de telefonía, GPS de dispositivos móviles y cámaras con reconocimiento de placas.
Uso: seguir los movimientos físicos de personas sospechosas o cualquier ciudadano.
Riesgo: vigilancia constante y sin autorización judicial.
Plataforma Nacional de Información e Inteligencia:
Tecnología involucrada: integración de big data, inteligencia artificial y análisis predictivo.
Uso: crear perfiles de riesgo, cruzar bases de datos fiscales, migratorias, de salud, bancarias, penales, educativas y más.
Riesgo: algoritmos opacos pueden discriminar sin fundamento, y no hay mecanismo de control o defensa ante errores.
Reconocimiento facial y vigilancia urbana:
Tecnología involucrada: cámaras inteligentes con software de visión computarizada y sistemas de inteligencia artificial.
Uso: identificación instantánea en espacios públicos (aeropuertos, transporte, calles).
Riesgo: seguimiento automatizado sin consentimiento ni transparencia.
Interoperabilidad entre instituciones:
Tecnología involucrada: sistemas interconectados entre el Ejército, la Guardia Nacional, el SAT, la SSPC, el INM y otras entidades.
Uso: consulta instantánea de cualquier dato sobre un ciudadano, sin requerimientos judiciales.
Riesgo: se vulnera el principio de separación de poderes y el debido proceso.
Actualmente no existen salvaguardas efectivas, como supervisión judicial previa, auditoría externa independiente, mecanismos de defensa para ciudadanos, límites en tiempo, proporción o finalidad del uso de datos. El gobierno de México, con las nuevas leyes de seguridad e inteligencia aprobadas en 2025, podría utilizar una combinación de tecnologías avanzadas para acceder, vigilar y cruzar información privada de los ciudadanos sin orden judicial, estamos al frente de una presidencia con un poder solo visto antes del periodo democrático mexicano que empezó en el año 2000 acabando con el poder de 71 años ininterrumpidos de gobierno del PRI. La mayoría en el congreso, en el senado, los jueces y magistrados, gobernaciones y los municipios todos bajo control del poder ejecutivo y tampoco existen ya instituciones autónomas que defiendan al ciudadano, por cuanto estas leyes están a la merced del partido de gobierno Morena que concentra un poder sin contrapesos, cuestión muy peligrosa para el futuro de la democracia.
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