Los desarrolladores apenas representan 25% Costos. Ordenar y dotar de servicios a los asentamientos irregulares cuesta casi un billón de pesos a las finanzas públicas, equivalente a 5.4% del PIB Mario Mendoza Rojas
La vivienda informal o de autoconstrucción en México genera un boquete de casi un billón de pesos anuales a las finanzas públicas, y deja muy atrás las obras de los desarrolladores habitacionales formales.
- El prsidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Gonzalo Méndez Dávalos, informó a Publimetro que el país enfrenta un déficit -o faltante- de 9.2 millones de casas o departamentos.
- Precisó que cada año se construyen o llevan a cabo un millón de acciones de vivienda en el país; pero de éstas sólo 250 mil corresponden a espacios edificados por empresas constructoras.
- Mientras que 75% del total son obras informales, las cuales se ubican en zonas de alto riesgo y no cumplen con el uso de suelo. Además de que no siguen las especificaciones de seguridad y carecen de los servicios necesarios.
- El presidente de la Candevi señaló que dicha realidad representa un enorme reto para los desarrolladores; que deben construir entre 370 mil y 500 mil nuevos espacios habitaciones anuales, para revertir el déficit mencionado.
- Pero, apuntó, además representa un asunto prioritario para las finanzas públicas, debido a que el costo de llevar servicios a los asentamientos irregulares es hasta ocho veces más alto que al hacerlo de manera regulada.
Méndez Dávalos precisó que tal desorden urbano le cuesta al estado alrededor de 968 mil millones de pesos anuales; cifra que es equivalente a 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Refirió que la mayor parte de dicho monto -532 mil millones de pesos- es destinado a urbanizar y llevar servicios básicos, en tanto que otros 85 mil millones corresponde a trámites y regularización de normas administrativas.
Ello, sin contar que la problemática de los asentamientos y de la construcción de vivienda irregular o informal cuesta a los municipios del país alrededor de 11 mil millones de pesos por año; por concepto de servicios municipales no planeados.
Corrupción inmobiliaria en CDMX
El pasado sábado del 19 de septiembre de 2017 tres años del sismo y hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha logrado imputar y sancionar a ninguna de las 45 constructoras que investiga como presuntas responsables de diversos derrumbes en la capital del país.
- De acuerdo con el diario El Universal, aunque se han iniciado 149 carpetas de investigación por los fallecimientos y colapsos de al menos 10 inmuebles, hasta la fecha, no hay un solo directivo o administrativo de las constructoras involucradas imputado.
- Aunque las indagatorias en contra de las empresas se siguen por no tener permisos adecuados, el uso de material de “baja calidad” para la construcción de los edificios, e incluso, los homicidios culposos de víctimas mortales; no ha habido ninguna condena.
Durante el Segundo Informe de actividades, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que las investigaciones continúan, y destacó que el Tribunal de Justicia local le otorgó a la Fiscalía, órdenes de aprehensión contra personal de tres desarrolladoras cuyos inmuebles tenían menos de 10 años de construidos y se dañaron gravemente en el sismo.
Además, también se han presentado juicios civiles con el objetivo de buscar la reparación de estas edificaciones, las cuales, de acuerdo con la denuncia del Gobierno capitalino, deben ser pagadas por los desarrolladores. Sin embargo, este fallo también está en deliberación.
- En esa lista de constructoras investigadas se encuentran Baitia e Inmobiliaria Porta Tlalpan, Canada Building System y Dijon, que además de proveer el material de construcción, vendieron inmuebles en Zapata 56, colonia Portales, y Bretaña 90, en Zacahuitzco, respectivamente, los cuales también se derrumbaron en el temblor, con un saldo de tres personas fallecidas. Pero tres años después, ningún directivo ha sido llamado para esclarecer los hechos.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General dio a conocer que a la fecha se ha iniciado la investigación a 13 empresas, algunas de ellas relacionadas con la reconstrucción de los inmuebles.
“Dentro de las irregularidades detectadas de manera recurrente se encuentran los sobrecostos, el incumplimiento en tiempos de entrega, así como la incorrecta ejecución de diversos trabajos”, indicó la dependencia mediante una tarjeta informativa.
Precisó que como las faltas son graves, será competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sancionarlas, mismas que están en proceso de análisis y resolución.
Otro caso es el de la empresa Arquitectoma, la cual construyó el edificio ubicado en Tlalpan 550 que resultó dañado por el sismo del 19-S y a pesar de que es investigada por la Fiscalía capitalina, tampoco ha pasado nada.
Las 390 familias que habitaban el inmueble, con menos de diez años de antigüedad, exigen un proyecto integral para iniciar la rehabilitación por parte de la empresa Mexpresa, sanción a los responsables y cancelación de hipotecas.
- Verónica, habitante de este inmueble aseguró, que de acuerdo con especialistas que revisaron el edificio desde octubre de 2017, les comentaron que “no fue el sismo, sino la mala construcción (lo que causó los daños). Un dictamen lo demostró”.
- Aunque en el gobierno anterior les dieron 117 millones de pesos, dos vecinos administradores del inmueble – ya denunciados- cometieron fraude ante la falta de transparencia.
- El Comisionado para la Reconstrucción actual, César Cravioto Romero, fue informado sobre la serie de irregularidades, “pero es una persona muy soberbia, poco profesional, poco empático, nos da el avión y ha dejado mucho qué desear”, comentó Verónica.
Es por eso que la semana pasada, alrededor de 50 vecinos bloquearon la avenida para que les asignen presupuesto y les notifiquen los avances. Este sábado, volverán a protestar para exigir la salida de César Cravioto y que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum retome las mesas de diálogo.
Sheinbaum asegura el fin del ‘cártel’ inmobiliario
Por su parte la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el segundo informe de labores, en el que destacó que su administración ya acabó con el desorden inmobiliario del sexenio anterior, al que ella en varias ocasiones se ha referido como “cártel inmobiliario”.
“Acabamos con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario durante el sexenio anterior. Se cancelaron proyectos y se presentaron juicios de lesividad en el Tribunal Administrativo y, en diversos casos, denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Tan es así que existe una orden de aprehensión contra el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda”, subrayó cuidando de no mencionar nombres. El titular de Seduvi en el sexenio anterior fue Felipe de Jesús Gutiérrez, quien es acusado por uso ilegal de atribuciones y facultades.
- Siendo candidata todavía, Sheinbaum acusó que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera el Instituto de Vivienda se volvió un “nido de corruptos”. En febrero del año pasado, ya como mandataria capitalina dijo que su equipo de seguridad analizaba si los grupos criminales operan con un carácter de “cártel delincuencial” o de “cártel inmobiliario”.
En su informe presentado este jueves, la jefa de Gobierno destacó en el rubro de ciudad sustentable que a través de la Secretaría del Medio Ambiente, y previo a la autorización de impacto ambiental, se realizan consultas ciudadanas para obras mayores. Éstas, dijo, presentan proyectos, valoran la opinión de vecinos y se construyen colectivamente cambios a planes y medidas de mitigación. “A la fecha se han llevado a cabo seis y están en proceso 15”, abundó.
Temen retorno del cártel inmobiliario
Vecinos de la Ciudad de México advierten que el llamado Cártel Inmobiliario podría regresar en la etapa post COVID-19.
Colonos afectados por el desarrollo inmobiliario sin control durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, consideran que si el actual Gobierno capitalino busca que la construcción sea el eje de la recuperación económica, existe el peligro de que vuelvan las malas prácticas.
Las irregularidades cometidas durante el sexenio pasado fueron evidenciadas en un informe de actividades de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 17 de marzo de 2019.
En ese entonces, dio a conocer que del análisis de 174 polígonos de actuación, se encontraron irregularidades en 48.
- Lo anterior significa que del total de áreas donde se permitió la proliferación de la construcción inmobiliaria, en el 27 por ciento habían anomalías como la falta de permisos o el incumplimiento de normas.
- Esto provocó, según denuncias públicas vecinales en el sexenio pasado, carencias de agua, daños a propiedades colindantes a megaconstrucciones y problemas de movilidad en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán, principalmente.
- El 25 de junio pasado, ante la pandemia de COVID-19 y la pérdida de 197 mil empleos a nivel local, el Gobierno local anunció un gasto en obras públicas de 25 mil millones de pesos. A esto se le suma un programa de incentivo a las construcciones privadas, que prevé la inversión de 50 mil 373 millones de pesos
En total, el Gobierno capitalino contempla que el plan genere 271 mil empleos directos e indirectos.
Sin embargo, vecinos acusan que apostar por la construcción, podría traer los mismos estragos que en el pasado trajo el Cártel Inmobiliario.
Cabe destacar que en la capital esta actividad industrial es una de las más importantes y una gran parte del total del país se concentra en la Ciudad de México.
- De acuerdo con los Indicadores de Empresas Constructoras del mes de abril de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la ciudad concentra el 7 por ciento del valor total nacional de la producción de construcción.
Esto la ubica en el tercer lugar de las entidades con mayor valor de producción a nivel nacional por debajo del Estado de México y Nuevo León.
Más caro construir que la pandemia
René Rivas, vecino de Benito Juárez e integrante del Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal (Mueve), considera que la política en construcción no ha cambiado pese a que el Gobierno de la Ciudad de México sometió a revisión 174 polígonos, suspendió 8 mega proyectos e impuso una veda de construcción durante 2019.
- Rivas afirma que las acciones del gobierno no son suficientes, porque no se canceló la política de polígonos de actuación que fomenta el desarrollo inmobiliario en zonas céntricas de la ciudad y se está apostando a la construcción como medida para rescatar a la capital de la crisis económica.
“No vemos una modificación al esquema, nos hicieron una promesa, se han revisado construcciones pero también se nos prometió que iban a terminar los polígonos de actuación y siguen. Muchas de las mega construcciones continúan con los permisos aprobados en el gobierno anterior”, dice.
Afirma que tanto al largo y corto plazo construir resultará más caro que los efectos económicos que dejará la pandemia.
“La pandemia no será tan cara cuando haga falta agua, haya edificios dañados y la movilidad de la ciudad quede colapsada por tantos automóviles que provocarán los mega proyectos”, considera.
Rivas reconoce que la construcción es importante, pero señala que no se puede llevar a cabo sin garantizar las necesidades básicas de los capitalinos ni tener en norma a todas las empresas y obras.
Construcción, arrastre económico
Carlos Alberto Jiménez, especialista en economía de la Facultad de Negocios de La Salle, afirma que la construcción como eje de la reactivación económica tras la pandemia por COVID-19 es positiva porque es un industria que “arrastra” a otras.
- El académico detalla que la construcción impulsa a la industria del acero, de los materiales y plásticos, en el ramo de materias primas.
- Mientras que en otros ramos impulsa a los seguros, el mercado inmobiliario e hipotecas.
- “Solo apoyando a los enclaves de la economía como la construcción, se arrastra a los demás sectores. Entonces, se focalizan ciertas actividades y hace que las demás puedan crecer”, dice.
Sin embargo, para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado que fomentaron la corrupción inmobiliaria como los permisos de construcción irregulares al Cártel Inmobiliario o la colusión entre funcionarios y empresarios, se necesita la participación ciudadana y la transparencia, menciona.
“Que todas las obras sean transparentadas entre los vecinos, que sea algo similar a las asambleas de los presupuestos participativos, que haya consenso e interlocución, eso va a evitar la corrupción”, afirma. /Agnecias-PUNTOporPUNTO
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