CÁRTELES generan Miles de MILLONES de DÓLARES con DROGAS y Contrabando de MIGRANTES

La UNODC y la UNCTAD aseguraron que “muchos de estos flujos son deliberadamente escondidos, haciendo la medición extremadamente difícil. “Los flujos financieros ilícitos son complejos y pueden originarse en varias actividades”, detalla.

Un estudio, solicitado por UNCTAD y UNODC, advierte que estos flujos pueden ser lavados e invertidos en el mercado legal o de origen justo y transferidos clandestinamente al exterior

  • El comercio ilegal, proveniente del tráfico de drogas y del contrabando de migrantes, genera ingresos de hasta 12 mil millones de dólares al año en México, de acuerdo con previsiones preliminares de expertos que realizaron un análisis a solicitud de agencias de la ONU.
  • El estudio fue encabezado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés)

Ambas organizaciones internacionales destacaron en el análisis que “cada año el crimen organizado, el comercio ilegal de bienes, la ilegalidad o los ilícitos fiscales, así como las diversas prácticas comerciales ilegales, generan un flujo de miles de millones de dólares ilegales.

“Estos fondos pueden ser lavados e invertidos en mercado legal o ellos pueden originarse en la economía legal y ser transferidos ilícitamente al exterior”, detalló. Esta proyección de flujos ilícitos resultan de cálculos para el periodo de 2015 a 2018.

  • Los resultados preliminares indicaron que los ingresos mínimos por el contrabando de migrantes en México pueden ser de entre 990 millones de dólares, en una proyección conservadora, y hasta mil 250 millones en un escenario máximo.
  • El análisis mostró que este delito también significa egresos por un mínimo de entre 7 millones 750 mil dólares y hasta un intervalo superior a los 15 millones 370 mil dólares.

En lo que se refiere a las proyecciones sobre el tráfico de drogas, los cálculos arrojan que los ingresos mínimos generados por este ilícito son de 6 mil millones de dólares y un máximo de 10 mil 790 millones. En este segmento se consideran las entradas que generan las ventas de heroína y cocaína.

Para dimensionar el tamaño que mueve la organización de este delito, los 10 mil 790 millones de dólares que implica este tráfico es casi equivalente al total de exportaciones agrícolas en México, que de 2015 a 2018 ascendieron en promedio anual a 9 mil 140 millones, de acuerdo con la UNODC.

En cuanto al rango de egresos ilegales por compra de cocaína se estiman entre 800 millones y mil 800 millones de dólares.

La investigación sobre el flujo de recursos que mueven estas drogas se aplicará también para determinar el valor del mercado de metanfetaminas y cannabis en México, además de que se mide el tamaño del mercado de cocaína y minería ilícita en Colombia y el contrabando de migrantes y cocaína de Ecuador.

  • La UNODC y la UNCTAD aseguraron que “muchos de estos flujos son deliberadamente escondidos, haciendo la medición extremadamente difícil. “Los flujos financieros ilícitos son complejos y pueden originarse en varias actividades”, detalla.

El marco conceptual para este análisis mide cuatro temas: actividades ilícitas comerciales y evasión de impuestos; mercados ilegales —drogas, crimen organizado, tráfico de bienes, armas y servicios—; corrupción y explotación de diversas actividades, y financiamientos del crimen y terrorismo.

Para las dos organizaciones multilaterales, la contabilización de ingresos ilícitos incluye dos tipos. Por una parte, están todas las transacciones trasfronterizas relacionadas con la producción de bienes ilegales, servicios o de la generación de ingresos prohibidos en actividades del mercado negro.

Por otra, se toman también en cuenta aquellos recursos que se consiguieron de manera ilegal y que se invierten para financiar o para comprar activos con el objetivo de consumir cualquier bien o servicio.

Cárteles del narco usan criptomonedas para lavar dinero

A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadrón de la policía federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, por el delito de trata de personas.

  • El sujeto, quien se encuentra recluido mientras dura su proceso, fue señalado por un juez de ser el propietario de las páginas web “Zona divas” y “Boutique VIP”, desde donde reclutó a más de 2,000 jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela para chantajearlas y explotarlas sexualmente.
  • Las autoridades tenían meses siguiéndole la pista a Santoyo y finalmente dieron con su paradero luego de que sus datos salieron a la luz tras adquirir bitcoins por encima del límite en que se activan las alarmas en el sistema financiero local.

Al hacerse de criptomonedas, Santoyo pretendía lavar miles de dólares en ganancias ilícitas, una práctica cada vez más usada por los grupos del crimen organizado en Latinoamérica, incluidos los poderosos cárteles de Sinaloa -del apresado Joaquín “El Chapo” Guzmán- y Jalisco Nueva Generación (CJNG), según funcionarios mexicanos y la DEA.

Menos decomisos y más bitcoins

Cada año, el crimen organizado blanquea más de 25,000 millones de dólares en México, de acuerdo a cálculos del Gobierno y firmas de inteligencia financiera.

  • El método predilecto para mover y lavar activos sigue siendo el efectivo, dijo la DEA en su último informe, pero el retroceso en la cantidad de dinero incautada desde 2010 abona a su aserto de que los criminales están abrazando las nuevas tecnologías para minimizar los riesgos de mover toneladas de billetes.
  • Los decomisos de efectivo en Estados Unidos pasaron de 741 millones de dólares en 2011 a 234 millones de dólares en 2018, un retroceso del 68%, de acuerdo a datos de la DEA.
  • “Las monedas virtuales, como Bitcoin, se están volviendo cada vez más comunes y ofrecen a los traficantes un método relativamente seguro para mover los ingresos ilícitos por todo el mundo con mucho menos riesgo en comparación con los métodos tradicionales”, aseguró la DEA.

La propia agencia reveló que apenas ha seguido menos de una decena de casos de lavado de dinero a través de criptomonedas desde 2014, pero éstos se han venido incrementando y hay algunos relacionados con México.

En uno de ellos, tras una enorme operación policial que culminó en diciembre de 2018 y que involucró a más 400 agentes, se desbarató una red de tráfico de drogas que operaba en Estados Unidos y era liderada por el Cártel de Sinaloa, según documentos judiciales a los que Reuters tuvo acceso.

  • Entre los 29 arrestados, Gregory Werber, de 56 años, fue acusado de usar “Coin Services International”, su negocio de criptomonedas en Manhattan Beach, California, para lavar y transferir las ganancias del cártel a México desde, al menos, febrero de 2018, según al acuerdo de culpabilidad.
  • Según el documento fechado en diciembre de 2019, Werber fue capturado luego de que autoridades intervinieran sus teléfonos y correos electrónicos, y que agentes encubiertos compraran bitcoins en su empresa. El acusado, que se declaró culpable, lavó entre 550,000 dólares y 1.5 millones de dólares, que luego depositó en un monedero de criptomonedas del cártel de Sinaloa.

Autoridades mexicanas, por su parte, no descartaron que más casos pudieran estar sucediendo a sus espaldas, sobre todo, si se dieran a través de la internet profunda (deep web), aquella que no está indexada por motores de búsqueda tradicionales como Google o Yahoo y donde pueden establecerse contactos que no son monitoreados por lo que las transferencias -tanto de mercancía como de pagos- son prácticamente imposibles de rastrear.

Ni Santoyo ni sus abogados pudieron ser contactados para hacer comentarios. La fiscalía general de México se negó a comentar mientras el caso permanezca abierto.

Aunque incipiente, el vínculo entre criminales y criptomonedas supone un duro golpe a la región y, en particular, mina los esfuerzos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ir tras las ganancias de grupos delictivos que libran una guerra sin cuartel por el control de lucrativas rutas para el tráfico de drogas, armas, dinero y personas.

“Hay una transición hacia cometer delitos en el ámbito cibernético, como la adquisición de criptomonedas para lavar el dinero (…) y la pandemia la está acelerando”, dijo a Reuters Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda de México.

Es posible que se pueda dar el tema”, dijo a Reuters Rolando Rosas, titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas (UICOT) de la Fiscalía. “En el caso de la deep web es un poco más complicado (combatir el lavado de activos) por el anonimato que dan este tipo de mecanismos”.

  • Para estar a la altura, Rosas solicitó más y mejor personal para su unidad. La UICOT tiene unos 120 elementos, pero debería contar con más del cuádruple, estimó el funcionario.
  • De las 11 entidades registradas en México como proveedoras de activos virtuales, una establecida en el estado Jalisco ha enviado 1,008 avisos de operaciones inusuales, un 98% del total de notificaciones recibidas por las autoridades en 2020, según datos federales a los que Reuters tuvo acceso.

“Esto nos permite tener un indicador de que el cártel Jalisco (Nueva Generación) puede estar incorporado en esta dinámica (de lavar activos a través de criptomonedas)”, reconoció Nieto, el titular de la UIF.

Tomás Álvarez, director general de Volabit, dijo a Reuters que su empresa es a la que Nieto hace referencia, pero negó cualquier relación con el crimen organizado.

“Es un error (…) asumir que como los avisos los genera una compañía basada en Jalisco estos deben corresponder a personas de Jalisco”, dijo Álvarez.

“Volabit es una plataforma digital, tenemos usuarios de todo el país. De hecho, la mayoría de los reportes no son de usuarios que viven en Jalisco. Si nuestras oficinas estuvieran en Ciudad de México dirían que el 98% de los reportes vienen de una compañía registrada en Ciudad de México”, agregó.

Pero Adolfo Grego, director de Tecnología del mexicano Grupo RF, aseguró que un riesgo para las organizaciones delictivas es la volatilidad de la criptomoneda.

A fines de 2017, por ejemplo, Bitcoin llegó a su máximo de casi 20,000 dólares aunque por apenas 48 horas. Un año después de su récord histórico, había perdido casi el 84% de su valor al caer por debajo de los 3,100 dólares. Pero Bitcoin es apenas una de las casi 7,000 criptomonedas existentes. Las más usadas también incluyen a Ethereum, XRP y EOS.

“Las criptomonedas, desafortunadamente, se están moviendo cada vez más hacia un uso ilícito”, sentenció Grego.

La pandemia no es obstáculo para la migración

Según cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, de enero a noviembre del 2020 se habían detectado a 80,926 migrantes que se adentraron de manera ilegal a nuestro país.

  • Y aunque representa 54% menos casos que lo contabilizado en el mismo periodo del 2019, los números indican que 62% de los migrantes detectados en el 2020 ya fueron deportados a su país de origen. Ello, pese al cierre de fronteras suscitado por la pandemia del coronavirus y los riesgos de contagio para las personas en movilidad.
  • Del total de personas migrantes devueltas por México (50,470), la gran mayoría, 48,346 (96%), regresaron a su lugar de origen a través de un retorno asistido y 2,124 (4%) fueron deportadas.
  • Los migrantes provenientes de Honduras (49.1%), Guatemala (39.4%) y El Salvador (7.3%) representaron el mayor número de deportaciones desde México. En tanto que, hasta noviembre pasado, 36,454 personas extranjeras habían solicitado refugio en México.

En este contexto, organizaciones sociales defensoras de los derechos de los migrantes han advertido que la pandemia de Covid-19 ha dejado sin protección a las personas en tránsito migratorio, incluidas aquellas que son expulsadas desde Estados Unidos y que se encuentran en la frontera norte de México en espera de realizar trámites para ser refugiados en el país vecino del norte.

Advierte de un aumento de la violencia hacia los migrantes

Más de 1,000 solicitantes de asilo en Estados Unidos que fueron enviados a México para esperar la resolución de sus casos de asilo por un jueces de inmigración fueron víctimas de secuestros, violación sexual, extorsión, tortura o asesinato en territorio mexicano, denunció un informe publicado por organizaciones enfocadas en la defensa de los derechos de los migrantes.

  • Tras la publicación del reporte titulado ‘En la boca del lobo’, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) presentaron una denuncia ante la Fiscalía de México por “la muerte, posible ejecución arbitraria, desaparición y privación de la libertad de migrantes” desde 2019 hasta mayo de 2020.
  • De acuerdo con el documento, publicado junto con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los crímenes no han sido investigados y la mayoría no se atrevió a denunciar a las autoridades por miedo.

Gretchen Kuhner, directora de IMUMI, explicó en una conferencia de prensa virtual este martes que en la denuncia ante la Fiscalía federal incluyeron videos recopilados desde principios de 2019 en los que familiares hablaban con secuestradores sobre dónde depositar supuestos rescates y presentaron comprobantes de giros bancarios efectuados por familiares en Estados Unidos.

Un viacrucis sin solución a la vista

El reporte señala que, en total, 256 niñas y niños fueron víctimas de secuestro e intento de secuestro. La odisea que viven las personas bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) creados por el gobierno del presidente Donald Trump en enero de 2019 ha sido investigada a profundidad por Univision Noticias, como el trabajo especial Atrapados en México. Son casi dos años de viacrucis bajo estos MPP han sido combatidos por organizaciones humanitarias por violar las convenciones internacionales en materia de refugio y asilo.

“No sería difícil seguir el rastro del dinero”, afirmó Kuhner este martes. “El Estado tiene la obligación de investigar esta situación y no lo ha hecho”.

Sobre la situación de las mujeres, Kuhner, detalló que han declarado a la organización que tienen miedo de salir de los albergues o los campamentos en los que viven por el miedo a ser secuestradas, como ha ocurrido. Como ejemplo, habló del caso de una joven de 18 años, embarazada, que fue secuestrada. Su mamá, quien vive en Estados Unidos, pagó más de $3,000 a través de giros bancarios./Agencias-PUNTOporPUNTO

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