Entre enero y marzo pasados, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 172 carpetas de investigación por corrupción de funcionarios públicos de la administración pública federal, en las vertientes de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, número equivalente a 46.7% de las que se abrieron en todo el 2018, cuando se iniciaron 368.
- No obstante, en el mismo periodo no se registró la judicialización de carpeta alguna, es decir, que los casos avanzaran ante un juez.
La insignia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es la persecución de la corrupción y su castigo.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República, que inió formalmente con el nombramiento del fiscal general Alejandro Gertz Manero en enero pasado, no ha tenido resultados relevantes, además de mantener rezagos importantes.
- Según información proporcionada por la FGR a El Economista, vía transparencia, en el primer trimestre del 2019 se abrieron 169 carpetas de investigación por peculado, conducta tipificada en el artículo 233 del Código Penal Federal; mientras que tres carpetas de investigación se abrieron por uso indebido de atribuciones y facultades, según el artículo 217 del mismo código.
Cabe precisar que en el artículo 233 del Código Penal Federal se indican cuatro supuestos en los que un funcionario público comete el delito de peculado.
En el primero de ellos se puntualiza que cometerá el delito de peculado:
- “Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otras causas”.
En tanto que en el artículo 217 se tipifica que un funcionario hace uso indebido de sus funciones y atribuciones cuando, por ejemplo, “otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación”.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirmó que es común que en México se inicien averiguaciones y no se concluyan los procesos.
- “La única forma de saber si una fiscalía funciona es medir el resultado final de los procedimientos de investigación que inicia.
- “Una práctica recurrente en México ha sido la de abrir un número muy amplio de carpetas de investigación sin que éstas concluyan en sanción”, dijo el experto.
Efectividad histórica de 1.8%
La Fiscalía General de la República ha tenido una muy reducida efectividad en perseguir la corrupción que se comete en la administración pública federal, tanto en el sistema inquisitivo como en el acusatorio, según la información proporcionada por la fiscalía en el oficio FGR/UTAG/DG/002739/2019 a este diario.
Entre el 2006 y el 2018, se iniciaron 5,219 averiguaciones previas: 4,096 por peculado y 1,123 por uso indebido de atribuciones y facultades. Esto es en el viejo régimen penal.
Asimismo, 1,742 carpetas de investigación, entre el 2015 y el 2018 (nuevo sistema penal acusatorio), por los delitos de peculado (1,503) y uso indebido de atribuciones (239).
Entre el 2006 y el 2018, periodo que comprendió los mandatos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), se judicializaron 1,468 averiguaciones previas.
Si se comparan ambos indicadores (averiguaciones iniciadas y las judicializadas), se observa que sólo tres de cada 10 indagatorias iniciadas, en promedio, llegaron ante un juez.
- Del total de las averiguaciones previas judicializadas, 1,314 fueron por peculado y 154 por uso indebido de atribuciones.
Sobre las sentencias giradas por un juez, la efectividad que tienen los casos de la ahora Fiscalía General de la República es todavía menor.
Seguimiento
Fue a partir del 2013 cuando la instancia de procuración de justicia federal comenzó a llevar un seguimiento sobre las sentencias de sus casos.
En aquellos relacionados con corrupción, entre el 2013 y el 2018, la fiscalía tiene registros de 75 sentencias: 61 por peculado y 14 por uso indebido de atribuciones.
- De las 75 en total, 15 fueron absolutorias y 60 condenatorias
Si se suman las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas entre el 2013 y el 2018, por peculado y abuso de atribuciones de funcionarios públicos, que ascienden a 4,055 indagatorias, y se comparan con las sentencias que se han obtenido en el mismo periodo, se observa que, en promedio, 1.8% de las indagatorias iniciadas terminó con una sentencia.
En este rubro, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, indicó que “la procuración de justicia requiere que ocurran dos cosas: que las fiscalías investiguen, pero que las investigaciones conduzcan a sanciones. Una fiscalía eficaz es la que conduce buenas investigaciones, apegadas al debido proceso y los derechos humanos, no la que lleva muchos casos o tiene una larga lista de casos apilados”./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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