Las campañas electorales de 2027 inician en cinco meses, pero desde ahora ya los partidos políticos están trabajando con empresas de especialistas en estrategia y comunicación política para armar su plan para el próximo año, mismo que abrió un negocio de hasta 10 millones de pesos por candidatura para estas consultoras.
Especialistas destacan que estas ofrecen servicios que pueden abarcar desde investigar las preferencias del electorado hasta diseñar mensajes, producir publicidad y organizar la operación territorial.
- Arturo Espinosa Silis, fundador y director de Strategia Electoral, explicó que una consultoría integral para una candidatura a gubernatura puede costar entre 5 y 10 millones de pesos, e incluso más, según la entidad y el alcance del contrato. Para una diputación federal, el servicio puede costar menos de un millón de pesos.
- Señaló que “la campaña es prácticamente como una pequeña empresa que funciona temporalmente y que requiere trabajar en muchos rubros y en muchos aspectos para conectar con la ciudadanía sin caer en promesas genéricas”.
La renovación de las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales ampliará la demanda de estos servicios, además de la contratación de encuestadoras, productoras audiovisuales, diseñadores, agencias digitales, abogados y fiscalistas.
Para los despachos especializados, la contienda representa un mercado temporal en el que cada aspirante debe decidir cuánto invertir en asesoría y qué actividades contratar.
De la investigación a la operación electoral
Los candidatos pueden pagar por estudios del electorado, diseño de estrategia, construcción de mensajes, asesoría de imagen, elaboración de discursos, producción de spots, contenidos digitales, encuestas, organización territorial y acompañamiento jurídico y fiscal para cumplir las reglas electorales. El alcance depende de cada contrato: mientras algunos despachos ofrecen un servicio integral, otros cobran por hora o por intervenciones específicas.
- Roberto Trad Hasbún, consultor internacional y director del Instituto de Comunicación Estratégica, explicó que su despacho trabaja con esquemas por hora, por lo que una intervención puede ir desde una sesión intensiva hasta un acompañamiento diario.
- También destacó que las herramientas digitales y los nuevos modelos de servicio permiten ofrecer productos a campañas pequeñas que antes no podían pagar una consultoría especializada.
- Sin embargo, los honorarios no son equivalentes al gasto total de una campaña. A los servicios de asesoría se suman otros costos, como propaganda, impresión, transporte, eventos y movilización, que pueden contratarse con proveedores distintos.
Espinosa Silis advirtió que el precio también debe evaluarse en función de los resultados que puede aportar el despacho. Una estrategia deficiente puede desperdiciar recursos, llevar al candidato a invertir en actividades con poco potencial electoral o provocar sanciones por incumplimientos.
La desconfianza obliga a investigar al votante
El mercado de asesores crecerá en un contexto en el que convencer a los electores puede resultar más difícil que producir publicidad. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que sólo 23.9 por ciento de la población de 18 años y más en zonas urbanas manifestó tener mucha o algo de confianza en los partidos políticos. Para las cámaras de Diputados y Senadores, la proporción fue de 29.7 por ciento.
- En la misma medición, 84.1 por ciento consideró frecuentes los actos de corrupción y 15.6 por ciento dijo haberlos experimentado al realizar trámites, pagos o solicitar servicios.
- La Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública 2025 refuerza ese escenario: 46 por ciento de los adultos expresó confianza baja o nula en los partidos políticos. Para las consultorías, este entorno vuelve más relevante conocer las preocupaciones de los ciudadanos antes de definir los mensajes de campaña.
“El punto de partida es investigar al electorado y entender lo que necesita y a partir de eso hacer planteamientos que le sean atractivos”, señaló Espinosa Silis.
El especialista consideró que la evaluación de los partidos y candidatos se relaciona con problemas concretos, como la seguridad, el acceso a servicios de salud y educación, el transporte público y las oportunidades de empleo. Por ello, una campaña no puede construirse únicamente desde la intuición del aspirante.
Trad Hasbún planteó que una estrategia orientada a recuperar la confianza debe ofrecer “autenticidad, verdad, sinceridad y claridad”, además de colocar al ciudadano en el centro del mensaje. Las necesidades, añadió, cambian según el distrito, la edad, el ingreso y el territorio, por lo que la investigación permite evitar mensajes genéricos o contradictorios.
El costo de una mala estrategia
Los precios de las consultorías varían según el alcance del servicio, la duración de la campaña, la competitividad de la elección y las características de cada entidad. Por eso, las referencias de cinco a 10 millones de pesos para una gubernatura y menos de un millón para una diputación federal no constituyen tarifas uniformes para todos los aspirantes.
- Espinosa Silis aclaró que el monto destinado a asesoría debe distinguirse de los topes de gasto autorizados por las autoridades electorales. En la elección federal de 2024, el límite para las campañas de diputaciones de mayoría relativa fue de dos millones 203 mil 262 pesos. Esa cifra no debe utilizarse como el tope oficial de 2027 hasta que el INE determine y publique el monto correspondiente al nuevo proceso.
- En el caso de las gubernaturas, los topes son definidos por las autoridades electorales locales y varían de una entidad a otra. Por ello, el costo de una consultoría no puede compararse de manera uniforme con el gasto permitido para todas las candidaturas.
Además de la estrategia y la comunicación, la fiscalización representa otra oportunidad para los especialistas. Las candidaturas deben reportar sus ingresos y gastos, y los servicios que reciben tienen que sujetarse a las disposiciones electorales aplicables.
Para Trad Hasbún, antes de contratar una consultoría los aspirantes deben revisar su metodología, los entregables y el rigor de la evidencia utilizada. No basta con prometer spots, discursos o publicaciones en redes sociales: debe existir un proceso verificable que permita orientar las decisiones de campaña.
La abstención, otro desafío
La desconfianza también plantea dudas sobre la participación electoral. Trad Hasbún estimó, bajo su propio criterio y no como una proyección del INE, que la asistencia a las urnas podría acercarse a 50 por ciento, ante la posibilidad de que una parte del electorado decepcionado decida no votar.
En la elección intermedia federal de 2021 participó 52.66 por ciento de la Lista Nominal, la proporción más alta en una elección intermedia desde 1997. En 2009 la participación fue de 44.8 por ciento y en 2015, de 47.7 por ciento.
Para las consultorías, el desafío será convertir la investigación, los recursos y la comunicación en una estrategia capaz de movilizar a los votantes, sin desperdiciar dinero ni incumplir las reglas electorales. La amplitud del proceso abre oportunidades de negocio, pero el monto que cada candidatura destine a estos servicios dependerá de sus necesidades, recursos y posibilidades reales de competir.
Más de 10 mil mdp, pero no todos son campaña
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos de financiamiento público federal para 2027. De ese monto, 7 mil 879.3 millones corresponden a actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales y 2 mil 363.8 millones a sus campañas.
- A ello se suman 47.3 millones para gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes, por lo que los recursos federales expresamente destinados a la obtención del voto ascienden a 2 mil 411.1 millones de pesos.
- El resto del financiamiento se distribuye entre actividades específicas, como capacitación, investigación y tareas editoriales, además de las franquicias postal y telegráfica. Por ello, los 10 mil 842.7 millones de pesos no representan el dinero disponible exclusivamente para buscar el voto ni el tamaño del mercado de las consultorías.
La bolsa tampoco equivale al gasto electoral total, pues no incluye por sí sola el financiamiento de las contiendas locales. Las elecciones de gubernaturas, congresos estatales y ayuntamientos cuentan con recursos sujetos a las disposiciones y presupuestos de las autoridades electorales correspondientes.
La diferencia es importante para dimensionar la derrama económica. No todo el financiamiento público se destina a publicidad o contratación de servicios electorales, y tampoco todo el gasto de campaña termina en manos de consultores: una parte se distribuye entre distintos proveedores y actividades.
El proceso también requerirá personal para la organización de la jornada electoral. El INE prevé contratar aproximadamente 51 mil personas entre supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, para atender una Lista Nominal estimada en más de 102 millones de electores y alrededor de 176 mil casillas.
Aunque la elección ampliará la demanda de servicios profesionales, no existe hasta el momento un censo que permita cuantificar de manera confiable cuántos empleos adicionales generarán las consultorías, agencias y empresas que trabajan para las candidaturas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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