Más del 50% de las fosas clandestinas que se han encontrado en lo que va del gobierno, hasta el pasado 31 de mayo, se han detectado en cinco estados: Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa, pero el mayor número de cuerpos exhumados se dio en Sinaloa, Jalisco y Michoacán.
Así lo dio a conocer Alejandro Encinas, subsecretario Derechos Humanos de Gobernación, en el encuentro virtual “Abramos horizontes ante las desapariciones. México ante la crisis de personas desaparecidas” que se llevó a cabo el día de ayer y fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
- Asimismo, aseguró que algunos estados y sus fiscalías todavía muestran resistencia para apoyar las tareas de búsqueda de personas e identificación de cuerpos en fosas clandestinas, por evitar hacerle frente a la gravedad del problema de las desapariciones.
“El sólo hecho de hacer públicos los datos de fosas clandestinas, de cuerpos exhumados que se han venido desarrollado durante los últimos meses, ha ocasionado reclamos de los gobiernos de los estados que siguen en una lógica de querer minimizar u ocultar el problema, pero independientemente de ello, vamos a seguir con estas labores, porque no solamente se trata de tener un diagnóstico, es necesario hacer justicia”, manifestó el subsecretario.
Por la razón anterior, Encinas dijo que hay lentitud en las investigaciones y resultados a las familias que esperan conocer informes de sus seres queridos.
En ese sentido, adelantó que en los próximos días dará a conocer junto a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) los resultados de la actualización de datos de desaparición forzada de personas y número de personas identificadas y entregadas, con lo que lamentó las cifras que se presentarán.
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- “Seguramente vamos a llevarnos decepciones por el nivel tan alto que sigue existiendo en materia de desaparición forzada en nuestro país”, expresó.
- En la videoconferencia organizada por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Encinas enfatizó que el reto es erradicar la impunidad, ya que sólo el 2% de las carpetas se judicializan y el 1% se castiga; mientras que en el caso de desaparición forzada no hay ninguna sentencia hasta el momento en el país.
Declaró que como parte del fortalecimiento al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se han canalizado a las comisiones locales de búsqueda 272 millones 800 mil pesos de los 341 millones programados, los cuales ayudarán a tener capacidades en equipamiento e infraestructura, y así llevar a cabo las acciones para la identificación de las personas localizadas.
Además, recordó que justo ayer, 10 de junio, se cumplieron 49 años del llamado “Halconazo” o la Matanza del Jueves de Corpus, un capítulo en la historia del país en donde el régimen de, en aquel entonces Luis Echeverría, recurrió a la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Finalmente, reiteró su compromiso para no proteger a quienes cometan este delito: “no se tiene por qué encubrir a nadie, porque parte fundamental de justicia en materia de desaparición forzada es que se sancione a los culpables, lo que está en manos de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales” reiteró.
¿Qué ocurrió en el Halconazo?
En las calles de la capital del país, un 10 de junio de1971, una manifestación estudiantil que marchaba en apoyo de la Universidad de Nuevo León, fue violentamente reprimida por un grupo militar denominado “Halcones”, creado para reprimir cualquier manifestación contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.
- Granaderos, miembros de la policía e incluso tanques antimotines salieron a las calles para controlar la marcha estudiantil. Un control que se llevó de forma violenta y desmesurada.
El saldo fue de 120 estudiantes asesinados. A los que sobrevivieron al ataque y llegaron heridos a hospitales, llegaron “halcones” y los mataron dentro de la institución médica.
Tortura, práctica generalizada de las policías
En México la tortura es recurrente y generalizada, utilizada como método de investigación y obtención de confesiones y sobre todo para la fabricación de culpables.
Tras las recientes protestas para la exigencia de justicia por el asesinato de Giovanni López en Jalisco y la indignación por la agresión en contra de una joven en la Ciudad de México cometida por elementos de seguridad, organizaciones de la sociedad civil piden un alto a la tortura en las detenciones de manifestantes.
- En entrevista, Lucía Chávez, directora del área de Investigación de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), declara que en México la tortura es calificada por la ONU como una práctica sistemática en todo el país.
“Se trata de un número muy alto de personas que son torturadas ya sea durante el arresto, el traslado hacia un centro de detención o al momento de llevarlos ante una autoridad”, explica.
Tortura y abusos al alza
Con base en la lectura y análisis de 999 recomendaciones emitidas por la CNDH, entre diciembre de 2006 y junio de 2019, la Comisión registró dentro de estas 301 casos de violaciones graves a derechos humanos, de los cuales, 73 por ciento se refieren a la tortura.
- 13 mil quejas por tortura fueron presentadas a nivel federal
- “La magnitud del problema es inmensa. A nivel federal, de 2006 a 2019, tenemos 13 mil 560 investigaciones penales en la Fiscalía General de la República por dicho delito mientras que al pedir datos a las fiscalías estatales solo respondieron 27 de las 32 y dijeron que tienen 22 mil 360 investigaciones, entonces, si sumamos todas las respuestas, quiere decir que en el país hay más de 30 mil denuncias por tortura”, detalla Chávez.
- Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, la incidencia de tortura en México era del 73 por ciento sobre el total de arrestos de delitos del fuero federal y del 70 por ciento para el fuero común. A nivel nacional, la forma de tortura más utilizada es la amenaza de levantamiento de cargos falsos con un 52 por ciento, seguido por el desnudamiento al tener 46 por ciento y patadas o puñetazos con 45 por ciento.
Sin embargo, la CMDPDH hace hincapié en que una víctima de estos actos puede estar expuesta a otros delitos pues más del 21 por ciento también fueron desaparecidas forzadamente.
Al cuestionar sobre los mayores perpetradores de este delito, Chávez resalta que tanto en la tortura y en tratos crueles inhumanos o degradantes son prácticas particularmente recurrentes en las instituciones castrenses, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), seguida de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Federal.
- Tan solo de 2015 a abril de 2019, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) registró un total de dos mil 467 investigaciones penales en contra de elementos de la SEDENA y la SEMAR por esta práctica.
- Igualmente de las 10 mil 534 quejas por tortura y malos tratos presentadas ante la CNDH, el 43.7 por ciento señalan a la SEDENA como autoridad responsable, seguida por la FGR con 2 mil 084 quejas y la SEMAR con mil 116.
Con respecto a la impunidad que impera en este delito, la investigadora destaca que si se contemplan solo las 13 mil quejas de tortura a nivel federal, en éstas solamente se concluyeron las investigaciones en el 0.2 por ciento mientras que, de dicho porcentaje, menos del 0.01 por ciento alcanzó una sentencia condenatoria.
Para la Comisión resulta lamentable que de 2006 a 2019 solamente se hayan dictado 27 sentencias por tortura y existan únicamente 18 condenatorias a nivel federal.
Para erradicar la práctica de este delito, Chávez urge al Estado a capacitar a las autoridades, enseñar con base en el respeto a los derechos humanos cómo llevar a cabo una detención y, sobre todo, retirar de su cargo a los elementos acusados pues muchas veces siguen en sus puestos pese a las denuncias en su contra./Agencias-PUNTOporPUNTO
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