Localizan (+)MIL FOSAS CLANDESTINAS en la 4T; sólo 23% de los Cuerpos han Identificado

En México sólo el 23% de los restos exhumados de fosas clandestinas son identificados y entregados a sus familiares.

En México, más de 79 mil personas han desaparecido. La mayor parte de ellas desde 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, con lo que se convierte en la peor crisis de desaparecidos en América Latina desde la Guerra Sucia de los 70, explica el Washington Post.

En aquel sexenio, recuerda el periódico, el entonces mandatario militarizó la guerra contra las drogas y desplegó al Ejército para combatir a los cárteles. Cuando las desapariciones comenzaron a resurgir, se sospechó de las fuerzas de seguridad; no obstante, los narcotraficantes también estaban secuestrando a las personas.

  • El medio indicó que si bien es fácil culpar a los grupos criminales por esta situación, la verdad puede ser más complicada. En el 2000, cuando los mexicanos salieron a votar por un Gobierno de transición, la joven democracia mexicana no logró construir un sistema de justicia profesional con policías y fiscales bien especializados.
  • También señaló que actualmente solo alrededor del 1 por ciento de los delitos son denunciados y resueltos. Además, de acuerdo con el diario, en México son encontradas dos fosas clandestinas al día en promedio.

Las madres de los desaparecidos, apuntó Washington Post, fueron quienes lograron que los funcionarios tomaran medidas ante la situación, lo cual llevó a que a finales del gobierno de Enrique Peña fuera creada la Comisión de Búsqueda.

Y fue el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que se comprometió a realizar un esfuerzo más serio con respecto a las desapariciones, teniendo como primera promesa la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

  • Karla Quintana llegó a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda en esta administración, y desde ahí contrató a programadores, analistas de datos y abogados con el fin de consolidar y actualizar los datos sobre desaparecidos, indica el periódico.

No obstante, se encontró con que muchas fiscalías estatales no enviaron las cifras, pues en algunos casos los sistemas informáticos no se comunicaron con los del Gobierno federal, mientras que en otros los registros eran desastrosos. También se topó con funcionarios corruptos y con la indiferencia burocrática, apuntó el periódico.

Pero la comisionada, agregó el Post, ha logrado dar algunos pasos como la creación de comités de búsqueda gubernamentales en los estados, así como el reconocimiento de México a la autoridad de Naciones Unidas para investigar las desapariciones, y el financiamiento para la identificación de cuerpos.

Por su parte, familiares de los desaparecidos han manifestado que si bien hay un avance en la búsqueda por parte del Gobierno, no hay una estrategia de Estado que involucre a todas las instituciones.

  • El 13 de julio de este año Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informó que desde la década de los años 60 y hasta ese momento continuaban como no localizadas 73 mil 201 personas.

Pero esta cifra ha venido aumentando conforme avanza el tiempo, puntualizó el Post.

México en una fosa clandestina

Karla Quintana (originaria de Mazatán, Sinaloa) sabía en qué se metía cuando aceptó encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México para arrojar una nueva mirada a los casos de mexicanos sin identificar en el país.

Al fin y al cabo, esta abogada lleva 20 de sus 41 años trabajando en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y a familiares de desaparecidos . Junto con 85 personas, Quintana empezó en 2019 a analizar in situ la actuación de los grupos criminales en una tragedia que ha sacudido a México: las desapariciones forzadas.

  • Entre los más crueles y atroces crímenes en México este crimen es el primero. Como es sabido, desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) desató la guerra contra el narco, los casos de desaparición se empezaron a contar por cientos, miles y decenas de miles.
  • La pesadilla iniciada por el ex panista continuó durante el sexenio de su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y perdura en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

México Evalúa publicó un informe que recoge la constante de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del gobierno de poner freno a las bandas de la delincuencia organizada.

  • La organización documenta 73,742 víctimas, que fueron presuntamente privadas de libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos desde 1964 a la fecha. De estos casos, la mayoría se encuentra en el estado de Tamaulipas (al norte de México). El análisis añade tres entidades más: Jalisco, Sinaloa y Colima.

Durante un seminario, Chrístel Rosales, investigadora Senior del programa de Justicia, indicó que las cifras escapan de toda lógica.

  • Tamaulipas, gobernada por el panista Javier García Cabeza de Vaca, contó 11,035 personas no localizadas; seguida por Jalisco con 10,245; Sinaloa que registra 4,834 personas desaparecidas; finalmente Chihuahua con 4,173; y Colima, con 1,238.

“La desaparición –sea cometida por fuerzas del estado o por particulares– es considerada una violación grave de derechos humanos y un delito continuo, al implicar el desconocimiento de su paradero y el sufrimiento constante de sus familiares”, refirió la organización en una mesa de análisis titulada Punto por Punto, Investigación criminal: un plan para que 70,000 personas vuelvan a casa.

  • Grace Fernández, consejera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, reconoció que algunas entidades se esfuerzan por atender la problemática, pero ningún estado de la república cuenta con una coordinación efectiva entre la búsqueda de personas desaparecidas por parte de las comisiones, ni en la persecución del delito por parte de las fiscalías.
  • En 2006, cuando comenzó la Administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y se inició una guerra abierta contra la delincuencia, se encontaron 3,978 fosas clandestinas donde han sido exhumados 6,625 cuerpos.

Los estados que registran mayor número de fosas son Veracruz , Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, que en conjunto suman el 57 por ciento de las fosas de todo el país.

En el año actual, la Comisión Nacional de Búsqueda ha participado en 50 acciones indagatorias en 21 entidades del país a pesar de la emergencia sanitaria, principalmente en las regiones de Guerrero, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas.

Se han localizado mil 257 fosas en lo que va de AMLO

En México sólo el 23% de los restos exhumados de fosas clandestinas son identificados y entregados a sus familiares.

  • De acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación, del 1 de diciembre de 2018, cuando inició la actual administración al 30 de septiembre de este año se habían localizado mil 257 fosas clandestinas.
  • De dichos lugares de extrajeron mil 957 cuerpos, pero menos de la mitad (41.2%), alrededor de 806 fueron identificados. Esto representa el 30.7% de las fosas que se han encontrado históricamente, desde 2006, y el 28.3% de los cuerpos recuperados.

Sin embargo, en la actual administración únicamente 449 restos, que representa el 23% del total de los cuerpos exhumados, ha sido regresado a sus familias.

¿Quiénes son las víctimas?

Alrededor del 90 por ciento de las víctimas de desaparición en el país están relacionadas con el crimen organizado.

La investigadora de la Universidad La Salle, Alma Cosette, especialista en Derechos Humanos, señala que hubo un aumento considerable en la administración de Felipe Calderón.

“Desafortunadamente la que es la más común es justamente la desaparición forzada por parte de dos factores por un lado el gobierno y por otro el crimen organizado, cuando digo el gobierno estoy refiriéndome concretamente a los militares.

  • “En el caso del crimen organizado consecuencia de que en el 2012 cuando empieza esta guerra contra el narco con Calderón, empiezan hacer más visibles las desapariciones forzadas producto principalmente del crimen organizado”, expresó en entrevista.
  • De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, el 74% de los desaparecidos son hombres principalmente entre los 25 y 19 años, seguido del grupo de edad entre los 20 y 29 años.

En el caso de las mujeres el porcentaje restante que es 25.69% corresponde a mujeres entre 15 y 19 años, seguido del rango de entre 29 y 19 años.

El «tiradero» del CJNG

Al menos 13 cadáveres han sido encontrados en las fosas o presuntos tiraderos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la colonia Maclovio Rojas, en Tijuana, Baja California, donde desde hace una semana los colectivos de familiares de desaparecidos hacen búsquedas exhaustivas, y sin la ayuda de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los activistas iniciaron las excavaciones tras recibir una llamada anónima que los alertó sobre la existencia de una fosa clandestina en ese sitio.

  • La primera línea de investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California es que el terreno ubicado en la calle Artículo Número 3, esquina con Calle Emiliano Zapata del Ejido Maclovio Rojas, Delegación Presa Rural, donde fueron encontrados 13 cuerpos y/o restos humanos en ocho días, es un tiradero y casa de seguridad del CJNG.

“Aún sin investigación, es lógico que se trata de víctimas de la pugna por la venta de droga en las calles en la Zona Este de la ciudad. Y ciertamente los restos deben corresponder a las personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con las versiones de los delincuentes detenidos en fechas recientes, en esa zona, el control del CJNG está predominando, y es la gente de Jalisco la que está optando por privar de la libertad a sus víctimas o competidores, torturarlos, matarlos y enterrarlos. Su idea es no jalar la atención de los operativos, y tratar de mantener lejos a las policías”, explicó al semanario ZETA uno de los integrantes de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad.

Por otra parte, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) refirieron que aún no es momento de deslindar a los operadores de los cárteles Arellano Félix (CAF) y de Sinaloa (CDS) que delinquen en la zona.

  • En ninguna de las trece carpetas de investigación iniciadas, de los 13 restos encontrados entre el martes 5 y el miércoles 12 de enero, hay alguna información sobre los presuntos responsables.

Tampoco se ha determinado el tiempo que los criminales tenían usando el predio como tiradero de cadáveres. Por la descomposición de los cuerpos, las autoridades consideran mínimo seis meses. Pero los buscadores estiman que es más de un año. Por el estado de descomposición de los cuerpos, solo en tres se ha podido determinar una “posible” causa de muerte: uno por herida de arma de fuego y dos por estrangulamiento.

  • Según las autoridades, la cabeza del CJNG en aquella zona es Rodolfo López Arellano “Cabo 30” y/o “Solecito” desde agosto de 2019, cuando Ricardo Antonio Álvarez Olivares “Cabo 29” y/o “Bebé” fue asesinado en Baja California Sur. De acuerdo con reportes de inteligencia, pasa el tiempo entre Puerto Vallarta y Tijuana.
  • Los de Jalisco están enfrentados a Luis Mendoza, cabeza de Los Uriarte, quien tiene como operadores criminales a su primo Alberto López, Germán Ayala y Luis Correa. Y a los ex operadores del CAF, de Pablo Edwin Huerta “El Flaquito” aliados a “Los Chapitos”.

La zona impactada por la violencia de estos grupos es el Distrito 2, donde durante el año pasado se perpetraron 3,015 homicidios, el 16% de los 2,015 asesinatos ocurridos en Tijuana. Comprende La Presa y Presa Rural, delegaciones ubicadas en el extremo Suroeste de Tijuana, zona de mayor crecimiento de la ciudad, y en términos de trasiego de droga, conectada directamente a través de bulevares a las delegaciones Los Pinos, Cerro Colorado, Centenario y a los municipios de Tecate y Rosarito.

De acuerdo con La Jornada, uno de los obstáculos a los que se enfrentan los colectivos de búsqueda en la entidad federativa es que, cuando se trata de propiedad privada, no cuentan con la orden de un juez para ingresar a los predios.

  • Cabe destacar que la Fiscalía de Baja California no auxilia a los colectivos sin la orden correspondiente. Cuando se logró obtener una orden judicial, la FGE ingresó el sábado 2 de enero y halló ese mismo día un cadáver.

“Me dijo que no me podía apoyar, no podía dar seguridad para cometer un delito (para irrumpir en el predio) y me dijo que le mandara la información y que él iba a entrar y no le creímos, pero el lunes me hablan como a las cuatro de la tarde y me dijo ‘Angelica ya entramos a la casa y encontramos el primer cuerpo’, me dijo el fiscal Hiram”, dijo la activista Angélica Ramírez al medio./Agencias-PUNTOporPUNTO

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