Un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial destaca que el país ocupa el tercer lugar de América Latina y el Caribe con la mayor tasa de sobornos en hospitales públicos y centros de salud
- El reporte “Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020”, indica que 16 por ciento de personas que recurrieron a servicios de salud en instituciones públicas en 2019 en nuestro país reportaron haber realizado o haber sido víctima de soborno, sólo después de Perú y Venezuela, con tasas de 19 y 34 por ciento, respectivamente.
- El estudio también destaca que en México cuatro de cada 10 personas consideran que el sector salud es corrupto.
- Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo que el sistema de salud nacional enfrenta corrupción a gran escala, esto es desde cómo se gasta el dinero y se asignan licitaciones, y en la pequeña escala, que es cuando se acepta, pide u ofrece un soborno por algún servicio.
Los más afectados son los pacientes de bajos ingresos, porque son los que destinan más recursos para pagar mordidas, no tienen alternativas”, comentó.
- La OCDE y el BM instan a dirigir las políticas para abordar la corrupción a los proveedores de bienes y servicios médicos, pagadores, el sector regulador y pacientes ya que son éstos los que pueden cometer o ser víctimas de corrupción.
- Según Ángeles Estrada, especialista del Tec de Monterrey, la escasez de medicamentos y servicios potencia el soborno, porque es común que los bienes se vendan al mejor postor.
Por su parte, David Hurtado, vicepresidente de la Comisión de Comercio Internacional de la ICC México, dijo que en el país se puede percibir más corrupción. Expuso que, si se ofrecen garantías a firmas, en el marco del T-MEC, van a llegar inversiones.
¿Cuánta corrupción se ha denunciado en tiempos de COVID-19?
En periodos de emergencia, cuando la escasez se manifiesta y la premura por satisfacer necesidades aumenta, la tendencia es el incremento de los abusos, las malas prácticas y las omisiones por parte de los tomadores de decisiones. Por ello, además de exigir la rendición de cuentas respecto de la macro corrupción –como las compras gubernamentales– es necesario que se registren, atiendan y sancionen los actos de micro corrupción –como las “mordidas” y el cobro de servicios esencialmente gratuitos–.
La corrupción puede medirse a través de dos vías
Percepción de la corrupción
En ésta, a través de diversas encuestas, tanto especialistas, académicos, académicas, como empresarios y empresarias que tienen sensibilidad y conocimiento sobre un sector o industria específica, ofrecen su impresión sobre el número y la frecuencia de actos de corrupción o de otros fenómenos relacionados.
Registro de la experiencia efectiva de la corrupción.
En ésta se requiere la voluntad de personas que hubieren sido víctimas de ese tipo de actos, para contestar una encuesta con veracidad, o bien, para denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes o a través de los mecanismos que tengan disponibles.
Aunque ninguna de las dos vías es sencilla, la relativa a la experiencia de la corrupción puede ser más compleja de medir considerando que, entre 2017 y 2018, el porcentaje de delitos no denunciados en México fue de 93.2%1, y de tales solamente el 5% fueron denuncias de actos de corrupción –aproximadamente 170,000 hechos indebidos–2.
A ello debe sumarse que los medios institucionales para denunciar en México no son suficientes ni seguros. Los “alertadores” –como ha bautizado el gobierno mexicano a las y los denunciantes internos y externos, comúnmente identificados bajo el anglicismo whistleblowers– no cuentan con medidas efectivas de protección, no se les garantiza el anonimato, ni se les otorgan incentivos. Más bien, existe una alta probabilidad de que sufran consecuencias por su denuncia, tales como acoso laboral, amenazas, bullying o incluso la pérdida del empleo.
Bajo esa perspectiva, la falta de denuncia de hechos de corrupción provoca que las autoridades no inicien investigaciones y, por tanto, que estén imposibilitadas para imputar responsabilidades administrativas o penales, todo lo cual incrementa la impunidad.
Incentivar la denuncia era, inclusive antes de la pandemia, uno de los grandes retos de la sociedad latinoamericana. Hoy es una necesidad urgente. Se requiere perfeccionar la legislación y asegurar la efectividad de las garantías de protección al denunciante, contar con procesos claros, diseñar más y mejores vías para denunciar, como portales electrónicos, aplicaciones tecnológicas, líneas telefónicas (hot lines), pero también se necesita una ciudadanía informada que conozca cuáles son sus derechos, quiénes son las autoridades encargadas de recibir y tramitar su denuncia, y qué proceso deben seguir para realizar su reporte y para darle seguimiento.
Desde la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey (ITAC) y Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM), asumimos el reto de generar un mecanismo que permita a los ciudadanos y ciudadanas reportar libre, confidencial y anónimamente tanto actos de corrupción como fallas operativas en la detección, atención y tratamiento de la enfermedad COVID-19. La plataforma #DenunciaCorrupcionCoronavirus nos permite hacer dicho registro y analizar su impacto en tiempo real.
- Al 17 de junio, se han recibido 131 reportes provenientes de 17 entidades federativas, siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos los que llevan la delantera. Del 100% de los reportes, 34% se refieren a fallas operativas denunciadas por trabajadores o trabajadoras del sector salud, 31% a casos de corrupción y de atención médica a cambio de favores sexuales, 24% a fallas operativas reportadas por ciudadanos o ciudadanas y 12% a casos en los que se negó la entrega de resultados de COVID-19 a quienes lo solicitaron.
- Los reportes existentes en la plataforma parten en todos los casos de una premisa: la falta de mecanismos y herramientas oficiales y sencillas para poder levantar la voz y denunciar los hechos indebidos que están sufriendo durante la crisis sanitaria por la que pasamos en México.
Las y los trabajadores del sector salud han reportado que se ven obligados a comprar sus propios materiales ante el desabasto. Se ha denunciado también la creación de “mercados negros” de productos de protección dentro de hospitales, así como la omisión de aplicar pruebas a empleados y empleadas en instituciones de salud, notablemente contagiados con coronavirus. En otros reportes, se narra que el personal de limpieza recibe y reutiliza material de protección desechado.
Las y los trabajadores del sector salud, provenientes en su gran mayoría de instituciones públicas reportan la falta de suministro de cubrebocas plisados y N95, así como de trajes Taivet. Las quejas continuamente mencionan la falta de protocolos en la atención y recepción de posibles enfermos de COVID y del resto de los pacientes.
- Por su parte, un gran porcentaje de quienes reportan haber sido víctimas de corrupción señalan que algún miembro del personal de salud les solicitó dinero u otros bienes, mientras que otros señalan que se les requirió algún tipo de favor sexual. Asimismo, se denuncian abusos de autoridad y uso indebido de recursos públicos. Se tiene también el registro de algunos casos en los cuales, ante un resultado positivo en la prueba de COVID-19, se negó la entrega del documento que lo acreditase.
- Algunos reportantes también denuncian que afuera de hospitales públicos hay “coyotes” ofreciendo la cama por 1,500 pesos mexicanos a la semana (aproximadamente, 65 dólares americanos); otros han sido testigos del robo de cajas con insumos médicos, o dicen que algunas autoridades médicas aceptan “dádivas” para que le den la cama a alguien en especial.
#DenunciaCorrupcionCoronavirus, junto con otras herramientas digitales públicas y de la sociedad civil, son claras radiografías de cómo los ciudadanos están lidiando con la crisis de salud motivada por el coronavirus, además de ser un termómetro del funcionamiento de nuestros servicios de salud públicos y privados.
No debe pasar desapercibida la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG), que muestra que de 2017 a 2019 el número de víctimas de actos de corrupción aumentó 7.5%4 y que en ese mismo periodo el número de actos de corrupción aumentó 19.2%5, pues el buen o mal manejo de la crisis de salud actual podría disminuir o incrementar esos porcentajes./Agencias-PUNTOporPUNTO
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