IP pide agilizar SISTEMA ANTICORRUPCIÓN para la CDMX

Al advertir como un retroceso de gran magnitud la consecuencia del fallo de la Corte, la cual invalidó en su totalidad el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, la Coparmex en la capital mostró preocupación por la posible afectación a la confianza de las empresas para invertir.

  • La presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex Ciudad de México, Claudia Guzmán, recordó que el 16 de enero, la Corte estableció la inconstitucionalidad del proceso legislativo mediante el cual se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de la CDMX, invalidando los decretos por los que se expidieron las reformas anteriores, aprobadas en abril del 2019, y reformas a los artículos 74 y 75 del sistema local anticorrupción, publicados el 10 de enero pasado.

Por lo que aseveró, que invalidar en su totalidad el sistema anticorrupción, afecta la confianza de los empresarios y emprendedores que buscan invertir en la capital, además de que ésta se encuentra en su nivel más bajo desde abril del 2017, misma que disminuyó tres puntos en comparación con el año pasado.

Expuso que representa un retroceso legislativo de dos años y un impacto al sistema nacional de la ley anticorrupción.

Sin dejar de lado que celebraban el fallo de la Corte, el cual señaló que hubo irregularidades en el proceso legislativo para generar las leyes del sistema anticorrupción local, la Coparmex de la Ciudad de México exhortó al Congreso capitalino a presentar las nuevas iniciativas de ley correspondientes durante la siguiente sesión de la Comisión Permanente, y así analizar y dictaminar a fin de que sean aprobadas por el pleno en la primera quincena de febrero.

Asimismo, advirtió que reiniciar la implementación de todo el sistema local vulnera la lucha de la ciudad en el combate a la corrupción, por lo que llamó a los legisladores capitalinos a aprender de esta resolución y las “gravísimas” consecuencias de ejercer sus facultades sin observar la Carta Magna ni su propio reglamento interno/EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO

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