La jefatura de Gobierno en 2018, que estuvo a cargo de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, no promovió el seguimiento ni la mejora de los controles internos de los gastos relacionados con la reconstrucción, concluyó la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASMC).
- Antes de finalizar 2019, esa instancia dependiente del Congreso capitalino emitió una serie de resultados preliminares, a los cuales tuvo acceso este diario, sobre la gestión de los recursos de la reconstrucción en 2018 por la jefatura de Gobierno y las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Obras y Servicios.
- Entre las irregularidades detectadas se concluye que no se acreditaron las características de los trabajos de rehabilitación, reforzamiento y reconstrucción de planteles educativos y de rehabilitación de bardas perimetrales y reparación de daños menores en diferentes escuelas de nivel básico.
Se detectó la entrega de recursos superiores a montos autorizados, como el traslado de escombro a sobreprecios. Y se halló que los contratos para los trabajos de demolición no fueron sometidos al Subcomité de Obras para atender la emergencia por el sismo del 19 de septiembre de 2017; mientras diversos contratos de obra fueron formalizados después de haber iniciado o terminado los trabajos.
En las conclusiones de la auditoría financiera y de cumplimiento con número ASCM/1/18 destaca que para el trámite de afectaciones programático-presupuestarias, la jefatura de Gobierno no acreditó haber realizado la evaluación correspondiente respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas.
Ayudas sin dictamen
- En la Seduvi se detectaron trámites de ayudas económicas por 1.9 millones de pesos a seis personas que no presentaron el dictamen para la aplicación de la Ley de Reconstrucción ni el certificado único de zonificación de uso de suelo en la modalidad de reconstrucción de vivienda, y aún así se les permitió aumentar 35 por ciento su potencial constructivo. Tampoco vigiló que 12 beneficiarios de apoyos económicos comprobaran la aplicación de 14 millones de pesos de ayudas otorgadas.
Obras no acreditó que se hubiesen realizado los trabajos de un contrato por un monto de más de 300 millones de pesos, por lo que se considera no devengado. También adjudicó seis contratos de obra pública con la modalidad de precio alzado en lugar de precios unitarios; y no solicitó la intervención de la Contraloría en ocho procedimientos de adjudicación directa./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
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