El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 limitó los recursos hacia actividades productivas con efectos positivos en el crecimiento, el empleo y el bienestar, por lo que se anticipa que la inversión física tendría una nueva caída de alrededor de 5% o 6% real respecto al presupuesto 2019, estimó el sector privado.
- Con el gasto aprobado, el Ejecutivo privilegia un beneficio a la población a través de programas asistenciales con el fin de reducir rápidamente la pobreza, aunque “es difícil ignorar el elevado contenido político electoral de este presupuesto, debido a las transferencias directas mediante las que operan los programas sociales prioritarios”, cuestionó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Señaló que mientras los proyectos de inversión emblemáticos, como son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, no cuenten con estudios de rentabilidad social —como lo manda la ley de presupuesto— no hay nada que indique que estimularán el crecimiento.
“Solucionar los problemas financieros del país y mejorar la distribución de la riqueza requiere recursos claramente productivos. Es sabido que la reducción permanente de la pobreza requiere de la creación de empleos formales. Para ello, es a su vez necesario un gasto dirigido a la inversión productiva en infraestructura, el mejoramiento de los servicios que eleven al capital humano de la población, en salud y educación principalmente, así como el abatimiento de la inseguridad pública”, refirió el sector privado.
- De acuerdo con el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la premisa del presupuesto debe ser la eficiencia en la asignación de los recursos, sobre todo en un entorno en que la debilidad de los ingresos probablemente prevalecerá en virtud de un crecimiento económico probablemente menor al proyectado en el PEF.
Mucho de la eficiencia del gasto reflejará hacia donde se inclina la balanza, si a mantener un gasto asistencialista o atender las necesidades en materia de salud, educación y seguridad, puso en duda./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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