Quieren ACABAR con ADJUDICACIONES DIRECTAS

Los tres megaproyectos de la 4T se realizarán mediante este mecanismo

Las tres obras de infraestructura más costosas del gobierno federal se realizarán por adjudicación directa, lo que es contrario a lo que establece el artículo 134 de la Constitución, que prevé que las contrataciones deben ser por  licitación pública, ya que disminuye costos y es mucho más transparente, al tratarse de recursos públicos, señaló la diputada priista federal Soraya Pérez.

  • “Es el caso del  aeropuerto de Santa Lucía, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, el Tren Maya, donde seis mil millones de pesos se adjudicaron a la constructora del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, a la que se destinarán 50 mil millones de pesos, lo que es una excepción al artículo primero de la Ley de Adquisiciones”, precisó la legisladora del tricolor.
  • Soraya Pérez informó que ya propuso a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados trabajar en un proyecto que (mejore) la ley de adquisiciones y licitaciones públicas, para impedir más decisiones de este tipo que pueden afectar al erario federal y con el fin de contar con un marco más eficiente de contratación, tanto para los gobiernos federales y estatales, señaló en un comunicado la legisladora del tricolor.
  • En tanto, el diputado perredista Raymundo García advirtió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de adquisiciones gubernamentales y obras públicas, ha tomado decisiones sin sustento técnico.
  • Ante ello, el legislador federal se pronunció por reformar el artículo 73 de la Constitución, pues el actual marco normativo presenta grandes y graves deficiencias que contravienen a la misma Carta Magna en cuanto a que las adquisiciones gubernamentales deben apegarse a los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, lo cual no sucede”, indicó García Gutiérrez.
  • Agregó que el planteamiento es con el propósito de erradicar en todos los poderes y niveles de gobierno procedimientos anticonstitucionales y proclives a la corrupción en la contratación, adquisición y arrendamiento de obras públicas y servicios que, además de onerosos para la hacienda pública, resultan peligrosos para la ciudadanía”.

“Por un deficiente marco normativo, recurrentemente se da lugar a contratación de obras públicas caras, sin planeación, de mala calidad, irregulares y contratos con empresas sin experiencia o cuyo giro y actividades originales difieren de aquéllas por las que fueron contratadas, además de que puede haber convenios turbios y firmas fantasma también se han vuelto habituales en las compras públicas”, resaltó el legislador del Sol Azteca.

  • “Un claro ejemplo”, dijo, “es el tren México-Toluca, en el cual la Auditoría detectó un probable daño por 770 millones de pesos, pero cuyo costo además se ha multiplicado y cuya fecha de terminación se ha retrasado respecto a lo originalmente previsto”.
  • Raymundo García indicó que, aunque en el Congreso se han aprobado reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras, con el objetivo de sanear las finanzas públicas y recortar gastos superfluos, “aunque las compras fueron concentradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como consecuencia de las reformas mencionadas, en realidad sólo fue un cambio en la gestión de recursos”, advirtió.
  • En entrevista sobre el tema de las adjudicaciones directas, la diputada de Morena, Beatriz Rojas, indicó que si ha sido así es por la premura para llevar a cabo las obras y atender de manera rápida los compromisos de desarrollo de infraestructura que requiere la gente, pero llamó a que se informen de manera transparente estas acciones de gobierno.

En tanto, integrantes de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados abrieron seis foros públicos en Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Chiapas y Ciudad de México, que permitan dar paso a una iniciativa más completa. La realización de estos foros tiene como objetivo englobar un mayor número de propuestas y opiniones en la materia, por ello se contempla la participación de diversas secretarías de Estado, órganos empresariales, sector social y organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de lograr un proyecto integral que cuente con el respaldo de la sociedad y pueda ser presentado ante el Pleno, de acuerdo con la propuesta./LA CRÓNICA-PUNTOporPUNTO

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