El partido Morena perdió este jueves a uno de sus precandidatos. Juan Gilberto Ortiz Parra, quien buscaría la alcaldía de Úrsulo Galván, en Veracruz, fue asesinado por hombres armados.
- Según la prensa local, Ortiz Parra, de 36 años, circulaba en su automóvil sobre la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Puente Nacional, cuando un grupo armado lo atacó.
- Las versiones preliminares indican que el político fue trasladado con vida a un hospital y en el trayecto dijo que no identificaba a sus agresores. Después, al llegar al centro médico, se confirmó su fallecimiento.
Tras el ataque, autoridades desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables, pero hasta ahora no han sido identificados.
Las autoridades también desconocen el móvil del ataque contra el precandidato, quien se dirigía a una reunión de la militancia en la congregación La Gloria, en Úrsulo Galván.
- En sus redes sociales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresó sus condolencias a la familia de Ortiz Parra y exigió a las autoridades esclarecer el crimen.
Sin embargo, Ortiz Parra no es la única víctima mortal de la violencia política que se vive en este proceso electoral.
La consultora Integralia reportó esta semana que, de septiembre de 2020 a enero de 2021, hubo 88 víctimas de violencia política, de las cuales 64 fueron asesinadas. Con el crimen contra Ortiz Parra, la suma asciende a 65.
De acuerdo con el reporte, los municipios con más incidentes de violencia política son Moroleón (Guanajuato), Acapulco (Guerrero), Guadalajara (Jalisco), Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California), Cajeme (Sonora) y Ciudad Juárez (Chihuahua), todos con al menos dos casos de asesinato, agresión o secuestro de precandidatos, candidatos, militantes, funcionarios, exfuncionarios, periodistas y activistas.
«En la mayoría de los casos se estima que los perpetradores fueron integrantes de grupos del crimen organizado», destaca Integralia.
De las víctimas mortales registradas en lo que va del proceso electoral, 17 eran funcionarios municipales, seis activistas, cinco funcionarios federales y estatales, cinco aspirantes a candidatura, cuatro periodistas, tres líderes partidistas, tres exalcaldes, tres diputados locales, dos alcaldes, dos jueces, dos funcionarios de fiscalías locales y 12 identificados como «otros».
De estos casos destacan el asesinato de Florisel Ríos Delfín, militante del PRD y alcaldesa de Jamapa, en Veracruz. Ríos fue secuestrada y asesinada en noviembre de 2020 y, hasta ahora, las autoridades no han informado sobre los avances en las investigaciones.
- Carlos Beltrán Becomo, también del PRD y alcalde de Temósachi, en Chihuahua, fue asesinado el 30 de septiembre de 2020. Su cuerpo fue localizado, con un disparo en la cabeza y cubierto con una bolsa de plástico, tras haber sido secuestrado por sujetos armados.
El pasado 12 de enero, Juan Antonio Acosta Cano, diputado local y precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas, en Guanajuato, fue asesinado a plena luz del día.
Otro caso que destaca es el del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, atacado en diciembre de 2020 en un restaurante de Puerto Vallarta.
Suman cinco aspirantes asesinados durante proceso electoral
Cinco aspirantes a puestos de elección popular han sido asesinados y uno más secuestrado durante el proceso electoral. El pasado jueves, fue baleado Gilberto Ortíz, precandidato de Morena a la presidente alcaldía de Úrsulo Galván, en Veracruz, y en Guaymas una balacera interrumpió un acto de la alcaldesa Sara Valle Dessens, quien busca reelegirse.
- De acuerdo con información recabada por Organización Editorial Mexicana, Guerrero acumula más ataques, cuatro en total con un saldo de dos muertos: Antonio Hernández Godínez, aspirante del PRD a la alcaldía de Chilapa, asesinado el 25 de noviembre 2020, y Efrén Valois Morales, quien buscaba la alcaldía de Pilcaya y fue victimado el 21 de diciembre 2020.
- Mario Figueroa Mundo, quien busca la presidencia municipal de Taxco, fue baleado el 21 de diciembre 2020, pero sobrevivió al ataque, lo mismo que Roberto Zapoteco Castro, priísta que aspira a la alcaldía de Zitlala.
En Veracruz, además de Gilberto Ortíz, también fue asesinado Carlos Fernández Rocha, quien figuraba como regidor suplente en la planilla del panista Salvador Monroy, aspirante a la alcaldía de San Andrés Tuxtla.
En Guanajuato, el 12 de enero de 2021, fue asesinado José Antonio Acosta Cano, precandidato a la presidencia municipal de Juventino Rosas por el PAN.
- A estos casos se suma el secuestro de Álvaro Madera López, precandidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic, Jalisco, quien fue privado de la libertad el 4 de febrero por un grupo criminal que presuntamente exige 10 millones de pesos a cambio de la liberación del político.
En Puebla fueron asesinados dos colaboradores de Carlos Barragán Amador, aspirante independiente a la presidencia municipal de Xicotepec de Juárez. Filemón Contla Rangel y Emmanuel García Hernández murieron en un atentado el 29 de noviembre de 2020.
- La violencia en el proceso electoral es una preocupación de los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, pues en la contienda de 2018 fueron asesinados 156 políticos en total, de los cuales 48 eran aspirantes, precandidatos y candidatos, y posterior a la elección al menos un presidente municipal electo resultó muerto, según un recuento de la consultora Etellekt.
- La mayor parte de los asesinatos de candidatos ya en campaña fue para aspirantes a cargos municipales, de los que murieron 20, seguido de candidatos a diputado locales con cuatro y un candidato a una diputación federal.
- Entre septiembre de 2017 y julio de 2018 también se registraron 161 denuncias de amenazas y actos de intimidación contra candidatos y precandidatos, así como 774 agresiones totales contra políticos y funcionarios
Durante el presente proceso electoral, tan sólo en Michoacán 10 aspirantes han sido víctimas de amenazas por parte de grupos del crimen organizado, sobre todo en la zona de Tierra Caliente.
La Secretaría de Seguridad del estado les condicionó la protección a que presenten una denuncia ante la Fiscalía General del estado, ya que no lo han hecho por temor a represalias.
Anteriormente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció públicamente que la delincuencia organizada está interesada en influir sobre las definiciones de candidaturas en Michoacán, ante lo que ofreció el respaldo de la SSP para los aspirantes que participan en la jornada electoral y sugirió además a los partidos establecer un “antidoping delincuencial” en sus abanderadas y abanderados. Con información de editoras OEM/Agencias-PUNTOPORPUNTO
Documento íntegro:
INTEGRALIA_VIOLENCIA%20POLITICA
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