La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo tiene listo el proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que plantea que el nuevo proceso de elección de jueces y magistrados comience en abril próximo y que la jornada de consulta de revocación de mandato se celebre el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, de forma coincidente con elecciones federales o locales. También reduce el poder financiero del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y otorga autonomía de gasto a los otros órganos, principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Lo anterior consta en el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, del cual posee copia La Jornada.
Plazos
El proyecto indica: “se adelanta la emisión de la convocatoria general del Senado, que deberá emitirse a más tardar el 30 de abril del año anterior a la elección correspondiente. Esto permitirá organizar el proceso, inscribir a las personas aspirantes y desarrollar las evaluaciones con el tiempo necesario”.
- En un plazo de 15 días posteriores a esa convocatoria se elegirá a los comités de selección y coordinadores de trabajos y una comisión coordinadora que verifique “los requisitos de elegibilidad, fijará criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos”, de tal manera que “todas las personas aspirantes serán evaluadas con las mismas reglas, sin importar el Poder que las postule”.
Pleno de órganos superiores del PJF
Se propone “generar un espacio institucional para compartir información, coordinar prioridades, dar seguimiento a problemáticas comunes y construir propuestas de solución de manera conjunta frente a asuntos que, por su naturaleza, rebasan la competencia aislada de cada órgano”.
Solución de controversias
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica otorga a la Corte “competencia para resolver las controversias que se susciten entre los órganos del PJF, lo que brindará certeza sobre la distribución de atribuciones desde una óptica constitucional”.
Autonomía presupuestaria
La propuesta plantea dar a la SCJN, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) mayor autonomía para gestionar sus presupuestos y evitar “interferencias administrativas que obstaculicen o retrasen” tareas. Esa gestión está concentrada en el OAJ desde que comenzó a ope-rar, el 1º de septiembre de 2025.
- El OAJ se mantendría como “ente globalizador” del presupuesto, encargado de fijar los lineamientos generales e integrar los anteproyectos. La Corte, el TEPJF y el TDJ serían unidades ejecutoras de gasto, con sus propias Unidades de Administración y facultades para ejercer directamente sus recursos.
- En la Corte, el pleno adquiriría la facultad de emitir reglas propias en materia de personal, contrataciones, bienes, tecnología, obra pública y patrimonio, así como definir su catálogo de puestos y las normas de ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y remoción.
“La autonomía de gestión no debe entenderse como un privilegio institucional, sino como un instrumento para que las decisiones sobre recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos respondan a las necesidades de la función jurisdiccional. La administración debe estar al servicio de la justicia, y no a la inversa”, señala la propuesta./Agencias-PUNTOporPUNTO
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