En México cada año mueren al menos mil 680 niñas y niños menores de cinco años por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.
• Además, el número de muertes atribuibles a esta causa se ha incrementado casi 60 por ciento entre 1990 y 2015, debido a las altas concentraciones de contaminantes, reportaron la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la organización ambientalista Greenpeace México.
• En el informe “No apto para pulmones pequeños”, presentado por dichas organizaciones en 2018, destacaron que solo en 2016 las muertes de personas de 0 a cuatro años representaron 53.4 por ciento del total de decesos por asma. Ese año también se registraron mil 902 fallecimientos por infección respiratoria aguda de niñas, niños y adolescentes.
• Destacaron que la exposición continua al dióxido de nitrógeno (NO2) se relaciona con diversas enfermedades de las vías respiratorias, como disminución de la capacidad pulmonar, bronquitis agudas, asma y se considera el culpable de los procesos alérgicos, sobre todo en niños.
• Redim y Greenpeace urgieron a generar y homologar en el país políticas públicas dirigidas a mejorar los sistemas de información de los efectos de la calidad del aire como parte de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como en las regulaciones para hacer frente a la contaminación atmosférica en México.
• También llaman a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cumplir su obligación de ajustar las normas oficiales mexicanas para garantizar los derechos de la infancia.
• “Las organizaciones recuerdan a Claudia Sheinbaum que además de ser jefa de Gobierno es también presidenta del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, creado por mandato de la ley general en la materia de 2014, por lo que hacen un llamado para que cumpla con su obligación legal de avanzar en la construcción de una política pública integral para garantizar los derechos de los menores, en particular a la salud y a un medio ambiente sano, dos de los temas que debe atender este espacio de coordinación de la política pública”, expresaron.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que los gobiernos federal, estatal y municipal tienen “la obligación de informar oportunamente sobre el estado que guarda la calidad del aire, los posibles efectos negativos en la salud y los mecanismos de protección adoptados, como consecuencia de las altas concentraciones de partículas PM2.5”.
Manifestó su preocupación “por el agravamiento de las condiciones ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México” y urgió a “adoptar medidas necesarias y pertinentes para salvaguardar la salud de las personas, especialmente niñas, niños y personas mayores”.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, aseguró que el gobierno capitalino no supervisa acciones ante la contingencia ambiental./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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