El viejo régimen sigue vivito y coleando. Vamos a necesitar del respaldo social para enfrentarlo, sentencia Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Las frases, fácilmente suscritas por algunos críticos de la Cuarta Transformación, resumen el pulso que el funcionario libra con distintas fuerzas para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes deAyotzinapa.
- De la solución de este caso dependerá en mucho el rumbo que tome el país. Es necesario conocer la verdad –dice–. Dejar atrás al viejo régimen priísta. Acabar con el pasado del país y emprender un nuevo rumbo. México vive una crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos de la que tenemos que salir. Es una responsabilidad del Estado hacerlo. Ayotzinapa será el punto de partida para hacerlo.
En el aire que respiran los padres y madres de los muchachos desaparecidos flota el deseo de creer en sus palabras. Pero también, cierto escepticismo. Epifanio Álvarez, papá del normalista Jorge Álvarez Nava, sentado a escaso metro de distancia del subsecretario, se lo dice adolorido al funcionario. Esperamos que el nuevo gobierno no vaya a hacer con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, lo mismo que nos hizo Enrique Peña Nieto cuando firmó la minuta mientras se burlaba de nosotros
- Queremos –dijo don Jorge levantando la voz al tiempo que frenaba su rabia con una pausa forzada– un poquito de avance. Tenemos allí a Tomás Zerón, responsable de parte de nuestro sufrimiento. Hay que irnos sobre su cabeza. Sabemos que se está trabajando. Pero ya pasaron ocho meses. Queremos algo que dé confianza.
- Sin querer ser descortés con el funcionario, pero poniendo sobre la mesa el sufrimiento que atraviesa su corazón, le dijo: Le pedimos que estas palabras no se las lleve el viento. Queremos la verdad. Por eso nos exaltamos. Ya queremos saber algo. Este dolor no nos deja vivir.
Minutos antes, en una sesión previa del foro Palabras de vida, caminos de esperanza, efectuado en esta ciudad para celebrar los 25 años de la fundación del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la jurista guatemalteca Claudia Paz y Pax, investigadora ex integrante del GIEI queridísima por los familiares de los 43, había puesto el dedo en la llaga. En Ayotzinpa, dijo desde su experiencia, hubo una clara obstrucción a la justicia por parte del Estado. No fue un problema municipal. Los militares estuvieron presentes. Los expertos se toparon allí con una relación casi de maridaje entre las fuerzas de seguridad, las de investigación, con el narcotráfico./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
Nota completa en el Enlace:
https://www.jornada.com.mx/2019/08/11/politica/006n1pol
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