Por primera vez, personas en prisión preventiva podrán votar en la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para organizar este ejercicio en el proceso electoral judicial de 2026–2027.
- El acuerdo se basa en un estudio técnico que detalla las condiciones necesarias para garantizar el derecho al voto en este contexto.
- El estudio de viabilidad presentado por el INE establece que la emisión del sufragio para población en prisión preventiva solo es posible bajo condiciones muy específicas y requiere, entre otros factores, recursos suficientes para personal especializado, traslados y capacitación.
El documento subraya la importancia de evitar que la falta de presupuesto limite el ejercicio de derechos humanos y advierte que la posibilidad de ampliar cargos a elegir dependerá de los resultados y evidencia que se obtenga en este proceso.
Durante la sesión donde se discutió el tema, el consejero Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Organización Electoral, explicó que el procedimiento responde a un mandato jurisdiccional que reconoce los derechos político-electorales bajo el principio de presunción de inocencia.
“La garantía de este derecho depende de la corresponsabilidad institucional y financiera que asegure la certeza e integridad del proceso electoral”, señaló.
- El mecanismo aprobado delimita a la población objetivo y establece un modelo de votación diferenciado para quienes se encuentran en prisión preventiva, con retos como garantizar el voto informado en contextos donde no participan partidos políticos y existe acceso limitado a la información.
Según el análisis, corresponde al Consejo General determinar en su momento el alcance y condiciones bajo las cuales se garantizará este derecho.
El Consejo General del INE también cumplió tres sentencias de las salas Superior y Regional de la Ciudad de México del TEPJF, reduciendo una sanción económica y aplicando dos amonestaciones públicas a personas candidatas a juzgadoras./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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