Debido al otorgamiento de contratos a dos instituciones estatales de educación superior, sin comprobar que tuvieran la capacidad suficiente para realizar el trabajo encomendado, Diconsa habría sido responsable de un daño a la hacienda pública federal por más de 378 millones de pesos de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Mediante un esquema similar al utilizado en otras ocasiones por la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, hoy del Bienestar (de la cual depende Diconsa), y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se otorgaron contratos de forma directa a universidades estatales, que a su vez realizaron operaciones de subcontratación plagadas de irregularidades./ LA JORNADA
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