Los integrantes de las fuerzas armadas estadunidenses, empleados civiles del Departamento de Guerra, empresas extranjeras contratadas o subcontratadas por esa dependencia y sus trabajadores no ecuatorianos podrán ingresar sin necesidad de permisos oficiales y contarán con inmunidad para cualquier acción de carácter judicial, tras el acuerdo ministerial del gobierno de Daniel Noboa, que se respalda en el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) entre Quito y Washington.
- Esto ocurrió el mismo día que el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, se reunía en Quito con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, y el titular del Comando Conjunto, Henry Delgado, para revisar los avances de las operaciones conjuntas, supuestamente para el combate contra el “narcoterrorismo”.
- De acuerdo con ese documento, todas esas personas tendrán hasta 180 días no renovables dentro de cada año, con entradas múltiples, mediante un registro denominado Actos de comercio y actividades, sin necesidad de una visa ecuatoriana. Para ingresar bastará con llevar pasaporte o identificación oficial estadunidense, una orden colectiva de movimiento o individual de viaje expedida por el Departamento de Guerra de Estados Unidos.
El documento detalla otras ventajas como la exención de tasas migratorias para el personal y aeronaves estadunidenses; la protección frente a sanciones administrativas; la tramitación diplomática cuando las actuaciones involucren a personas cubiertas por privilegios e inmunidades, con lo cual podrían realizar cualquier tipo de actividad sin responder a autoridades judiciales.
El acuerdo ministerial es también para contratistas y subcontratistas del Departamento de Guerra, a los cuales en una situación regular se les pediría visa de trabajo.
- Lo que la normativa no explica es cuántos militares, civiles o contratistas podrían ingresar, si para ello deben quedar identificados o registrados sus nombres, compañías y funciones, las provincias, instalaciones o puertos donde operarán, si portarán armas o participarán directamente en ataques, qué autoridad ecuatoriana aprobará cada misión y qué jurisdicción investigará posibles muertes, lesiones o daños civiles.
Las inmunidades pueden dificultar que autoridades y víctimas ecuatorianas investiguen directamente posibles abusos. Esto adquiere mayor gravedad tras las denuncias sobre ataques a pescadores./Agencias-PUNTOporPUNTO
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