Falta de JUDICIALIZACIÓN sitúa a México con Mayor REZAGO en Combate a la CORRUPCIÓN

Ya sea dentro de las fronteras de México o fuera de ellas, históricamente las autoridades de procuración y administración de justicia investigan poco la corrupción, los posibles responsables no son sancionados, los activos desviados fruto de estos ilícitos no son recuperados y no hay reparación del daño.

Esto se debe, en gran medida a la falta de recursos y capacitación por parte de fiscales y jueces, a las deficiencias de las Procuradurías, Fiscalías y del Poder Judicial que se enfrentan a diversos problemas como los casos de lavado de dinero que involucran estructuras corporativas complejas y flujos financieros intrincados.

• De acuerdo con el informe publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Méxicana “Exporting Corruption. Progress report 2020: Assessing enforcement of the OECD AntiBribery Convention”, en México de 2016 a 2019 no se ha sancionado ningún caso por cohecho internacional y durante ese periodo la Fiscalía General de la República o antes la Procuraduría General de la República iniciraron solamente tres investigaciones, las cuales no se han presentado ante el Poder Judicial, no se han fincado responsabilidades ni sanciones y tampoco se han recuperado los activos desviados de dichos ilícitos.

Es así que casos como la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza en contra de la multinacional mexicana CEMEX desde 2016 por presuntos pagos de sobornos por más de 20 millones de dólares a cambio de contratos y facilidades fiscales, o las realizadas desde 2015 por autoridades españolas en contra de la minera Grupo México, en el país no son castigadas, ni siquiera investigadas.

En los últimos años, durante la administración federal anterior, tampoco se registraron avances sobre el caso Odebrecht, la investigación más grande de corrupción en América Latina.

• Transparencia Internacional colocó a México en el semáforo rojo y en la lista de los 19 países que cumplen poco o no lo hacen en el combate a la corrupción internacional, una tendencia que el actual Gobierno federal pretende cambiar a través del trabajo de entes como la Unidad de Inteligencia Financiera

Asimismo, tras la detención de Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República busca avanzar en las implicaciones del caso Odebrecht en el país.

Además de algunas recomendaciones para que México mejore sus capacidades para procesar casos de corrupción internacional, Transparencia Internacional afirma que la reforma al Poder Judicial, planteada por el ministro Arturo Zaldívar, podría ser un primer paso.

JUDICIALIZACIÓN, LA GRAN DEUDA

Para Carla Crespo, coordinadora de integridad corporativa de Transparencia Mexicana, el principal problema que ve en el país con respecto al combate a la corrupción internacional es la falta de judicialización de los casos, es decir, que se quedan solamente en la investigación.

Para ejemplificarlo, la especialista señala la situación que padece México con las campañas electorales, en las que los candidatos prometen y prometen justicia pero a la hora de ejercer su cargo, no cumplen.

• No logramos históricamente avanzar en la investigación de posibles delitos. Desde el informe anterior, publicamos sobre tres investigaciones que al final se quedaron ahí. No estamos pasando de la investigación a la judicialización de los procesos, si no lo logramos, nunca vamos a conseguir sanciones y mucho menos la recuperación de activos, que es uno de los temas que se debería de tener muy presente – Carla Crespo, Coordinadora de integridad corporativa de Transparencia Mexicana

“En Estados Unidos están recuperando dinero derivado de investigaciones y procedimientos judiciales, muchas veces se llega a acuerdos económicos, pero aquí no avanzamos de la investigación”, comenta la especialista a Reporte Índigo.

El siguiente problema que ve la entrevistada es la falta de capacidad de las personas dedicadas a investigar dichos delitos.

Es por eso que mientras en otros países ya hay sanciones por el caso de corrupción Odebrecht, como en Perú, aquí en México no se ha logrado, y la investigación avanza a pasos pequeños por la falta de cooperación internacional con la Fiscalía de Brasil.

• “Uno de los principales problemas tiene que ver con la falta de capacidad para investigar estos delitos. No es lo mismo investigar un delito en el que los resultados son materiales y tangibles como un homicidio o un robo, que investigar un entramado que implica tráfico de influencias y sobornos que corren por el sistema financiero.
• “La verdad es que si no se tienen las capacitaciones correctas y no se utiliza toda la capacidad del Estado para realizar estas investigaciones, no van a avanzar porque las fiscalías nunca van a lograr los elementos probatorios”, agrega.

Durante esta nueva administración el emblema del Gobierno federal ha sido el combate a la corrupción y el encargado de ejecutar la estrategia, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

• Al respecto, Carla Crespo comenta que los trabajos de la UIF son una buena señal de que México puede combatir la corrupción, pero advierte que esto no cambiará hasta que haya sanciones, se recuperen activos y haya reparación del daño.
• En México de 2016 a 2019 no se ha sancionado ningún caso por cohecho internacional y durante ese periodo la Fiscalía General de la República o antes la Procuraduría General de la República iniciaron solamente tres investigaciones

“La corrupción no es un delito en el que no haya víctimas, las víctimas somos todos. La responsabilidad queda en la Fiscalía y en el Poder Judicial ya que el congelamiento de cuentas se puede echar para atrás, pero lo que no se puede echar para atrás es el día en el que un juez emita una sentencia y ésta quede firme, es decir, que no pueda ser impugnada por ningún medio”, concluye.

MÉXICO Y EL MUNDO CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el termómetro elaborado por Transparencia Internacional para medir los casos e investigaciones de corrupción internacional, se tomaron en cuenta los delitos que exportó cada país y el número de investigaciones que se han realizado al respecto y las sanciones que se han llevado a cabo.

De esta manera es como México se posicionó en los últimos lugares del ranking al exportar el 2 por ciento de los casos analizados en los últimos tres años, solo investigar tres y castigar ninguno.

Incluso México se colocó debajo de países como Colombia, en donde el gobierno impuso una multa de más de 1.8 millones de dólares a la empresa Inassa por otorgar sobornos a funcionarios públicos en Ecuador en 2016.

• Para combatir la corrupción y los sobornos, el nuevo Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a diferencia de su predecesor, el TLCAN, incluye un capítulo para prevenir esta actividad
• El problema es que el T-MEC excluye de su catálogo de delitos graves el “soborno”, pero sí advierte sobre los efectos negativos de dichas prácticas.
• Además, el tratado comercial aclara que los sobornos pueden ser sancionados si se cometen en México o en Canadá, países que lo consideran un delito. Por su parte, en Estados Unidos solamente se alienta a las empresas a prohibir dichos pagos.

Otra de las fallas del Gobierno mexicano en el combate a la corrupción internacional se debe al “Open Government Partnership National Action Plan”, en el cual las autoridades locales se comprometieron a impulsar un padrón de beneficiarios reales, es decir, las personas que pese a no ser los propietarios legales de una empresa, en realidad poseen los beneficios de la titularidad.

Esta práctica es muy común en México para el registro de algunas empresas fantasma, para evadir impuestos mediante “prestanombres” o para lavar dinero.

A raíz de esto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force), alertó por la falta de dicho registro.

• “Una preocupación seria en todos los sectores es que los beneficiarios reales están siendo identificados solo en una medida limitada, sopesando sistemáticamente la efectividad de las entidades en la evaluación y gestión del lavado de dinero y riesgos de financiamiento al terrorismo”, señalaron.
• Al respecto, Carla Crespo advierte que este tipo de información deja mal parado a México y ahuyenta la inversión.
• “A México esto lo deja muy mal parado porque este tipo de informes sirven como indicadores para empresas y gobiernos para determinar si invierten o no en otros países.

Siempre que México reciba una calificación mala relacionada con los niveles de impunidad, es una señal negativa de que no puedes venir a hacer negocios a México, porque sabes que te vas a enfrentar a actos de corrupción y que estos actos no se van a perseguir ni sancionar – Carla Crespo, Coordinadora de integridad corporativa de Transparencia Mexicana.

100% DE LAS SENTENCIAS DE LOS JUECES EN MÉXICO SERÁN PÚBLICAS

Las sentencias judiciales mediante las cuales los jueces en México ponen punto final a un caso serán públicas en su totalidad a más tardar en 6 meses, en un país en el que hasta ahora el 96.9% de estas resoluciones quedaban como un secreto.

• El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto mediante el cual se reformó el artículo 73 de la Ley general de transparencia y acceso a la información pública.
• Con la reforma aprobada en junio pasado por el Congreso, los poderes judiciales de las 32 entidades de México deberán divulgar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.

“Estamos reduciendo los márgenes de opacidad (…) los ciudadanos podrán conocer las razones y los argumentos que hay en las sentencias”, dijo el senador Clemente Castañeda Hoeflich de Movimiento Ciudadano, citado en un comunicado.

• Castañeda Hoeflich presentó la reforma a la ley junto con la organización civil Equis: Justicia para las mujeres y el colectivo #lojustoesquesepas, integrado por México evalúa, Borde político, Artículo 19, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Controla tu gobierno y Fundar centro de análisis e investigación.
• Antes de la reforma, la ley establecía que sólo las sentencias de “interés público” debían hacerse públicas, lo que dejaba ocultos los argumentos y razones de las autoridades para tomar sus decisiones.

Casi la totalidad de esas sentencias quedaban en la opacidad pues el 96.9% de los poderes judiciales de México consideran que no eran de interés público, de acuerdo el ranking de opacidad del Poder Judicial elaborado por la organización feminista Equis.

Las sentencias son la forma mediante la cual la autoridad judicial pronuncia sus resoluciones sobre un caso y de manera definitiva poner fin al proceso.

• Equis encontró que todos los poderes judiciales de México están reprobados en justicia abierta, es decir, en la publicación de sentencias, participación ciudadana, presupuesto para unidades de transparencia.
• Ninguno de los 32 poderes alcanzó el puntaje de 50% de cumplimiento.
• Yucatán fue el poder judicial mejor evaluado con apenas 47.5 puntos, y los más opacos fueron los de Aguascalientes, Morelos, Puebla y Estado de México. La Ciudad de México se ubicó en el sitio 12 con 27.5 puntos.

Y es que entre los poderes judiciales del país no hay un criterio homogéneo para definir qué es el “interés público”.

Que las sentencias no se hagan públicas en su totalidad es una barrera para los ciudadanos, consideró Equis.

Esa opacidad representa un problema más grave para las mujeres pues en muchas de las decisiones se discrimina y no se favorece la inclusión.

• “Ella es responsable de los actos cometidos por su pareja”, es un ejemplo de las frases que se encuentran en las sentencias que han sido publicadas.
• Ese es un ejemplo de una sentencia discriminatoria y sin perspectiva de género y derechos humanos, lo cual limita la detección de posibles arbitrariedades, de acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que promovió esta reforma a la ley.

Contar con acceso a todas las sentencias permitiría que los ciudadanos vigilen las decisiones de los juzgadores y evalúen su trabajo, para identificar ciertos patrones de indicios de corrupción, añadió.

Los poderes judiciales de México tendrán 180 días (6 meses) a partir de la publicación de este decreto en el DOF para hacer públicas las sentencias./Agencias-PUNTOporPUNTO